El defensor del pueblo delegado para los temas de salud, Leonardo Huerta, hizo presencia este miércoles 08 de mayo en el recinto del Concejo de Yopal.

 

Según explicó el funcionario, su visita tuvo como objetivo ayudar a generar conciencia dentro de la Corporación sobre el derecho fundamental a la salud.

 

La idea es que durante la discusión del plan de desarrollo, se incluya en el documento acciones para la promoción y protección de este derecho fundamental.

 

“Es el bien más preciado, pero paradigmáticamente se ha convertido en el derecho más vulnerado de todos. Es la segunda razón por la que se presentan tutelas en Colombia”, precisó Huerta.

 

Agregó que entre enero y febrero de este año, se interpusieron 20.300 acciones de tutela mensualmente. Lo anterior significa que el promedio diario es de mil tutelas por cada día hábil.

 

Para tratar de remediar la situación Leonardo Huerta dijo que se reunió con todas las EPS habilitadas en el departamento, así como toda la red prestadora de servicios, para encontrar salidas que permitan garantizar el derecho a la salud.

 

“Hay que fortalecer la red prestadora de servicios en el departamento de Casanare. No puede ser que para un examen médico o para una quimioterapia se tengan que trasladar los pacientes hasta Bogotá”, sostuvo el defensor del pueblo delegado para la salud.

 

Esta situación que hace parte de la cotidianidad demanda un elevado costo por paciente. Por eso para Huerta la solución es contar con esos servicios en el departamento y no tener que remitir a los pacientes a otras ciudades.

 

 

 

 

 

Yopal y Aguazul condenados a repetir historia de violencia por cuenta de grupos armados, según alerta temprana 023 del 5 de junio de 2023 de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con esta, cerca de 140 mil habitantes estas dos poblaciones se encuentran en riesgo de vulneración de sus derechos humanos por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados. Mientras autoridades locales rechazaron el informe, defensores de derechos humanos lo avalaron.

Entre la caracterización que hace la Defensoría se encuentran 15.898 migrantes venezolanos, 3.214 afrocolombianos, 574 indígenas, 274 habitantes de calle y 3 palenqueros. Y entre los grupos vulnerables además de los mencionados están las comunidades indígenas y campesinas, voceros de víctimas, organizaciones comunales, sociales y defensores de derechos humanos, niños niñas y adolescentes y población socialmente estigmatizada como indigentes y consumidores de SPA.

Igualmente, según la condición social, están en riesgo los campesinos, ganaderos, agricultores, comerciantes, transportadores, funcionarios públicos, docentes, mujeres, jóvenes/estudiantes, empresarios, contratistas y población migrante.

Localización geográfica de población en riesgo en Yopal y Aguazul

Llama la atención que el informe de la Defensoría inicia con la localización geográfica del riesgo, donde ubica 22 barrios de Yopal: Villa Flor, Villa Benilda, San Marcos, Torres del Silencio, Nuevo Hábitat, Casiquiare, La Primavera, La Esmeralda, El Remanso, La Esperanza, Llano Lindo, Florida Blanca, Villa del Sol, Cañaguate, San Martín, Villa Docente, Comfaboy, El Progreso, La Bendición, Aerocivil, 20 de Julio, Llano Vargas; 5 asentamientos humanos de Yopal: La Bendición, Mi Nueva Esperanza, La fortaleza (comuna 6) y La Victoria, La Resistencia, La Libertad (comuna 5) y 5 sectores urbanos: Asentamientos Humanos: La Bendición, Mi Nueva Esperanza, La fortaleza (comuna 6) y La Victoria, La Resistencia, La Libertad (comuna 5). Y algunas veredas de los corregimientos de El Morro, El Charte, Punto Nuevo, Morichal, La Chaparrera, La Niata y Tilodirán.

Y en Aguazul los barrios nombrados son 32: Alcaraván, Carlos Pizarro, Bello Horizonte, El Centro, Ciudadela La Esperanza, Ciudadela Araguaney, El Cristal, Diez de Mayo, El Oriente, Jorge E Gaitán, Juan H Urrego, La Espiga, La Fundación, Las Ferias, Los Esteros, Los Libertadores, Las Palmeras, Luis M Jiménez, El Porvenir, San Agustín, San Pedro, San Carlos, Sevilla Siete de Agosto, Simón Bolívar, La Pradera, Villa Nancy, Villa Araguaney, Villa del Río, Villa Laguito, Villa Luz, Villa Floresta. También se menciona 50 veredas del piedemonte aguazuleño.

Presencia de Disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo en Yopal y Aguazul

De acuerdo con el documento, hay presencia de las Facciones Disidentes de las FARC (FD-FARC) y del Frente Guerra Oriental (FGO) del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Yopal y Aguazul, vecinos limítrofes. Estos grupos armados organizados al margen de la ley llevan a cabo acciones violentas en la región. De la misma forma se menciona el accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo.

De las Disidencias de las Farc, se expresa que se han consolidado los Frentes 28 y 10, que provienen de los antiguos frentes 10, 28, 38, 45 y 56. Hay información, indica la alerta temprana, sobre una posible refundación de las antiguas estructuras de los frentes 38 y 56, en los departamentos de Cundinamarca, Meta, Casanare, Boyacá y Arauca. Estas junto a los frentes 10, 28, y 45 conformarían el Comando Conjunto de Oriente.

Esta agrupación utiliza videos y panfletos amenazantes extorsivos contra empresarios, contratistas, ganaderos, gremios de la agroindustria, el comercio y el transporte, para que realicen sus “aportes” a la causa.

También el ELN a través del frente José David Suárez tiene mayor injerencia en los corregimientos de El Morro, El Charte, Plan Brisas, Cupiagua – Monterralo, y con alcance e influencia hacia otras veredas

de los municipios vecinos de Casanare (Nunchía, Chámeza, Recetor) y Boyacá (Labranzagrande, Pajarito, Pisba y Paya). Esto en razón a las actividades petroleras desarrolladas y donde se busca incidir en procesos laborales, sindicales y de relacionamiento social. Desafortunadamente, esto ha generado la percepción de estigmatización de estos territorios por parte de la Fuerza Pública, precisa el informe.

En la Alerta Temprana se revela que estos municipios se han convertido en centros para la implementación de estrategias de captación de rentas, conformación de redes de apoyo y base social por parte de las crecientes “Facciones Disidentes de las Farc”. Además, se ha registrado un aumento de violaciones a los Derechos Humanos, como homicidios, amenazas, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados desde 2019. Incluso, se ha mencionado un ataque contra la Base de la Fuerza Aérea Colombiana en 2020.

La Defensoría ha tenido conocimiento de presuntas acciones relacionadas con reclutamiento forzado en estos municipios por parte de actores armados ilegales, algunos provenientes del departamento de Arauca. Estos estarían buscando jóvenes que han desertado de sus filas, han huido o han sido sacados por sus familias de Arauca, y se refugian en Yopal.

El documento refiere la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que hace parte del Clan del Golfo, como uno de los sucesores del paramilitarismo presente en la región, derivado de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), fundada por Héctor Buitrago Rodríguez, alias “El Tripas”. Buscan control territorial para llegar a los mercados de Venezuela y Brasil y de estos al Caribe, Centro América, Estados Unidos y Europa.

“Grupos asociados a estas estructuras armadas serían los responsables de la disputa por el llamado narcomenudeo urbano, la que se manifiesta en agresiones o ataques armados contra la población socialmente estigmatizada de las ciudades de Aguazul y Yopal, expresada en homicidios selectivos (contra expendedores y distribuidores) y contra personas asociadas a actividades delincuenciales”, detalla el informe. Estos asesinatos son una práctica sistemática de grupos paramilitares y evidencian su posicionamiento territorial.

Sobre estos grupos paramilitares, dice la Defensoría, se genera un complejo escenario de riesgo, ya que buscan posicionarse geoestratégicamente en el principal centro urbano e institucional de Casanare, así como en los municipios con alta producción de petróleo, como ya ocurrió en el pasado hace dos décadas.

La alerta resume que “Las AGC en Casanare, cuentan con capacidad militar, estructura orgánica y jerárquica compuesta por frentes y comandos, con intereses territoriales y económicos definidos y no se descarta que para el desarrollo de su accionar en la región cuenten con la aprobación y colaboración de algunas personas vinculadas a los sectores económicos que reclaman la contención de la incursión en el territorio de la insurgencia del ELN y de las FD de las FARC que, bajo la intimidación y la amenaza, los obligan al pago de extorsiones”.

Según la Defensoría, los grupos armados ilegales llevan a cabo acciones violentas que afectan los derechos de la población civil, incluyendo homicidios selectivos, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, extorsión y amenazas contra líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos.

Posibles enfrentamientos de grupos armados ilegales por control territorial

También la Defensoría del Pueblo analiza que con la presencia de estos grupos armados se prevé una eventual confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc y Eln, que además de control territorial, de la apropiación de recursos de las actividades económicas de la región, tienen interés en el control y monopolio del narcotráfico y microtráfico.

Literalmente el informe precisa que “Las acciones de la insurgencia del ELN, de las Facciones disidentes de las FARC y las llamadas AGC, como otros actores armados ilegales derivados de las AUC y las ACC, representan para la población civil rural y urbana de los municipios de Yopal y Aguazul un alto nivel de riesgo con alta probabilidad de que sus acciones vulneren los derechos fundamentales, ante la posible disputa por el control del territorio, la aplicación de la justicia de facto, el cobro forzado de impuestos de guerra, ya sea el llamado “impuesto revolucionario” o el impuesto de recaudo por servicios de seguridad, el uso y la utilización de los migrantes, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, la proyección y consolidación territorial y el control social para promover idearios políticos e ideológicos”.

Preocupa a la Defensoría del Pueblo, la falta de resultados ante las denuncias presentadas ante las autoridades, referentes a amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, veedores, víctimas del conflicto armado, docentes y sindicalistas, entre otros.

La Defensoría del Pueblo manifestó que se conoce que el propósito de las Disidencias de las Farc es revivir los frentes 38 y 56, que tendrían el objetivo de disputar los municipios de Aguazul, Maní, Tauramena, Monterrey, Villanueva y Yopal, donde ya opera el Clan del Golfo.

Las disidencias de las Farc también libran una confrontación armada con el ELN en Arauca y no se descarta que esta pueda trasladarse a Casanare.

En riesgo: habitantes de calle, población OSIG, venezolanos y jóvenes de estratos bajos.

Sobre los habitantes de calle, se explica que, por estar en pobreza extrema, exclusión social alta, enorme insalubridad física y mental y probables consumidores de estupefacientes, son proclives a la realización de actividades delincuenciales y a ser objeto de señalamientos, estigmatizaciones y persecución. Además, se destaca que en ocasiones son utilizados por los grupos armados para actividades de inteligencia, información y transporte de armas, insumos y drogas. En Yopal hay caracterizados 270 personas en esta situación.

En referencia a la población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa OSIGD, los riesgos por acciones violentas de parte de grupos armados ilegales, particularmente paramilitares, son constantes y potenciados por condiciones de vulnerabilidad y exclusión. También se ve afectada por violencias por prejuicio, justificada por orientación sexual, identidad, pertenencia étnica, y expresión de género. Esto puede desencadenar en la instrumentalización de las víctimas OSIGD en temas de redes de tráfico y prostitución, entre otros.

Frente a los venezolanos se detalla que transitan permanentemente en el corredor Yopal-Aguazul, municipios que se ubican sobre la Marginal del Llano. Se describe su situación de precariedad y vulnerabilidad debido a su condición de migrantes ilegales y a la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades laborales, además de la estigmatización de algunas autoridades, lo que los hace propensos a ser víctimas de violencia y explotación por parte de los grupos armados ilegales. Se informó que, según reporte de la policía nacional, en los últimos 4 años han sido asesinados 18 migrantes en estos municipios.

De los jóvenes de estratos bajos, su riesgo y vulnerabilidad se presenta por la falta de oportunidades laborales y educativas, lo que los hace ser blancos para ser reclutados por los grupos armados ilegales y a ser víctimas de violencia y explotación.

Homicidios, amenazas, desplazamiento y extorsiones

El periodo analizado por la Defensoría del pueblo comprende desde la alerta temprana ATI 08-21 emitida el 17 de marzo de 2021 y el informe de seguimiento a esta, que incluye el 29 de diciembre de 2022, y de acuerdo con la información recaudada, en este periodo se registraron un total de 20 casos de homicidio en Yopal y 6 en Aguazul. Mientras tanto los tres primeros meses del año de 2023 se han presentado 14 homicidios, de los cuales 5 ocurrieron en Yopal y 3 en Aguazul.

En el informe se expresa textualmente que “La tendencia del homicidio en el departamento (…) durante los años 2019, 2020 y 2021 registra un aumento considerable; de acuerdo a la información registrada por la Policía Nacional en el caso de los municipios en advertencia, se mantuvo un incremento en el municipio de Aguazul con tendencia moderada al 31 de diciembre de 2022; mientras para Yopal, que registra las tasas de mayor ocurrencia por este delito en el departamento, indica un aumento considerable del homicidio para los años 2019 y 2020, mientras que para el año 2021 se registró un descenso de 7 homicidios (8.5%), con tendencia a disminuir en el año 2022, pues al 31 de diciembre de 2022 se registraron 20 casos de homicidios”.

La Defensoría plantea que “el incremento de este delito estaría relacionado con el ingreso al territorio, consolidación y el desarrollo de actividades ilegales de actores armados no estatales denominados grupos sucesores del paramilitarismo y la implementación del sicariato como mecanismo de eliminación contra la población socialmente estigmatizada, organizaciones delictivas y pequeñas agrupaciones derivadas de antiguas estructuras paramilitares que subsisten en el territorio, con las que se enfrentan por el control de las actividades ilícitas como el mercado local de estupefacientes”.

Uno de los hechos más llamativos de estos homicidios tuvo que ver con el hallazgo de dos cuerpos decapitados en un sector aledaño al intercambiador vial en Yopal el 20 de octubre de 2022. Uno sería de una mujer y otro a un hombre con OSIGD, cuya cabeza habría sido hallada en octubre de 2021 en plena vía pública en el barrio La Corocora. El doble asesinato sigue siendo materia de investigación.

La tendencia del delito de amenaza va en aumento, se indica en el informe. “Yopal registró durante el año 2021 el 44.66% del total de las amenazas en el departamento; siendo los municipios de Aguazul y de Yopal los de mayor registro con 165 amenazas que corresponden al 56% del total de las mismas en el departamento de Casanare; durante el año 2022 de las 4042 amenazas denunciadas, en el municipio de Aguazul se reportaron 32 amenazas y para el municipio de Yopal se registraron 156 amenazas, para un total de 188 denuncias por amenazas que corresponden al 46.76% del total departamental por ocurrencia de este delito”. Y se agregó que “Durante los tres primeros meses del año 2023 en el departamento se han denunciado 104 amenazas de las cuales 6 en el municipio de Aguazul y 35 en el municipio de Yopal, 41 denuncias que corresponden al 39.42% del total de las amenazas reportadas en el departamento”.

Por cuenta de estas amenazas, el líder social y preventólogo Wilson Acosta Gaviria, quien brindaba atención espiritual y terapéutica a consumidores de estupefacientes en Yopal, fue objeto de amenazas con arma de fuego, al parecer por las AGC, en marzo de 2022. Debió irse del país. En junio de 2022, habitantes del corregimiento petrolero El Morro en Yopal denunciaron que habían recibido panfletos y llamadas donde se les notificaba que varias empresas asociadas al sector de hidrocarburos ya tenían el visto bueno para laborar en la región y que evitaran acciones de resistencia.

Se puso de presente que el presidente del concejo municipal de Recetor denunció que debió irse del municipio de Aguazul donde tiene una finca en la vereda Volcán Blanco ante la amenaza de integrantes del ELN de acabar con su vida y la de su familia si seguían viviendo en este sector.

En noviembre de 2022 en el barrio Casimena de Yopal hacia las 5 :30 de la tarde, Rubiela Benítez y Diego Flórez, líderes sociales pertenecientes al Comité Permanente por los Derechos Humanos regional Casanare, fueron víctimas de un atentado cuando arribaban al lugar de su residencia. Los hechos siguen siendo objeto de investigación.

El informe muestra el desplazamiento forzado en los últimos cuatro años en Casanare. “Para 2019 un total de 411 casos de los cuales el 38.78%, 159 casos, tuvieron como escenario los municipios de Aguazul y Yopal; para 2020, a pesar de la declarada pandemia se presentaron 241 en el departamento con 69 casos que representaron el 28.63% del total departamental en los municipios de Aguazul y Yopal; durante el año 2021 nuevamente hay un aumento de casos a 421 a nivel departamental con un incremento de eventos para los municipios de Aguazul y Yopal en los que se presentaron 119 eventos de desplazamiento forzado, es decir el 28.26% de los eventos relacionados con desplazamiento forzado; durante el año 2022 se registraron 587 eventos de desplazamiento forzado en el departamento de Casanare que corresponden al 25.11% para los municipios de Aguazul y Yopal; el incremento durante el año 2022 resalta la complejidad de la dinámica del conflicto armado en Casanare y el comportamiento de los actores armados sobre la población civil en el departamento y en los municipios en referencia; para el periodo actual al 31 de marzo de 2023 se han registrado 13 eventos de desplazamiento forzado de los cuales 4 se registran en el municipio de Aguazul y ningún evento a la fecha en el municipio de Yopal”.

Del fenómeno del reclutamiento forzado, la Defensoría Regional, informó que “Ha tenido conocimiento de presuntas acciones relacionadas con reclutamiento forzado en el territorio de estos municipios por parte de actores armados ilegales (algunos provenientes del departamento de Arauca), que estarían buscando jóvenes que habrían desertado de sus filas, huido o han sido sacados por sus familias de ese departamento, evitando ser reclutados en Arauca y refugiándose en el municipio de Yopal”.

En marzo de 2023 comerciantes, ganaderos, contratistas y empresarios denunciaron en la Defensoría del Pueblo de Casanare, extorsión al parecer por presuntos integrantes de las Facciones disidentes de las FARC.

Recomendaciones de la Defensoría

El documento proporciona varias medidas de prevención y protección que se recomiendan en las zonas mencionadas, en especial para la población en situación de vulnerabilidad y riesgo. Algunas de estas medidas son:

- Implementar con carácter urgente y de manera permanente los programas de prevención y protección, así como las rutas contra el reclutamiento forzado ante la presencia inminente de grupos armados ilegales en el territorio que aumentan el riesgo de uso, utilización y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes rurales y urbanos en estos dos municipios advertidos.

- Fortalecer la presencia institucional en los territorios, con el fin de garantizar la protección y el acceso a los derechos de la población civil, en especial de la población en situación de vulnerabilidad y riesgo.

- Implementar medidas de protección para los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos, quienes son objeto de amenazas y ataques por parte de los grupos armados ilegales

- Fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades locales y regionales ante situaciones de emergencia y crisis humanitarias, con el fin de garantizar la atención y protección de la población civil afectada.

- Implementar medidas de protección para la población migrante, en especial la población de origen venezolano, con el fin de garantizar su acceso a los derechos y su protección frente a la violencia y la explotación por parte de los grupos armados ilegales.

- Fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de la protección de la infancia y la adolescencia, con el fin de garantizar la protección y el acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo.

“No hay estructuras armadas en Yopal y Aguazul”: Alcaldías municipales

El alcalde encargado de Yopal, Rodolfo Chaparro y el secretario de Gobierno de Aguazul, Alejandro Durán, le salieron al paso a la Alerta Temprana y desmintieron el anuncio hecho por el defensor del pueblo Carlos Camargo, "no es cierto que existan estructuras armadas en Aguazul y Yopal. Rechazamos rotundamente las declaraciones del defensor del Pueblo".

Esta postura la dieron a conocer los funcionarios, en articulación con el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, el pasado 22 de junio, en donde de manera contundente afirmaron que dicha alerta lo que genera es zozobra y temor en la ciudadanía.

Chaparro pidió no estigmatizar las localidades y fue enfático en afirmar que estas son prósperas y pujantes y las autoridades vienen adelantando un trabajo arduo en beneficio de las comunidades, “no queremos que estos dos municipios que han superado la violencia sean estigmatizados”, reiteró.

Fiscalía descarta presencia de ELN y disidencias Farc en Yopal y Aguazul

El director seccional de Fiscalías de Casanare, Anderson Pinilla Sandoval, dijo que dicha alerta, lo que invita es a las autoridades locales a trabajar de manera articulada para garantizar la seguridad de los habitantes de estos municipios. El funcionario descartó totalmente la presencia de estructuras criminales, Farc, Eln, en estos municipios. Aseguró que no hay reporte que permita inferir que se tengan componentes en Aguazul o Yopal.

También fue enfático en afirmar que durante 2023 no se ha presentado ninguna denuncia sobre el reclutamiento de menores en Yopal o Aguazul, por parte de grupos armados.

Anunció la designación de un nuevo fiscal especializado para Casanare, a efectos de contrarrestar las advertencias de la Defensoría del Pueblo y evitar el deterioro del orden público en el departamento, tal como ocurre en otras regiones del país. “El fiscal especializado trabajará con la Policía Nacional y el Gaula, e igualmente realizará investigaciones y operaciones en contra de los grupos armados ilegales".

En relación con el delito de homicidio, dijo que hay una reducción de los casos del 40% para 2023. Sobre Yopal explicó que con base en “El análisis de los actores criminales que han participado en homicidios, no hay evidencia de que en los mismos hayan tenido participación de integrantes de grupos al margen de la ley”.

Sobre la población migrante, mencionada en la alerta temprana, con gran riesgo de vulneración de derechos, el fiscal expresó que, en el más reciente caso del homicidio de una mujer de origen venezolano, en inmediaciones de La Yopalosa, no se cuenta con elementos materiales probatorios que permitan atribuirse a grupos armados. “Para 2022 sí existe un caso, que ya fue esclarecido, el asesinato del ciudadano Aries Laín Tumay Ortega, de 31 años de edad, en donde se pudo corroborar a través de evidencias que fue el Clan del Golfo”, reiteró.

Indicó Pinilla que para 2023, la Fiscalía, ha generado para Casanare, más de 15.947 actuaciones a través de sus 41 fiscales adscritos a la dirección seccional.
“Se destaca la realización de más de 600 actuaciones con vinculación de indiciados, la solicitud ante los jueces de función de control de garantías de más de 140 órdenes de captura, y más de 150 sentencias condenatorias proferidas a solicitud de la Fiscalía, por parte de los jueces de la República”, indicó el director seccional de Fiscalías de Casanare.

Defensores de Derechos Humanos apoyan alerta temprana

Los líderes sociales Rubiela Benítez y Diego Flórez, integrantes del Comité Permanente por los Derechos Humanos, CPDH Seccional Casanare, cuestionaron la posición de los secretarios de Gobierno de Yopal y Aguazul, quienes de plano desmintieron el anuncio hecho por la Defensoría del Pueblo, en relación con la existencia de estructuras armadas en los dos municipios.

Rubiela Benítez, expresó que con la alerta temprana 023 de la Defensoría del Pueblo se evidencia con investigación de campo que Casanare está en conflicto armado y preocupa que las autoridades administrativas traten de negar lo que viene sucediendo. Expresó que han aparecido personas asesinadas, se han reportado secuestros y aparecieron granadas, amén de las amenazas y atentados que vienen recibiendo los defensores de derechos humanos como ella.

“Nos da tristeza la posición de las autoridades de Yopal y Aguazul, al desconocer la Alerta, ya que esta no se da de la noche a la mañana, es un trabajo de campo adelantado por la Defensoría durante varios meses, en donde se visibiliza el contexto de la problemática del conflicto armado que tiene Casanare. Aquí hay conflicto, pero no se quiere visibilizar. Y no solo los defensores de derechos humanos se encuentran amenazados, también hay personeros y presidentes de JAC amenazados por parte de grupos al margen de la ley”, dijo Rubiela Benítez. Frente a esta afirmación una fuente relacionada con temas de seguridad, expresó que no hay un solo personero amenazado. 

Relató que en noviembre de 2022 dos hombres armados llegaron a su casa de habitación en el barrio Casimena de Yopal, dejando como saldo un escolta herido del también defensor de derechos humanos Diego Flórez, herido. Frente al tema no se conocen avances en la investigación. Rubiela expresó, que luego de este hecho fue objeto de amenazas a través de su celular personal.  Reiteró que son múltiples las amenazas de grupos armados al margen de la ley.

La defensora en representación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos humanos hizo un llamado al gobierno nacional, ministerio del Interior, de la Defensa y al propio presidente para que se atienda el caso de Casanare y se apoye al Ejército y Policía Nacional.

Defensora de Monterrey en riesgo

La directora de la Fundación MUJER EMPODERADA de Monterrey, Fanny Mendoza Martínez, denunció que es víctima de desplazamiento forzado.

Fanny relató que el domingo anterior un individuo, quien se identificó como integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia llegó a su vivienda y le dijo que si quería seguir con vida debía abandonar el municipio. Acto seguido, se refugió en un hotel y el lunes se desplazó en su carro, solo con su ropa hacia Yopal, en donde a pesar de haber tocado puertas en diversas entidades denunciando el caso, no ha obtenido respuesta.

“Ella se encuentra en la calle, desamparada, ya que no ha recibido ayuda por parte de ninguna de las autoridades competentes, razón por la cual, nos preguntamos lo siguiente ¿si en Casanare no está pasando nada, si es un territorio de paz, porqué los defensores de derechos humanos están saliendo de los municipios, desplazados?”, cuestiona Rubiela Benítez

La líder relata que hace 8 meses se encuentra al frente de la fundación que trabaja al menos con 74 familias víctimas del conflicto armado. "De manera constante he recibido amenazas, pero esta última ha sido la más contundente", expresa.

La situación que vive Fanny corrobora que en Casanare no existe un plan de contingencia para los líderes de derechos humanos que han recibido amenazas de grupos al margen de la ley.

"Antes existía PAO, Plan de Acción Oportuna, una ruta para atención inmediata de víctimas creada por el Ministerio del Interior, ahora no existe nada ", dice Diego Flórez, miembro de la junta departamental del CPDH seccional Casanare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera categórica el secretario de gobierno de Yopal, Rodolfo Chaparro, se declaró abiertamente en desacuerdo con las afirmaciones hechas por el defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo Assis.

El funcionario del orden nacional emitió una alerta temprana, advirtiendo serias amenazas a la seguridad en los municipios de Aguazul y Yopal, por lo que consideró la Defensoría como “una reactivación y consolidación de estructuras insurgentes y de los reductos de los grupos sucesores del paramilitarismo”.

Es por ello que para la entidad nacional “al menos 148.000 habitantes se encuentran en alto riesgo de vulneración de sus derechos”.

Para Chaparro no existe en estos territorios esta mencionada situación de riesgo. Destacó el trabajo que vienen adelantando en el departamento el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea en beneficio de las comunidades.

“Nosotros rechazamos estas manifestaciones, no es cierto que existan estructuras armadas en estos dos municipios. Solo somos un grupo de personas trabajando, esforzándonos por salir adelante, para sacar adelante las instituciones”, recalcó el secretario de gobierno de Yopal.

Finalmente dijo que no quiere que estas dos poblaciones que han superado la violencia, sean nuevamente estigmatizadas.

 

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para las ciudades de Yopal y Aguazul, debido a la presencia y acciones de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - Clan del Golfo), que quieren tener el control de esta zona del departamento.

Según la entidad, al menos 148.000 habitantes se encuentran en alto riesgo de vulneración de sus derechos.

“La alerta temprana muestra que existe una reactivación y consolidación de estructuras insurgentes y de los reductos de los grupos sucesores del paramilitarismo. También evidenciamos que tienen la pretensión de retomar las áreas donde ejercieron control territorial”, explicó el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

La Alerta Temprana 023-202 que fue remitida al Ministerio del Interior, detalla los factores de amenaza que representan estos grupos armados para la población civil, incluyendo la reactivación y consolidación de estructuras insurgentes y paramilitares en la región.

Según la entidad la guerrilla del ELN ejerce presiones contra la población y liderazgos sociales, además de reclutar menores de edad. Por su parte, las disidencias de las Farc y las AGC-Clan del Golfo buscan retomar el control territorial en la zona, para sus actividades ilícitas.

Dentro de la pretensiones del AGC la Defensoría mencionó el microtráfico de estupefacientes  hacia el centro del país, pero también para extenderse a través de corredores de narcotráfico hacia Venezuela, Brasil, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

En respuesta a esta alerta, la Defensoría del Pueblo entregó 32 recomendaciones al Ministerio del Interior y a las autoridades locales, para atender los riesgos evidenciados desde el Sistema de Alertas Tempranas.

“Se urge la puesta en marcha tanto de acciones preventivas como humanitarias para evitar la presencia y consolidación de estos grupos armados ilegales que quieren someter a la población” precisó el defensor del pueblo.

Esta mañana se conoció la buena noticia de la liberación de Jeniffer Arboleda Millán, esposa del teniente del Ejército, Víctor Gutiérrez, quien hace parte del grupo de Tarea Quirón.

La joven de 28 años había sido retenida por el ELN el pasado 13 junio, en momentos en que viaja entre Saravena y Arauquita, en vehículo de transporte público. En este hecho el conductor del automotor también fue retenido.

La felicidad está de vuelta a la familia Arboleda Millán, sin embargo la angustia continúa para los familiares del conductor, quien aún sigue retenido y se desconoce su paradero.

La liberación de Arboleda Millán fue el resultado de una misión humanitaria, en la cual participaron la Defensoría del Pueblo y la Personería de Fortul.

Luego de su liberación Jeniffer Arboleda se fue llevada al Grupo de Caballería Mecanizado18, General Gabriel Revéiz Pizarro de Saravena. En esta unidad se le practicó un chequeo médico, para verificar su estado de salud.

El Defensor del Pueblo de Casanare, Mauricio Rivera habló recientemente, acerca del trabajo que lleva a cabo su institución para promover y defender los derechos fundamentales de la población.

Dijo que al llegar este despacho encontró una entidad fortalecida, que promueve y defiende los derechos fundamentales en el departamento.

Sobre las quejas que más reciben por parte de la ciudanía, están relacionadas con el tema de salud.

“Nosotros recibimos un promedio anual de 300 a 350, tutelas”, la mayoría de las cuales es como se dijo anteriormente, reclamando un mejor servicio de salud, superando temas como el desplazamiento y  ayudas humanitarias.

Respecto al acompañamiento al operativo realizado en el centro penitenciario de La Guafilla explicó que, su despacho no fue avisado de manera oportuna. Se enteraron cuando ya habían pasado los hechos.

No obstante, aclaró que tiene un derrotero de actividades, que contempla visitas a los lugares de reclusión, que incluyen las carceletas de la Policía. Esta actividad está programada para dentro de 15 días, aproximadamente, según lo señaló el defensor del pueblo.

En este sentido aclaró la labor que ejerce la entidad. “Nosotros, como entidad que encargada de proteger los, los derechos fundamentales de la gente, lo que hacemos es oficiar a las diferentes entidades, ponerles en conocimiento la situación, para que sean éstas las que empiecen, a ejercer la actividad que les corresponde”.

A propósito de la celebración hoy del día internacional en contra del reclutamiento forzado de menores de edad, Rivera indicó que no se tiene hasta el momento ninguna denuncia.

Entre los temas principales se encuentran el acompañamiento para interponer tutelas y garantizar el acceso a la salud, la educación superior, la igualdad de género, la violencia intrafamiliar y la discriminación racial.

Por ello destacó que el trabajo realizado por la institución, es de gran valor y relevancia para todos aquellos que pueden beneficiarse directamente, de las acciones emprendidas desde su despacho.

 

La Policía y la Fiscalía en Casanare descartaron que se estén urdiendo atentados terroristas a la infraestructura del acueducto de Yopal, según denuncias hechas por el gerente de la EAAAY de Yopal Jairo Bossue Pérez ante la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que personas anónimas informaron de amenazas a este bien público.

Tanto el comandante de la Policía en Casanare, coronel José Miranda como la directora Seccional de Fiscalías, Aralí González, negaron que se estuvieran planeando ejecutar acciones contra las plantas de tratamiento modulares, definitiva o tubería del acueducto que surte de agua a la ciudad o de cualquier entidad pública.

El oficial dijo que no se tiene ninguna información de esa intencionalidad mientras que la fiscal expresó que no solo no tenía ninguna denuncia en su despacho sino que no había ningún reporte o conocimiento oficial del CTI sobre ese evento u otra circunstancia.

Qué fue lo que denunció el gerente de la EAAAY

Estos pronunciamientos se originaron luego de que los periodistas Martín Mesa Paredes, director del portal www.elnuevooriente.com y Martha Cifuentes en una alianza noticiosa, conociéramos de un oficio del gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EAAAY a la Fiscalía General del pasado 24 de mayo, donde primordialmente se denuncia posibles ataques, de personas al margen de la ley, al sistema integral de tratamiento de agua potable en la vereda La Vega y los relaciona con los bloqueos en la Marginal de la Selva en el marco del Paro Nacional.

Inicialmente este funcionario dijo que no daría declaraciones por considerar que esto era un tema de seguridad nacional y que el documento no era para conocimiento de la prensa pero luego de que se ventiló, públicamente, ahí sí se animó a ampliar la información.

Es así como expresó literalmente que “En desarrollo de la protesta social de varias comunidades de Yopal y sobre todo en los bloqueos hubo una especie de concierto para delinquir en contra de las empresas de la región, no solo de la EAAAY sino de la empresa eléctrica (sic)… que supuestamente unas personas que vinieron de otro departamento irían a atentar contra la infraestructura para crear un caos en la ciudad. Esas informaciones fueron allegadas por personas anónimas, a la empresa y por ello informé a Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y Superservicios. Advertimos sobre la posible comisión de este tipo de delitos por personas ajenas a Yopal.”

Curiosamente, la grave denuncia no fue informada al alcalde

Consultado sobre sí tan importante información había sido proporcionada al alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, intentó evadir la respuesta, pero finalmente expresó que no lo hizo argumentando que el mandatario no es el competente para investigar estas denuncias penales. Rara esta postura considerando que el alcalde es el presidente de la Junta Directiva de la Eaaay y del cual se sabe es muy cercano.

Efectivamente, días antes, el periodista Martín Mesa Paredes indagó con el alcalde de Yopal Luis Eduardo Castro, sobre el particular y este le manifestó no tener conocimiento de estas informaciones y que investigaría el tema, pero a la postre no hubo pronunciamiento.

En igual sentido se pronunciaron fuentes comunales de El Morro. Estos, hasta se mostraron extrañados y dijeron que "un ataque contra el acueducto no es algo lógico" y no se entienden las afirmaciones del Gerente de la EAAAY

Por su parte el defensor del Pueblo, Yimy Leonardo Roa, dijo inicialmente que no conocía del oficio enviado a la Fiscalía, pero luego si se acordó y explicó que este es un tema que debe investigar el organismo acusador porque la Defensoría no cuenta con esas competencias.

También consultamos con el personero de Yopal, Rafael Peña, quien dijo desconocer absolutamente todo sobre esta denuncia e indicó que oficiaría al gerente de la Eaaay para conocer en profundidad esta información.

Dudas y más dudas

Varias dudas quedan en el ambiente y tienen que ver sobre la credibilidad a las fuentes anónimas en las que se basó el gerente de la empresa de acueducto para hacer el oficio a la Fiscalía pues sus sindicaciones son de gran impacto regional y nacional dados los largos años de crisis de agua en esta ciudad.

Igualmente consultado el ejecutivo sobre si ya había pedido a la Policía protección a la infraestructura dijo que no y esto no sería coherente con el grado de importancia que dio a los informantes.

Lo otro que tampoco queda claro es por qué se quiso vincular a los jóvenes manifestantes de la Marginal del Llano, quienes no han arremetido contra ninguna entidad pública ni realizado actos de vandalismo contra bienes públicos o de otro tipo.

 El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, presentaron al gobierno una radiografía de las difíciles condiciones que afrontan miles de trabajadores del sistema de salud que hacen frente a la contención del covid-19, y demandaron la dotación de elementos de protección personal con las características de bioseguridad requeridas, así como soluciones de fondo a la precarización laboral que por años ha afectado derechos fundamentales.

En desarrollo de una mesa de trabajo virtual con los ministros de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, y del Trabajo, Angel Custodio Cabrera Báez, los jefes del Ministerio Público reconocieron los esfuerzos del gobierno para que empleadores y ARL - Administradoras de Riesgos Laborales - asuman la protección de los trabajadores, y anunciaron que vigilarán el cumplimiento de la construcción de inventarios de elementos requeridos para la atención de pacientes durante la pandemia, así como los procesos administrativos sancionatorios que adelante la cartera del Trabajo.

El ministro del Trabajo, Angel Custodio Cabrera Báez, anunció que se acogió la propuesta del Ministerio Público para fortalecer la responsabilidad que tienen empleadores y ARL en la provisión de elementos de protección personal, que incluirá nuevas estrategias de financiación con las cuales los entes de control harán seguimiento al uso adecuado de los recursos públicos.

Por su parte, el ministro de Salud precisó que se dispondrá de recursos para adquirir algunos elementos de protección personal para los trabajadores de la salud con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME- y lamentó el rezago de las IPS, especialmente las públicas, que tienen la primera responsabilidad en dotar a sus trabajadores de EPP.

En la sesión se evaluó la búsqueda de salidas a la precarización laboral de los trabajadores del sector salud, que incluya la eliminación de los contratos por prestación de servicios. La Procuraduría y la Defensoría participarán en la mesa de discusión convocada por el Ministerio del Trabajo.

El Procurador solicitó evaluar que al amparo de la emergencia sanitaria se expida un decreto para impulsar la formalización laboral de los trabajadores de la salud, mientras que el Defensor abogó por el derecho de los pacientes a recibir atención oportuna y continúa, sin importar si están o no afectados por el covid-19.

Ministerio Público y gobierno acordaron un seguimiento permanente para garantizar los derechos laborales e individuales de los trabajadores del sector salud.