La Contraloría General de la República se pronunció con respecto a un recurso de apelación, relacionado con un presunto detrimento patrimonial por 900 millones de pesos acaecido en el municipio de Aguazul.

Los hechos supuestamente se habrían presentado en el periodo 2012 – 2015, cuando era alcalde de esa población, Fernando Camacho. En este sentido el fallo proveniente de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare, declaró sin responsabilidad fiscal a los presuntos implicados.

En el listado de exonerados se encuentran la Asociación para el Desarrollo Integral de la Familia (Adificol), entidad que suscribió el convenio de cooperación No. 402 y asumió el manejo de los recursos públicos pagados a título de anticipo, por la Administración municipal de Aguazul.

También quedaron libres de toda responsabilidad el exalcalde Fernando Camacho, quien en su momento fue vinculado por una supuesta omisión de sus deberes como supervisor y control del objeto contractual.

Igualmente quedó libre de responsabilidad fiscal, Óscar Mauricio Cruz Holguín, quien se desempeñó durante el gobierno de Camacho Caicedo, como secretario de gobierno y ordenador del gasto.

Así mismo la medida de exoneración cobija a José Javier Gil, quien fue designado como supervisor del contrato, y quién también cumplió funciones como secretario de gobierno municipal.

Adifcol, cuya representante legal era Olga Judith Torres Ibarra, fue señalada de ejercer supervisión del contrato. Por su parte la Aseguradora Solidaria de Colombia, estaba vinculado como tercero civilmente responsable del proceso.

El proceso se originó en el momento en que se realizó la denuncia 900.19.3.30.2017, la cual fue instaurada en la Contraloría Departamental de Casanare.

La misma se dio luego de una auditoría realizada durante el periodo 2015-2016, donde se cuestionó la ejecución del convenio 402 de 2014, celebrado entre el Municipio de Aguazul y Adifcol.

Dicha denuncia se hizo sustentada en la supuesta falta de soportes, que acreditaran el cumplimiento de las actividades desarrolladas, durante el desarrollo del mencionado contrato.

Luego del respectivo análisis la Contraloría General de la República profirió el fallo mixto 012, del 26 de diciembre de 2022. Ahora, siete meses después, la Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, ratificó la decisión de exonerar a los demandados.

De esta manera se pone punto final a este proceso, argumentando que no existen suficiente pruebas, para corroborar el supuesto detrimento patrimonial, el cual fue calculado en $905.448.129,67.