En las últimas horas fueron capturados dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado residual GAO-r Subestructura 28, conocidos con los alias de “Pita” y alias “Blanco”, así lo reportó el Ejército Nacional, quienes señalaron que las capturas se desarrollaron simultáneamente en los departamentos de Casanare y Arauca.

De acuerdo con el reporte del Ejército Nacional, una de las capturas se desarrolló en el municipio de Arauca, Arauca. En ese lugar se pudo detectar a alias “Pita”, mujer que, según las investigaciones, se desempeñaba como coordinadora de la Red de Apoyo al Terrorismo RAER del GAO-r Subestructura 28.  Alias “Pita” aparentemente sería la encargada de seleccionar las víctimas para extorsionarlas y de realizar actividades de inteligencia criminal, donde informaba el paso de miembros de la Fuerza Pública, ocasionalmente servía también como correo humano y almacenista del material bélico del señalado grupo terrorista.

La captura de alias Blanco se llevó a cabo en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare y, según el Ejército Nacional, sería el financiero de este grupo armado en el departamento de Casanare. Alias “Blanco” aparentemente era el encargado del cobro de extorsiones y de manejar las cuentas delictivas, además de coordinar el desplazamiento de las víctimas a zona campamentaria en el vecino país de Venezuela.

Estas personas son requeridas por la justicia mediante orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. A los capturados se les incautó armas de fuego y munición, que aparentemente portaban de forma ilegal, correspondiente a una escopeta calibre 16 milímetros, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros y munición para los mismos que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su proceso de judicialización.

Luego de la primera exploración investigativa de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el esclarecimiento de los homicidios ocurridos durante los primeros días de 2022, en Arauca y zona de frontera con Venezuela, se reportó hasta el día 5 de enero el hallazgo de 27 cuerpos en puntos rurales de Fortul, Saravena y Arauquita (Arauca); y Cubará (Boyacá).

Según la Fiscalía, los reportes dan cuenta de que las víctimas fueron obligadas a salir de sus viviendas por hombres armados. Algunas habrían sido llevadas a Venezuela, asesinadas y posteriormente trasladas territorio colombiano. Otras murieron en Colombia, pero los cuerpos los abandonaron en lugares lejanos a sus residencias.

“Los 27 cuerpos se encuentran en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este momento, se realizan las necrópsicas con la mayor celeridad. Hasta el momento han sido identificadas 20 personas. Dos son mujeres, otras dos menores de edad y cuatro ciudadanos venezolanos”, informó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

El Fiscal, señaló que, preliminarmente, las inspecciones han establecido que todas las víctimas recibieron disparos a corta distancia, en la modalidad de sicariato. Esto indica que no hubo combates.

Agregó Barbosa que, la Fiscalía constató que cuatro de los identificados están vinculados a investigaciones como presuntos integrantes de las disidencias del frente décimo de las FARC. Otros cuatro figuran como indiciados en las bases de datos institucionales.

El análisis de contexto realizado en la región y el material de prueba obtenido por la Fiscalía, evidencian que los responsables de estos homicidios son las estructuras armadas del Frente de Guerra Oriental del ELN, que delinquen en Arauca, Boyacá y Casanare. Por línea jerárquica y organizativa, esta acción tuvo que ser autorizada y dirigida por el Comando Central (COCE).

“Ante esta situación, que afecta la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía de Arauca y la zona de frontera, dispuse la conformación de un grupo de tareas especiales que contará con fiscales especializados de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Unidad Especial de Investigación, y tendrá el apoyo técnico e investigativo del CTI y la Policía Nacional”, concluyó el Fiscal Barbosa Delgado.

En un comunicado de prensa la Octava División del Ejército Nacional se pronunció sobre los hechos ocurridos en el departamento de Arauca, donde habría varias personas asesinadas.

Según el comando de la Fuerza de Tarea Quirón, en algunos parajes de los municipios de Saravena, Arauquita y Fortul se registraron una serie de homicidios, donde, al parecer, hay un enfrentamiento por el control de las economías ilícitas entre integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN Frente de Guerra Oriental contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r), de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el Ejército Nacional, una vez se conocieron estos hechos, se llevó a cabo un consejo de seguridad con la participación de todas las autoridades civiles y militares, lideradas por los alcaldes de los municipios de Tame y Saravena, Arauca con el fin de desarrollar una acción unificada y poder llegar a estos puntos retirados del departamento.

Según el Ejército Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional pondrán en marcha un dispositivo especial de seguridad que será trasladado a la zona para coadyuvar a las autoridades competentes, y dar inicio a las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer lo sucedido.

“Las operaciones militares del Ejército Nacional continuarán de manera sostenida y contundente de la mano con las demás autoridades desplegadas en el departamento de Arauca, con el principal objetivo de proteger a la población civil, los directamente afectados por el accionar violento de estos grupos al margen de la ley”, señala el Ejército Nacional en el comunicado de prensa.

El Ejército Nacional rechazó los hechos violentos entre estos grupos criminales, responsables de las afectaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en esta zona del país y que afecta a la población civil.

Foto de referencia.

Este 17 de diciembre a las 6:00 p. m. venció el plazo para la presentación de firmas de los candidatos postulados por grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales a la Presidencia de la República, así como los promotores del voto en blanco.

De estos 52 grupos de ciudadanos que postularon candidaturas a la Presidencia de la República para el 2022, 11 de ellos presentaron los apoyos requeridos para avalar sus candidaturas de un total de 9 .952. 681 firmas presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Dentro de los precandidatos que entregaron las firmas están:

Roy Leonardo Barrera Montealegre con 973 177 firmas que dijeron haber sido entregadas.

Federico Gutiérrez Zuluaga con 1 444 223 firmas que dijeron haber sido entregadas.

Rodolfo Hernández Suárez con 1 895 850 firmas que dijeron haber sido entregadas.

Juan Carlos Echeverry Garzón con 842 728 firmas que dijeron haber sido entregadas.

Luis Emilio Pérez Gutiérrez con 1 041 960 firmas que dijeron haber sido entregadas.

Alejandro Tiquidimas Fernández con 315 firmas que dijeron haber sido entregadas.

Alejandro Gaviria Uribe con 1 210 335 firmas que dijeron haber sido entregadas.

Luis Carlos Agudelo Galvis con 2235 firmas que dijeron haber sido entregadas.

Alejandro Char Chaljub con 2 530 623 firmas que dijeron haber sido entregadas.

Adolfo David Pimienta Maldonado con 900 firmas que dijeron haber sido entregadas.

Carlos Darío Conde Acosta con 10 335 firmas que dijeron haber sido entregadas.

Para estas elecciones los grupos significativos de ciudadanos deberán tener un mínimo de 580 620 firmas válidas para registrar su candidatura en los comicios de mayo del 2022.

Hay que tener en cuenta que para la elección de presidente y vicepresidente de la república (primera vuelta), la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá plazo hasta el 19 de enero del 2022 para certificar y verificar los 9 952 681 firmas de los precandidatos postulados por grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales, así como los promotores del voto en blanco.

En operativos que adelantó la Sijín de la Policía el día anterior en el departamento de Casanare, se hicieron efectivas varias capturas en Maní y gran sorpresa causó la captura de Otoniel Castañeda, conocido en el departamento como 'El Gran Llanerazo'. Fuentes policiales confirmaron que está siendo investigado y procesado por presuntos nexos con el Clan del Golfo.

Otoniel Castañeda fue detenido y capturado en una calle pública de Yopal, por donde transitaba, sin zapatos, como es su costumbre y por lo cual ha sido ampliamente conocido. La audiencia de legalización de captura ante un juez con función de control de garantías se realizará hoy. Allí se espera conocer más detalles de los motivos por los cuales fue capturado.

Extraoficialmente, se ha conocido que el Gran Llanerazo, habría tenido al menos un encuentro con miembros del Clan del Golfo, organizaciòn que lo habría citado para arreglar un problema de deuda con una mujer, que lo habría denunciado ante esta organización armada, buscando soluciones expeditas.

Mientras tanto en Maní fueron capturados bajo la orden de un juez, el empresario Rafael Liévano, un empresario dedicado a su finca La Española y el folclorista César Tovar Santos, “Piporro”. También estarían sindicados de nexos con el Clan del Golfo