Mediante boletín de prensa el Ejército Nacional informó sobre la captura de alias “Napo”, señalado de ser el segundo cabecilla del área de finanzas del Clan del Golfo en Casanare.

Esta persona es señalada por las autoridades del cobro de extorsiones a empresarios, comerciantes, ganaderos y empresarios, en un amplio territorio que comprende las poblaciones de Villanueva, Monterrey, Aguazul, en Casanare, así como Barranca de Upía y Puerto Gaitán en el departamento del Meta, al igual que en Paratebueno, Cundinamarca.

Otra actividad delictiva, que según las autoridades, cumplía “Napo”, era la de coordinar asesinatos selectivos y realizar el pago de la nómina de los integrantes de este grupo al margen de la ley.

Su captura se dio en medio de un operativo de allanamiento, en el barrio Los Almendros, de Yopal. En el lugar donde se adelantó dicho procedimiento, las autoridades reportaron la incautación de una pistola 9 milímetros, dos proveedores para pistola, 30 cartuchos calibre 9 mm, una granada de fragmentación y dos teléfonos celulares, desde donde, presuntamente, hacía las llamadas extorsivas.

El  Ejército igualmente precisó que la captura de “Napo” fue posible gracias a informaciones de inteligencia militar. Agregó que el operativo se adelantó de manera coordinada entre el Gaula militar, el CTI y la Policía Nacional, para dar cumplimiento a una orden de allanamiento de la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo el boletín de prensa indicó que la captura se dio en flagrancia y que luego de verificar la identidad del detenido se estableció que se trata del segundo cabecilla del Clan del Golfo en Casanare, quien fue dejado a órdenes de una autoridad competente de la ciudad de Villavicencio, donde se le adelanta el respectivo proceso de judicialización.

La presencia del clan del golfo tiene en máxima alerta a las autoridades del Meta y Casanare, pero lograr acciones efectivas requiere de un esfuerzo más de fondo que implicaría incluso reformas a la justicia

La presencia de grupos al margen de la ley como disidencias de las Farc, Clan del Golfo, Bacrim, entre otros, es una problemática de seguridad seria que empieza a dejar consecuencias cada vez más graves en Casanare y el Meta.

Ante este panorama, los  gobernadores los dos departamentos Salomón Sanabria y Juan Guillermo Zuluaga, se dieron cita en el municipio de Villanueva en lo que denominaron un Consejo Ampliado de Seguridad, que contó con la presencia de comandantes de la Fuerza Pública, alcaldes, diputados, y representantes de gremios entre otros.

El evento generó todo tipo de expectativas y no es para menos, las máximas autoridades de dos de los departamentos más importantes de la Orinoquia colombiana tratando de articular esfuerzos para evitar que la problemática de seguridad se salga de las manos.

Aunque fue un poco tardío, el consejo ampliado de seguridad era necesario para que se abordara la problemática con la seriedad y delicadeza que amerita, teniendo en cuenta que la presencia de estas organizaciones delincuenciales principalmente el Clan del Golfo ha desatado un panorama preocupante en cuanto al aumento de labores delictivas como extorsión, homicidio y ni que decir el uso de los corredores viales y fluviales para el microtráfico de estupefacientes.

Pero la realización del Consejo de Seguridad por más que lograra unificar esfuerzos entre ambos departamentos, dejó un contraste sobre el verdadero impacto que puedan tener las estrategias que adopten las autoridades. Por supuesto, hay cosas que son un avance significativo, pero difícilmente se podrá tener un control completo de la situación o exterminar de raíz la problemática.

Entre lo positivo del Consejo Ampliado de Seguridad tenemos el levantamiento de un acta con los compromisos adquiridos por cada una de las instituciones que hicieron presencia, compromisos que según las declaraciones de los gobernadores de Casanare y Meta serán evaluados dentro de un mes en una nueva reunión que se desarrollará en el municipio de Puerto López.

Otro avance significativo que dejó esta actividad es el aumento de operativos de control en las rutas que según las autoridades se estarían usando por estas organizaciones criminales para actividades de microtráfico. Operativos que, en palabras del gobernador de Casanare Salomón Sanabria, no solo tendrían la presencia terrestre de militares, sino también sobrevuelos por parte de la Fuerza Aérea.

Personeros inconformes

Pero no todo lo desarrollado en el Consejo de Seguridad fue de carácter positivo, hubo un suceso que llamó la atención de la prensa y representó una perspectiva diferente o mejor aún permitió establecer un contraste de los logros que puedan dejar esta articulación interinstitucional regional frente a la problemática de orden público.

Se trata de la presencia de Luis Francisco Cala, personero Municipal de Villanueva, quien cuestionó, con argumentos de peso, la forma en que se organizó el Consejo Ampliado de Seguridad, ya que según el funcionario, no se tuvo en cuenta a los personeros del sur del departamento de Casanare (la zona más afectada por la problemática), lo que para él conlleva una descontextualización de la situación, porque son precisamente los personeros como representantes del Ministerio Público, quienes mantienen un diálogo directo con las comunidades que conocen de primera mano las problemáticas de los territorios

 “Se me negó la posibilidad de hablar y decir tantas cosas que conocemos desde la Personería, por ejemplo, que se habla mucho de las consecuencias, pero no se habla de las causas. Desafortunadamente nos vamos reunión tras reunión hablando de las consecuencias que todos las sabemos, pero no de las causas y por lo tanto no hay acciones concretas para atacar el problema que tenemos de inseguridad muy grave para el sur del Casanare y el norte del Meta”, expresó el Personero Municipal de Villanueva ante los medios de comunicación.

Para el representante del Ministerio Público más allá de la presencia y operatividad militar y armada en la zona (que evidentemente es importante para capturar a los criminales), las acciones de las autoridades también deben centrarse en el ámbito social principalmente en los jóvenes que son el grupo poblacional más propenso a involucrarse con estas organizaciones delincuenciales.

Otro de los aspectos a los que se refirió el Personero Municipal fue a uno de los factores que ha fortalecido la problemática de orden público en estas zonas y es el colapso del sistema judicial. Este colapso ha llevado a que la ciudadanía no confíe en el sistema judicial y se abstengan de denunciar, porque como ha sucedido en muchas ocasiones, capturan al delincuente y por diversos motivos o falencias del proceso termina libre.

En ese contexto el Personero Municipal considera que la Fiscalía si está cumpliendo con su función de ente acusador, al igual que la labor de los Jueces de la República, pero que evidentemente el sistema judicial se encuentra totalmente colapsado y requiere de un fortalecimiento contundente para poder entregar mejores resultados.

Agregó que no existe la cultura de la denuncia por la misma incredulidad que se tienen en el sistema judicial, pero hizo énfasis en que la Fiscalía no tiene la capacidad suficiente de personal.

“Aquí en Villanueva tenemos un fiscal sin asistente, por supuesto que su capacidad personal y profesional está sobresaturada. Jueces que pueden conocer de 300 procesos, están conociendo de 1.000, 1.200, 1.500, ¿cómo vamos a tener una justicia pronta si el fiscal no tiene la capacidad suficiente para evacuar procesos, si el juez tiene sus despachos totalmente saturados?”, explicó Cala.

La perspectiva manifestada por el representante del Ministerio Público en Villanueva es válida, ya que refleja realidades que no se pueden desconocer y nos lleva a la conclusión de que atacar a las bandas criminales requiere de una completa unión entre la institucionalidad, la Fuerza Pública y el fortalecimiento del Sistema Judicial para que se puedan dar resultados más contundentes.

El Consejo Ampliado de Seguridad demostró que existe la voluntad de las autoridades tanto gubernamentales como judiciales para afrontar la problemática, solo queda esperar que estrategias se van a formular y el impacto que se va a tener, esperemos que, por el bien de la región, se logre disminuir significativamente los daños sociales y económicos que representa la presencia de bandas criminales en nuestros territorios.

Dario Antonio Úsuga, alias Otoniel, excomandante máximo del Clan del Golfo, no dejó títere con cabeza en delaciones hechas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

De Casanare fueron muchos los relacionados con aparentes vínculos ilegales con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, en hechos de corrupción que presumen un acuerdo de cualquier clase, con este grupo específico de justicia privada, paramilitar o de autodefensas.

Así lo visibilizó ayer el periodista Daniel Coronell en la revista Cambio. Entre los nombrados está el exalcalde y exrepresentante a la Cámara de Paz de Ariporo, Jorge Camilo Abril Tarache; el exsenador del Partido de la U Carlos Cárdena Ortíz, el exrepresentante José Rodolfo Pérez; los exgobernadores de Casanare, William Pérez Espinel, Miguel Ángel Pérez Suárez, Oscar Raúl Iván Flores, Helí Cala López, Nelson Mariño Velandia, Marco Tulio Ruíz. Igualmente, los exdiputados ya fallecidos Alirio Castañeda y Milton Álvarez; los exalcaldes Alcibíades Salamanca (de Aguazul). Los exfuncionarios públicos Héctor Orlando Piragauta, Narda Consuelo Perilla, Leonidas Ortega y Jacobo Rivera .

También se relacionó al ex policía William Mayorga y empresarios Nilson Gámez, Orlando Vesga, Raúl Patiño, Nicolás Arenas, entre otros. En el listado también se mencionó al exconcejal de Yopal, Luis García. El narco paramilitar que militó en la guerrilla y luego en las autodefensas, señaló a las Universidades de Cartagena y Sergio Arboleda.

Sobre esto se precisó que: “Tuvo unos contratos muy grandes la Universidad de Cartagena y la Universidad Sergio Arboleda también, con el conocimiento de la organización total (…) Allí está el hospital directamente el gobernador lo dio a la organización. El contrato le quedó al Bloque Centauros. Lo hizo la Universidad de Cartagena, pero las utilidades eran de la organización”.

Otoniel también “declaró que el exdirector del DAS, Jorge Noguera, “cuadró” con los paramilitares el nombramiento de un hombre de ellos llamado Orlando Rivas como director del organismo secreto en Casanare: “Él era primero agente del DAS, subió a subdirector y se cuadró para que quedara como director. Eso lo cuadraron aquí en Bogotá. El que ayudó eso fue Noguera y dieron una plata para que lo colocaran ahí”.

Según el periodista Daniel Coronell, con base en este testimonio, la JEP, compulsó copias para que los integrantes de la lista sean investigados por quien corresponda. En algunos casos la Fiscalía General de la Nación en otros la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Otros de los relacionados se encuentran en la cárcel como William Hernán Pérez Espinel. El exparlamentario Jorge Camilo Abril Tarache, expresó en sus redes sociales que: “Hoy me levanté como todos los días hacia las 5 de la mañana, pero con un agravante; una noticia publicada por Los Danieles, donde se vincula mi nombre con el grupo del clan del golfo. Lo más sorprendente que encuentro es que para la época de los hechos yo no me desempeñaba como Representante a la Cámara tal como se plantea en el texto, fui Congresista por el departamento en el periodo 2014 – 2018, tiempo en que la dinámica del país se movía en torno al proceso de Paz”.

Agregó que “Confío en la Ley y la Justicia de este país y aunque personas mal intencionadas traten de enlodar mi nombre público, la ciudadanía que me conoce, saben de mi respeto por la Ley, por el Estado de Derecho y por los Jueces de la República. Dios y el tiempo han sido mis mejores aliados y en esta ocasión, también me darán la razón.”

Autoridades capturaron a cinco sujetos conocidos con los alias de Guate, Pichón, Gordo,  Bellizia y Naco, presuntos extorsionistas integrantes de una estructura criminal al servicio del GAO Clan del Golfo. Las capturas se materializaron en Yopal y cuatro más en el municipio de Paz de Ariporo.

De acuerdo con información del brigadier General, Mauricio Zabala, comandante de la Octava División del Ejército Nacional, el capturado en Yopal fue identificado como Melquisedec Tarache Romero alias Guate, y en el municipio de Paz de Ariporo fueron capturados Abraham Barón Castañeda alias Pichón, Luis Alberto Jiménez García alias Gordo, Luis Antonio Bellizia Morales alias Bellizia y Nacor Urías Hernández Barón alias Naco, todos presuntos integrantes de la estructura criminal.

Durante  la operación, fueron incautados un arma corta tipo revolver calibre 38 milímetros, 19 cartuchos para la misma y dos escopetas, material de guerra con el que intimidaban a los habitantes, especialmente a comerciantes y ganaderos de la región.

Según el brigadier General, Mauricio Zabala, la investigación inició luego de las denuncias realizadas por las posibles víctimas a quienes estarían extorsionando con amenazas de atentar contra su vida o la de sus familiares sino atendían las exigencias económicas.

Agregó que, estos sujetos presuntamente se dedicaban al flagelo de la extorsión en los cascos urbanos de diferentes municipios del departamento del Casanare, intimidando a través de llamadas extorsivas y mensajes de Whatsapp.

Por su parte, Aralí González González, directora Seccional de Fiscalías de Casanare, señaló que gracias a la contundencia de las pruebas fue posible que un juez los enviara a la cárcel.

Un nuevo golpe al Clan del Golfo, reportaron las autoridades del departamento de Casanare, al materializar en las últimas horas la captura mediante orden judicial de alias "juan pablo", presunto cabecilla de la sub estructura Gonzalo Oquendo en la región de Casanare, quien era requerido por el delito de extorsión.

Según el reporte de la Policía Casanare, alias "juan pablo" había sido integrante de la Policía Nacional, en el grado de subintendente y fue destituido de la institución por faltas disciplinarias en el año 2006.

De acuerdo con la información de las autoridades, este sujeto hacía parte de la estructura desde hace 4 años y fungía como presunto cabecilla de zona en el departamento de Casanare, donde se presume que sería línea directa con alias "Samir" primo de alias “Otoniel”, coordinador del Clan del Golfo en los departamentos del Meta, Casanare y Vichada.

Dentro de las pesquisas que se allegan al proceso de investigación de alias “Juan Pablo” se vincula como presunto determinador de la incineración del bus de la empresa Libertadores, evento ocurrido el pasado 1 de febrero en vía nacional, a la altura del municipio de Pore.

Señala el reporte de la Policía que este sujeto era también el coordinador de homicidios selectivos en Casanare, de distribución de panfletos, amenazas y cobro de extorsiones a diferentes gremios y comunidad en general de esta región del país.

Un juez impuso medida de aseguramiento en cárcel a Emerson de Jesús Hernández Alarcón, alias Indio o Emerson; y a Willington Alexander López Leal, alias Mimirillo, quienes harían parte del ‘Clan de Golfo’ y serían los encargados de varias acciones delictivas en el oriente de Cundinamarca, Meta y Casanare.

Las investigaciones dan cuenta de que ‘Indio’ o ‘Emerson’ tendría a su cargo una red de sicarios. Al parecer, por disposición de alias Otoniel, máximo cabecilla de la estructura criminal, habría auspiciado varios asesinatos selectivos para asumir el control de correderos de salida de estupefacientes hacia zona de frontera.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a esta persona los delitos de concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De otra parte, ‘Mimirillo’ es señalado de coordinar el cobro de extorsiones en Guamal, San Carlos de Guaroa, San Martín, Granada, Puerto Lleras, Puerto Rico y Acacias (Meta), y en algunos municipios del oriente de Cundinamarca y Casanare. Adicionalmente, se le atribuye la planeación de una acción en la que fue lanzado un artefacto explosivo a un establecimiento comercial, cuyo dueño se habría negado a pagar extorsiones. Estos hechos ocurrieron en febrero de 2028.

La Fiscalía imputó a este hombre los delitos de concierto para delinquir agravado y terrorismo.

La Dirección Especializada contra la Organizaciones Criminales logró la judicialización de quien sería uno de los jefes del clan del golfo, en el oriente colombiano.

Según la Fiscalía, se trata de Alejandro Ortega Herrera, alias coronel, presunto encargado de la expansión armada y narcotraficante de esa estructura. Al parecer, sería el encargado de adquirir y distribuir armas de fuego para los componentes rurales que delinquen en Villavicencio, Cumaral, Barranca de Upía, San Martín, Puerto López, Puerto Gaitán y Cabuyaro, en Meta; así como en Medina y Paratebueno (Cundinamarca); y en Villanueva, Monterrey, Yopal, Maní y Tauramena, Casanare.

La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien debe cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La captura de alias coronel fue materializada por la DIJIN de la Policía Nacional en Monterrey, Casanare.

Alias ‘El Gallero’, fue capturado en jurisdicción del municipio de Villanueva y enviado a la cárcel de La Guafilla en Yopal.

Según se conoció, sobre alias ‘El Gallero’ pesaba una orden de captura emitida por el Juzgado Penal Municipal Ambulante No. 2 de Montería, Córdoba, por el delito de concierto para delinquir agravado.

La detención se realizó en el kilómetro 2+800 de la vía que conduce de Barranca de Upía hacia el municipio de Monterrey, en el sector conocido como La Vara, cuando unidades de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, requirieron al sujeto para una verificación de antecedentes.

Durante el cotejo en la base de datos, se encontró que alias ‘El Gallero’ presentaba una orden judicial en su contra, sindicado de ser jefe de finanzas de una estructura del Clan del Golfo, en el departamento de Córdoba, donde ‘El Gallero’ o ‘Raspiño’ cobraba extorsiones en dicha región para la mencionada banda criminal, intimidando a sus víctimas con amenazas de muerte y desplazamiento de sus tierras, si no accedían al pago de importantes sumas de dinero.

De acuerdo al coronel José Luis Ramírez, comandante de Policía de Casanare, Cuadrado Villalba manifestó ser trabajador de una plantación de palma en el municipio de Maní, al momento de su detención. 

De igual modo, al indiciado también se le señala de haber participado en un homicidio perpetrado en el sector de “Cuenca” de San Marcos, Sucre y de representar a la bacrim en Gavaldá, San Matías, Jardín y Las Tarullas, entre otras poblaciones de La Mojana.