Las más de 100 manipuladoras y la cerca de una docena de transportadores, quienes reclamaron el pago de sus liquidación al consorcio Nutri-Pae, terminaron firmando el pagaré que les entregó la empresa, quedando pendiente para hoy el desembolso de los dineros adeudados.

Así lo confirmó Milagros Robayo, una de las manipuladoras, quien agregó que este proceso de firma tuvo como garante por parte de la secretaría de Educación municipal, la ingeniera Miryam Jannette Alvarado Barrera.

Fueron dos días de protestas que iniciaron el lunes 22 de enero, cuando este grupo de trabajadores se apostó frente a las bodegas de la empresa ubicadas en la calle 40 con carrera 43 de Yopal, para exigir el pago de las obligaciones económicas que tenía Nutri-Pae con ellos.

Ayer martes 23 la jornada empezó con una reunión de los afectados, en la calle 40 con transversal 23. Actividad que contó con la presencia del concejal Felipe Becerra, quien hizo acompañamiento a este grupo de personas, tratando de buscar una conciliación con el empresario Eduardo Duarte, quien es el representante legal del consorcio.

Sobre la media mañana las manipuladores y transportadores se dirigieron a la sede de la Secretaría de Educación, ubicada en La Triada.

El objetivo era hablar con el titular de esta dependencia municipal, Juan José Sarmiento y con el contratista, quien anunció su presencia en este lugar para solucionar esta problemática.

Duarte se encontraba fuera de Yopal, por lo que su llegada demoró un par de horas y arribó a La Triada sobre el mediodía, pero no se reunió con los trabajadores y contratistas de la empresa, se dirigió a las bodegas y fue allí donde finalmente se dio la firma de los paz y salvos, en horas de la tarde.

Proceso que tuvo su justificación en el hecho que el consorcio no podía retirar el saldo que tenía en la Secretaría de Educación, hasta tanto no presentara los comprobantes de pago, de cada una de las manipuladoras y los transportadores.

En estas circunstancias aceptaron firmar. “Quedamos con la ingeniera Myriam que si hoy en la tarde no se ve reflejado el pago, nosotros le enviamos pantallazos de la cuentas para que ella haga la reclamación”, subrayó Milagros Robayo, quien agregó que solo una de sus compañeras, de quien se reservó el nombre, decidió no firmar y entrar a demandar a Nutri-Pae y finalmente ratificó que esta mañana a a varias de las manipuladoras, les aparece reflejado el mencionado pago en sus cuentas personales.

Hoy al término de un consejo de seguridad liderado por el alcalde Marco Tulio Ruiz, se dieron a conocer una serie de acciones que emprenderá la Administración municipal, con miras a mejorar la tranquilidad de la ciudadanía.

El encargado de dar a conocer ese paquete de medidas fue el secretario de gobierno, Jorge Andrés Rodríguez González. El Funcionario indicó que los próximos días se entregarán cinco motocicletas, tres para el Ejército y dos para la Policía, para ayudar con las labores de patrullaje.

De igual forma Rodríguez González mencionó que se va a traer un CAI móvil desde de Villanueva, con el cual se adelantarán operativos tanto en la zona urbana como rural de la ciudad.

En cuanto al carneo y abigeato, el secretario dijo que se tienen programado realizar labores de control en carnicerías y restaurantes, para ejercer un mejor control sobre la procedencia de la carne que se distribuye y comercializa en el municipio.

Destacó la judicialización se varios sujetos que fueron detenidos el pasados sábado. Para el secretario esta acción es producto del trabajo conjunto de todas las instituciones, incluyendo la Fiscalía, inteligencia militar y de Policía, por lo que se espera seguir dando resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia.

Flexibilización de las denuncias

Ante las continuas quejas de la comunidad donde se reclama por lo engorroso de los trámites de denuncia, Jorge Andrés Rodríguez explicó que se encuentran adelantando un convenio con la Fiscalía, para apoyarlos con un personal para que colaboren con la recepción de las denuncias.

En este mismo sentido acotó que se viene trabajando para suscribir un convenio con las universidades que tienen facultades de Derecho, para facilitar que tengan practicantes en las estaciones y CAI de Policía, para mejorar el acceso de la comunidad a la administración de justicia.

Un grupo de manipuladoras de alimentos y transportadores que prestan sus servicios al consorcio Nutri-Pae, que fue el operador del programa de alimentación escolar en Yopal durante la vigencia 2023, reclamó frente a la bodega de la empresa, el pago de sus liquidaciones, correspondientes al último cuatrimestre del año pasado.

Según este grupo de personas son 170 manipuladoras y 12 transportadores, quienes se encuentran a la espera que les cancelen la deuda.

Muchas de estas mujeres son madres cabezas de hogar. Algunas de ellas comentaron que estaban a la espera de este pago, para poder comprarles los útiles escolares a sus hijos.

La manipuladoras afirmaron que a cada una le adeudan una cifra cercana al millón doscientos mil pesos, por lo que la cifra total que está pendiente por pagar, supera los 120 millones de pesos.

Ellos desde muy temprano en horas de la mañana de ayer lunes 21 de enero, se apostaron en la calle 40 con carrera 43, a la espera de una respuesta positiva, sin embargo la propuesta de la empresa no fue de su agrado y por el contrario los tomó por sorpresa.

Los afectados dijeron que Nutri-Pae les propuso firmar un paz y salvo, donde se constatara que ya les habían pagado la deuda. Una vez se firmara ese documento, se procedería a pagarles.

Un voto de confianza que la mayoría de ellos no aceptó, porque argumentaron que desde el año pasado se han presentado incumplimientos en los pagos, por lo tanto la confianza en la empresa está en condiciones tan precarias, que no alcanza para aceptar esta propuesta.

Por su parte el secretario de educación del municipio, licenciado Juan José Sarmiento, expresó que es necesario que este tipo de situaciones se oficien a su dependencia, para que los abogados con que cuenta la Secretaría los puedan orientar, sobre las acciones que deben emprender.

No obstante, los afectados se dirigieron esta dependencia y fueron atendidos por la ingeniera Myriam Alvarado, quien es la supervisora del PAE municipal.

Ella se comunicó con el gerente de Nutri-Pae, Eduardo Duarte, quien se comprometió a venir hoy a Yopal para reunirse con funcionarios de la Secretaría de Educación y los afectados. La reunión está programada para las 8 de la mañana en la calle 40 con carrera 23.

En las últimas horas dos individuos señalados de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, fueron enviados a la cárcel. La historia inicia el pasado 19 de enero en un operativo policial realizado en la calle 21 con carrera 21, barrio El Gaván, de Yopal.

Las personas detenidas fueron identificadas eran dos jóvenes de 26 y 21 años, residentes en la ciudadela La Bendición y Altos de Manare, respectivamente.

El día de su captura, estas dos personas se movilizaban en una motocicleta Suzuki de color gris y sin placas. En el momento en que se percataron de la presencia de los uniformados trataron de huir del sitio.

Sin embargo, por acción de la patrulla policial con la colaboración de la comunidad, lograron detenerlos. A estos jóvenes se les encontró un revolver 38, 02 cartuchos del mismo calibre.

Se conoció que estas personas tenían antecedentes penales y que uno de ellos presentaba una orden de captura para cumplir una codena que tenía en su contra. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 35 local URI.

Un llamado a la comunidad de Yopal para que tome conciencia, sobre la difícil situación que se vive en todo el país por el intenso verano y de la cual no es ajena la capital casanareña.

El anunció lo hizo la Administración municipal desde la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo y de Desastres, a cargo de Arvey Ramírez.

La idea es minimizar el riesgo de incendios forestales. En lo que va corrido de 2024, los organismos de socorro del municipio han atendido 74 eventos, relacionados con este tipo de emergencias.

De esa cifra, en 24 ocasiones las llamas han afectado una superficie superior a 1 Ha, llegando a un estimativo total de 100 Ha consumidas por las llamas.

Por lo anterior Ramírez manifestó que la invitación hecha por el Gobierno local está relacionada con “evitar  prácticas que no conducen a ninguna actividad segura, muy por el contrario genera  exposición innecesaria y genera afectación en la vida de las personas y la fauna, que habitan los entornos en donde se presentan estos eventos” señaló el funcionario.

De igual forma, en un trabajo articulado con las secretarías de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Gobierno, se están tomando medidas concretas para proteger el Parque La Iguana y zonas verdes perimetrales de la capital, para lo cual, se adelanta un plan de acción enfocado en la preservación, sensibilización y mantenimiento de las mismas.

 Algunas recomendaciones para tener en cuenta:

• Evitar que cualquier menor de edad haga uso del fuego

• En áreas abiertas como zonas verdes, carreteras o caminos no acumule basuras ya que la descomposición de las mismas, genera fuego acelerado.

• De igual forma, no arrojar objetos encendidos, vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible.

• No encender fogatas. Si encuentra restos de fogatas, extinguirlos con agua y tierra.

Finalmente recordó que ante la ocurrencia de cualquier incendio se debe reportar oportunamente al Cuerpo de Bomberos de Yopal, al número telefónico 119 o al número único de emergencias 123, que es operado por la Policía Nacional.

En el barrio La Amistad de Yopal, en una acción solidaria la comunidad logró detener a su sujeto que minutos antes había perpetrado el hurto de un teléfono celular.

Luego de ser atrapado lo entregaron a la Policía. Sin embargo, este sujeto minutos antes de ser esposado, tomó el celular y lo rompió de un fuerte golpe contra el piso.

Hecho que causó indignación entre la ciudadanía que trató de tomar represarías contra el ladrón.

Una serie acciones y medidas orientadas a la protección del parque La Iguana, anunció la Alcaldía de Yopal. Según informó la Administración municipal se diseñó un plan de acción, que contempla labores de limpieza, ornato y de sensibilización de turistas y visitantes, para que se abstengan de encender fogatas o hacer uso de elementos de combustión.

De esta manera se va a minimizar el riesgo de incendios forestales, que son la principal amenaza, no solo para el parque sino para toda la región, debido a que la temporada seca que apenas está comenzando, con un factor adicional como es el Fenómeno del Niño.

En este sentido el Secretario de medio ambiente y cambio climático, Victor Manuel Rosas, explicó que el principal objetivo es mantener al parque La Iguana en óptimas condiciones de limpieza y preservación de la fauna y flora, minimizando los riesgos de contaminación.

La iniciativa se concertó con la veeduría del parque y el ex alcalde Braulio Castelblanco como representante de la comunidad. A este plan de acción se sumó la EAAAY que envió una cuadrilla, la cual estará lista para afrontar cualquier emergencia de orden ambiental que se pueda presentar.

El Gobierno municipal también mencionó que el plan de acción, también será una estrategia transversal a diversas dependencias de la y demás organizaciones relacionadas con el sector ambiental, para que se puedan atender los requerimientos frente a factores como la seguridad, restauración de zonas afectadas y designación de guardabosques.

Finalmente, se extendió una invitación a propios y visitantes para que disfruten del parque La Iguana y las aguas del rio Cravo Sur de forma responsable, preservando la flora y fauna, evitando la contaminación del entorno y respetando las normas cívicas de comportamiento.

Un vehemente llamado a toda la institucionalidad hizo el concejal de Yopal, Felipe Becerra, para que se tomen medidas inmediatas tendientes a frenar la ola de inseguridad que azota la ciudad.

La aseveración la hizo durante la sesión plenaria de este jueves 18 de enero, donde narró ante los asistentes al recinto cinco hechos delictivos ocurridos en los últimos cinco días y que han generado el repudio de la comunidad.

Hizo hincapié en que todos los casos se trataron de hurtos, donde los delincuentes utilizaron armas de fuego para intimidar a sus víctimas. El atraco en el que más recalcó el concejal ocurrió en la noche del 17 de enero en el barrio La Colina Campestre.

Sobre ese caso el cabildante contó que toda una familia, incluidos menores de edad, fue objeto de hurto. En su relató precisó que las víctimas fueron amenazadas con armas de fuego. Luego los ladrones procedieron a amordazarlos y acto seguido procedieron a robar todo lo que encontraron a su paso.

Prosiguió diciendo que los asaltantes no quedaron contentos con las cosas de valor que sustrajeron, sino que se robaron hasta la mascota, ante la mirada impotente de sus víctimas que no pudieron hacer nada para detenerlos.

También se refirió a un atraco ocurrido en el barrio donde reside, muy cerca de su vivienda. Sobre el hecho dijo que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, abordaron a una vecina suya.

La señora se encontraba parqueando su vehículo, sobre las 8 de la noche, frente a su casa. Los individuos pistola en mano, la intimidaron y la despojaron de sus pertenencias.

Frente a estos hechos se mostró partidario que toda la institucionalidad actúe lo más pronto posible. Se mostró partidario de montar puestos de control por parte de la Policía o el Ejército en las entradas y salidas del municipio, así como en las vías más transitadas, como el puente La Cabuya y la carretera a Sirivana.

Finalmente manifestó que está dispuestos a trabajar con las autoridades municipales, departamentales, de Policía y militares, para generar estrategias que mejoren la seguridad de la ciudadanía de Yopal.

Fueron varios días los que la tramitología imperante en el sistema de salud colombiano, obligó a Melany Antonela Holguín, una niña de año y medio, a esperar para ser trasladada a Bogotá para recibir atención médica especializada.

Según sus padres, la pequeña sufría de una enfermedad huérfana y era urgente que recibiera atención en una unidad pediátrica de cuidados intensivos, servicio que no se presta en Casanare.

Luego de insistentes peticiones, que llegaron al grado de súplica desesperada por salvarle la vida a su hija, hechas por parte del padre de la menor a las directivas de Capresoca, la menor fue trasladada a la capital del país, el pasado martes 16 de enero a las 5 de la tarde.

Sin embargo, Maelany no resistió y falleció en las últimas horas. Así lo confirmaron sus familiares, quienes agregaron que la EPS le facilitaba unos medicamentos que debían suministrarle a la menor, pero que este mes no le habían sido entregados.

El álgido tema de inseguridad que se ciñe sobre Yopal, atraviesa por un laberinto de promesas y compromisos de las entidades del Estado, mientras que la comunidad reclama acciones concretas que pongan fin a esta situación que tiene al borde del desespero a la ciudadanía.

Ayer lunes 15 de enero habitantes de El Morro sentaron su voz de protesta, por el creciente número de hurtos a los que están expuestos, no solo los residentes de este sector rural, sino los visitantes que llegan en búsqueda de balneario para disfrutar de un paseo de río.

A este llamado se suma ahora una denuncia ciudadana de carácter anónimo, donde se describe todas dificultades que en materia de seguridad, a traviesa el barrio Progreso III.

“En el tranquilo barrio de EL PROGRESO 3, la creciente problemática del consumo de drogas ha sumido a los residentes en un estado de inseguridad y malestar.

A medida que el problema se profundiza, los habitantes se ven afectados, no solo por la amenaza directa de la delincuencia, sino también por las consecuencias tangibles en el mercado inmobiliario y la calidad de vida.

La presencia constante de traficantes de drogas ha contribuido a un aumento significativo de la inseguridad en las calles, generando un ambiente hostil para los vecinos.

Este fenómeno no solo ha desencadenado un sentimiento de vulnerabilidad, sino que también ha provocado un descenso en los precios de las viviendas locales, afectando negativamente la inversión y el patrimonio de los residentes.

A pesar de la cercanía de las fuerzas policiales, la comunidad se queja de la falta de acciones concretas para abordar esta problemática. La aparente inacción de la Policía ha dejado a los residentes sintiéndose desprotegidos y desesperanzados.

Peticiones reiteradas de controles más estrictos y medidas de seguridad adicionales han caído en oídos sordos, exacerbando la frustración de la comunidad.

Los vecinos, unidos en su preocupación, están exigiendo respuestas inmediatas de las autoridades locales y una intervención más enérgica por parte de la policía.

La necesidad de restaurar la paz y la seguridad en el barrio se ha convertido en una prioridad urgente, ya que la vida cotidiana de los residentes se ve cada vez más afectada por esta situación.

En este contexto, los líderes comunitarios están organizando reuniones y manifestaciones para sensibilizar a las autoridades sobre la gravedad del problema y buscar soluciones concretas.

Mientras tanto, los habitantes del  Progreso III siguen a la espera de efectivas que devuelvan la tranquilidad a su barrio y pongan fin a la espiral descendente causada por el comercio de drogas y la inseguridad.

La presencia constante de traficantes de drogas no solo ha desencadenado un aumento significativo de la inseguridad en las calles, sino que también ha expuesto a los niños y adolescentes del barrio a un entorno peligroso.

La proximidad de este fenómeno ha generado preocupaciones entre los padres y educadores, quienes temen que, en muy poco tiempo, la juventud local también pueda caer en las garras de los vicios y la delincuencia.

El impacto negativo en la niñez y la adolescencia se manifiesta en la falta de entornos seguros y saludables para su desarrollo. Los residentes, además de enfrentar la amenaza directa de la delincuencia, se ven obligados a lidiar con el temor constante de que sus hijos e hijas sean arrastrados hacia una vida marcada por la adicción y el crimen.

A pesar de la urgencia de la situación, la inacción de las autoridades y la falta de medidas preventivas específicas han dejado a la comunidad sintiéndose desamparada en la protección de su juventud.

Los vecinos, conscientes de la necesidad de salvar el futuro de sus hijos, elevan sus voces con más fuerza, exigiendo acciones inmediatas y programas de prevención que contrarresten el impacto devastador de la presencia del narcotráfico en el barrio.

La situación actual no solo amenaza la seguridad presente, sino que también pone en riesgo el bienestar y la integridad futura de la generación venidera en barrio el Progreso III.

La comunidad, en su totalidad, insta a las autoridades a considerar la protección de la niñez y la adolescencia como una prioridad crucial en la lucha contra la creciente crisis de seguridad y drogas que asola su barrio”.