El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal rechazó la solicitud de medida cautelar solicitada en una acción popular instaurada por el exalcalde Leonardo Puentes mediante la cual se pretendía la suspensión de la ejecución del contrato No. 147 de 2022 entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) y la empresa SSYAM de Colombia S.A.S, por 15.446 millones de pesos, cuyo objeto es la construcción de una planta de tratamiento y el aprovechamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario El Cascajar, por 25 años.

El juez Lubier Aníbal Acosta González consideró que los requisitos para decretar una medida cautelar no se cumplían, ya que el objeto del contrato no se enmarca dentro de aquellos en los que deban pactarse cláusulas exorbitantes o excepcionales, y que la inversión para la ejecución de la fase 1 del contrato proviene exclusivamente del sector privado, por lo que no pone en riesgo el interés general de la comunidad.

Además, el juez consideró que los hechos planteados en la demanda y las pruebas aportadas con ella no eran suficientes para concluir que existía un daño contingente que se pudiera conjurar con la medida previa solicitada. También expresó que no se producía un daño irremediable porque el accionante no lo acreditó y porque el riesgo para el Estado era el de dejar de obtener el beneficio de una actividad que actualmente no es objeto de aprovechamiento, ni de ingresos para las finanzas de la entidad, ni del municipio.

El accionante popular argumenta que el contrato No. 147 de 2022 es violatorio de la legalidad, ya que no se han realizado los estudios, análisis, verificaciones y cotejos mínimos para evaluar los costos de las obras, su calidad, eficiencia y confiabilidad tecnológica, además de que no se verificó, aseguró ni contrastó la capacidad financiera del contratista ni la experiencia del mismo en la operación de este tipo de proyectos. También señala que no se evaluó el panorama de riesgos, ni el impacto para la economía de los ciudadanos y las finanzas de la empresa.

La EAAAY argumentó que no se producía un daño irremediable porque la inversión para la ejecución de la fase 1 del contrato proviene exclusivamente del sector privado, y porque avanzar en la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos, en predio del Estado sin que se haga trasferencia del mismo al contratista, de manera alguna pone en riesgo el interés general de la comunidad, más la suspensión de la ejecución de las obras, modifica de manera alguna el estado actual de cosas para la comunidad.

El proceso continúa con la verificación de cumplimiento de la sentencia, para lo cual se estudiarán los requisitos contemplados en el artículo 231 del CPACA para la procedencia de la medida cautelar. Una vez concluido el estudio, se emitirá una decisión de fondo en el presente asunto.

El Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la sentencia de primera instancia que responsabilizó al Ejército Nacional por la muerte del agricultor y ganadero Juan Antonio Vargas Benavides ocurrida en zona rural de Támara en julio de 2013. El Gaula militar omitió brindar la protección y seguridad requerida por la víctima y su familia, pese a las denuncias de extorsión y amenazas hechas. 

A través del testimonio de un soldado, quien permaneció por varios días en la finca de la víctima, se pudo corroborar que el asesinado recibió «casi» todos los días llamadas extorsivas, como él mismo lo había denunciado. Pero lamentablemente y sin ninguna justificación, el Gaula Militar que había ordenado la protección de la familia, de un momento a otro retiró al soldado que permanecía en el lugar, dejando expuesto a la víctima y a su familia.

Es así como el 26 de julio cuando ya el Gaula Militar no asignó a ningún soldado para cuidar a la víctima del crimen, un comando armado de dos hombres de las autodenominadas Águilas Negras, irrumpieron en la finca, dispararon contra los que allí estaban, dejando heridas a varias mujeres y acribillando a Juan, hasta matarlo. Días antes un sujeto identificado con el alias de “Javier” lo había amenazado con quitarle la vida si no le pagaba una millonaria suma 

El Tribunal Administrativo de Casanare determinó que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, ya que se acreditó que la persona contra quien se dirigió el ataque había solicitado previamente medidas de protección a las autoridades y estas no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías.

El Ejército Nacional no explicó la razón por la cual retiró la protección a la víctima y su familia,  sin previamente efectuar un estudio de riesgo o seguridad y sin tomar una medida alterna de protección.

*Familiares de la víctima solicitaron no publicar su nombre porque temen por su seguridad.

El Ejército reportó la captura de varias personas señaladas por las autoridades de pertenecer a la subestructura 39 del grupo armado residual, logrando desarticular la comisión de finanzas de dicha organización al margen de la ley.

En el operativo que contó con el acompañamiento de la Fiscalía, se logró la captura de su principal cabecilla, alias ‘Perú’ o ‘Styler’, así como la de tres sujetos más, entre ellos el señalado ser cabecilla de la estructura armada de este mismo grupo, alias “Charly”, al igual que la recuperación de un menor, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes, para el restablecimiento de sus derechos.

La acción militar se desarrolló en inmediaciones de la vereda Unibrisas del municipio de Mapiripán, Meta. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 113, con el fin de adelantar su proceso de judicialización, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y secuestro.

Además de las personas capturadas se logró incautar siete pistolas, más de 150 municiones para pistola y 29 para arma larga. Así mismo, se halló material explosivo, entre los que se encontraban casi un centenar de detonadores, ocho rollos de cordón detonante, 26 cargas huecas, una cantidad importante de una sustancia que al parecer podría ser ANFO, pentolita y una granada de fragmentación.

Adicionalmente, se incautó en el lugar de los hechos, material de intendencia, una alta suma de dinero en efectivo, celulares, cuatro talonarios que estarían usando como recibos alusivos a esa subestructura 39, un sello referente a esta misma organización criminal y documentos de interés para los organismos de seguridad del Estado.

Según información oficial Alias ‘Perú’ tenía como zona de influencia para su actuar delictivo los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán, en el Meta.

Además posee una orden de captura por la fiscalía 10 EDA de Arauca, por los delitos de homicidio y extorsión, donde había logrado intimidar a moradores de la región y para evadir la acción de la justicia se trasladó al departamento del Meta.

Nuevamente fue alterada la tranquilidad en la vía a Sácama. Ayer fue encontrado un artefacto explosivo en el trayecto comprendido entre esta localidad y el puente La Cabuya, más exactamente en el punto conocido como Macueque.

Según las autoridades se logró reaccionar a tiempo, gracias a la información de la comunidad que transita por el lugar y que reportó la presencia de este objeto tipo granada 40 mm, ubicado a un costado de la vía.

Hasta el sitio llegaron soldados del Grupo Guías de Casanare y se hizo necesaria la presencia de grupo de expertos en explosivos y demoliciones quienes precedieron a destruirla de manera controlada.

Esta es la segunda vez que se presentan alteraciones en la movilidad por esta carretera. En semanas pasadas fue un grupo de hombres armados, que bloqueó la vía e instaló propaganda alusiva a un grupo al margen de la ley.

Hoy en horas de la tarde se conoció que en la vereda Monserrate del municipio de Arauca, apareció un pasacalles que transmitía un mensaje que generó preocupación en la comunidad.

Específicamente el aviso decía "La guerrilla lleva 60 años asesinando y secuestrando en Colombia" ¡Basta Ya!

Otro detalle que llamó la atención fue la sigla escrita a un lado del pasacalle: "ANTIMILITANTES".

Se desconoce los responsables del mensaje y quienes lo ubicaron en el sitio donde fue encontrado. 

Con un lacónico mensaje del Instituto para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, se manifestó frente al asesinato del líder Abelardo Duarte Moncada, quien fuera presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rosario del municipio de Arauca.

Duarte Moncada fue sacado de su residencia en zona rural de Arauca y ayer 27 de febrero su cuerpo sin vida que presentaba varios impactos con arma de fuego, fue localizado en el centro poblado El Botalón, área rural de Tame.

En el mensaje de Indepaz se trae a colación la aleta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en 2021, donde se advirtió la difícil situación de seguridad, que afectaba en ese momento a la población civil de Arauca capital.

Las mayores amenazas eran el secuestro, amenazas y extorsiones, que en la actualidad para Indepaz han ido en ascenso, configurando una grave crisis de seguridad para la población civil araucana.

Después de permanecer desaparecidas por 4 días, esta mañana familiares de Sandra Cañas y Daniela Bautista informaron a medios locales de Arauca, sobre su regreso a casa.

Las dos mujeres llegaron a sus lugares de residencia en perfecto estado de salud. Como se recuerda ellas habían salido de Saravena para Pueblo Nuevo el pasado viernes y se perdió todo rastros y contacto, cuando se encontraban en El Botalón, zona rural de Tame.

Fueron muchas las voces de solidaridad que pidieron por su pronto regreso y hoy se hizo realidad su suplica, a la cual se unió la empresa Mecas donde laboran tanto Sandra como Daniela.

El director seccional de fiscalías en Casanare, Anderson Pinilla Sandoval, sostuvo que, por orden de las directivas nacionales el ente investigador en coordinación en coordinación con la Policía y el Ejército, viene aplicando un plan de allanamientos express, como estrategia para combatir de manera más rápida el accionar delincuencial.

Aseguró Pinilla Sandoval que los fundamental es atacar las finanzas de los grupos armados ilegales organizados, especialmente derivadas del tráfico de estupefacientes.

Justamente hablando de allanamientos, se conoció del operativo adelantado en el casco urbano de Yopal, por parte de la Policía, Ejército y el Grupo Aéreo, que dio como resultado la captura de dos hombres y una mujer, señalados de cometer diferentes delitos.

Las personas detenidas responden a los nombres de Edwin Audelio Contreras Achagua de 25 años, quien presenta 3 anotaciones en el SPOA, por tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, además de hurto calificado y agravado.

Oscar Andrés Largo Russi de 20 años edad. Este detenido también cuenta con 3 anotaciones, por lesiones personales, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La última captura es Anyi Natalia Fajardo Fonseca de 25 años, quien presenta anotaciones por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Al interior de los inmuebles allanados las autoridades encontraron un revólver 38 largo, 3 pistolas traumáticas calibre 9 milímetros y 45 cartuchos para la misma y 6 cartuchos calibre 37.

Así mismo se encontraron 220 gramos de marihuana, 5 de cocaína, al igual que elementos utilizados para su dosificación, como licuadoras papel smoking, trilladora, máquinas plásticas y grameras.

La versión oficial los tres capturados estarían ejerciendo actividades ilícitas de distribución y comercialización de narcóticos, en inmediaciones del Megacolegio de Llano Lindo, pero su área de acción se extendería hasta los parques de Villa Flor, Ciudad Berlín y el centro de desarrollo infantil del Bienestar Familiar, ubicado en este mismo punto de la ciudad.

Los detenidos, así como el material incautado, se encuentran ahora a disposición de la Fiscalía 33 Seccional EDA de Yopal.

El comandante del Departamento de Policía Casanare, coronel Efraín García se refirió al atraco perpetrado el pasado domingo, en el establecimiento Magdalena Café, sede campestre, vía a Sirivana en Yopal.

Frente a las críticas recibidas donde se señala que la Policía llegó tarde al sitio de los acontecimientos, pese a que le llamaron en reiteradas ocasiones, el oficial sostuvo que revisará el tiempo de respuesta y en caso encontrar que efectivamente hubo demora en el desplazamiento de los uniformados se abrirá la respectiva investigación.

“Cuando yo recibo la información ya la Policía se está desplazando al lugar de los hechos. Tener claro cuánto tiempo haya pasado, depende del tiempo de la denuncia con la cual nos alertaron.  Incluso a mí me llega un mensaje de texto y cuando salgo a preguntar ya estaban llegando al sitio”, expresó el coronel García.

De todas formas, reconoció que desconoce con precisión el tiempo exacto de reacción de los policías que acudieron al lugar.

“Voy a verificarlo porque no tengo conocimiento, de pronto con las cámaras del sector que nos permiten identificar los elementos materiales del hecho, voy a verificar horarios y determinar si hubo o no demora en la Policía y si fue así haremos una investigación al respecto”, recalcó.

Acerca del robo precisó que fue cometido por dos hombres quienes, portando armas de fuego, intimidaron a los presentes. Calculó que había alrededor de 6 personas.

Dentro de la lista de elemento hurtados el coronel manifestó que se encontraban unas tabletas, con las cuales los meseros toman los pedidos; una suma de dinero que estaba por determinar el monto; celulares y elementos personales, tanto de clientes como personal del establecimiento comercial.

El ilícito causó indignación en la comunidad, no obstante el oficial agregó que las autoridades ya tomaron cartas en el asunto, pese a que hasta ayer sobre el mediodía, el propietario del negocio no había interpuesto la denuncia.

 “Sabemos que no podemos hablar tanto del caso, porque no podemos dañar esta investigación, pero yo creo que va a tener resultados satisfactorios esta investigación en los próximos días”,puntualizó García.

Ante la recusación de que fuera objeto el Juez Tercero Administrativo, Mauricio Andrés Pérez Caballero, en relación a la acción popular contra la Eaaay del exalcalde Leonardo Puentes, en relación al millonario contrato de 70 millones de dólares de la operación de la PTAR de Yopal, el Juzgado Segundo Administrativo la negó.

El juez segundo, Lubier Aníbal Acosta González, declaró infundada la recusación, que tenía como argumento que el juez tercero tenía dos hermanos trabajando, uno en la Alcaldía de Yopal y otro, en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal. En la providencia se destaca que si bien estos, son familiares del juez, no tiene cargos de niveles directo, asesor o ejecutivo de alguna de las entidades mencionadas que impliquen ser tomadores de decisiones o asesoramiento.

En el fallo, el juez segundo también advierte que frente a los señalamientos sobre irregularidades en el trámite procesal de la medida cautelar, hechas por el representante legal de la Eaaay, Jairo Bossue Pérez, hay desconocimiento de las nuevas herramientas con que cuentan los jueces administrativos por tanto se abstiene de imponer sanciones contra el juez.

La decisión se da en el momento en que se conoció un video donde el representante legal de la firma Ingenicontec SAS, contratista de la Eaaay para el contrato de la operación y construcción de la nueva PTAR, Nelson Javier Suescún, expresa que hay una serie de comisiones o coimas que debe pagar a funcionarios que tienen que ver con el contrato como el alcalde de Yopal, el gerente de la Eaaay y el parlamentario Hugo Archila.

Por su parte el accionante popular, el exalcalde Leonardo Puentes, se mostró satisfecho por la decisión.