El pasado 22 de febrero de 2023, la Secretaría de Educación atendió una mesa de trabajo en el municipio de Orocué, como respuesta a las solicitudes de los pueblos indígenas del departamento.

Esta actividad tenía como objetivo revisar los compromisos pactados en la mesa de concertación de la vigencia 2022, específicamente en lo relacionado al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Este servicio que contribuye con la calidad y permanencia educativa, aún no ha podido iniciar, afectando, según la Secretaría de Educación, a 1.919 estudiantes de instituciones educativas indígenas, ubicadas en los municipios de Hato Corozal, Orocué, Paz de Ariporo y Támara.

Por ahora, se espera organizar una mesa de trabajo entre la Unidad Nacional de Alimentos para Aprender (UAPA) y algunas de las autoridades nacionales, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación Nacional y los entes de control.

El objetivo de esta reunión se centrará en dar a conocer las dificultades que se presentan con este tema, que afecta la población estudiantil indígena y encontrar una pronta solución, a las exigencias impuestas por las aseguradoras para expedir las pólizas, que permitan legalizar los contratos del PAE.

Así lo dio a conocer la Licenciada Elisabeth Ojeda Secretaría de Educación del Departamento de Casanare. La principal razón se debe a que ninguna de las instalaciones de las instituciones educativas son aptas frente a los protocolos de bioseguridad que demanda las actuales condiciones por cuenta de la crisis sanitaria por Covid-19. 

En un principio, la Gobernación de Casanare y los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres venían evaluando los planes de alternancia que fueron presentandos por las instituciones educativas, sin embargo estos fueron desestimados. 

“Después de hacer ese ejercicio, hemos llegado a la conclusión y tomado la determinación como entidad territorial de no aplicar planes de alternancia a partir del 3 de agosto hasta tanto las instituciones educativas tengan las condiciones de bioseguridad en su entorno físico y ambiental, que permitan garantizar la salud de todos los niños y niñas que acuden a cada institución” manifestó la Secretaria de Educación del Departamento de Casanare. 

De acuerdo con el Gobierno Nacional, las principales exigencias requieren que los salones de las instituciones educativas garanticen el distanciamiento físico de 2 metros, modificación de horarios para propender una gradualidad en la entrada y salida de los estudiantes, contar con actividades diarias de desinfección de todas las áreas de los colegios, así como garantizar que todos los alumnos porten el tapabocas en todo momento, entre otros. 

“Esto también implicaba que las instituciones educativas tenían que analizar, en primer lugar, con que personal contaban. Hay una parte que corresponde a las ambientes escolares, que sean ajustados para cumplir los protocolo, pero también existe otra que tiene que ver con la adecuación curricular. Los 2 metros requeridos exigen unos espacios muy grandes para poder hacer una actividad presencial” agregó la Licenciada Elisabeth Ojeda 

Finalmente, la Secretaria de Educación manifestó que el personal docente también es insuficiente, pues de acuerdo con los protocolos de bioseguridad, los funcionarios que superen los 60 años o tengan preexistencias médicas, no deben ser enviados a las instituciones educativas por su vulnerabilidad, los cuales en la actualidad representan un aproximado de 1300 educadores.

Por más de seis horas se desarrolló en la Asamblea, la mesa de trabajo para tratar de dar solución a la situación que se ha presentado con el transporte escolar en varios municipios de Casanare, debido al incumplimiento en el pago a los conductores y falta de combustible, lo que habría generado la alerta por un posible cese de actividades. A la Duma Departamental asistió la secretaria de Educación de Casanare, Sandra Rincón; la representante legal del consorcio Traesca, Gina Marcela Cáceres; un vocero de los monitores de transporte escolar; la interventoría; los diputados y comunidad en general.

Sobre las conclusiones de la reunión, el presidente de la Corporación, York Cortés, afirmó: “En aras de llegar a una conciliación entre los transportadores que prestan el servicio escolar en el departamento, que se sienten un poco incómodos en razón que no se ha venido cumpliendo con sus pagos y lo estipulado en algunos contratos que hizo el contratista con cada uno de ellos, el tema de las azafatas y los conductores; debo decir que es una responsabilidad de todos los actores: secretaría de Educación, contratista, interventoría, supervisión y hoy nosotros la Asamblea Departamental, en razón de que debemos ser veedores que se lleva a cabalidad el presupuesto departamental.

Ha habido falencias de cada uno. La representante del consorcio reconoce que tiene falencias y está tramitando unas actas.

Hay que mirar también desde la secretaría de Educación a través de la supervisión: ¿Qué han hecho con el anticipo? ¿Qué hicieron con las actas parciales? Son más de 9.000 millones de pesos, con eso estarían al día. La plata en los documentos está, entonces no sabemos porque no les han pagado. Por eso como diputados tomamos cartas en el asunto. También escuchamos la interventoría, pero lo que hoy vemos es que el consorcio Traesca en el momento en que se le adjudicó el contrato, no tenía un musculo financiero, y eso es un gran error darle un contrato de 24mil millones de pesos cuando debería tener musculo financiero, que es lo primordial que pide la ley de contratación en este país. Ahora están colgados para pagar”.

Finalmente, se acordó una nueva reunión para este viernes, para completar un acuerdo de precio. De igual modo, se dijo que el 30 de marzo quedarían saldadas las deudas del 2018 a los transportadores.