El proyecto de construcción del Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) en la comuna 6 de Yopal ha encendido las alarmas de la Contraloría Departamental.

Cipriano Castro, titular del organismo de control, ha anunciado el inicio de una investigación debido a presuntas anomalías financieras y retrasos significativos en la ejecución de la obra.

Dijo que, en la auditoría más reciente hecha al proyecto se reveló un posible sobrecosto cercano a los 200 millones de pesos. Cifra que le preocupa porque la obra es financiada con un préstamo adquirido por la administración municipal anterior.

Este hallazgo ha motivado a la Contraloría a implementar una vigilancia especial sobre los recursos destinados a esta iniciativa, así como a otros proyectos que tienen como fuente de financiación este mismo empréstito.

Castro expresó su inquietud por la aparente desviación del propósito original de varias inversiones realizadas con estos fondos. Citó como ejemplo un camión recolector de basura que también fue adquirido con el préstamo y que sufrió un accidente de tránsito a finales de mayo.

El contralor señaló que parte de los fondos asignados para la finalización del CAPS se encuentran en las cuentas de la Alcaldía o de la ESE Salud Yopal, a pesar de que el proyecto tenía asegurados los recursos desde el inicio.

La demora en la ejecución es otro punto crítico. Originalmente programada para completarse en cuatro meses, sin embargo, la obra está próxima a cumplir un año con un avance mínimo.

Esta dilación no solo afecta la prestación de servicios de salud a la comunidad, sino que también podría resultar en costos adicionales debido a las fluctuaciones en los precios de los materiales de construcción.

Ante este panorama, Cipriano Castro explicó que la Contraloría tiene unos hallazgos fiscales relacionados con la ejecución de esta obra, lo que podría llevar a acciones legales y administrativas.

Pese a las limitaciones propias de la pandemia por Coronavirus y enfrentando varias dificultades, la Contraloría Departamental de Casanare -paralelo a la auditoría a 184 contratos de recursos covid-, continuó adelante con las auditorias regulares, en este caso a dineros ejecutados, control fiscal interno y rendición de la cuenta fiscal de la Alcaldía de Aguazul en el 2019. 

Una vez examinada la documentación por parte del grupo auditor, se encontró que no  resulta conforme, frente a los criterios aplicados, toda vez que se omiten algunos principios de la función administrativa y la gestión fiscal. 

Los hallazgos 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría Departamental de Casanare, constituyó dieciséis (16) hallazgos administrativos, de los cuales catorce (14) tienen presunta incidencia disciplinaria, cuatro (4) incidencia fiscal por valor de $1.175 millones de pesos y una (1) incidencia de carácter penal. 

Algunos aspectos que se determinan dentro de la auditoría realizada a los recursos del año 2019, están: 

• Gestión Fiscal Antieconómica – Sobrecostos
• Gestión ineficiente e ineficaz
• Falencias en las Garantías - Sin amparo del anticipo
• Gestión Fiscal Ineficaz - Soportes de Ejecución
• Utilización de Fuente de financiación diferente
• Entrega de beneficios sin requisitos
• Duplicidad de beneficiarios en las actividades contratadas

Esta auditoría determinó hechos relevantes que conllevan a la posible existencia de riesgos de fraude, la celebración de contratos sin el lleno de requisitos y el incumplimiento contractual de cada una de las actividades, bienes y servicios contratados. 

De la misma manera, la gestión documental del municipio no se está llevando de manera eficaz, eficiente y efectiva, teniendo en cuenta que los procedimientos de registro, archivo y trazabilidad contractual que se encuentra cargada en el portal de contratación en el SECOP I se evidenció incompleta, lo cual no permite cumplir con la política de transparencia de la contratación estatal.

En un escrito dirigido al Tribunal Administrativo de Casanare, dentro de una acción popular instaurada por Wulfran Amadeo Castillo, frente a las obras de la nueva planta del acueducto que se construye en inmediaciones de la vereda La Vega, en las riberas del río Cravo Sur, la Contraloría Departamental de Casanare, solicitó que la línea de conducción del acueducto de Yopal, se construya como fue diseñada

La Contraloría pide que se cumpla en su integridad lo contratado en la planta de tratamiento de agua potable hasta el casco urbano de Yopal, de acuerdo a los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños que se le presentaron al Tribunal y que fueron aceptados como la solución definitiva al problema objeto de la acción constitucional. 

Hace referencia la solicitud, que por efectos de la acción popular, la obra tiene apropiados 94 mil millones de pesos aproximadamente, sin incluir obras futuras, como el punto crítico de la línea de conducción cercana al puente la Cabuya y la línea final hasta "Los apartamentos". 

La planta de tratamiento, reclama la Contraloría, fue concebida para un caudal de setecientos cincuenta litros por segundo y conducidos por una línea de treinta y seis pulgadas, de acuerdo con los estudios y diseños que fueron establecidos para cumplir con el modelo de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el casco urbano de Yopal, como solución definitiva. 

Esta petición  se justifica en que la Contraloría Departamental de Casanare actúa en defensa del patrimonio público y los derechos colectivos, y con la responsabilidad constitucional y legal de vigilar y controlar fiscalmente las inversiones de la Gobernación de Casanare, el Municipio de Yopal y la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal, y por ello no se concibe que se modifiquen los estudios y diseños de la línea de conducción, la cual fue establecida para transportar el líquido potable en una tubería de 36 pulgadas y no con una tubería de 18 pulgadas, tal como se pretende, al conectar la línea construida de 36 pulgadas a la de 18 pulgadas que ya está construida en inmediaciones de la planta de agua conciliada, y con ello señalarle al tribunal la terminación de las obligaciones establecidas por las entidades comprometidas en este proceso. 

Se indica que si se acepta esta modificación, nunca se debió entonces destinar por las entidades que integran la pasiva, recursos para una obra que rondan los 110 mil millones de pesos, sino los 10 mil millones de pesos que se invirtieron en la PLANTA CONCILIADA, la cual tiene una línea de conducción de DIECIOCHO PULGADAS (18"). 

Finalmente agrega que este cuestionamiento busca que no se presente una situación tan aberrante como muy seguramente lo es, la contratación de la Hidroeléctrica de Hidroituango, donde se modificaron diseños y se afectó la obra pública, se generaron presuntamente gestiones fiscales antieconómicas y se ha puesto en vilo el fin de la contratación estatal.

Son 184 los contratos a los cuales la Contraloría Departamental de Casanare está realizando auditoría, a través de 3 grupos conformados por auditores dentro de los cuales están revisando la contratación de 18 municipios, la Gobernación de Casanare y algunos entes descentralizados. 

Las auditorias están distribuidas así: 25.127 millones 

Grupo 1:  le correspondió revisar los contratos de la Gobernación de Casanare, Hospital Regional de la Orinoquia, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Red Salud Casanare y los municipios de Recetor y Chámeza. Los contratos ascienden a 16.782 millones de pesos. 

Grupo 2: se revisan los contratos de los municipios de Yopal, Sabanalarga, Hato Corozal, San Luis de Palenque, Orocué y Villanueva y el Megacolegio de la comuna 5 en Yopal, cuyos recursos están por el orden de 5.175 millones de pesos. 

Grupo 3: se revisan los contratos de los municipios de Nunchía, Trinidad, Támara, Pore, Aguazul, Maní, Monterrey,  Tauramena, Paz de Ariporo, Empresa de Servicios Públicos de Aguazul con 2 contratos y las Institución Educativas Braulio González y Centro Social. Los contratos suman 3.170 millones de pesos. 

Contratos solicitados por Contraloría General de la República 

Cabe aclarar que de los 184 contratos auditados inicialmente, por control preventivo y concomitante, la Contraloría General de la República, solicitó el estudio de 12 contratos, entre los cuales están 5 de la Gobernación de Casanare, como lo fue el de camas hospitalarias, de adulto mayor y compra de equipos biomédicos que superan los 12.135 millones de pesos. 

De La Salina se solicitó un contrato de bienes para el Comité de Gestiónde Riesgo por 24 millones 533 mil pesos; del Hospital Regional de la Orinoquia, uno de Biomédicos por 1.477 millones de pesos; en Hato Corozal dos contratos de suministro por valor de 379 millones 854 mil pesos; en Yopal 2 contratos de suministro por 1.296 millones de pesos y en Villanueva, un contrato de 217 millones 607 mil pesos.

De los 25.028 millones de pesos inicialmente auditados por el ente de control en el departamento, la Contraloría General de la República, realizó intervención funcional a 12 contratos que equivalen a 15.530 millones de pesos. Así las cosas, la Contraloría en Casanare culminó auditorias en contratos por valor de 9.597 millones, es decir el 38 por ciento del monto con el que arrancó en este proceso. 

Logros

Gracias al trabajo de las distintas auditorías que adelantó la Contraloría Departamental de Casanare, se logró que los entes territoriales empezaran a elaborar  estudios previos y de mercados  más organizados; se contrató con precios más bajos;  algunos entes territoriales hicieron modificaciones de sus contratos, reduciendo los precios de lo contratado; otras entidades dejaron de realizar la contrataron directa y optaron por utilizar las diferentes  modalidades de  la contratación contenidas en ley 80 de 1993, lo que generó procesos más estrictos, rigurosos y con mayor transparencia  a través del ejercicio de selección objetiva de los contratistas. 

La Contraloría revisó al amparo del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, la legalidad de los actos administrativos de declaratoria de la Urgencia Manifiesta que permitió la suscripción de los citados 184 contratos, verificando que existiera coherencia entre la declaratoria y lo que se contrató, y finalmente, en virtud del Decreto Ley 403 de 2000, se está realizando el control posterior respecto de la ejecución de los recursos públicos en estos contratos.

La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY, fue notificada del resultado de la auditoria de la vigencia 2019 y se inician los términos para elaborar y presentar un plan de mejoramiento conducente a subsanar las posibles falencias administrativas, declaradas por los investigadores de la Contraloría Departamental de Casanare.

De acuerdo con el informe presentado por la EAAAY, como consecuencia de la evaluación de la gestión contractual, rendición y revisión de Ia cuenta, legalidad, gestión ambiental y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la vigencia 2019, la Contraloría Departamental de Casanare, conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, toda vez, que se obtuvo una calificación de 83.8 puntos sobre 100.

Esta calificación resulta de ponderar los factores que fueron objeto de revisión por parte del ente de control departamental.

Igualmente y con base en Ia calificación obtenida sobre Ia evaluación de los componentes de Gestión y Financiero, Ia Contraloría Departamental de Casanare Fenece Ia cuenta de Ia Entidad para Ia vigencia fiscal 2019.

Los hallazgos identificados en este caso corresponden a 12 disciplinarios y 9 fiscales, equivalentes a $2.139.798.797.

Respecto de los 12 hallazgos disciplinarios, éstos se trasladaron a la Procuraduría Regional de Casanare, y en relación con los 9 hallazgos fiscales que ascienden a la suma de $2.139.798.797, los mismos fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de éste organismo de Control para dar inicio al proceso de responsabilidad fiscal correspondiente.

La Contraloría Departamental de Casanare exhortó a las Personerías Municipales a establecer con el organismo de control, una alianza para que estas entidades ejerzan su función de veedores del Tesoro Público y desarrollen las funciones que le otorga la ley.

El anuncio fue hecho por la contralora Yanneth Constanza Holguín Suarez, a través de una circular donde exhorta a los Personeros de los 19 Municipios, para que, de conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley 617 del 2.000, se actúe propendiendo por garantizar el interés colectivo y de la sociedad, así como el patrimonio público.

La titular del organismo de control regional, llamó la atención de las Personerías para que ejerzan su función de veedores del tesoro público, desarrollando las funciones establecidas en el artículo 24 de la Ley 617 del 2.000, como lo son, entre otra muchas, las de velar por el cumplimiento de los principios rectores de la contratación administrativa en los aspectos de transparencia, economía, responsabilidad, ecuación contractual y selección objetiva.

La contralora Yanneth Constanza Holguín Suarez, dijo que, las personerías, tienen las facultades del Control Interno en sus municipios, por lo tanto, ejercen autoridad para vigilar y propender por la igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de los costos ambientales en sus respectivas jurisdicciones.

Agregó Holguín que, todos los funcionarios de la entidad a su cargo, están atentos a las denuncias que se pueden hacer a través de los diferentes canales de comunicación que se establecieron, como garantía de la alianza institucional propuesta para propender por el manejo transparente del patrimonio público en sus territorios.

Finalmente, la contralora Departamental resaltó la utilidad del canal virtual "contacto©contraloriacasanare.gov.co", que se encuentra habilitado de manera permanente, para recibir las denuncias que tengan que ver con la inadecuada y o indebida gestión fiscal, que pueda producir daño al patrimonio de los ciudadanos de Casanare.

La contralora departamental Yanneth Constanza Holguín Suárez instaló hace breves minutos, la Auditoria Regular a la Alcaldía Municipal de Yopal, Casanare vigencia 2019.

La Contraloría Departamental de Casanare, dio inicio al Plan General de Auditoria, vigencia 2020, para lo cual dispuso de un grupo de auditores, quienes  estarán realizando visita de campo desde el 2 hasta el 28 de marzo del presente año, esto con el fin de verificar la gestión de las  líneas de gestión ambiental, gestión Administrativa, gestión contable y presupuestal, control interno, sentencias judiciales y contratación.

De acuerdo a lo observado por Holguín Suárez, las líneas a auditar son, Talento Humano, Sentencias Judiciales, control financiero y presupuestal, control interno, contratación  de la vigencia 2019 y cumplimiento del Plan de Desarrollo.