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La Alcaldesa de Maní, Piedad Adriana Camacho calificó como minoritario el pie de fuerza con el que cuenta para atender las diversas situaciones de orden público que se generan  en su municipio, por lo que solicitó al gobierno nacional ampliar la oferta de uniformados para esta zona del país.

“Maní es un municipio que recibe población de todos los rincones del país, en ese sentido se requiere de mayor presencia policial para fortalecer la política de seguridad ciudadana, aunque el municipio no presenta los mayores índices de inseguridad de Casanare si se registran algunos hechos delictivos”, dijo.

La mandataria indicó que cuenta  con 8 policías y dos auxiliares mediante convenio con la administración municipal y la institución, para garantizar la integridad y seguridad ciudadana de los más de 12.000 maniceños que residen en este municipio del sur del departamento.

Ante la “escasez de uniformados”, la jefe de gobierno municipal emprendió acciones para  prevenir posibles hechos  de inseguridad que alternen la sana convivencia y tranquilidad de sus electores.

“A través del Fondo de Seguridad del municipio adquirimos 13 cámaras de seguridad que fueron ubicados en puntos estratégicos del ente territorial, la inversión de estas herramientas tecnológicas se aproxima a los $400 millones”, añadió.

Con estas equipos aseguró se tiene cubierto el 60% del casco urbano del municipio sin embargo, no es suficiente porque se requiere de la presencia del personal de la institución en las calles, situación que genera cierto grado de seguridad entre la comunidad.

 Paradójico a esta  situación el municipio cuenta con un CAI móvil (Comando de Atención Inmediata), adquirido hace no menos de dos meses en convenio con la Policía Nacional  y el Fondo Financiero de Proyectos de desarrollo-FONADE, pero no se encuentra operando “la administración invirtió en este vehículo alrededor de $35 millones y lo preocupante es que está fuera de servicio por falta de documentación al día”.

Respecto a las múltiples solicitudes dirigidas a la Dirección Nacional de la Policía para la ampliación del pie de fuerza en su municipio puntualizó que le han respondido “la escasez en una situación generalizada en todo el país”.

Funcionarios de la Corporación Regional de la Orinoquia- Corporinoquia realizaron una visita de inspección a la Vereda Santa Helena del Cusiva en el cargadero San Boso en donde durante el fin de semana se presentó un derrame de hidrocarburos provenientes de la estación Morichito 5 de la empresa DCX S.A.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la información entregada por los funcionarios de la empresa responsable a los profesionales de la corporación, el derrame se habría presentado  por un presunto error operacional debido al exceso de presión en una de las válvulas de la línea de flujo que transportan el hidrocarburo de la estación hasta el cargadero, todo porque estas son cerradas en la noche para evitar posibles derrames accidentales o atentados terroristas y que no habría sido abierta durante la mañana del siguiente día lo que habría ocasionado la emergencia.

Además, los funcionarios de la corporación evidenciaron fallas considerables en el punto del cargadero, debido a que la zona no contaba con canales perimetrales debidamente terminados y la capacidad del dique de contención no cumple con lo estipulado por la normatividad ambiental, la cual exige un 110% de la capacidad de almacenamiento.

 Agregado a ello, la situación  no fue reportado ante Corporinoquia dentro de las 24 horas siguientes a la emergencia, tal y como lo exige el Decreto 2820 de 2010.

 

El concepto técnico con las observaciones realizadas por funcionarios será remitido a la Anla en razón a que la autoridad ambiental nacional, desde su competencia, tome las medidas pertinentes en pro de proteger el medio ambiente y los recursos naturales presentes en nuestra región y exija las correcciones permitinentes para garantizar una adecuada operación.

El Plan Especial de Mantenimiento  y Protección del Patrimonio  (PEMP)  del Centro Histórico del Municipio de Támara avanza, para dar cumplimiento al lineamiento Nacional contemplado en la Ley 397 de 1997.

Según Sara Sucen Martínez,  Coordinadora del Proyecto, este instrumento de gestión, se adelanta por una empresa de consultoría regional y que está  integrada por un grupo interdisciplinario de 18 profesionales, actualmente trabaja en el diagnóstico.

Los lineamientos para la ejecución de este proyecto vienen del Ministerio de Cultura a través  del Programa de Patrimonio, tiene los recursos asegurados para su desarrollo, se realiza bajo la supervisión y manejo de la Administración local  y debe articularse con el esquema de ordenamiento  territorial del Municipio.

El diagnóstico contempla la valoración patrimonial, en su arquitectura, bienes e inmuebles, gastronomía, juegos entre otros, que una vez identificados y avalados, se procederá a delimitar una zona de interés especial, donde se conservaran los inmuebles con sus características coloniales, se procederá a restaurar calles fachadas, sobre la base del contexto histórico del lugar.

Cabe recordar que el municipio de Támara fue declarado patrimonio Arquitectónico de Casanare mediante ordenanza 057 del 10 de Agosto de 1999 Departamental por la Asamblea Departamental.

 

 

 

 

Daniel Hernando Posada gerente interventor de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal- EAAAY, afirmó que según el informe entregado por la Sociedad colombiana de Ingenieros, desafortunadamente la Planta Modular construida en la vereda La Vega es inviable por lo que no pueden enmendarse las fallas que la estructura presenta.

“No es recuperable la planta que se construyó porque no cuenta con los requisitos de procesos, pues de esta obra se esperaba suministrar agua potable; en ese sentido con el informe entregado lo que se va hacer es iniciar un trámite  de  demanda y ya serán los jueces quienes definan la responsabilidades frente a este tema”, dijo el gerente.

Agregó que, de acuerdo a lo definido en el informe es que la obra no es posible ni recuperarla, ni rehabilitarla y mucho menos es viable hacer inversiones porque saldría más costoso que adquirir una planta nueva.

“Si la planta se hubiera construido en su totalidad igual no hubiera funcionado, porque no podría contarse con agua potable después de realizarse todo el proceso a través de la estructura, si el problema no hubiese sido la estructura igual los procesos no darían las calidades de agua esperados”.

Respecto a la posibilidad de realizar reparaciones y reforzamientos a los tanques floculadores el funcionario fue enfático al señalar que “el problema no es reconstruir los tanques, el verdadero problema son los procesos, igual si la solución es construirlos de nuevo en otro material, no vamos a contar con la calidad de agua que se requiere”.

Ante esta situación, el funcionario indicó que se tomará la  decisión que permita tener agua potable en red “eso es lo que necesitamos resolver, para ello se están construyendo los pozos profundos: Manga de coleo, central de Abastos y Núcleo Urbano dos; adicionalmente si se puede obtener una planta que pueda abastecer la demanda restante del suministro del líquido”.

Por lo que, “se tiene previsto realizar una rueda de negocios el próximo 14 de octubre en la ciudad, en donde se van a recibir y presentar diferentes alternativas de  empresarios que cuentan con sistemas de plantas modulares que  posiblemente puedan ser aplicables ante la problemática que afronta Yopal”.

Asimismo, Posada manifestó que para el 17 de octubre se espera dar a conocer el informe concreto a los veedores del Movimiento Cívico por el agua respecto a los resultados del estudio realizado por la Sociedad de Ingenieros.

 

 

 

 

Cada vez la inseguridad cobra nuevas víctimas en Casanare. Esta vez le tocó a Orlando Rincón Acosta, transportador de arroz, oriundo de Fómeque (Cundinamarca), quien a su paso por Yopal recibió lesiones en su cara durante un intento de atraco.

Él perdió media nariz, al ser atacado con arma corto punzante, cuando se resistió a un robo, cuando se encontraba en un establecimiento público de Yopal, hace 19 días, tiempo desde el cual se encuentra en el Hospital a la espera de una remisión por parte de Caprecom.

“Necesito una valoración e intervención por parte de un cirujano plástico en una institución de tercer nivel en Bogotá y Caprecom no me ha querido responder porque según ellos la competencia es de la Regional  Meta”, dijo Orlando Rincón.

Víctor Hugo Tamayo, abogado, representante de los usuarios del Hospital de Yopal, dijo que el Centro Regulador de Urgencias de Casanare CRUE, ha hecho las gestiones pertinentes para que la Secretaría de Salud del Meta reciba el paciente, sin resultados exitosos, hasta el momento.

Durante la cuarta mesa técnica del agua realizada en la diócesis de Yopal, los veedores del Movimiento Cívico por el agua aceptaron la propuesta presentada por la  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros, respecto a la reducción en la tarifa del 15.86% en el componente de acueducto y alcantarillado para la ciudad.

Patricia Duque, Superintendente de servicios Públicos indicó que el porcentaje aprobado obedece “al  compromiso adquirido con los veedores del agua quienes señalaron que el líquido que se suministra en la ciudad no es potable o apta para el consumo humano”.

Agregó que, una vez planteada la proposición de los veedores la Superintendencia se reunió con la Comisión Reguladora de Aguas y Saneamiento Básico- CRA, y se logró fijar la reducción en la tarifa “inicialmente se habló del servicio de agua, sin embargo se acordó reducir también el servicio de alcantarillado para los usuarios de esta ciudad”.

Así las cosas, los usuarios de la Empresa de acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), empezarán a evidenciar la  reducción en el costo de las tarifas a partir del próximo mes una vez se surtan los trámites pertinentes ante la CRA.

“La reducción en las tarifas se mantendrá hasta julio del 2015 cuando empieza a regir el nuevo marco tarifario, ese es el compromiso puntual adquirido”, puntualizó la superintendente.

La comunidad del sector de la calle 21A con calle 13 del barrio Bello Horizonte en la zona céntrica del municipio, hizo serios cuestionamientos a la administración municipal respecto al ascenso que ha tenido la zona de tolerancia  en los últimos años, así como a la falta de controles al tráfico, venta y porte de estupefacientes al igual que la regulación a los bares nocturnos y los establecimientos de lenocinio.

El inconformismo se hizo evidente durante la sesión descentraliza  de la comisión de Planes del Concejo municipal presidida por  los cabildantes: Rene Leonardo Puentes, Libardo Carreño, Tito Humberto La Verde y Gloria Ximena Cárdenas, al igual que el Secretario de Gobierno, Domingo Conde Rueda, Juan Manuel Nossa, Personero de la ciudad, Ediles y comunidad del sector.

“Estamos viviendo cerca de una calle del cartucho, ya no podemos salir después de las seis de la tarde porque en sector se encuentra gran cantidad de jóvenes semidesnudos en estado de alicortamente y bajo el efecto de las drogas que pueden llegar a agredirnos, además la comunidad está expuesta al hurto de sus objetos personales durante el día y la noche”, señaló un residente del sector.

Sumado a ellos la ciudadanía asegura que la tranquilidad y seguridad se han desplazado a un segundo plano; proliferando las riñas callejeras, los espectáculos en sitio público desde la calle 23 hacia la calle 24 con sobre la carrera 21 y las viviendas “comunales”.

“Cada día son más personas entre jóvenes y adultos que habitan en las calles de la ciudad, los dormitorios comunales son el parque, a la entrada de los colegios, frente a los establecimientos de comercio e incluso en la misma plazoleta del resurgimiento y tramos de Caño seco, no hay un sector que este excepto a ello”, agregó el ciudadano.

Aunque existe un Fallo Judicial emitido por el Juzgado  Primero Administrativo de Yopal ante una acción popular interpuesta en el 2011 por el Abogado  Jovany Chaparro Vargas, el cual ordena al municipio relocalizar  la zona de tolerancia, el pacto de cumplimiento se ha dado paulatinamente y parcialmente.

Por su parte, el Secretario de gobierno aseguró estar tranquilo porque la administración está cumpliendo “inicialmente se decía que no hay cumplimiento pero hoy demostramos que lo único que se ha dado es la ubicación de las alarmas comunitarias que está en proceso de contratación y la pavimentación de la calle 13 y 14 con carrera 21 que se iniciará en 15 días”.

“El resto todo está cumplido: el alumbrado público, las cámaras de seguridad, constantes operativos y la ubicación del CAI móvil”, agregó.

En cuanto a la relocalización de la zona de tolerancia el funcionario señaló que ya  el concejo aprobó el nuevo Plan de Ordenamiento  Territorial (POT) en el cual tiene dos sectores  definidos para que los comerciantes de actividades de alto impacto pueda ubicarse: “Uno de esos dos lugares de desarrollo industrial: vía Morichal o sobre la Marginal de la Selva en el sector próximo a la Chaparrera”.

El capitán Emerson Cevallos, Comandante de Policía en Yopal se comprometió con la comunidad a volver a ubicar el CAI móvil en inmediaciones a la zona de tolerancia, y a adelantar mayores patrullajes.

“El vehículo móvil fue retirado porque presentaba fallas mecánicas pero ya se encuentra en reparación y se está realizando la parte administrativa para volverlo a operar”, dijo el oficial.

 

 

 

La concejal Gloria Ximena Cárdenas Pino del Partido Liberal Colombiano, se apartó de la decisión de bancada de esta colectividad para negar rotundamente el proyecto  que autorizaba al Alcalde concesionar el servicio de alumbrado público por 30 años.

 Esta decisión le ha costado a la cabildante llamados de atención de la colectividad y algunos calificativos entre ellos  “La Simón Gaviria del Partido Liberal en Yopal”,  que le asignó su compañero de bancada  Wilmer Andrade Leal a propósito de la situación del Presidente del Partido, cuando siendo Representante a la Cámara por Bogotá, aseguro no haber leído los artículos del Proyecto de la Reforma a la Justicia.

 Entre tanto, Yesid  Beltrán, Director municipal del Partido Liberal en Yopal le ha recordado a través de los medios de comunicación el compromiso  firmado en un acta, en el cual quedo en firme la decisión de votar en bancada los proyectos de acuerdo que presentara la Administración en cabeza de Willman Enrique Celemín Cáceres, quien también pertenece al partido.

“Sobre el tema del acta firmada en bancada, si bien es cierto inicialmente apoyaríamos la iniciativa, esto era en el caso que se realizaran las modificaciones de tipo técnico y jurídico que expresamos junto con  Libardo Carreño Fernández,  en vista de que estas no se surtieron pues no daba lugar al cumplimiento o exigencia de ningún acuerdo  pactado porque  la administración es quien incumplió las peticiones hechas con antelación y en este orden de ideas, me sume a lo expresado por el presidente de la corporación e integrante también de la bancada liberal”, indicó  Cárdenas Pino.

Uno de los argumentos de la Concejala para votar en contra del proyecto tiene que ver con el tiempo de la concesión “más de 30 años es mucho tiempo para entregar un bien o servicio público del municipio adicionalmente existen vicios de legalidad en el  documento.

“Ninguna de mis actuaciones públicas pasaré por encima de la comunidad y los cientos de llamadas y mensajes de la comunidad a la que represento y la cual debo mi curul pidiendo que se revisara el articulado y las implicaciones para la ciudad me hicieron reafirmar mi decisión”, agregó la concejal.

 La iniciativa que fue archivada por los concejales el viernes anterior será presentada por el alcalde de Yopal, Wilman Enrique Celemín Cáceres en el periodo de sesiones ordinarias de la corporación municipal para su respectivo estudio.

Así lo informó el mandatario al asegurar que “Nosotros no podemos privatizar una empresa sino la tenemos, no existe como tal una empresa de alumbrado público, lo que se hace es un contrato, como lo enuncia la Ley 80, donde se indica que no se permite ningún abuso en los cobros y el concesionario debe someterse a parámetros garantizados en la norma”.

Respecto a la decisión de los cabildantes quienes con 9 votos negativos  archivaron en plenaria el proyecto, Celemín Cáceres señaló mostrarse  respetuoso de la decisión de los Concejales frente a esta iniciativa, pero que se mirarán las circunstancias por las cuales los Corporados no votaron a favor.

En ese sentido agregó el Alcalde, que se concertará con ellos los temas legales y de conveniencia del Proyecto, para luego ser presentado una vez más ante la corporación municipal.

Durante el fin de semana el Gobernador de Casanare, Marco Tulio Ruíz Riaño  inauguró el puente sobre la quebrada La Barreña ubicado en la vereda Pedregal zona rural del municipio de Nunchía, la estructura  beneficiará a la población de nueve veredas del sector, quienes podrán comunicarse con los municipios de  Sogamoso, Tunja  y la capital del país- Bogotá por el sector de Labranzagrande, Boyacá.

“Las cosas se están haciendo bien y se está notando la diferencia”, afirmó la alcaldesa de Nunchía Martha Cecilia Pérez durante la inauguración del puente.

Por su parte, el jefe de gobierno departamental  reiteró su compromiso con la masificación en la planicie de este sector, “Inicialmente eran 14, luego hicimos un adicional y logramos incluir otras 5 para completar 19 veredas”, además indicó que, dentro de las inversiones previstas para este municipio se tiene previsto la entrega de mejoramientos de vivienda y 1.200 millones de pesos para terminar el internado.

 indicó que ya se están instalando los postes para llevar el tendido eléctrico para esta región en la parte plana,  Iniciativa que tiene un valor de $7.000 millones, agregó que se  encuentran en el proceso contractual $2.200  que se destinarán para la construcción de 11 puentes colgantes, los que confían inaugurar antes que concluya el próximo verano.

Con respecto a una petición puntual que le hiciera la comunidad acerca de la necesidad de construir el puente de Piedra Bolívar, muy cerca al casco urbano, Ruiz Riaño les recordó que no deben preocuparse porque los 5 mil millones que vale esta obra quedarán aprobados en el próximo OCAD departamental.

La estructura entregada asciende a los $1.900 millones, de los cuales la Administración Departamental aportó  $1.100 millones y la empresa Hocol $800 millones y beneficiará a las comunidades de las veredas La Capilla Alta, Pedregal, Magüitos, Vijagual, Buenavista, San Martín, Puerto Payero del ente territorial.

 Asimismo, la obra tiene 45 metros de largo por 6 de ancho, con una capacidad para soportar 150 toneladas de peso, lo que significa que es apto para el tránsito de tractocamiones.