La mañana fresca de ese lunes 18 de septiembre pronto cedería toda su impoluta belleza ante los relatos dramáticos de las víctimas del horror, en un escenario truculento, tenso, con historias desgarradoras que conmovieron las almas, liberaron los sentimientos y provocaron el llanto de muchos asistentes.

Allí, en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio se programó es espacio de encuentro entre víctimas y victimarios, de los más atroces crímenes cometido en Casanare, producto de ejecuciones extrajudiciales, a las cuales con el eufemismo de falsos positivos, se ha querido suavizar un poco toda la maldad que encierran estas acciones criminales.

Premonitorias resultaron las palabras de Óscar Parra Vera, uno de los dos magistrados que presidieron la audiencia. El togado advirtió sobre la complejidad de los diálogos.

En el escenario se abordarían de frente crímenes de lesa humanidad, los más atroces de la historia reciente del departamento. Sin embargo aclaró que el objetivo no era obligar a nadie al perdón, ni a la reconciliación.

De todas formas estos encuentros no se dieron de manera espontánea, por el contrario son el producto de un trabajo adelantado durante nueve meses, con los dos actores principales puestos en un mismo lugar, para buscar por la vía de la verdad, un acercamiento al perdón, la justica, la reparación y finalmente, la reconciliación, para muchos quizá una quimera, que se pierde entre los dantescos caminos del dolor.

La infamia cometida por este grupo de criminales vestidos de camuflado, encabezados por el mayor general Henry William Torres Escalante ex comandante de la XVI Brigada del Ejército, quien reconoció su responsabilidad directa en el asesinato de 303 civiles en Casanare entre los años 2005 y 2008, estará perenne en la memoria de los familiares de las víctimas, quienes fueron destinatarios de las acciones perversas que solo una mente retorcida y sicópata puede engendrar.

Bajo sus balas cayeron muchos jóvenes, mujeres, pero en este listado de ignominia también incluyeron un adulto mayor y una persona en condición de discapacidad, a quienes hicieron pasar como peligrosos subversivos, que fueron abatidos en combate.

Espeluznantes relatos de un mismo libreto macabro, que pareciera haber sido dictado por el propio Belcebú, por la ausencia de todo tipo de sentimiento de compasión hacia sus víctimas, en mucho casos torturadas sin piedad, en una horripilante orgia de sangre.

Una de las narraciones más dramáticas emanó de los labios de Jennifer Cagua Rodríguez. Desde los albores de su infancia ha tenido que cargar con el lastre de la violencia, que ha llegado a su vida desde los todos los flancos de la guerra.

Fue víctima de la guerrilla, que le asesino a su progenitora cuando todavía era una niña. Luego sufrió la presión para militar y finalmente su hermano, cayó bajo las balas asesinas disparadas des la empresa criminal, como calificaron en la audiencia a ese grupo de militares que desde la Brigada XVI, se atribuyeron el derecho de decir quién podía vivir y quién debía morir.

En ese juicio miserable se determinó el asesinato de John Alexander Cagua Rodríguez, un joven de 16 años quien producto de toda la descarga de dolor a la que fue sometido, por la guerra fratricida que como tatuaje no deseado se ha afianzado a la coyuntura de una sociedad desde que nacimos como nación, encontró la una puerta falsa para desahogar todo su dolor: las drogas.

A los 13 años un grupo subversivo le quitó la vida a su señora madre en Tumaco (Nariño). En ese momento Alexander tuvo que hacerse cargo de su familia, compuesta por él y su hermana. De su progenitor Jennifer solo atinó a decir que fue un padre ausente, por lo que toda la responsabilidad del hogar recayó sobre su hermano mayor.

Se trasladaron para Villavicencio, de donde eran oriundos. Ya habían transcurrido 3 años desde la muerte de su mamá, Alexander tenía 16 años y Jeniffer 13.

Vivian en un barrio popular. Hasta allí, según el relato de Juan Pablo Ramos, abogado de Jennifer, llegaron efectivos del Birno o Batallón Ramón Nonato Pérez de Tauramena, adscrito a la Brigada XVI, para sacar a John Alexander y asesinarlo, con la disculpa que el joven era un consumidor de droga.

En esta caso se tipificó un claro accionar de limpieza social, como si en lugar de cometer un crimen, estuvieran haciendo una obra  benéfica de carácter colectivo.  

Nada justifica la pena capital como castigo. Así lo reiteró el abogado Ramos. “Esta persona debido a la violencia que vivió desde niño, se acercó al mundo de la sustancias psicoactivas, lo cual no es razón para provocarle la muerte”.

John Alexander fue llevado hasta Monterrey, donde le quitaron la vida. Hoy su hermana Jennifer pide a gritos salidos desde el fondo de su corazón, que le cuente la verdad.

Que le saquen de la zozobra que por años ha agobiado su existencia. Ella quiere saber las razones y las circunstancias que rodearon la muerte de John Alexander.

Juan Pablo Ramos entregó un dato adicional en sus declaraciones a los medios de comunicación. “La víctima unos meses antes de la ocurrencia del hecho, fue impactado por balas en su abdomen, lo cual le impedía caminar, pero no fue impedimento para que se lo llevaran, lo asesinaran y lo hicieran pasar por miembro de un grupo subversivo”.

Detalle que solo corrobora el grado de mal extrema y el carácter inhumano de quienes participaron en el crimen.

La lista de atrocidades es muy extensa. Son más 300 historias desgarradoras, que esperan justicia. Que aguardan por una reparación por parte del Estado, que más allá de lo económico devuelva la dignidad a las víctimas ultrajada y humillada, al ser calificados como delincuentes.

 Su recuerdo no puede seguir siendo el tapete, en el que algún día una banda de miserables limpiaron los excrementos de su crueldad, pero que ahora no pueden ocultar el rostro de su infamia.