Asegurados presuntos implicados en extorsiones al dueño de un proyecto de vivienda en Villavicencio
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, dos hombres fueron privados de la libertad por presuntamente estar implicados en delitos contra la seguridad ciudadana. Se trata de Édgar Ramiro Mateus Toquica; de 46 años; y Pedro Romero, de 55, quienes serían responsables de realizar exigencias económicas ilegales al dueño de un lote en el que se buscaba desarrollar un proyecto urbanístico.
Los capturados habrían exigido a la víctima el pago de 300 millones de pesos; además de la entrega de la titularidad de 20 lotes avaluados en 600 millones de pesos; so pena de atentar contra la víctima, su familia y empleados.
Según la investigación los capturados serían los responsables de lanzar el pasado 8 de noviembre un artefacto incendiario a uno de los terrenos; y de atentar contra la vida de un vigilante del lugar, víctima de varios dispararon. Labores de policía judicial evidenciaron que los procesados se identificaban como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, como una manera de sembrar terror en la víctima.
Las dos personas fueron capturadas por investigadores del CTI de la Fiscalía y Militares del Grupo Gaula de la Séptima Brigada del Ejército Nacional cuando, al parecer, iban a recibir dinero producto de una extorsión; al igual que títulos de los mencionados terrenos.
Durante estos procedimientos fueron incautados dos millones de pesos, una motocicleta, dos celulares, una pistola traumática, un contrato de compraventa de los terrenos y un recibo de paz y salvo con membrete de las AUC.
La Fiscalía imputó a Mateus Toquica y Romero los delitos de extorsión, desplazamiento forzado y tentativa de homicidio. Ninguno de los cargosfue aceptado por losinvestigados y por decisión del juez del caso el primer judicializado fue cobijado con detención intramural; el segundo, con domiciliaria.
Tapia ofrece “encender el ventilador” y promete nombres de congresistas implicados en caso MinTIC
El empresario Emilio Tapia, preso por el escándalo de Centros Poblados y MinTIC , ofreció a la Fiscalía colaboración y prometió revelar los nombres de los congresistas implicados en el caso.
De acuerdo con Ricardo Ospina, director del servicio de informativo de BLU Radio, el caso podría convertirse en otro carrusel de contratación , como el ocurrido en Bogotá durante el gobierno de Samuel Moreno , dado el entramado de corrupción que allí se habría gestado.
Según Tapia, los congresistas implicados habrían llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio TIC, para que no caducaran el contrato con Centros Poblados porque la caducidad implica una inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años.
En el ofrecimiento a la Fiscalía, Tapia pidió garantías para contar la verdad sobre los políticos implicados en este caso, cuyos nombres, por ahora, no se revelan.
IDU dio por terminados dos contratos de malla vial con empresas vinculadas a Centros Poblados
Tras el escándalo del Consorcio de Centros Poblados con el contrato y anticipó por más de 70.000 millones con el Ministerio de las TIC, el IDU señaló que finalizó dos contratos que ejecutaban en Bogotá para mantenimiento de mallas viales para las troncales de Transmilenio.
Según el IDU, a finales del año 2020, adjudicó el Contrato 1626 con el Consorcio Construcciones 2020 por valor de $9.125 millones y el contrato 1627 con el Consorcio Malla Vial 2020, por valor de $8.571 millones, para realizar mantenimientos de malla vial troncal.
Sin embargo, una vez MinTic declaró la caducidad del Contrato suscrito con el Consorcio Centros Poblados para llevar internet a colegios de zonas apartadas del país, se configuró la inhabilidad sobreviniente respecto de las empresas integrantes, entre ellas, Omega Buldings Constructura S.A.S. e Intec de la Costa S.A.S, que también hacen parte de los Consorcios con los que el IDU suscribió los Contratos 1626 y 1627.
“Por lo anterior, la Entidad procedió a solicitar la cesión inmediata de la participación de estas empresas. Los dos consorcios presentaron varias firmas, que no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos por el proceso licitatorio que dio lugar a los contratos. Por esta razón, el IDU finalizó el contrato 1627 el pasado 15 de septiembre y se encuentra en proceso de suscripción del acta de finalización con el Consorcio del contrato 1626, el cual se encuentra actualmente suspendido,”, dijo Diego Sánchez, director del IDU.
Fuente: Blu Radio
A la cárcel implicados en secuestro y abigeato Granada, Meta
Un juez con función de control de garantías aseguró con detención intramuros a Oscar Eduardo Barbosa, Edwin Oswaldo Guerra Velásquez, Sergio Emiro Guerra Velásquez y Marco Tulio Guzmán Ramírez.
Los detenidos, al parecer, estarían implicados en el secuestro de varias personas para poder hurtar ganado. Los hechos investigados ocurrieron en Puerto Lleras, Meta en octubre de 2020.
Según se logró determinar el delito ocurrió cuando, presuntamente, los procesados habrían llegado a una finca con armas de fuego para hurtar el ganado que allí había. Para lograr dicho propósito, al parecer, retuvieron por dos días a los habitantes del lugar.
Los semovientes hurtados habrían sido trasladados a Bogotá para su sacrificio. En medio del proceso judicial las víctimas de la retención identificaron a los implicados lo cual facilitó su detención por la Policía y el Ejército Nacional.
Por los hechos mencionados la Fiscalía imputó a los procesados como supuestos responsables de los delitos de secuestro simple, abigeato, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas.
El material de prueba aportado por el ente investigador hizo que dos de los implicados aceptaran su responsabilidad en los cargos de secuestro simple y abigeato.
Medida de aseguramiento en cárcel para las personas relacionadas con la presunta compra venta de una bebé recién nacida en Yopal
Por los delitos de tráfico de niños, relacionado con la presunta compra venta de una bebé recién nacida en Yopal, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Aguazul impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, a la mamá de la niña, identificada como Yliana del Carmen Serrano Tovar y a quien supuestamente compró la menor, Edwin Gildardo Agredo Correa.
Según la Fiscalía, la madre, de nacionalidad venezolana, presuntamente fue contactada por redes sociales y mensajes de texto. El pasado 14 de febrero, cuando la niña tenía tres días de nacida, un hombre llegó al centro médico y se registró como si fuera el padre de la menor de edad, sin serlo.
En la investigación se conoció que esta persona se acercó a la habitación en la que estaba la mujer y, supuestamente, le entregó $500.000 con el compromiso de que le daría el excedente cuando firmara un permiso para poder sacar a la niña del país.
La madre fue dada de alta y regresó sin la bebé al inmueble en el que vivía. Ante las preguntas de los vecinos respondió que la menor había muerto; sin embargo, esa explicación no convenció a los residentes, quienes acudieron a las autoridades y la denunciaron.
La Fiscalía le imputó además a Edwin Gildardo Agredo Correa, los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes; obtención de documento público falso, y supresión, alteración o suposición del estado civil. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
En las audiencias celebradas este domingo se conoció que Agrego Correa es secretario del Juzgado Promiscuo de San Mateo, en Boyacá, y apeló la decisión.
