Ante el aumento de casos de dengue en la jurisdicción del departamento, La Gobernación de Casanare declaró la emergencia sanitaria mediante Decreto 122 del 3 de mayo del 2024, lo que permitirá a las autoridades de salud pública tomar medidas excepcionales y rápidas para contener la propagación del dengue y la circulación del zancudo transmisor de la enfermedad.

Un total de 1.146 casos de dengue fueron reportados en todo el departamento, a la semana epidemiológica No. 17, por parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica – SIVIGILA. A la fecha hay dos casos de personas fallecidas por la enfermedad, uno confirmado y otro en estudio, mientras que los casos de dengue grave ascienden a nueve.

Los municipios de Yopal y Paz de Ariporo, se encuentran en situación de brote tipo II, es decir, al menos en las últimas seis semanas consecutivas, la notificación de casos ha estado por encima del límite superior, mientras que Hato Corozal, Támara, Nunchía, Aguazul, Tauramena y Villanueva, se encuentran en brote tipo I, es decir, al menos en tres de las últimas cinco semanas han estado por encima del límite superior.

La Secretaría de Salud de Casanare hizo un llamado a los alcaldes y comunidad en general, para que se pongan en marcha acciones individuales de prevención, que permitan controlar y mitigar la transmisión del dengue en el departamento.

Aunque se han reducido ostensiblemente los accidentes con personas lesionadas en Casanare, en lo que va corrido de la emergencia sanitaria por el Covid-19, las tres muertes registradas el fin de semana en vías del departamento, denota que algunos conductores no están cumpliendo los Decretos 457 y 531 del Gobierno Nacional.

Según el capitán Whalter Fuentes, comandante de la Policía de Carreteras, a la fecha se han aplicado  aproximadamente 400 comparendos a conductores que han incumplido dichos decretos, y se han  inmovilizado 150 vehículos, entre automóviles y motocicletas.

Algunas de las novedades más frecuentes tienen que ver con los conductores de algunos vehículos, quienes se movilizan sin licencia de conducción.

El jefe de la Seccional de Tránsito reportó que el transporte informal de pasajeros se ha incrementado por lo que algunos conductores de vehículos que no están dentro de las excepciones del decreto presidencial se han visto sancionados y se les han inmovilizado sus automotores.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los habitantes para que eviten transitar por las vías de Casanare, exponiendo su salud y la de los servidores públicos que realizan los controles en los diferentes puestos de control.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la Emergencia Social, Económica y Ecológica por el COVID-19.

“Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”.

Precisó que la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación pusieron en el programa Transparencia por la emergencia para vigilar con herramientas analíticas avanzadas la ejecución de contratos por la emergencia del covid-19, que para el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017, fueron firmados desde e 20 de marzo y superan los $800 mil millones, que sumados a los de la Contraloría corresponden a recursos del orden de $80 mil millones de pesos. 

“Hoy estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones”.

En el departamento de Meta se investiga la contratación de los municipios de Acacias por $1.125 millones y Puerto Gaitán, por $1.000 millones. En Atlántico el contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750, departamento donde también se investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.

“En Cesar se investigan presuntos sobrecostos de más del 50% en 29 contratos, que no están publicados en el SECOP, por más de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación”.

En Arauca también se investiga el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a $19 mil pesos o bolsas de leche a $13 mil, en un contrato por $4.463.739.189 con Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC.

En Cúcuta, el contrato de edición de una obra digital, por $58 millones de pesos, con la historia del Hospital Erasmo Meoz, “cuando lo que se requiere  son los recursos de la salud para ver de qué manera podemos enfrentar  esta pandemia”.

En Cundinamarca se abrieron procesos por las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones de  La Palma  y Guaduas, caso que también fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. 

También figura en el departamento de San Andrés un contrato por $500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., para “la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país”. 

“Están utilizando estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones. Los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de estas ayudas”.

Sostuvo que los hallazgos penales que hagan la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque “robarse los recursos de los pobres es un delito”.

“De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, las suspensiones de los funcionarios que han estado involucrados en estas vagabunderías, que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres", puntualizó Fernando Carrillo.

Al concluir la reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU), este jueves en Bogotá, el Presidente Iván Duque Márquez anunció la declaratoria de la emergencia sanitaria en el territorio nacional hasta el 30 de mayo, con el fin de contener la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“En virtud de la figura que tiene la ley colombiana, vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria, y lo hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de Salud (OMS). Hay una declaratoria de pandemia y lo que nos corresponde a nosotros, para tomar medidas cada vez más rápidas, es la declaratoria de una emergencia sanitaria”, afirmó el Jefe de Estado en declaración a medios periodísticos.

En tal sentido, el Mandatario dio a conocer las medidas rigurosas que incluye la declaración de emergencia sanitaria en Colombia:

• Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados. Esos eventos deberán evitarse, con el concurso de las autoridades locales de salud, a partir de las 3:00 de la tarde de este jueves 12 de marzo.
• Se suspende el tránsito y desembarco de cruceros en Colombia, también a partir de hoy.

De acuerdo con el Mandatario, en Cartagena “hay una circunstancia especial que tenemos de una embarcación que tiene punto de salida y punto de llegada a la ciudad de Cartagena, y se determinará un protocolo riguroso para garantizar por completo el manejo de la situación”.

Explicó que hasta que se tenga “absoluta claridad de la situación en salud, se mantendrá el barco en fondeo, sin desembarco de pasajeros”.

• Se están impartiendo lineamientos a los hoteles para que los extranjeros que han llegado al país en los últimos días cumplan el aislamiento preventivo, siguiendo pautas rigurosas en materia de salud.
• Los grupos étnicos podrán aplicar sus normas propias y su cosmovisión, teniendo como principio el aislamiento preventivo.
• En las próximas horas se expedirán directrices para funcionarios públicos, en relación con normas puntuales y flexibles de trabajo virtual. Se invitará a las empresas a que adopten esos protocolos, conforme a los lineamientos de salud ocupacional y de salud en el lugar de trabajo.
• En los Centros Vida, donde hay adultos mayores, se va a adoptar el aislamiento preventivo, como medida adicional de protección y seguridad a esta población, considerada como vulnerable ante el coronavirus (COVID-19).
• Con respecto al torneo nacional de fútbol, el Jefe de Estado afirmó que tras conversaciones con la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, se acordó cancelar la fecha prevista este fin de semana.

Igualmente, el Mandatario manifestó que “se ha determinado que el torneo continuará a puerta cerrada y con transmisión”, salvo que se tome una medida diferente, la cual se comunicará de manera oportuna.

Líneas de cuidado y prevención

Adicionalmente, el Presidente Duque reiteró el llamado a los colombianos a que se adopten medidas de cuidado y de prevención, como el lavado constante de manos con jabón y también con antibacteriales.

Además, consideró como fundamental el cambio de hábitos, como “no saludar de beso ni de abrazo ni estrechar la mano”.

Resaltó que “esas medidas pueden llevar a reducir en más de un 50 por ciento las posibilidades de contagio”.

En el mismo contexto, el Jefe de Estado indicó que es necesario “tener distancias moderadas con interlocutores y, por supuesto, también tener una práctica donde si hay síntomas de gripa, en la medida de lo posible, evitar tener contacto con otras personas”.

 Por último, el presidente Duque recomendó que en el caso de tener los síntomas del coronavirus hay que “utilizar los tapabocas, y quien tenga contacto con personas que presenten síntomas gripales, también lo deben usar para evitar contagios gripales”.

De otra parte, la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, informó que entre las medidas de contención del virus se encuentran la suspensión temporal por 10 días de las visitas a los sitios de reclusión, y la suspensión de las repatriaciones de privados de la libertad que venían a cumplir sus penas en el país.