Ecopetrol desarrollará un simulacro en el pozo Pauto Sur B1, ubicado en la vereda La Guamalera, de Yopal, con el objetivo de medir su capacidad de respuesta ante un evento no deseado, en un ejercicio que también permitirá fortalecer los lazos de cooperación con los organismos locales de respuesta a emergencia y ratificar su compromiso con la vida, la seguridad y el medio ambiente,

En el ejercicio, que está previsto para el jueves 16 de diciembre a partir de las 8:00 a.m., se simulará la pérdida de control del Pozo Pauto Sur B1, frente a lo cual Ecopetrol activará el plan de contingencia y todos los protocolos que se ejecutan cuando ocurre un evento de esta naturaleza.

Esta acción se realizará en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Gestión del Riesgo de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) y da alcance al Decreto 2157 de 2017.

Para el desarrollo exitoso de la actividad, se espera que la comunidad participe de forma activa acatando las indicaciones que se establezcan. Al final de la jornada se obtendrán datos para evaluar los tiempos de respuesta y oportunidades de mejora frente a este tipo de situaciones.

Foto de referencia.

El director de Gestión del Riesgo de Desastres, Guillermo Pérez, fue el primer funcionario de la Gobernación de Casanare en ser llamado al recinto de la Asamblea Departamental en casi siete largas y acaloradas horas de debate donde respondió al cuestionario de preguntas formuladas por la Duma.

Inicialmente, Pérez dio a conocer los avances obtenidos desde esta cartera, entre los que sobresale la gestión y aprobación de 9 proyectos estimados en más de 124 mil millones de pesos ante el Gobierno Nacional, para desarrollar obras de protección en Pore, Trinidad, el Algarrobo de Orocué, Recetor, Aguazul, Villanueva y San Luis de Palenque.

En el recinto Guillermo Pérez, mencionó otros 10 proyectos por una cifra que alcanza los 96 mil millones de pesos. Actualmente en estado de revisión y aprobación por parte de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). “Gracias a las buenas relaciones del gobernador Salomón Sanabria, ante la UNGRD, estamos trabajando para jalonar más de 220 mil millones de pesos. No tenemos un registro de una gestión como esta en materia de emergencias”, señaló.

El director de Gestión del Riesgo, también dio a conocer otras acciones como la atención de 3.234 familias damnificadas por emergencias, con 11.546 ayudas humanitarias. La construcción de 36 obras de protección y mitigación, entre ellas, la canalización y jarillón de más de 2 km en la madrevieja del río Ariporo, con lo que se protege de inundaciones 30 familias de la vereda Elvecia en Paz de Ariporo.

La protección de puentes La Curuché en Támara, Tienda El Mico y La Piñalera en Sabanalarga, igualmente, el paso elevado de acueducto de las veredas Manare y Llano Grande de Hato Corozal, y la bocatoma del acueducto de este mismo municipio. Construcción y adecuación de abrevaderos en puntos críticos por sequía en las veredas La Libertad y El Trompillo de Paz de Ariporo.  

La construcción de un enrocado de 150 m. lineales, con lo que se evitó la pérdida total de la vía principal hacia el municipio de Nunchía, y se brindó protección a siete viviendas amenazadas por la socavación del río Tocaría. Y la recuperación y mantenimiento preventivo de 245 kilómetros de vías afectadas durante la lluvia.

Algunos diputados cuestionaron el manejo que se ha dado al proyecto, obras de protección de 2 km sobre el río Cravo Sur en Yopal, el cual tiene una asignación presupuestal de más de 40 mil millones de pesos. Al respecto, el funcionario de la Gobernación aclaró que se ha venido realizando la actualización a los estudios y diseños; bajo el seguimiento y concertación con la veeduría y comunidad en mesas técnicas. Y que en la actualidad el proyecto se encuentra en solicitud de permisos ambientales ante Corporinoquia, el cual quedaría listo en su proceso contractual antes de finalizar el 2021.

Por su parte, el diputado Marco Tulio Ruiz fue más allá y lanzó fuertes acusaciones contra Corporinoquia, afirmando en pleno debate que: "En la Corporación hay un nido de ratas que si no les llevan el 1% no aprueban los proyectos. No se da un permiso o licencia si no se paga".

Al término del debate, la presidenta de la Asamblea, Blanca Lilia Vargas, le dio un 2.5 en la calificación al director de Gestión del Riesgo, aduciendo que este funcionario no ha cumplido compromisos pactados con algunos municipios de Casanare.

Operativos de registro y control se adelantaron la tarde y noche de este 9 de septiembre en barrios y sectores determinados como críticos en temas de seguridad. Las acciones de registro y solicitud de antecedentes a personas, motocicletas y establecimientos nocturnos, fue liderado por la Policía Casanare, Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional y agentes de tránsito de Yopal.

La presencia institucional y de la fuerza pública también llegó a los sectores de Llano Lindo y los Progresos, entre otros. Con estos registros a personas y motocicletas se intensifican acciones en contra de los diferentes delitos, en especial el hurto en la modalidad de raponazo a mujeres; en apoyo a estas acciones, también se ha ofrecido recompensa para que a través de información de la comunidad se logre identificar a estos delincuentes.

"Este trabajo lo continuaremos haciendo, estamos de frente contra el delito, contra el hampa, hasta 15 millones de pesos pagarán las entidades territoriales por poder dar con el paradero de estos delincuentes dedicados al tema del hurto, en la modalidad de raponazo" indicó el secretario de Gobierno, Gómez Peñaloza.

Por su parte, el coronel José Rafael Miranda, comandante del departamento de Policía Casanare, anunció que estos operativos continuarán en la ciudad. "Decirle a la criminalidad que en Yopal no hay lugares vedados para la institucionalidad, en el sector de La Bendición hemos venido fortaleciendo desde este año el servicio de Policía, vamos a seguir trabajando por la convivencia y seguridad para que los casanareños y yopaleños se sientan seguros", indicó.

El jefe de la cartera de gobierno del departamento, anunció que esta estrategia de seguridad que inició a implementarse en Yopal, se extenderá también a cada uno de los municipios para brindar tranquilidad y salvaguardar la vida y bienes de todos los casanareños, dando cumplimiento así a los compromisos en materia de seguridad adquiridos por la administración departamental.

Estos operativos estuvieron encabezados por la Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal, Policía, Ejército Nacional, Fiscalía Seccional y Migración Colombia.

El representante a  la  Cámara por Casanare, Jairo Cristancho citó a debate de control político en la Comisión Séptima, al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Director del Instituto Nacional de Ciegos (INCI), para verificar los alcances de las políticas de atención a la población con discapacidad visual en el país, máxime cuando la pandemia por la covid-19 ha obligado al traslado de actividades laborales y educativos a la virtualidad.

Durante el debate el congresista Cristancho hizo varios cuestionamientos al INCI por la falta de planeación demostrada en la compra y mantenimientos muy a menudo sin que los equipos tengan el suficiente desgaste por esfuerzo y utilidad de los mismos. “La población y las entidades se quejan de la falta de presencia del INCI en las regiones, en varios departamentos no se hicieron mesas de concertación del Plan de acción 2018-2020 del Instituto y en regiones como la Orinoquía solo adelantaron una mesa de socialización, por lo que no conocen la realidad de la población con discapacidad en los territorios y por eso no brindan una asesoría acorde a dichas necesidades”, explicó Jairo Cristancho.

Frente a estos argumentos que soportó el congresista Casanareño, se acordó una mesa con el Ministerio de Educación Nacional para determinar una hoja de ruta y buscar alternativas de mejoramiento de la atención a la población con discapacidad visual por parte del Instituto Nacional de Ciegos. “Buscamos con estos debates que se optimicen los recursos del Instituto y que este realmente cumpla con la misión para la que fue creado y que llegue a los casi 2 millones de personas con discapacidad visual en el país” puntualizó Jairo Cristancho.