La celebración del “Día del Padre Nunchiano a lo Criollo”, del pre candidato a la Alcaldía  de Nunchía,  Yeison Guicon, que se esperaba fuera un bonito espectáculo se convirtió en un acto bochornoso, por cuenta de una "Carrera en Calzoncillos" algo pasada de tono, que generó rechazo por parte de algunos de los asistentes, ya que uno de los participantes  mostró más de lo debido en una actividad familiar en donde había presencia de menores de edad.

Habitantes del municipio manifestaron que, la celebración que se cumplió en la Manga de Coleo de Nunchía, en donde además se desarrollaron actividades para resaltar las tradiciones propias de los llaneros, como: Lazo Criollo en Parejas, Monta de Potro Cerrero y Carrera de Costalazos, terminó en un espectáculo bochornoso que generó indignación en la comunidad.

“En videos que circulan por el municipio se puede apreciar a uno de los participantes de la” Carrera en Calzoncillos", con prendas extremadamente diminutas, dejando expuestas sus partes íntimas, sin tener en cuenta que en la Manga había niños y niñas presenciando el espectáculo”, dijo una de las personas que asistió al evento.

 Aquí el video:

Al no cumplir con un compromiso claro, concreto, programado e idóneo para alcanzar los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y no Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le cerró la puerta al exgobernador de Casanare, William Pérez Espinel, para hacer parte como compareciente de la justicia transicional. El político está condenado en la justicia ordinaria por beneficiar a las autoridades campesinas de Casanare.

Pérez Espinel condenado por la Corte Suprema de Justicia en tres ocasiones pidió pista en la JEP para que sus expedientes fuesen revisados en esa instancia porque consideró que los actos fueron cometidos en el marco del conflicto armado. El exgobernador, en su momento, confesó que su campaña para ocupar la plaza de mandatario departamental fue financiada por parte de los grupos de autodefensas que le brindaban garantías de proselitismo, mientras él les garantizaba poder político, económico y militar en el departamento.

Un análisis de la Unidad de Investigación y Acusación da cuenta que el exgobernador se encuentra vinculado en 16 procesos judiciales en calidad de indiciado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contratación sin cumplimiento de requisitos, concusión y enriquecimiento ilícito. Aunque sobre su nombre pesan tres condenas por más de ocho y 15 años, el político pidió pista en la JEP para que conociera del resto de expedientes.

En 2018 logró que la justicia transicional tuviera para estudio su caso, y desde allí empezó la lucha para que fuese aceptado a través de sometimiento. El tribunal de paz resaltó que debía entregar información valiosa sobre los nexos que tuvo con el grupo ilegal. No obstante, este miércoles, esa misma corporación le cerró la puerta al considerar que lo que ha dicho ha sido una reiteración de lo que tiene en su poder la justicia ordinaria.

“Se tiene que a pesar de los múltiples requerimientos dados al señor William Hernán Pérez Espinel, dentro de su escrito de compromiso claro, concreto y programado no proporcionó los datos específicos que permitieran verificar su dicho, las acciones que realizó y las demás personas que se vieron involucradas en los hechos relatados y no meramente aseveraciones genéricas”, resaltó el auto de más de 60 páginas.

A juicio de la JEP, en lugar de poner en evidencia, por sus propios medios y versiones las faltas en las que incurrió, el exgobernador se limitó a remitir a la magistratura las sentencias condenatorias que ya se habían proferido en la justicia ordinaria. Así, la justicia transicional consideró que su aporte no podría generar un apoyo significativo para brindar información para esclarecer los fenómenos de macro criminalidad y victimización.

“El interesado debe señalar sobre cuáles hechos aportará relatos veraces, qué parte de la realidad del conflicto coadyuvará a esclarecer y qué tipo de colaboración puede extender a los demás organismos del SIVJRNR, y además debe comprometerse a superar el umbral de lo ya esclarecido en la justicia ordinaria, aspecto que no se denota en los acuerdos radicados en esta jurisdicción”, resaltó el tribunal.

En julio de 2016, el exgobernador fue enviado a la cárcel luego de que aceptó responsabilidad por incrementar injustificadamente su patrimonio en $143 millones. Según la investigación de la época, el entonces mandatario departamental no pudo explicar ni demostrar el origen de los recursos que incrementaron notablemente su patrimonio económico. Pese a que era conocida su actividad como ganadero en la zona nunca presentó un sustento frente al notable incremento.

Fuente: El Espectador

La senadora Amanda Rocío y el diputado Marco Tulio Ruiz rechazaron contundentemente la propuesta de crear una empresa de economía mixta para la operación y administración del servicio de alumbrado público en el municipio de Paz de Ariporo, iniciativa presentada por la alcaldesa Eunice Escobar ante el Concejo Municipal para su respectivo debate y aprobación.

Para la senadora y el diputado no existe transparencia en la información de una iniciativa tan sensible para el municipio, toda vez que no se encuentra adjunto al proyecto de acuerdo un estudio demostrativo o documento que justifique la necesidad del mismo, violentando claramente el artículo 69 de la Ley 489 de 1998.

Adicionalmente, se considera que este tipo de iniciativas son bastante sensibles y vulnerables en épocas electorales como las que vive el país en estos momentos, por tal razón la senadora y el diputado exhortan a que las discusiones o debates que se tengan que efectuar sobre este proyecto de acuerdo se desarrollen una vez terminen las jornadas electorales programadas en el presente año.

La senadora Amanda Rocío y el diputado Marco Tulio Ruiz enfatizaron que la aprobación de este proyecto de acuerdo es totalmente perjudicial para la comunidad Paz Ariporeña, que aún atraviesa una crisis económica y social, la cual no ha podido ser superada, agregaron que es lamentable que la ciudadanía este atravesando por una situación donde la Administración Municipal pretende la privatización de sus bienes públicos.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, condenó los hechos ocurridos en la zona rural del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, donde hombres armados incineraron un vehículo de ruta escolar, luego de obligar a los niños , niñas y adolescentes a bajarse del vehículo en el que eran transportados.

"Es absolutamente reprochable que un grupo de delincuentes ponga en una situación de riesgo a niños, niñas y adolescentes, los intimiden, los expongan y realicen actos criminales en su presencia, generándoles afectaciones emocionales y psicológicas", señaló Lina Arbeláez.

El ICBF brinda acompañamiento, a través de un equipo de Defensoría de Familia, a los niños y adolescentes que viven en Paz de Ariporo e iniciará el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Así mismo, articula con las autoridades administrativas de Támara para que restablezcan los derechos de los otros niños que se transportaban en el vehículo pero que viven en área rural de ese municipio.

"Como sociedad debemos exigirle a estos grupos criminales respeto por los niños, niñas y adolescentes porque no solo están truncado su desarrollo, sino también los sueños individuales y colectivos de quienes son el presente y el futuro del país", puntualizó la directora del ICBF.

Ecopetrol rechaza los bloqueos que realizan desde el viernes 4 de febrero algunas personas de la comunidad en la vía Cusiana – Cupiagua, en el municipio de Aguazul, lo cual impide la movilización de equipos y personal de las empresas contratistas que adelantan actividades en el taladro de perforación para el pozo Cup XD45 y en las operaciones de una zona del campo Cupiagua. 

Según Ecopetrol, el proyecto Cupiagua XD45, que hace parte del plan de exploración del Piedemonte Llanero, se ha venido informando desde octubre de 2021 a las comunidades del área de influencia, en cuanto a sus oportunidades de contratación de mano de obra, bienes y servicios e inversión social.

Los bloqueos, que completan siete días, vulneran el derecho a la libre movilización y afectan la contratación de 126 empleos directos que genera el proyecto, así como  bienes y servicios e inversión social en la región. De igual manera, afectan el  suministro normal del gas natural que produce el campo y con el que se abastece parte de la demanda del país, aseguró Ecopetrol en comunicado de prensa.

Ecopetrol hace un llamado a cesar las vías de hecho y a mantener el diálogo constructivo para lograr entendimiento y dar soluciones, en compañía de la institucionalidad y con las autoridades locales y regionales, para garantizar las medidas que permitan el restablecimiento del orden público y la normal operación de la Empresa en el municipio de Aguazul.  

¿Por qué protestan las comunidades?

Los trabajadores agrupados en la Asociación de Gremios de mano de obra calificada y no calificada ASOGREMIOS, junto a Sindicatos y en unión con las comunidades de las veredas Monterralo y Cupiagua, reclaman a Ecopetrol, para que sus aliados generen oportunidades laborales en cada una de los proyectos que se ejecutan en campos petroleros de la jurisdicción.

Reclaman los líderes de ASOGREMIOS de Aguazul que se de cumplimiento, entre otros temas : - Ley del primer empleo - Participación del 100% de perfiles laborales no calificados de las veredas y casco urbano. 

Participación el 30% como mínimo de participación para perfiles calificados del casco urbano y veredas.

Inclusión del casco urbano en las socializaciones de los proyectos que se vayan a realizar en las 13 veredas que conforman ASOJUNTAS CUPIAGUA.

Aclaran que no se está impidiendo el ingreso de las comunidades que residen en el sector, "estamos pidiéndole a Ecopetrol más oportunidades laborales para la población aguazuleña", dijo uno de los líderes sociales.

El alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro rechaza las alteraciones del orden público que se registraron en el barrio Progreso III, donde fue atacado un CAI de la Policía Nacional y se vieron afectadas en su integridad diversas mujeres uniformadas que cumplían con sus labores de patrullaje y control en el marco de la operatividad de la institución.

El mandatario dejó ver su molestia por esta situación.  "Lo que más me tiene molesto es que las personas afectadas durante esta situación en su gran mayoría son mujeres de familias humildes y que hoy le prestan servicio a la sociedad y al país a través de la policía nacional", expresó Castro.

Añadió el alcalde que las autoridades tanto locales como departamentales, así mismo, los organismos de control de derechos humanos y sociales han garantizado el libre desarrollo de las protestas sociales que completan más de 2 meses en todo el país, sin embargo, esto no puede ser excusa para que se desencadenen acciones vandálicas y delincuenciales contra las instituciones o la sociedad en general.

La primera autoridad de Yopal afirmó que las protestas sociales no pueden perder su enfoque e hizo el llamado a los manifestantes, para que no se presten a ser canales de personas foráneas y ajenas a la manifestación, quienes generan el caos y las alteraciones del orden público como lo sucedió con el barrio El Progreso III.

Luis Eduardo Castro recordó que su administración no se ha limitado solamente a garantizar el libre desarrollo la protesta social, sino que también ha brindado un respaldo rotundo a los jóvenes, ofreciéndoles oportunidades en política de empleo, cultura, deporte y desde ya se encuentra trabajando articuladamente con el gobierno departamental y nacional para incluir a la población juvenil en política de solución de vivienda.

El burgomaestre invitó a los jóvenes yopaleños para que se sigan formando académicamente y hagan parte de la construcción de una nueva ciudad enfocada a ser referente de la Orinoquía colombiana, bajo el principio de una buena planeación, visionando a una capital del Casanare para los próximos 50 años, meta que no se podría lograr si se cae en el flagelo del vandalismo y la delincuencia juvenil.

La alcaldesa de Aguazul, Johana Moreno, rechazó rotundamente los actos vandálicos que se presentaron en el Hospital de Aguazul, Juan Hernando Urrego, secretaría de Gobierno y otras instalaciones que aparecieron el pasado domingo 16 de mayo de 2021 con mensajes que incitan al odio y atentan contra la infraestructura de estas sedes que están al servicio de la comunidad.

“Respetamos el derecho que tienen los ciudadanos a la protesta pacífica para expresar sus inconformidades y exigir distintas peticiones, pero no compartimos los actos vandálicos y otras formas de violencia”, señaló la mandataria.

La Alcaldesa de Aguazul, recalcó que, desde su administración se han liderado distintas mesas de diálogo y concertación para escuchar a todos los sectores, por lo que hizo un vehemente llamado a los aguazuleños para que en el ejercicio de la libre protesta eviten este tipo de actos que alteran la tranquilidad y afectan el bienestar de la comunidad.