En relación con la propuesta de Reforma Tributaria que ha presentado el Gobierno Nacional a discusión del Congreso de la República, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, se permite comunicar a la opinión pública:
La Asociación informó que comparte el objetivo del Gobierno Nacional de reducir la pobreza y la inequidad y contribuir a la gestión del cambio climático y al desarrollo sostenible, en el marco de una transición integral: energética, económica y productiva. En ese sentido, destacó el compromiso del Ministerio de Hacienda con la Regla Fiscal y, por ende, de continuar con el ajuste fiscal al tiempo de buscar recursos de inversión.
La ACP dijo estar de acuerdo con la necesidad de una reforma tributaria que contribuya al recaudo de nuevos recursos fiscales, en especial si estos se direccionan a programas ambiciosos de reforestación y reducción del hambre y construcción de paz a través de proyectos agrícolas y pecuarios en las regiones donde la industria opera, contribuyendo además a la diversificación económica de esos territorios.
Recordó la ACP que el sector de hidrocarburos ha sido y es uno de los grandes contribuyentes del país; una fuente determinante de divisas y de ingresos públicos a nivel nacional y regional, apalancando iniciativas estratégicas de desarrollo económico, social y ambiental. En ese marco, la Asociación considera fundamental que la reforma en estudio no afecte la viabilidad de la industria, pública y privada, de la inversión y de la competitividad.
La Asociación Colombiana de Petróleo, recalcó que preocupa el impacto de la reforma, dado que la carga fiscal del sector llegaría hasta el 80 por ciento, lo que comprometería la viabilidad de proyectos de Exploración y Producción (E&P), incluidos contratos existentes que requieren de inversión, sin perjuicio de la necesaria para una transición integral; vale la pena resaltar que las empresas privadas son responsables del 70 por ciento de la exploración ejecutada.
Una disminución en la inversión y la cancelación de proyectos de E&P pondría en riesgo no solo la competitividad de proyectos fundamentales para la autosuficiencia energética y contar con precios razonables para los hogares, particularmente en gas y electricidad, sino que impactaría el desarrollo, el empleo y la contratación de bienes y servicios en 19 departamentos, yendo en contravía al espíritu de la reforma.
“Reiteramos nuestra disposición para continuar el diálogo con el Gobierno Nacional, en cabeza del señor ministro de Hacienda, con el Congreso de la República, en cabeza de su presidente, y con la ministra de Minas y Energía, en aras de compartir los análisis del sector y del impacto de la reforma planteada, a fin de que contribuyan a construir una iniciativa que asegure la competitividad y viabilidad de la industria”, ACP.
