Una vez se conoció la difícil situación que atravesaba el puente La Consigna, ubicado sobre el Río Charte en la carretera que une a la población de Maní con Yopal por el sector de Morichal, las autoridades departamentales se pusieron en la tarea de remediar esta situación.

Más de 8 días después la Administración seccional entregó un reporte del trabajo adelantado. Lo primero que se advirtió fue el estado de colmatación que amenazaba con un represamiento de madera.

Fue por ello que se unieron esfuerzos entre Gobernación, la petrolera Emeral Energy, Bomberos Voluntarios de Maní, Alcaldía de este municipio y comunidad residente en el sector.

Entre todos adelantaron labores de remoción de escombros, para proteger la estructura de una posible socavación, del estribo izquierdo.

Cuantificando el material removido, se calcula que más de 300 toneladas de madera fueron retiradas. Esta acción se hizo con el fin de mantener el puente en pie y garantizar la movilidad de todos los habitantes de la zona, que comprende las comunidades rurales de La Consigna, Matepiña y Armenia.

El exalcalde de Yopal Leonardo Puentes instauró una nueva acción popular contra la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en relación al contrato 147 de 2022 mediante el cual se pretende la “Construcción e implementación de una planta de tratamiento, aprovechamiento, y manejo integral e industrial de residuos sólidos urbanos con tecnología de punta, en el relleno sanitario El Cascajar de Yopal” por un valor de 15.500 millones de pesos.

El exmandatario, quien ya logró a través de otra acción popular, que un juez decretara la suspensión del multimillonario contrato 148 de la Eaaay para la operación de la PTAR, básicamente utiliza los mismos argumentos que indican que los derechos colectivos de los ciudadanos de Yopal a la moralidad pública, la defensa del patrimonio público, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos, los derechos de los consumidores y usuarios y a un ambiente sano, están siendo amenazados o vulnerados.

Argumenta, entre otras cosas que, el contrato pactado a 25 años, debió “seleccionar el contratista a través de licitación pública u otro procedimiento regulado, que permitiera la concurrencia de varios oferentes, en lugar de la falaz selección pública de operador de servicios de iniciativa particular” como lo establece la resolución de la Comisión de Regulación de Agua 943 de 2021. 

El accionante indica que “En igual sentido, el contrato demandado, al transferir la administración de parte de los bienes existentes de la empresa (predios, báscula, áreas de operación, etc.) y los que se adquieran con ocasión de la ejecución del mismo al contratista” para el cumplimiento del objeto del contrato, al interior del relleno sanitario El Cascajar, debió tramitarse por la vía de la licitación pública.

Adicionalmente, el exalcalde, manifiesta que, si bien en el contrato no se establece una erogación de la Eaaay de los 15.500 millones de pesos, es claro establecer que estos recursos se pagaran con cargo al recibo del servicio público de aseo de la empresa, en lo referente al componente de aprovechamiento.

Con base a estos y otros factores, el accionante considera que este no es más que un contrato de concesión y que además aplica dentro del modelo de asociación público-privada, APP, por ende, debió realizarse un proceso licitatorio amplio donde pudieran concurrir diversos oferentes.

El anuncio del representante a la Cámara por Casanare Hugo Archila Suárez, corrobora su compromiso de gestionar apoyo del Gobierno Nacional, para que se dé cumplimiento al fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare, frente a la acción popular interpuesta por María de la Cruz Avendaño, el cual ordena la construcción de una variante en la ciudad de Yopal y un nuevo puente sobre el río Cravo Sur, infraestructura que también se encuentra en un elevado deterioro.

Por su parte, la accionante Avendaño, indicó en este evento que “la idea es buscar los mecanismos para que este proyecto quede incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, porque es necesario que se acate la sentencia judicial que existe desde el año 2009”, aseguró.

La medida del ente judicial, que fue decisiva ante el inminente riesgo que representa el Puente en el sector de La Cabuya en la capital casanareña, nuevamente fue motivo de discusión y análisis durante una reunión adelantada en las Instalaciones de la Sociedad de Ingenieros de Casanare.

En los próximos días, el representante Archila Suárez, continuará su agenda legislativa en la ciudad de Bogotá, donde viene adelantando un trabajo significativo, con el fin de que se realice una inspección técnica en la infraestructura vial del departamento (puentes), buscando que se garantice la seguridad de la población casanareña y de los usuarios tanto nacionales como internacionales, que a diario transitan por estas vías.