Una alerta temprana (ATI) 020 de 2024 fue emitida por la Defensoría del Pueblo, donde se pone de manifiesto la grave situación de riesgo que enfrentan los pueblos indígenas asentados en el resguardo de Caño Mochuelo.

Este territorio, ubicado entre los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, es hogar de comunidades tanto sedentarias como nómadas. Entre ellas se encuentran los Sikuani, Piapoco, Sáliva, Amorúa, Maiben Masiware, Wamonae, Waüpijiwi, Yamalero, Tsiripus y Yaruros.

Según la Defensoría el principal factor de riesgo es la presencia de grupos armados ilegales, especialmente una facción disidente de las FARC conocida como el Frente 28 José María Córdoba.

Estas organizaciones ilegales están imponiendo su control sobre el territorio, lo que implica una grave amenaza para la autonomía y los derechos fundamentales de las comunidades indígenas.

La situación es particularmente preocupante porque estos actores armados estarían interfiriendo con las decisiones de las autoridades tradicionales indígenas. Además, las actividades de estos grupos ponen en peligro las formas de sustento de las comunidades y sus prácticas alimentarias.

Ante esta situación, la Defensoría hizo un un llamado al Ministerio del Interior para que implemente medidas de prevención y protección, que garanticen la seguridad alimentaria de estas comunidades.

Así mismo instó a la autoridad nacional a proporcionar atención humanitaria, asegurar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su jurisdicción especial y autonomía territorial.

Esta no es la única alerta en la región. A principios de julio, la Defensoría también advirtió sobre riesgos en el sur de Casanare, específicamente en Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva.

Para la Defensoría la situación de violencia en estos escenarios del departamento, obedecen as disputas entre el Clan de Golfo, que vine en un proceso de consolidación, el ELN con su frente José David Suárez, el frente 28 de las disidencias de la Farc y el décimo frente del Estado Mayor Central.

Esta situación no solo afecta a las comunidades indígenas, sino también a organizaciones comunitarias, campesinos, víctimas del conflicto, niños, jóvenes, mujeres, servidores públicos, y otros grupos sociales.