La Contraloría General de la República encuentra que los multimillonarios contratos firmados por la EAAAY para la operación de la PTAR y el tratamiento de basuras, podrían ser riesgosos para el suministro de los servicios públicos si se llegan a incumplir.

Ante las dudas generadas y el temor a incumplimiento de los contratos, decretó la intervención funcional de dichas contrataciones. Es decir, asumió directamente la investigación, vigilancia y control, retirando estas funciones a la Contraloría Departamental de Casanare.

Para la CGR estás contrataciones no son claras en varios aspectos financieros, técnicos y administrativos. Esta intervención funcional podría ser la antesala de la llegada de una comisión de la Contraloría para recabar información más detallada de estas contrataciones e incluso recibir denuncias puntuales al respecto.

Comunicado de prensa EAAAY

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, informa a la opinión pública que recibe con beneplácito la decisión adoptada por la Contraloría General de la República, mediante la resolución ordinaria 1413 de 2022, donde se determina decretar la intervención funcional de oficio sobre los contratos de colaboración estratégica empresarial suscritos por la empresa de servicios públicos.

El objetivo de esta intervención funcional de oficio es para que la Contraloría General de la República, asuma el control fiscal, dada la trascendencia e impacto económico, social y ambiental que implica para la ciudad de Yopal el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.

Para la EAAAY la vigilancia por parte del órgano de control es de vital importancia para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos que serán intervenidos dentro de los contratos de colaboración estratégica empresarial, con el objetivo de fortalecer los mismos y proyectarlos al cumplimiento de las demandas que registra la población de Yopal, una de las ciudades con mayores índices de crecimiento demográfico y urbanístico.

Finalmente, la EAAAY reitera su total disposición de suministrar toda la documentación relacionada con la suscripción de los contratos de colaboración estratégica empresarial ante las entidades correspondientes para poder garantizar la transparencia de los procesos y la adecuada ejecución de estas iniciativas que se tramitaron con el único objetivo de brindarle a la capital del Casanare unos servicios públicos de calidad y acordes a las necesidades de sus habitantes.

El general Henry Torres Escalante aceptó la imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su contra por falsos positivos en el departamento de Casanare y reconoció su responsabilidad por esos crímenes de guerra ocurridos en esa zona del país, dejando completamente de lado su postura de inocencia sostenida por muchos años y aceptando sus omisiones transformadas en homicidios.

En el documento conocido por La W, el general hizo un duro reconocimiento, pidió perdón a las víctimas y sus familiares, y resaltó su dignidad y buen nombre.

“Asumo con vergüenza el señalamiento como máximo responsable que se me hace en el auto, por los lamentables crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidas por hombres bajo mi mando mientras me desempeñé como comandante de la Brigada 16″, sentencia el reconocimiento del general en poder de W Radio.

En desarrollo del escrito, el general (sin asumir coacciones directas para instigar a que se cometieran los crímenes) reconoció responsabilidad señalando sus presiones permanentes sin distingo a las condiciones de sus subalternos, y sin respeto a la “vida humana como prioridad”.

“Caí en la irresponsabilidad de hacer comparaciones entre las unidades y exaltación por resultados operacionales, comentarios imprudentes, llamados de atención a algunos comandantes (...) aspecto que sin duda conllevó a incrementar las presiones, llevándolos entre otros motivos, a realizar operaciones ilegítimas”, reconoció el general del Ejército, también salpicado en su momento por ‘Otoniel’.

El excomandante de la Brigada 16 también reconoció que gracias al concepto de “guerra jurídica” dejó de lado cualquier denuncia sobre ejecuciones extrajudiciales, no acompañó las investigaciones internas, y tampoco verificó los procedimientos y protocolos para reportar las bajas en combate, expresando que “se volvieron mecánicos”.

“Me pongo en pie ante las víctimas y sus familiares para aceptar con vergüenza la responsabilidad que me corresponde, asumiendo que mis conductas omisivas y la presión a mis subordinados para que, en el desarrollo de las operaciones militares produjeran el mayor número posible de bajas en combate, fueron determinantes para la ocurrencia de lamentables hechos que enlutan sus hogares”, expresó el documento.

Torres Escalante, asimismo, reconoció el error de haber felicitado a oficiales por esos homicidios sin haber adelantado investigaciones exhaustivas y el daño producido a las víctimas de “desaparición forzada y homicidio en persona protegida porque además de soportar la ausencia de su ser querido, tuvieron que sufrir señalamientos en contra de la dignidad y honra de sus familiares”.

Adicionalmente, y al reconocer nuevamente su responsabilidad como autor mediato, imputada por la jurisdicción, señaló su disposición de ampliar su reconocimiento en la audiencia pública que se convoque, así como presentar propuestas de índole reparador hacia las víctimas.

Fuente: La W Radio

Unitrópico en su consolidación administrativa como Universidad Pública, bajo el liderazgo del rector, Oriol Jiménez Silva y la jefe de Talento Humano, Paula Solano Balaguera, se adelantó el acto de posesión para dos cargos directivos de gran responsabilidad en esta alma máter.

Desde hoy, primero de febrero de 2022, asume como secretario General, Cesar Rolando Castro Pineda, abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Contratación Estatal de la Universidad Externado, conciliador y árbitro de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, MASC. En su amplia experiencia profesional en los sectores público y privado, que se aproxima a los 25 años, se resalta su regreso a la academia, tras haber ocupado por 5 años consecutivos el cargo de Secretario General en Unitrópico y recientemente, en su proceso de transformación a ente universitario público, tenía el cargo de jefe de Control Disciplinario.

En el sector empresarial, sobresale su desempeño en la Cámara de Comercio de Casanare, en donde fue Asesor, director Jurídico, Director del Centro de Conciliación y Presidente Ejecutivo encargado. También, asesoró a la Sociedad de Ingenieros de Casanare, Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud Municipal y fue profesional especializado del Instituto Financiero de Casanare, IFC.

"Entre mis expectativas en el cargo, considero que en este reconocimiento de Unitrópico como universidad, debo darle seguridad a la comunidad casanareña que, en nuestra labor, se cumplan los parámetros normativos de la ley de educación nacional y el Plan de Desarrollo Institucional 2021 - 2024”, afirmó Cesar Rolando Castro.

De otra parte, se posesionó como jefe de Control Interno Disciplinario, Diana Carolina Mariño Mondragón, quien es abogada de la Universidad del Meta, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia y especialista en Gerencia de Empresas de la Universidad del Rosario.

En sus 15 años de experiencia en el sector público, se ha desempeñado en importantes cargos como Directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Departamental de Casanare, Secretaria General y Asesora Jurídica de Corporinoquia; así mismo, asesora Jurídica en diferentes municipios de Casanare. En su trayectoria, también cumplió con funciones académicas, luego de ser docente en el programa de Derecho en Unitrópico.

“Asumo un gran reto, al iniciar mis labores en un área nueva en Unitrópico y tener el compromiso, de preparar a la universidad en la implementación de la Ley 2094 de 2021, normatividad que debe comenzar a regir desde el 29 de marzo del presente año”, agregó Diana Mariño.

La Procuraduría General de la Nación archivó el proceso que adelantaba contra el entonces comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez Espinel, por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones, al no encontrar mérito para continuar con la acción disciplinaria. 

Luego de analizar las pruebas en la etapa de indagación preliminar, la Sala Disciplinaria de la Entidad evidenció que en ninguna de las certificaciones allegadas al proceso se puede advertir que a los generales del Ejército Nacional se les haya presionado o exigido que cumplieran unas metas mínimas de bajas, capturas o desmovilizaciones; por el contrario, quienes rindieron declaraciones dieron fe de que Martínez Espinel fue enfático en exigir respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la doctrina militar. 

La dependencia agregó que el entonces comandante del Ejército Nacional no incurrió en irregularidad que pueda configurar falta disciplinaria, y por lo tanto ordenó la terminación del proceso. 

Fuente: Procuraduría General de la Nación 

El día anterior se conoció que, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por cuatro meses a la actual secretaria de la Administración Municipal, Aydee Soler Sanabria, por incumplimiento de sus funciones cuando fungía como subsecretaria de Talento Humano de la Alcaldía de Yopal, Casanare.

La Procuraduría Regional de Casanare estableció que Soler Sanabria certificó el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo de secretaria de Acción Social del ente territorial, pese a que la aspirante no acreditó en debida forma el requisito de experiencia relacionada para ejercer este cargo.

A propósito de la sanción de suspensión por 4 meses de su cargo, en fallo de la Procuraduría General, la actual secretaria General de la Alcaldía de Yopal, Aydee Soler Sanabria, expresó que, el hecho tiene que ver cuando se desempeñó como subsecretaria de talento humano de la Alcaldía de Yopal y que ella explicó los argumentos jurídicos para haber verificado los requisitos del nombramiento de la entonces secretaria de acción social Luz Marina Cardozo.

Por ahora Soler Sanabria, informó que, aunque es respetuosa de los fallos judiciales, apeló la decisión del Ministerio Público y continuará defendiendo los argumentos que la llevaron a tomar las decisiones en su momento.