Este jueves, el Gobierno Departamental continuará las reuniones programadas con la Agencia Nacional de Infraestructura, Covioriente y demás autoridades para buscar soluciones a las problemáticas presentadas por los líderes integrantes del Comité Cívico de la doble calzada Yopal-Aguazul.

Para ello, se van a desarrollar seis mesas de trabajo con el fin de tratar cada una de las peticiones:

Mesa Laboral de 8:00-9:00 am en el Despacho CAD.

Mesa Bienes y Servicios de 9:00-10:00 am en el Despacho CAD.

Lectura de fallo arbitral 10:00-11:00 am en el Despacho CAD.

Mesa predial de 11:00-12:00 m en el Despacho CAD.

Mesa Ambiental de 2:00-5:00 pm en Corporinoquia.

Mesa Diseño de 5:00-7:00 pm en Corporinoquia.

El gobernador Alirio Barrera, solicitó a los líderes del Comité priorizar las peticiones en cada uno de los sectores, con el fin de obtener resultados concretos en la siguiente reunión.

La secretaria de Obras del Departamento dará a conocer este martes a la comunidad de los municipios de Yopal, Aguazul y Villanueva el inicio de obras de inversión en infraestructura que ascienden a más de $33 mil millones.

La primera socialización será el inicio de la construcción del pavimento en la Comuna 6 barrios suroccidentales, etapa 1 de la ciudad de Yopal, a partir de las 7:30 am en la calle 50 con carrera 1, donde hará presencia el gobernador Alirio Barrera.

La segunda, es la construcción para la terminación de la infraestructura y obras complementarias en el estadio la Libertad en Villanueva, que se llevará a cabo a las 3:00 pm en la Biblioteca Municipal, auditorio principal.

Finalmente, la Administración Departamental, cierra el día, con la socialización de la construcción del Parque de Integración Ciudadana, del centro poblado San José del Bubuy en el municipio de Aguazul, a partir de las 4:00 pm con la presencia de la firma contratista y funcionarios de la Secretaria de Obras del Departamento.

La Fiscalía informó que se judicializó al señor Jorge Humberto Torres Robles, quien fue capturado el pasado 24 de abril, en la ciudad de Sogamoso, según orden de captura expedida por Juzgado Promiscuo Municipal de Pajarito, por el delito de actos sexuales con menor de 14 agravado.

De acuerdo al organismo judicial, los hechos se presentaron entre el mes de agosto de 2018 y a mediados del mes de enero del presente año, en una residencia ubicada en la vereda Las Atalayas de Aguazul, lugar donde Jorge Humberto Torres, sometía a su nieta menor de edad a actos de connotación sexual.  

Ante el Juez Segundo Penal Municipal de Sogamoso, se legalizó el procedimiento de captura. A su vez,  la Fiscalía realizó formulación de imputación por el delito citado, cargos que no aceptó el indiciado.

El juez impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, decisión que fue apelada por la defensa.

Los integrantes del comité de la doble calzada Yopal- Aguazul expusieron el pliego de peticiones en bienes, servicios, diseños, laboral y ambiente ante el presidente de la ANI, Luis Klein; el vicepresidente de la ANI, Carlos García Montes y el gerente general de Covioriente, Oscar Hernández Gaona.

La reunión fue gestión del gobernador, junto con los congresistas Amanda Rocío Gonzáles y Jairo Cristancho para traer a los funcionarios de la ANI y Covioriente, con el objetivo de buscar soluciones a las peticiones del Comité Cívico.

Luego de conocer el panorama general, los funcionarios de la ANI acordaron junto con Covioriente y demás autoridades reunirse el próximo jueves 02 de mayo y desarrollar seis mesas de trabajo.

•   Mesa Laboral de 8:00-9:00 am en el Despacho CAD.

•   Mesa Bienes y Servicios de 9:00-10:00 am en el Despacho CAD.

•   Lectura de fallo arbitral 10:00-11:00 am en el Despacho CAD.

•  Mesa predial de 11:00-12:00 m en el Despacho CAD.

•  Mesa Ambiental de 2:00-5:00 pm en Corporinoquia.

•  Mesa Diseño de 5:00-7:00 pm en Corporinoquia.

Durante la reunión intervinieron los alcaldes de Yopal, Leonardo Puentes; de Aguazul, Renier Pachón, quienes manifestaron la voluntad de sumar esfuerzos desde los institucional para evacuar varias de la problemáticas planteadas.

Por su parte, los diputados  Sonia Bernal,  Felipe Becerra y Julián Roa sirvieron de  garantes del proceso que adelantan las comunidades con este proyecto vial de nivel Nacional.

Finalmente, el gobernador solicitó a los líderes del comité priorizar las peticiones en cada uno de los sectores; con el fin de obtener resultados concretos en la siguiente reunión. 

El 28 de marzo de 2016 el general en retiro Henry Torres Escalante fue detenido en el marco de un proceso penal por su supuesta responsabilidad en dos ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, ocurridas el 6 de marzo de 2007 en el municipio de Aguazul, Casanare.

Inistiendo en su inocencia, y por considerar que no había garantías en la justicia ordinaria, en julio de 2017, Torres Escalante pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz y un año después ante esa justicia especial acudió a una primera audiencia en la que anunció su compromiso de contribuir a la verdad y firmó el acta de sometimiento. Ahora, la JEP le negó el beneficio de la libertad.

La defensa del oficial solicitaba que se le revocara la medida de aseguramiento que pesa en su contra, por considerar que cumple con los requisitos que para ello estipuló la ley. En decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se señaló que el general sí cumple con los parámetros legales, menos el que indica que quien busca recuperar su libertad debe haber estado privado de la libertad mínimo cinco años. Esto, además, si se tiene en cuenta que el oficial quedó libre por orden de un juez en 2017 y fue nuevamente detenido el 23 de enero de 2018.

Aunque el oficial ya está recluido en el Cantón Norte de Bogotá, la Sala consideró que sí le podría otorgar el beneficio de estar detenido en una unidad militar y, por eso, ordenó que se evalúe su traslado, de ser necesario, a la unidad que esté más cercana a donde habita su familia. Para ello, el general Torres deberá suscribir un acta de compromiso en el que reafirme que cumplirá con sus obligaciones con la Jurisdicción Especial para la Paz, contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas además le dio un plazo de 10 días al general para que presente por escrito un “plan de cumplimiento claro, concreto y programado, en relación con sus compromisos de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y la no repetición, so pena de perder el beneficio concedido en esta oportunidad”.

En ese documento, el oficial tendrá que exponer los hechos por los cuáles aportará verdad, “la parte de la realidad del conflicto que coadyuvará a esclarecer; los programas de reparación inmaterial e integral en que participará para resarcir a las víctimas, de preferencia aquellos que permitan restaurar los derechos afectados y la superación de la situación social que enfrentan por causa de la victimización”, así como sus aportes efectivos para la no repetición.

Además, el general en retiro Henry Torres deberá presentar un programa de participación ante la justicia transicional que detalle lo que tiene para aportar en cuanto verdad, justicia, reparación y no repetición. Todo esto será evaluado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR).

Contexto

El general en retiro Henry Torres Escalante, es acusado de homicidio en persona protegida por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos campesinos identificados como Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, cuando se desempeñaba como comandante de la XVI Brigada del Ejército. Ambos fueron acribillados en marzo de 2007 en la finca El Triunfo en Aguazul, Casanare, y luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

En enero de 2017, un juzgado de Yopal, se convirtió en el escenario de un hecho histórico: El comienzo del primer juicio contra un general señalado de ser responsable de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales.

En 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación. Por años las familias de las víctimas, así como varias organizaciones de derechos humanos reclamaron a las autoridades que las investigaciones llegaran hasta los altos oficiales, para establecer los máximos responsables de esa macabra práctica. Fue así como en 2015 la Fiscalía anunció que tenía 16 generales bajo la lupa, encabezados por Mario Montoya, excomandante del Ejército. Tras ese anuncio poco se volvió a saber del tema hasta marzo de 2016 cuando fue detenido el primer general de esa lista: Torres Escalante.

La Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la Decimosexta Brigada del Ejército en Casanare, comandada por el entonces coronel Torres Escalante. Según el expediente, además de conseguir un falso positivo con esos asesinatos también buscaban silenciar a los campesinos, que habían presenciado y denunciado otras ejecuciones cometidas por militares en esa zona del país.

Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la Decimosexta Brigada entre 2005 y 2007. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres, retirado del Ejército tras su captura, incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios. Uno de los más contundentes es el del teniente (r) Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que, a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior. Así mismo su aporte se realizó por acción y omisión”.

Tras su arresto Torres quedó recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá. Con 38 años de carrera militar fue comandante de Huila, Tolima, Cundinamarca, Casanare y de la Quinta División. Además, estuvo al frente del Comando Suroccidente del país (Valle, Cauca y Nariño). En su último cargo, ejerció la jefatura del Centro de Memoria Histórica del Ejército.

Durante el Plan Retorno de Semana Santa, la tarde de este domingo, soldados del Ejército Nacional, ayudaron a rescatar y brindaron primeros auxilios a una pareja que se movilizaba en una motocicleta y perdió el control del vehículo, saliéndose de la vía y cayendo a una quebrada, en el sector de Cupiagua, municipio de Aguazul.

Según se conoció, los ocupantes no tuvieron heridas de gravedad.

La Alcaldía de Aguazul a través de la Secretaría de Salud y Gestión Social, informó que se llevará a cabo la “Semana de la Seguridad Social” en la que se realizará una jornada de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud para la Población no Afiliada del área urbana y rural del municipio, población víctima y población venezolana con Permiso Especial de Permanencia que cumplen con requisitos para la afiliación al régimen subsidiado o Contributivo. Además se realizarán tramites del traslado de afiliados entre las EPS y actualización de documentos de identidad. 

Se contará con la presencia de la Oficina Sisben para el trámite de solicitud de encuesta SISBEN y de las EPS Capresoca, Medimas Eps y Nueva Eps.

Mario José Guarín Ortegón falleció en las últimas horas luego de recibir tres impactos de arma de fuego en un intento de asalto a una estación de servicio en el corregimiento de San José del Bubuy en Aguazul.  

Guarín Ortegón, hermano del padre Armengol Guarín, laboraba en dicha estación, a donde llegaron dos sujetos armados a bordo de una moto que intentaron hurtar en la gasolinera. 

En un acto valeroso, José intentó frustrar el asalto, cuando recibió un impacto de su cabeza y extremidades.    

Personal de enfermería de bomberos de Aguazul llegó al lugar y luego de realizarle un vendaje compresivo y canalizarlo, lo trasladó al hospital local, donde tenía pronóstico reservado y falleció horas después.  

11 días lleva desaparecido el joven Edwin Stiven Bravo de 19 años de edad, quien fue visto por última vez cuando se disponía a salir con supuesto amigo, quien lo recogió en una motocicleta en la carrera 31ª del barrio Villa Benilda de Yopal.

Según indicó Dennis Lozano, madre de Edwin: “Mi hijo desapareció a la 1:00 de la tarde el 3 de abril, él salió con un supuesto amigo y al otro día mi hijo no llegó a la casa”.

La madre también comentó que salió en búsqueda de su hijo con la esperanza de tener respuestas y finalmente acabar con la preocupación que no la deja tranquila a ella y a toda su familia. Relató además que tras no tener resultados, se dirigió a una vivienda donde se hallaba el individuo que al parecer había recogido a su hijo. “Él me dijo que supuestamente mi hijo se había ido a Aguazul a encontrarse con alguien”,agregó Lozano, quien luego se desplazó hasta Aguazul, donde tampoco halló rastro de su hijo. 

Finalmente, a la madre le comentaron que Edwin Stiven habría sido llevado hasta Orocué, por lo que pidió la ayuda de las autoridades para dar con su paradero. 

La madre dispuso el número 319 463 4090 para quien tenga información del paradero de Edwin Stiven Bravo. 

Abner Gonzalo Páez Bello, de 18 años de edad, fue capturado en flagrancia por el delito de hurto en el barrio El Cristal de Aguazul.

Según señaló la Policía, este sujeto minutos antes con arma blanca, había robado un celular iPhone que pertenecía a una joven de 19 años de edad.

Durante el hecho delictivo y la desesperación que vivía la víctima, la comunidad que estaba cerca del sitio corrió a socorrer a la joven mientras que el delincuente trató de huir. Unos cuantos segundos después, algunos habitantes comenzaron a agredir al maleante.

Posteriormente, miembros de la Policía llegaron al sitio, donde procedieron a incautar el arma blanca que presuntamente portaba el indiciado y quien trataba de defenderse de las personas que lo estaban maltratando.

Así mismo, las autoridades lograron recuperar el equipo móvil avaluado en cerca de dos millones de pesos. Finalmente Páez Bello fue arrestado y dejado a disposición de la Fiscalía 35 local Uri donde se llevarán a cabo los trámites judiciales pertinentes. Extraoficialmente se conoció que el individuo detenido cuenta con antecedentes por el delito de lesiones personales.