Martes, 06 Octubre 2020 03:45

Resultados de auditoría realizada a recursos ejecutados por la Alcaldía de Aguazul en 2019

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Pese a las limitaciones propias de la pandemia por Coronavirus y enfrentando varias dificultades, la Contraloría Departamental de Casanare -paralelo a la auditoría a 184 contratos de recursos covid-, continuó adelante con las auditorias regulares, en este caso a dineros ejecutados, control fiscal interno y rendición de la cuenta fiscal de la Alcaldía de Aguazul en el 2019. 

Una vez examinada la documentación por parte del grupo auditor, se encontró que no  resulta conforme, frente a los criterios aplicados, toda vez que se omiten algunos principios de la función administrativa y la gestión fiscal. 

Los hallazgos 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría Departamental de Casanare, constituyó dieciséis (16) hallazgos administrativos, de los cuales catorce (14) tienen presunta incidencia disciplinaria, cuatro (4) incidencia fiscal por valor de $1.175 millones de pesos y una (1) incidencia de carácter penal. 

Algunos aspectos que se determinan dentro de la auditoría realizada a los recursos del año 2019, están: 

  • Gestión Fiscal Antieconómica – Sobrecostos
  • Gestión ineficiente e ineficaz
  • Falencias en las Garantías - Sin amparo del anticipo
  • Gestión Fiscal Ineficaz - Soportes de Ejecución
  • Utilización de Fuente de financiación diferente
  • Entrega de beneficios sin requisitos
  • Duplicidad de beneficiarios en las actividades contratadas

Esta auditoría determinó hechos relevantes que conllevan a la posible existencia de riesgos de fraude, la celebración de contratos sin el lleno de requisitos y el incumplimiento contractual de cada una de las actividades, bienes y servicios contratados. 

De la misma manera, la gestión documental del municipio no se está llevando de manera eficaz, eficiente y efectiva, teniendo en cuenta que los procedimientos de registro, archivo y trazabilidad contractual que se encuentra cargada en el portal de contratación en el SECOP I se evidenció incompleta, lo cual no permite cumplir con la política de transparencia de la contratación estatal.

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