La Fiscalía General de la Nación informó que, logró la judicialización de 11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer a disidencias del frente décimo de las FARC con elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.

Abundante evidencia técnica y material de prueba, como testimonios, dieron cuenta de que habrían aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal. Asimismo, permitieron conocer que, supuestamente, identificaban víctimas para ser extorsionadas.

“No es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza y el respeto que se le deben a las instituciones en Colombia. Del mismo modo, no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”, señaló el Fiscal General, Francisco Barbosa.

Los funcionarios que estarían involucrados, al parecer, otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado. En otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado, señala la Fiscalía en comunicado de prensa.

Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Octava División del Ejército Nacional capturaron a estas 11 personas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá. En los procedimientos se incautaron documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.

Entre los detenidos hay un secretario de la gobernación de Arauca, dos concejales (uno de Fortul y otro de Saravena), un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con amenazas falsas.

“No hay derecho a que estos delincuentes le quiten la posibilidad a tantas víctimas de este país a una verdadera protección, inventándose amenazas y, al mismo tiempo, utilizando la misma protección que les da el Estado para continuar y realizar actividades criminales”, enfatizó el Fiscal Barbosa Delgado.

También fue capturada una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.

Por disposición de la juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los afectados con la decisión son:

Alexander Botía Amaya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca. Tenía medidas de protección de la UNP y a su disposición un medio de comunicación, un botón de pánico o de apoyo y un chaleco blindado.

Nini Johana Cardozo Dueña, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Hace parte del Consejo Nacional de Paz. Tenía medidas de protección de la UNP, la cuales eran extensivas a su núcleo familiar. Contaba con dos vehículos, uno de estos blindado; cuatro escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.

Jhon Alexander Romero Acevedo, representante de una fundación de derechos humanos y exgerente de la Terminal de Transportes de Tame.

Ruth Pita, concejal de Fortul y secretaria de la mujer de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).

Camilo Espinel Manrique, concejal de Saravena y secretario de Educación de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).

Fredy Leonar Camargo Camargo, secretario de Planeación y de Infraestructura de Fortul.

Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena.

Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Tenía medidas de protección de la UNP y contaba con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

Diana Carolina Molina de la Ossa, enfermera en el Hospital de Saravena y representante departamental de víctimas. Tenía esquema de protección de la UNP con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

Helber Alonso Ramírez Castro, empleado del Banco Agrario.

Danilo Huertas Roldán, representante municipal de víctimas en Saravena.

Red de secuestros en Arauca

Por solicitud de un fiscal de la Seccional Arauca, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco presuntos integrantes de una estructura de las disidencias del frente décimo de las Farc, que sería la responsable de varios secuestros, extorsiones y hurtos en el departamento.

Las investigaciones permitieron conocer que estas personas estarían involucradas directamente en dos acciones criminales ocurridas en la ciudad de Arauca.

El primer caso que se les atribuye sucedió el 24 de noviembre de 2020, en el barrio Corocoras. Hombres armados ingresaron a un inmueble y se llevaron a María Guillermina Bello Tineo, y a su hijo Manuel Alexi Bello. Las víctimas habrían sido trasladadas a territorio venezolano, donde permanecieron en cautiverio y días después fueron liberadas.

El otro evento está relacionado con el secuestro de Fernando Gámez Romero, dirigente comunal de la vereda Monserrate, a quien también le robaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le había sido asignada. Este líder social quedó en libertad 24 horas después de ser reportada su retención.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Octavio Guerrero Durán, Alba Carolina Durán Acosta y Daimer Pelayo Parada los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado y agravado. De otra parte, Rubén Arnaldo Benítez Gómez y Pedro José Castillo fueron judicializados por secuestro simple.

Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y el Grupo Gaula de la Policía Nacional.

Fuente: Fiscalìa General de la Naciòn.

Desde presuntos integrantes de las extintas FARC, pasando por delincuencia común, paramilitares y hasta clanes políticos, andan detrás de la cabeza del abogado villavicense, a quien le siguen la pista a cada lugar de Colombia donde se ha desempeñado. La razón: sus aguerridas posturas en pro de los derechos humanos, la defensa de la institucionalidad en los gobiernos territoriales y lo más reciente, la dirigencia política de negritudes y grupos raciales.   

Secuestros, interceptaciones, intimidaciones y amenazas de muerte, son parte del rosario de razones por las que Juan Carlos Suárez Forero, un líder político y social de 52 años, nacido en Villavicencio (Meta), terminó accediendo a las súplicas de sus familiares y postergar su carrera política en Colombia.  

Y es que no es para menos. El pasado 15 de enero, apenas a unas pocas cuadras luego de salir de su casa, en zona perimetral  de Yopal (Casanare), ciudad donde reside desde el 2009, mientras se movilizaba en su vehículo junto a su esposa,  su hijo menor y su madre, Juan Carlos fue abordado por dos sujetos en una motocicleta de mediana cilindrada, quienes le salieron al paso y a viva voz le ratificaron la amenaza que lo ha martillado una y otra vez: “Doctorcito Suárez, si sigue como candidato por ese partido de pacotilla, de esos negros, no respondemos por su vida ni la de su familia. Ya estamos cansados que siempre esté de intruso donde no le importa”.

Este episodio cobraría aún más fiereza luego que Juan Carlos, (quien sigue defendiendo la causa del Partido de Reivindicación Étnica –PRE), recibiera en su celular personal dos sendos mensajes de WhatsApp con consignas de amenazas contra su integridad y la de su  familia, con textos como: “Doctorcito Juan Carlos Suárez, usted se ha vuelto un problema para la organización y nos vemos en la necesidad de declararlo objetivo militar. Ni ese partido de negros lo va ayudar ni sus amigos políticos. Le damos 3 días para que se vaya bien lejos porque la próxima no va a ser paseíto de un día como la vez pasada. Aténgase a las consecuencias, ya tenemos ubicada a su esposa y a su hijo. Ya la orden está dada.”, esto el 23 de abril de 2021 y empeoro su zozobra cuando para el 7 de mayo de este año llegó a su celular otro mensaje en los siguientes términos: “Buenas tardes. Nos alegra el matrimonio de su bella hija. Esperamos que no vuelva por el bien y el de su familia. Y de consejo le recomendamos que cuide a su familia no vaya a ser que, se quede viudo. Hay mucha violencia y más cuando son sapos como usted. Ya sabe. Lo estamos vigilando. Valore su familia doctorcito. Saludos a su familia sapo.”

Esta vez, apesadumbrado, Suárez Forero ni siquiera pudo asistir a la boda de una de sus hijas celebrada el pasado 29 de abril de este año.

Tres décadas de calvario

Desde que era niño Juan Carlos se destacó por sus buenas calificaciones y sus primeras pinceladas en la política. Para su madre, Graciela Forero Lombana, era emocionante ver su capacidad por el trabajo social, pero su instinto le advertía que el camino no sería fácil, y menos en la región donde nació y creció: los llanos orientales de Colombia, que para la época estaba plagado por grupos al margen de la Ley de todas las orillas del conflicto armado del país.

En el segundo semestre de 1994 y comienzos del año 1995, ya siendo Juez de la República en el municipio de Santa Rita y luego del municipio de La Primavera (Vichada), fue amenazado por el Frente 39 de las Farc, para que dejara esa población, como lo relata un extenso informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos.

En febrero de 1995, fungiendo como Juez de Lejanías (Meta) hombres a cargo de alias ‘Romaña’, le ordenaron en cuestión de horas abandonar el pueblo, pues “ahora ellos eran los dueños de la justicia”.

Entre septiembre de 2001 y mayo de 2002, fue secretario general y director encargado de la Corporación Autónoma Regional para Nororiente Amazónico “CDA” en Inírida Guainía. Cuando pensó que en lo espeso de la selva del sur de Colombia pasaría desapercibido ante el conflicto, fue abordado por miembros del Frente 16 de las FARC comandados por alias el ‘Negro Acacio’, con un plazo de tres días, esto debido a que “estaba interfiriendo en los intereses de los grupos alzados en armas”.

El Frente 1 ‘Armando Ríos’ de las Farc, a cargo de Gerardo Aguilar Ramírez alias ‘César’, 7, le pusieron punto final a su laureada labor como representante del Ministro de Educación ante los departamentos del Guainía, Guaviare, Amazonas, Vichada, Vaupés, Santander y Norte de Santander, entre junio de 2002 y mayo de 2003. En una de sus visitas, estando en el municipio de Mitú, (Vaupés), Suárez, otra vez estaba desplazado y ya sentía que no podía seguir luchando contra la corriente.

Una de las escenas más duras del abogado, quedó consignada en los medios de comunicación nacionales, los cuales cubrieron ampliamente cómo fue secuestrado y posteriormente liberado, de manera milagrosa.  Entre abril de 2005 y septiembre de 2006 siendo secretario Jurídico y gobernador encargado en varias ocasiones del departamento del Guaviare, el funcionario estaba condicionado a abandonar la tierra donde estaba trabajando.

La otra persecución

Una y otra vez. Consignado en los informes de Derechos Humanos y relatado por los medios de comunicación, Suárez Forero continúo el suplicio.

Pero la historia de asechanza  no venía solo desde las huestees de los alzados en armas, un batacazo proveniente desde el Consejo Nacional Electoral afectaría los intereses de los miembros del Partido de Reivindicación Étnica –PRE a nivel nacional, pues según denuncian sus miembros “están siendo vulnerados de manera arbitraria directamente por el gobierno desde el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, perturbando un partido constituido por 25 familias del campo en un sector que por tradición dentro del conflicto armado donde el país tuvo injerencia de la guerrilla de las Farc”.

Aunque los organismos de Derechos Humanos, líderes sociales e informes de víctimas del desplazamiento han ahondado en la particular historia de Juan Carlos Suárez, sus allegados indican que no hay confianza en las instituciones en Colombia, y que pensar en denunciar sería avivar una vez más las brasas de la persecución que hoy lo tienen desterrado, sin participación en el plano democrático, sin las garantías de poder servir en su país, y peor aún: no poder vivir en este.

Alias Popeye, fue detenido por las autoridades en una zona residencial ubicada en inmediaciones al aeropuerto de Yopal, a donde según la Fiscalía habría llegado hace pocos días para terminar de planear y ejecutar atentados contra sedes militares y de la Policía Nacional, que están muy cerca del punto donde fue localizado.

Nilson Alexander Monsalve, es uno de los presuntos máximos explosivitas de las disidencias del Frente Décimo de las Farc, que delinquen en Arauca, Casanare y en área de frontera, de acuerdo al informe entregado por la Fiscalía General de la Nación.

El ente judicial señaló que contra alias Popeye hay abundante material fílmico en el que, supuestamente, aparece armado con fusil AK-47, preparando campos minados y recibiendo instrucción de otros señalados integrantes del grupo residual para activar artefactos explosivos.

En las investigaciones de las autoridades  se constató que varios de sus movimientos ilícitos en la línea fronteriza con Venezuela, al parecer, eran registrados y las fotografías compartidas en redes sociales. En algunas publicaciones hay imágenes de armas y en otras se ve con prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares, entre otras circunstancias que son analizadas.

Monsalve Vega, de 24 años, estaría involucrado en la activación de minas antipersona al paso de una unidad del Ejército Nacional en Saravena (Arauca), el 20 de julio de 2020.También hay elementos que lo vincularían a una explosión ocurrida en el centro de Arauquita, en 2018, en la que un artefacto artesanal fue detonado anticipadamente y mató a la persona que pretendía instalarlo.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias Popeye los delitos de: concierto para delinquir agravado, terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal; y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. En las verificaciones de antecedentes judiciales se constató que había sido condenado por rebelión.

Fuente: Fiscalía General de la Nación.

En las últimas horas, mediante el desarrollo de operaciones militares coordinadas e interinstitucionales entre el Gaula Militar Casanare, Gaula Policía y CTI, fue capturado el tercer cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual subestructura 28, informó en rueda de prensa el brigadier general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, comandante de la Octava División del Ejército.

El alto oficial, dijo que, la operación se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo, hasta donde llegaron los uniformados, para hacer efectiva una orden de captura en contra alias Arbey o Morroco, por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.

Según información de inteligencia militar, este sujeto llevaría más de 18 años dedicado a realizar actividades ilícitas, y habría pertenecido al frente "Adonay Ardila Pinilla" del ELN y también integraba el extinto Frente 28 de las FARC, donde al parecer se desempeñó como jefe de finanzas.

El comandante de la Octava División del Ejército, señaló que en la actualidad, alias Arbey o Morroco, después de alias Antonio Medina, sería el tercero al mando del GAO-r Subestructura 28, cargo que habría asumido a partir de la captura de alias Fredy Hormigo el pasado mes de septiembre. Este sujeto, sería el encargado de llevar realizar extorsiones a los diferentes gremios económicos del departamento de Casanare, a través de llamadas, panfletos o videos, también conseguir material bélico para el grupo ilegal y realizar inteligencia delictiva a la Fuerza Pública.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con su proceso de judicialización.

Este sujeto, hacía parte del cartel de los más buscados de la región de la Orinoquía y Llanos Orientales, precisó el brigadier general Jairo Alejandro Fuentes. 

Anuncian el cartel de los más buscados de las disidencias de las Farc en el Meta.

Una recompensa de hasta $2.100 millones por información que permita la ubicación y captura de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y Miguel Botache, alias Gentil Duarte, jefes disidentes de las Farc en el Meta, ofrecieron las autoridades.

El anuncio lo hicieron el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, tras un Consejo de Seguridad en el que dieron a conocer el cartel de los delincuentes más buscados en el departamento.

En el cartel aparecen los jefes de las disidencias de las Farc Iván Mordisco, Gentil Duarte y Calarcá, que lideran los frentes primero, séptimo y cuarenta de las disidencias de las Farc que hacen presencia en los municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa.

También se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información sobre el paradero de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; de hasta 40 millones de pesos, de alias Alirio Mata Vaca y alias Boyaco; y de hasta 20 millones de pesos por los alias Maneto y Negro Pipe.

Las disidencias de las Farc vienen adelantando acciones en esos municipios asesinando campesinos y miembros de la fuerza pública, e incluso han realizado amenazas contra los algunos mandatarios locales.

Uno de los últimos homicidios ocurrió en la vereda Caño Veinte, finca El Delirio del municipio de Vista Hermosa, donde asesinaron a Inés Acuña Rodríguez, una mujer de 35 años, a partir de cuando se estableció un plan de choque micro focalizado para el control territorial de las 50 veredas de Mesetas, Vista Hermosa, Uribe y La Macarena, aunado al control sobre el río Guayabero.

Incluso se hizo una solicitud a la Unidad Nacional de Protección para que se revise la seguridad de los alcaldes de Mesetas, Vista Hermosa, Uribe y La Macarena y mientras tanto la Policía asignará un policía para el esquema de seguridad del alcalde de Uribe, y lo asesora para la compra de un vehículo destinado a su seguridad.

Tras el Consejo de Seguridad se anunció el reforzamiento de la presencia militar, la ampliación de los puntos y sitios de control, así como establecer el cartel de los más buscados y las recompensas.

El ministro Holmes Trujillo hizo un llamado a la comunidad para “apoyar a las autoridades y compartir cualquier información sobre la ubicación de estas personas sea compartida a través de las líneas de la Dijín de la Policía o del 123”, recordando que se garantiza absoluta reserva para quienes entreguen la información.

“Vamos avanzando en la dirección adecuada, hay mucho trabajo por hacer todavía, es por esto, que esta tarea se adelantará todas las semanas. Lograremos cumplir el objetivo de decirle a los bandidos que este territorio es de la institucionalidad, de la democracia y de los colombianos de bien”, enfatizó el ministro de Defensa.

Por su parte, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga afirmó que, “en este departamento no queremos repetir los terribles episodios del pasado, por eso es tan importante que la comunidad colabore”, al enfatizar que “la seguridad es responsabilidad de todos”.

En medio de una operación conjunta entre Ejército y Policía Nacional en la vereda El Diamante del municipio de La Macarena, en el Meta, se dieron de baja a tres disidentes del frente séptimo de las Farc, estructura de Mario López Córdoba alias “el negro Edward”, señalado de ser uno de los cabecillas al mando de alias “Gentil Duarte”. En medio del combate falleció un policía. 

El Ejército confirmó que durante la misión, murió el intendente Jahir Tamaño Acosta, perteneciente al grupo antiterrorista de la Policía Nacional, quien cayó de un helicóptero y pese a que fue remitido al Hospital Departamental de Villavicencio, falleció debido a la gravedad de las heridas. 

Según el diagnóstico médico, Tamaño Acosta presentó tres paros cardiorrespiratorios.

Esta es la segunda operación más importante que se realiza en menos de una semana en contra de las disidencias de las Farc en los llanos orientales, luego de la muerte de alias ‘Jeison Orejas’, también cercano a ‘Gentil Duarte’.

Durante el operativo también fueron incautados fusiles, cartuchos punto 50, pistolas, francotiradores, proveedores, granadas y otras municiones. Según la entidad, esta es la segunda maniobra operacional que se ejecuta durante esta semana y la segunda afectación más importante contra este grupo ilegal, luego de la muerte de alias “Jeison Orejas”.

El resultado del operativo se dio a conocer este viernes por el Ministro de Defensa y los altos mandos militares.