La presencia del clan del golfo tiene en máxima alerta a las autoridades del Meta y Casanare, pero lograr acciones efectivas requiere de un esfuerzo más de fondo que implicaría incluso reformas a la justicia

La presencia de grupos al margen de la ley como disidencias de las Farc, Clan del Golfo, Bacrim, entre otros, es una problemática de seguridad seria que empieza a dejar consecuencias cada vez más graves en Casanare y el Meta.

Ante este panorama, los  gobernadores los dos departamentos Salomón Sanabria y Juan Guillermo Zuluaga, se dieron cita en el municipio de Villanueva en lo que denominaron un Consejo Ampliado de Seguridad, que contó con la presencia de comandantes de la Fuerza Pública, alcaldes, diputados, y representantes de gremios entre otros.

El evento generó todo tipo de expectativas y no es para menos, las máximas autoridades de dos de los departamentos más importantes de la Orinoquia colombiana tratando de articular esfuerzos para evitar que la problemática de seguridad se salga de las manos.

Aunque fue un poco tardío, el consejo ampliado de seguridad era necesario para que se abordara la problemática con la seriedad y delicadeza que amerita, teniendo en cuenta que la presencia de estas organizaciones delincuenciales principalmente el Clan del Golfo ha desatado un panorama preocupante en cuanto al aumento de labores delictivas como extorsión, homicidio y ni que decir el uso de los corredores viales y fluviales para el microtráfico de estupefacientes.

Pero la realización del Consejo de Seguridad por más que lograra unificar esfuerzos entre ambos departamentos, dejó un contraste sobre el verdadero impacto que puedan tener las estrategias que adopten las autoridades. Por supuesto, hay cosas que son un avance significativo, pero difícilmente se podrá tener un control completo de la situación o exterminar de raíz la problemática.

Entre lo positivo del Consejo Ampliado de Seguridad tenemos el levantamiento de un acta con los compromisos adquiridos por cada una de las instituciones que hicieron presencia, compromisos que según las declaraciones de los gobernadores de Casanare y Meta serán evaluados dentro de un mes en una nueva reunión que se desarrollará en el municipio de Puerto López.

Otro avance significativo que dejó esta actividad es el aumento de operativos de control en las rutas que según las autoridades se estarían usando por estas organizaciones criminales para actividades de microtráfico. Operativos que, en palabras del gobernador de Casanare Salomón Sanabria, no solo tendrían la presencia terrestre de militares, sino también sobrevuelos por parte de la Fuerza Aérea.

Personeros inconformes

Pero no todo lo desarrollado en el Consejo de Seguridad fue de carácter positivo, hubo un suceso que llamó la atención de la prensa y representó una perspectiva diferente o mejor aún permitió establecer un contraste de los logros que puedan dejar esta articulación interinstitucional regional frente a la problemática de orden público.

Se trata de la presencia de Luis Francisco Cala, personero Municipal de Villanueva, quien cuestionó, con argumentos de peso, la forma en que se organizó el Consejo Ampliado de Seguridad, ya que según el funcionario, no se tuvo en cuenta a los personeros del sur del departamento de Casanare (la zona más afectada por la problemática), lo que para él conlleva una descontextualización de la situación, porque son precisamente los personeros como representantes del Ministerio Público, quienes mantienen un diálogo directo con las comunidades que conocen de primera mano las problemáticas de los territorios

 “Se me negó la posibilidad de hablar y decir tantas cosas que conocemos desde la Personería, por ejemplo, que se habla mucho de las consecuencias, pero no se habla de las causas. Desafortunadamente nos vamos reunión tras reunión hablando de las consecuencias que todos las sabemos, pero no de las causas y por lo tanto no hay acciones concretas para atacar el problema que tenemos de inseguridad muy grave para el sur del Casanare y el norte del Meta”, expresó el Personero Municipal de Villanueva ante los medios de comunicación.

Para el representante del Ministerio Público más allá de la presencia y operatividad militar y armada en la zona (que evidentemente es importante para capturar a los criminales), las acciones de las autoridades también deben centrarse en el ámbito social principalmente en los jóvenes que son el grupo poblacional más propenso a involucrarse con estas organizaciones delincuenciales.

Otro de los aspectos a los que se refirió el Personero Municipal fue a uno de los factores que ha fortalecido la problemática de orden público en estas zonas y es el colapso del sistema judicial. Este colapso ha llevado a que la ciudadanía no confíe en el sistema judicial y se abstengan de denunciar, porque como ha sucedido en muchas ocasiones, capturan al delincuente y por diversos motivos o falencias del proceso termina libre.

En ese contexto el Personero Municipal considera que la Fiscalía si está cumpliendo con su función de ente acusador, al igual que la labor de los Jueces de la República, pero que evidentemente el sistema judicial se encuentra totalmente colapsado y requiere de un fortalecimiento contundente para poder entregar mejores resultados.

Agregó que no existe la cultura de la denuncia por la misma incredulidad que se tienen en el sistema judicial, pero hizo énfasis en que la Fiscalía no tiene la capacidad suficiente de personal.

“Aquí en Villanueva tenemos un fiscal sin asistente, por supuesto que su capacidad personal y profesional está sobresaturada. Jueces que pueden conocer de 300 procesos, están conociendo de 1.000, 1.200, 1.500, ¿cómo vamos a tener una justicia pronta si el fiscal no tiene la capacidad suficiente para evacuar procesos, si el juez tiene sus despachos totalmente saturados?”, explicó Cala.

La perspectiva manifestada por el representante del Ministerio Público en Villanueva es válida, ya que refleja realidades que no se pueden desconocer y nos lleva a la conclusión de que atacar a las bandas criminales requiere de una completa unión entre la institucionalidad, la Fuerza Pública y el fortalecimiento del Sistema Judicial para que se puedan dar resultados más contundentes.

El Consejo Ampliado de Seguridad demostró que existe la voluntad de las autoridades tanto gubernamentales como judiciales para afrontar la problemática, solo queda esperar que estrategias se van a formular y el impacto que se va a tener, esperemos que, por el bien de la región, se logre disminuir significativamente los daños sociales y económicos que representa la presencia de bandas criminales en nuestros territorios.

Guillermo Dinain Martínez Martínez, un bombero voluntario es la nueva víctima de homicidio en Casanare, esta vez en el municipio de Villanueva.

El crimen ocurrió hacia las 1:50 pm en el barrio Mirador de Villanueva, cuando Martínez se encontraba departiendo con su pareja sentimental al interior de la residencia, hasta donde llegó un sujeto y le propinó varios impactos por arma de fuego en varias partes del cuerpo que lo dejaron gravemente herido.

Tras labores de verificación la patrulla del cuadrante de la Policía logró establecer que, aunque la persona fue trasladada a un centro asistencial lamentablemente llegó sin signos vitales. Martínez tenía 27 años de edad y llevaba 10 años al servicio del Cuerpo de Bomberos de Villanueva.

La Policía Casanare informó que continúa desplegando las capacidades judiciales e investigativas para esclarecer e identificar a los responsables de este hecho. A su vez rechazaron estos actos que atentan contra la integridad física de las personas en el departamento.

Unidades de la SIJIN materializaron en la carrera 13 con calle con 12 del Barrio Centro de Villanueva, la captura por orden judicial de un hombre de 49 años de edad quien presentaba orden de captura vigente por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.

De acuerdo a las investigaciones que pudo establecer la Policía, el hecho se habría presentado en el 2012 cuando este sujeto, al parecer, había accedido a la menor quien era hija de su pareja sentimental.

El capturado quien registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de lesiones personales y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, quedó a disposición de Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad en Villavicencio - Meta.

Una “batalla campal” se vivió el sábado 13 de agosto en medio del festival de colonias en el municipio de Villanueva, el ambiente estaba en completa calma cuando de un momento a otro empezaron a volar botellas, sillas y objetos que causaron lesiones a algunos de los asistentes.

Aunque no se tiene claridad del porque se generó la riña, en los videos que circularon a través de redes sociales, se evidenció la participación de escoltas del alcalde de Monterrey, Carlos Iván Díaz. Allì se observa un hombre quien con un arma de fuego golpea con la cacha a uno de los implicados. El alcalde de Monterrey, Villanueva, y Guateque hacian presencia en el lugar.

La gresca que generó pánico entre los asistentes, también dejó una mujer con una herida abierta en el rostro. La comunidad por su parte, rechazó los desórdenes e hizo un llamado a la cultura ciudadana para evitar que estos hechos tan lamentables se vuelvan a presentar.

Por su parte, el alcalde de Monterrey señaló que, aunque los escoltas de los tres mandatarios si estaban en el lugar y trataron de mediar la gresca, ninguno de ellos golpeó con la cacha de las armas al joven que se evidencia en el video.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Luis Hernando Martínez Arteaga, supuesto integrante de la estructura criminal ‘Renacer’ o Bloque Meta que delinque en el oriente del país.

Este hombre, quien figura en el cartel de los más buscados en Meta, sería el principal articulador de los homicidios selectivos en Puerto Gaitán (Meta). Uno de los hechos que se le atribuye es el asesinato de un hombre que se hospedaba en un hotel del municipio, el 1 de octubre de 2021.

Asimismo, estaría involucrado en otras actividades ilícitas como tráfico de estupefacientes y extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y contratistas de la región.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a de Luis Hernando Martínez Arteaga los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Martínez Arteaga fue capturado en el barrio Centro, en Villanueva (Casanare), en un procedimiento conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional.

En el municipio de Villanueva, Casanare, cayó alias “Chamo” quien presuntamente haría parte de la red sicarial del grupo delincuencial organizado conocido como “Los Puntilleros” con incidencia en Puerto Gaitán.

Este individuo, de 22 años de edad, natural de Apartado, Antioquia, era requerido por el Juzgado Penal Municipal de Puerto Lleras, Meta, por los delitos de concierto para delinquir con fines de estupefacientes y extorsión, fabricación, tráfico y/o porte de armas de fuego o municiones, y por el delito de homicidio agravado.

Segùn las autoridades, este hombre se desempeñaba en la organización delincuencial como el encargado de realizar inteligencia criminal con el fin de brindar información sobre la ubicación de comerciantes y sus familias a fin de realizarles exigencias económicas o mal conocidas “vacunas”.

El grupo de investigación criminal y judicial junto a la Fiscalía lograron determinar que este hombre pertenecería a este grupo desde inicios del 2021 y estaría presuntamente vinculado a hechos de sicariato en el municipio de Puerto Gaitán.

Alias “Chamo” se escondía en una vereda de Villanueva y se encontraba en el cartel de los más buscados por la Policía Nacional en el departamento del Meta.

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la organización Roa – Flor Huila (ORF) y a tres personas naturales con multas por $20.514.597.205 (veinte mil quinientos catorce millones quinientos noventa y siete mil doscientos cinco pesos), por incumplir instrucciones y requerimientos de información y obstruir la visita administrativa realizada por esta Autoridad en las instalaciones de su planta en el municipio de Villanueva, Casanare. 

Las multas impuestas fueron a las siguientes personas: Pedro Pablo Peña Mendoza, gerente de la planta Villanueva de ORF), Lucy Gallo Losada, gerente administrativa y financiera de ORF, y Ángel Leonardo Riveros Figueredo, jefe de la planta Villanueva de ORF.

Segùn la Superintendencia de Industria y Comercio, al interior de ORF hubo direccionamientos a través de instrucciones y directrices impartidas a los empleados de la empresa, para incumplir las órdenes y requerimientos de información efectuados por la Autoridad durante la visita administrativa.

Concretamente la compañía habría incumplido el requerimiento de suministrar la información de los correos electrónicos institucionales asignados dentro de la empresa al jefe y al gerente de la planta de Villanueva de ORF para el desarrollo de las funciones a su cargo, obstaculizando así el desarrollo de la actuación administrativa adelantada por esta Autoridad. Para conseguir obstruir la visita, la compañía adujo circunstancias tales como que la información no podía ser suministrada sin la autorización de sus superiores, o que era necesario un requerimiento por escrito por parte de la Superintendencia dirigido a la gerencia de ORF. 

SIC señala que quedò demostrado que la renuencia de la compañía también provino de instrucciones impartidas por la gerente administrativa y financiera de ORF desde la sede administrativa de la empresa en Bogotá. Estas situaciones obstaculizaron injustificadamente el ejercicio de las funciones de la Autoridad, y obstruyeron la actuación administrativa que se adelantaba. 

En el transcurso de la visita, ORF también negó la entrega de documentos e información de la empresa solicitada por los funcionarios de la SIC, aduciendo nuevamente que la misma debería solicitarse por escrito y sería entregada días después. 

Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ponía de presente a los ejecutivos y trabajadores de ORF las funciones y facultades que tenía en el marco de la visita administrativa, así como de las consecuencias legales del incumplimiento a las órdenes y requerimientos de la Autoridad, estos manifestaron que se encontraban cumpliendo directrices e instrucciones impartidas al interior de la empresa.      

Contra la decisión procede el recurso de reposición.

En el Hospital Regional de la Orinoquía, permanece Lucila Pinzón, de 66 años de edad, oriunda de Villanueva a la espera de una remisión a un hospital de mayor complejidad para ser atendida por un especialista (neumólogo).

Su hija María Franco, ruega para que el traslado se dé lo antes posible, ya que su mamá se encuentra en el centro asistencial desde el pasado 27 de mayo. “Ella ingresó con un problema de neumonía. Mi mamá presenta un problema en el pulmón, y por ello requiere remisión urgente para que la pueda atender un neumólogo”, dijo.

María señaló que han intentado por medio de varias entidades como Personería para que Capresoca los ayude con esa remisión, pero ha sido imposible. La respuesta de la EPS es la misma que no hay lugar donde la reciban. “La situación nos tiene preocupados porque en el Horo ya no pueden hacer nada más”, afirmó.

Recalcó que en el Hospital Regional de la Orinoquía la atención ha sido excelente, pero que necesitan esa remisión urgente para donde sea ya que la neumonía está controlada pero el problema del pulmón está avanzando.

Familiares informaron a Casanare Noticias que Capresoca ya se comunicó con ellos y les expresó que hoy en horas de la tarde dan razón si aceptan a la adulta mayor en el hospital La Samaritana, por lo que ruegan que la respuesta sea positiva.

Un adulto mayor de aproximadamente 85 años de edad, identificado como Roberto Tunjano, de Caribayona, Villanueva, se encuentra desaparecido desde el pasado lunes en aguas del río Tùa.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Villanueva, Octavio Vélez, informó en horas de la mañana de hoy, que la tarde del pasado lunes el señor Roberto salió de la inspección de Caribayona a visitar a un familiar, sin embargo, tiempo después al verificar se dan cuenta que no aparece por lo que deciden emprender la búsqueda a orillas del río Tùa donde efectivamente encontraron unos elementos de su propiedad.

Agregó que ayer unidades del Cuerpo de Bomberos de Villanueva, con el apoyo de la comunidad realizaron labores de búsqueda y rescate, pero fue infructuoso. Dijo que hoy nuevamente emprenderán la búsqueda.

Zozobra en la población de Villanueva causó un panfleto distribuido a través de redes sociales en el que el autodenominado “Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia” ordena a los habitantes de la zona a que deben asistir obligatoriamente a una reunión que se haría en los próximos días, so pena de muerte o exilio de la región.

Literalmente se afirma que: “Quien no asista o mande delegado se le darán 24 horas para desocupar la región”. Igualmente se expresa que: “Lamentamos profundamente si llegan a producirse muertes por la no asistencia o el caso omiso a nuestro llamado, pero a su vez debemos dejar en claro que quien no apoye las políticas de nuestra organización está en contra de ellas y debe desocupar la región de manera inmediata o serán objetivo militar nuestro”.

La situación hace rememorar que en 2002 las Autodefensas Campesinas de Casanare obligaron a la población civil de varios municipios del departamento a asistir a una reunión política en Monterrey, donde supuestamente estaría el entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez.

En aquel entonces se ordenó el cierre de todos los establecimientos comerciales y dirigirse a este municipio so pena de represalias.

El coronel José Rafael Miranda, comandante de la Policía en Casanare, dijo que se está investigando la veracidad del panfleto, que sería proveniente de una cárcel del país. Al parecer, presos estarían dedicados a generar este tipo de intimidaciones a la población civil.