La Procuraduría General de la República acaba de abrir indagación preliminar en contra del alcalde de Yopal Luis Eduardo Castro por los comentarios hechos en rueda de prensa el pasado 6 abril en el que se refiere a las mujeres en condición de prostitución como “productos.

El pronunciamiento del ente de control se da luego de la solicitud hecha por la vicepresidente Martha Lucía Ramírez y la Consejera para la equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, por los comentarios realizados por el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, quien aconsejó a los hombres a “consumir producto colombiano”, refiriéndose a las trabajadoras sexuales venezolanas. Para las funcionarias esta afirmación es denigrante, machista y un tipo de violencia verbal.

La Procuraduría expresó que lo afirmado por el alcalde es desobligante hacia las mujeres, atentatorio contra los derechos de aquellas y que a su vez implicarían actos de discriminación contra la mujer e incluso xenofobia. En este sentido, se verificará si el mandatario incurrió en una falta disciplinaria.

“Con las declaraciones efectuadas el 6 de abril de 2021, presuntamente pudo incurrir conductas xenófobas, de estigmatización a las mujeres de nacionalidad venezolana que ejercen la prostitución en Yopal; asimismo, denigrantes contra la mujer y de promoción de la prostitución en la jurisdicción que gobierna, comportamiento que eventualmente comprometería su responsabilidad disciplinaria”, señala el auto de apertura de indagación preliminar.

Se requirió a la Secretaria de Gobierno de Yopal, para que en cinco días, a más tardar, remita un informe detallado de las acciones administrativas que ha adelantado la Alcaldía respecto del ejercicio de la prostitución en el municipio.

De igual manera la Defensoría del Pueblo reprendió al alcalde y le pidió que rectifique y evite en lo sucesivo, pronunciamientos y expresiones cargadas de violencia basada en género, con connotaciones discriminatorias en relación con el ejercicio del trabajo sexual y generadores de riesgos de actos de xenofobia y discriminación por razón de la nacionalidad y del ejercicio del trabajo sexual, en contextos de prostitución y o sexo por supervivencia.

También lo mandó a capacitarse junto a sus funcionarios sobre derechos humanos de las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas, OSIGD, y de los derechos de las personas trabajadoras sexuales, especialmente migrantes, de lo cual debe informar a la Defensoría del Pueblo. Antes de 5 días deberá responder sobre las acciones adelantadas por la Alcaldía frente a estos requerimientos.