La Fiscalía Seccional Casanare solicitó que dos hombres fueran asegurados con medidas restrictivas de su libertad porque, al parecer, serían los responsables de agresiones sexuales en Yopal y Maní.

El primer caso se presentó el pasado 21 de agosto en la vereda Sirivana, de Yopal, donde fue capturado en flagrancia Luis Eduardo Rodríguez Cuta quien vive en condición de calle, luego de que, al parecer, hubiera agredido sexualmente a una mujer.

La investigación reveló que la víctima se dirigía hacia su trabajo cuando fue abordada por el presunto agresor, siendo sometida a tocamientos violentos de tipo sexual.

Durante las audiencias de legalización y medida de aseguramiento ante un juez de Recetor, la Fiscalía imputó a Rodríguez Cuta por el delito de acceso carnal violento, al que no se allanó.

En otro caso, un juez determinó la aprehensión e imposición de medida de internamiento preventivo de un joven de 14 años quien presuntamente sería el responsable del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años.

Los hechos que se investigan habrían sucedido en junio del 2022 en el municipio de Maní, en un jardín infantil donde, además, funciona un hogar de paso en el que se hospedaba el joven imputado, quien aprovechó que la cuidadora de los menores salió de la casa para, al parecer, mostrarle sus genitales a una menor de 3 años. Y a quien, presuntamente, le habría bajado la ropa interior y le manipuló sus partes íntimas.

El 25 de agosto fue llevado ante un juez para adolescentes de Yopal que por solicitud de la Fiscalía le impuso orden de internamiento.

Judicializados dos hombres, a quienes se les halló en su poder sustancias alucinógenas y que, al parecer, serían los responsables de su comercialización y transporte en Yopal.

El primero de los casos corresponde a la captura de Jorge Emilio Martínez Barrero, quien el pasado 11 de agosto fue requerido por unidades de la Policía Casanare, en zona rural de esa ciudad, para hacer efectiva una orden de captura emitida en su contra por un juzgado de Chámeza, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La investigación se originó por la denuncia de un ciudadano instaurada en julio del 2021, que daba cuenta de que, presuntamente, Martínez Barrero estaría inmerso en la venta de estupefacientes bajo la modalidad de punto fijo en una vivienda del sector conocido como el Asentamiento Humano 15 de Octubre y a domicilio.

Durante las audiencias concentradas, el juez avaló los argumentos de la Fiscalía y lo privó de la libertad en establecimiento carcelario.

En otro hecho, el pasado 12 de agosto fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional, Exon Arantes Irreño Soloza a quien se le encontró en su poder una caja de cartón, la cual, al ser verificada, se localizaron 360 gramos de algunas sustancias alucinógenas.

El hallazgo se produjo durante en una actividad de registro y control de las personas que ingresan o salen de la terminal de transportes de Yopal, por parte de las autoridades.

Mediante registros e identificación a personas desplegados en la zona céntrica de Paz de Ariporo, y en la vereda La Barranca de este mismo municipio, fueron capturados por la Sijìn de la Policía Casanare, cinco personas por orden judicial, quienes eran requeridos por el delito de abigeato.

De acuerdo con la investigación que duró alrededor de 7 meses, la banda delincuencial conocida como ‘Los Chiriguares’ se dedicaban al abigeato en las modalidades de carneo y arreo en los municipios de Pore, Paz de Ariporo y Hato Corozal.

El informe policial señala que, ante información aportada por la comunidad, quienes daban cuenta de una problemática de hurto de ganado, iniciaron las labores de policía judicial como interceptación de comunicaciones, logrando recopilar suficiente material probatorio para la judicialización de estas personas, quienes estarían involucradas en el hurto de semovientes bovinos los cuales los clasificaban por su raza.

Estas personas utilizaban la modalidad de factor de oportunidad, para sustraer de los potreros dichos semovientes. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que respondan por su actividad delictiva.

Judicializado hombre de 32 años, señalado como presunto autor de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales abusivos con menor de catorce años. Se trata del tío político de la víctima de 11 años, quien fue capturado por la Policía Nacional, bajo la coordinación del ente acusador, el pasado 2 de diciembre en una vía pública del barrio Santa Isabela del municipio de Tauramena.

Los hechos, perpetrados en esa población, fueron puestos en conocimiento por la menor a una coordinadora de su colegio, luego de que allí se dictara una charla sobre el tema de abuso sexual hacia menores. La víctima reveló que desde 2018 venía siendo objeto de las agresiones sexuales de manera reiterada y que, incluso, la noche anterior, se habría dado otro de los sucesos.

Según la investigación del ente acusador, la madre y la tía de la niña (compañera sentimental del procesado), tenían conocimiento de los vejámenes sexuales a los que el hombre presuntamente sometía a la víctima y no habrían hecho nada para impedirlo, a pesar de ser garantes de los derechos y cuidado de la infante.

Por tal comportamiento, la Fiscalía vinculó a las dos mujeres al proceso y les imputó los mismos delitos que al supuesto agresor. Ninguno aceptó su responsabilidad en los hechos.

10 personas fueron judicializadas como presuntas responsables del delito de abigeato agravado y receptación. Este duro golpe propinado a estas organizaciones delincuenciales que se lucraban con el hurto de ganado se adelantaron en el departamento de Casanare. Según sus responsabilidades individuales.

El material probatorio recaudado por fiscalías de la Estructura De Apoyo (EDA) en el oriente colombiano fueron suficientes para que los 10 implicados fueran judicializados; tres fueron cobijados con mediada de aseguramiento en cárcel, los demás, aunque libres, siguen vinculados al proceso penal.

Los delitos se vendrían cumpliendo desde abril de 2019 hasta febrero de 2020, según cada banda delincuencial.

El primer caso fue conocido por el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Aguazul que cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a tres de los capturados, estas tres personas deberán responder por los delitos de abigeato agravado y receptación. Cargos que ninguno aceptó. Los implicados habrían aprovechado la confianza depositada en uno de ellos por el propietario de una finca, ubicada en la vereda La Porfía, jurisdicción de Yopal para cometer el ilícito.

Uno de los implicados, quien laboraba en el referido predio como administrador, había acodado con otro de los cómplices, la manera de sacar el ganado y apropiarse de 312 semovientes ocasionando una pérdida económica de 479 millones de pesos al legítimo dueño de los animales.

En el segundo caso cuatro personas fueron imputadas como presuntas responsables del delito de abigeato agravado. Esta vez el delito se cometió en la Vereda Belgrado de Maní.

Los implicados fueron capturados por la Policía Nacional y presentados ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Recetor. La Fiscalía investiga la presunta responsabilidad de estas personas en el hurto de ganado que se venía presentando en el sector de Maní a finales de 2019. El material probatorio y la evidencia física muestran como estas personas sacrificaban las reses y se llevaban la carne.

Este último caso, la Fiscalía imputó cargos como presuntos responsables de hechos ocurridos en febrero pasado en contra de cuatro hombres. Los implicados fueron presentados ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Recetor, y serían responsables del hurto de 15 reses que eran sacadas de una finca ubicada en la Vereda Mundo Nuevo, en Maní. Luego de ser hurtados los animales eran transportados en vehículos de carga para ser comercializados en otras poblaciones.

En este caso la Fiscalía imputó a los implicados como supuestos responsables del delito de abigeato agravado. Ninguno de los implicados aceptó su responsabilidad en los hechos que les fueron atribuidos.

En los últimos dos casos los implicados permanecen en libertad, pero continúan vinculadas al proceso penal.

En el caso de las personas privadas de la libertad la Fiscalía les solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar su estado médico, además garantizar que se encuentren en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención.