Este lunes 18 de septiembre a las 8:30 de la mañana en el auditorio de la Cámara de Comercio,  inicia la audiencia pública de responsabilidades  subcaso Casanare, que adelantará la Justicia Especial para la Paz.

La audiencia se extenderá hasta el martes 19. Son dos días donde se espera conoce la verdad de los 303 casos de falsos positivos, perpetrados en 218 acciones acaecidas en el lapso comprendido entre 2005 y 2008.

Dicha diligencia está divida en bloques destinados para la intervención, tanto de víctimas como de responsables de los hechos violentos. Se escucharán las versiones de 21 militares retirados.

Dentro de este grupo figuran el general, Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI; el teniente coronel Henry Hernán Acosta Pardo y el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte.

Según la JEP estos oficiales retirados del Ejército participaron en la ejecución de 303 personas, que luego fueron presentadas, como muertos en combate con grupos subversivos.  

Se espera que durante la diligencia los 24 señalados de estos homicidios, reconozcan públicamente su responsabilidad y además cuenten detalles de la organización criminal que se gestó en la unidad militar antes mencionada, durante el periodo igualmente citado.

Para las 11 de la mañana se tiene prevista la intervención de Wilmer Andrey Pérez Betancourt, quien sostuvo que la finalidad de su participación en la audiencia, “es garantizar que la pluralidad de voces de las víctimas y sobrevivientes, sean escuchadas y ampliamente difundida”.

Así mismo advirtió que ha identificado “una considerable gama de inconformidades y preocupaciones, en cómo las víctimas hemos percibido este proceso adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz”.

En ese listado de inquietudes destacó “la falta de verdad o verdad parcializada, la existencia de un sistema para minimizar los aportes de verdad (configurado por los victimarios/criminales, máximos responsables) y evitar el ascenso en el reconocimiento de los crímenes en la pirámide de mandos implicados por acción, falta de garantías para la participación de las víctimas así como deficiencia en garantías de seguridad, secretismo en la toma de decisiones e imposición de las mismas”.

De igual forma puntualizó que “las víctimas sentimos que hemos sido instrumentalizadas y usadas en este proceso”. Es por ello que consideró de especial relevancia la asistencia de los medios de comunicación, con el fin que “sean corroboradas y recogidas las críticas y preocupaciones que tenemos desde el territorio”, concluyó Wilmer Andrey Pérez Betancourt.