Si algo tienen claro todos los que han sido gobernantes en épocas pretéritas recientes, de entes territoriales productores de recursos naturales no renovables y destinatarios de regalías, es que los controles y seguimientos por parte del DNP a estos recursos son bastante estrictos.

Es por ello por lo que causa asombro el pronunciamiento hecho por el director del Departamento de Planeación Nacional, Alexander López Maya, quien sostuvo desde la Casa de Nariño, que estarían en riesgo 12,1 billones de pesos, representados en 2.04 proyectos, algunos de los cuales se encuentran suspendidos o se ha vencido su programación.

El anuncio de López tiene muchas lecturas e interrogantes, uno de los cuales apunta al papel que cumplieron todos los estamentos oficiales para ejercer un control a tiempo, para evitar que los recursos públicos se encuentren en el limbo, con nutridas posibilidades de perderse.

Es como si los recursos de regalías hubiesen tenido de transitar durante años por los floridos campos de la corrupción, amparados por la sombra de un Estado permisivo y solo hasta ahora se divisa en el horizonte los tenues rayos de la justicia que invoca López Maya, para evitar un despilfarro mayúsculo de los recursos del Estado.

En las cuentas del director de Planeación Nacional “entre 2017 y 2024 han sido aprobados 19.393 proyectos por un valor de $68,54 billones, de los cuales, el 55% de estos recursos ($38 billones) fueron aprobados entre 2021 y 2023, representando así los años de mayor concentración de recursos de la historia”.

Acerca de estas iniciativas, en la página oficial de la entidad se reporta que “de estos 19.393 proyectos, el informe del DNP revela que 12.106 proyectos por valor de $29 billones han sido terminados. En tanto, 656 proyectos por $2,3 billones se encuentran aún sin contratar y 6.631 proyectos por valor de $37 billones se encuentran en ejecución.

Y desglosando un poco más este cúmulo de información, el DNP aseguró que “al revisar los 2.094 proyectos en riesgo que suman los $12,1 billones.

Incluso el Departamento de Planeación planteó varias irregularidades, entre las que se cuentan “1.497 proyectos presentan plazo de ejecución vencida por valor de $9,2 billones.

Otros “301 proyectos con todos los contratos suspendidos por valor de $1,2 billones” y finalmente figuran “296 proyectos con todos los contratos suspendidos y con plazos vencidos por valor de $1,5 billones”.

Elefantes blancos

En esta radiografía hecha por el DNP figura una especie que puede clasificarse como de carácter silvestre y aparentemente endémica de nuestro entorno: los elefantes blancos.

Sobre este punto la entidad nacional manifestó que “al revisar los otros 12.106 proyectos que se registran como terminados, el Departamento Nacional de Planeación encuentra que 277 proyectos por valor de $1 billón fueron declarados presuntamente como terminados pero el avance físico de la obra no supera el 85%”.

Igualmente, el informe precisó que “58 proyectos por valor de $228.000 millones fueron declarados presuntamente como “terminados" a pesar de que las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas”

En este apartado de las obras inconclusas el DNP indicó que existen 2.133 proyectos por valor de $3,5 billones que no registran en el sistema el acta de terminación y entrega a satisfacción de la obra”.

Concentración de recursos

Otro tema que le preocupa al DNP es la concentración de recursos en unas pocas entidades. El diagnóstico precisó que “25,5 billones han sido ejecutados por los municipios, $20,8 billones han sido ejecutados por los departamentos y $22,1 billones han sido ejecutados por otras entidades como los fondos mixtos, esquemas asociativos municipales y empresas de servicios públicos”.

En lo referente a los recursos en manos de los entes territoriales, el documento reseñó “que solo 20 municipios concentran $11 billones en 2.156 proyectos, de los cuales, Puerto Gaitán y Valledupar han recibido más de $1.1 billones cada uno”.

Pese al monto tan elevado, estos dineros no han alcanzado ni para cumplir el papel de paliativo para combatir de manera eficaz los índices de pobreza multidimensional de estas dos poblaciones, que alcanzan niveles del en 30,5% para el caso del municipio metense y 49,8% para la capital del departamento del Cesar.

En este mismo ítem al DNP le preocupa que la ejecución de las regalías no esté a cargo de entes territoriales. “De los $68,54 billones administrados entre 2017 y 2024, el 32% de los recursos que debían ser ejecutados por los municipios y los departamentos, los realizan otros ejecutores como los fondos mixtos, esquemas asociativos, las fundaciones, las agencias y las empresas de servicios públicos”.

La cifra manejada por dichas entidades alcanza los “$22,11 billones que debían estar en cabeza de los entes territoriales y que se encuentran en manos de otros ejecutores en 4.728 proyectos”.

De este cúmulo de iniciativas el director del DNP mencionó que ha “encontrado que 156 proyectos por $773.000 millones que se encuentran con todos los contratos suspendidos por presuntas irregularidades en la ejecución de las obras".

Incluso el Departamento de Planeación hizo un listado de los entes que concentran mayores recursos de regalías, a los cuales llamó como los mega contratistas.

“La Agencia de infraestructura del Meta con 55 proyectos por $1,2 billones y 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

La Fundación Universidad del Valle con 101 proyectos por $770 mil millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

El Fondo Mixto para la promoción del deporte con 85 proyectos por $698 mil millones y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

El Fondo Mixto Sierra Nevada con 164 proyectos por $698 mil millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

Foncolombia con 153 proyectos por $368 mil millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

AREMCA con 116 proyectos por $610.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

ASOMUDACAR con 115 proyectos por $421.000 millones y 1 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades.

ASOSUPRO con 70 proyectos por $369.000 millones y 1 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades.

La Empresa de servicios públicos de Casanare con 30 proyectos por $589.000 millones y 7 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

La Empresa de servicios públicos del Meta con 72 proyectos por $485.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

DISPAC con 9 proyectos por $421.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades”.

Al final del ejercicio el Departamento de Planeación Nacional propone un plan para mejorar a la hora de proteger estos recursos y sacarlos de esos senderos maléficos de la corrupción.

“Hemos expedido la circular conjunta 0052-4 de 2024 junto a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para endurecer los controles y para proteger los recursos provenientes del Sistema General de Regalías”, subrayó el director del DNP.

Una segunda acción es la suscripción de un convenio con la Fiscalía General de la Nación, para capacitar a los equipos del ente investigador en todo el tema del sistema general de regalías.

Este apartado incluye el cruce de información entre las dos entidades “en tiempo real, con el objetivo de atender con prontitud cualquier irregularidad en la ejecución de cualquiera de los proyectos financiados con fuente SGR", dijo López Maya.

“La tercera medida es que todos los ajustes solicitados a proyectos serán verificados en territorio para revisar que cumplan con todos los requerimientos técnicos y administrativos”.

Adicionalmente, una cuarta acción a ejecutar es firmar “un convenio con las juntas de acción comunal para contar con el control social que permita que la ciudadanía vigile los proyectos ejecutados en región con fuente SGR”.

Interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad en documento privado, son los tres delitos de los cuales se le acusa a Eduar Leandro Quevedo Granada, quien hasta el mes de abril se desempeñó como secretario de desarrollo social, del municipio de Maní.

La denuncia fue interpuesta en la sede de la Fiscalía en Yopal por Pablo Rodríguez Segovia, quien en diálogo con los medios de comunicación aclaró que hubiese preferido contarle de la situación de manera personal al alcalde, Jersson Esneider Montoya Hoyos.

Sin embargo, precisó que no fue posible porque en esta población desde hace más de 6 meses Maní no tiene autoridad municipal. “Hay un funcionario como secretario de gobierno, como alcalde encargado, y ahora como secretario de desarrollo social, encargado”, comentó Rodríguez Segovia.

El diploma falso

La adulteración del título de administrador de empresas otorgado por la Universidad de los Llanos de Villavicencio y que Eduar Leonardo presentó como soporte para acceder al cargo de secretario de desarrollo, resultó un completo fraude.

La adulteración del mismo se pudo corroborar mediante Derecho de Petición, que según Pablo Rodríguez, fue dirigido por un ciudadano maniceño al alma máter.

El denunciante explicó que desde el claustro universitario manifestaron que en la base de datos de los egresados de dicho programa académico, no figuraba Eduar Leonardo Quevedo Granada.

Sin embargo se mantuvo en el cargo desde enero hasta abril del presente año. Pero con esta misma documentación se desempeñó por más de 2 años como asesor de distintas secretarías, según los indicó Rodríguez Segovia.

Agregó que el tema más complejo, es quién va a responder al municipio por los contratos firmados por  Quevedo Granada y las actuaciones que haya desempeñado durante el tiempo que estuvo como secretario de despacho.

“Los secretarios de despacho tienen unas funciones, como supervisores de los contratos que se ejecuten a través de sus despachos y si la persona no es idónea, la pregunta es ¿quién nos va a responder por esos contratos que el firmó?” insistió Pablo Rodríguez.

Indicó además que durante la denuncia aportó al ente investigador lo decreto de nombramiento, los soportes de la hoja de vida que se ingresan a la plataforma del Sigep.

También el derecho de petición que se remitió a la Universidad de los Llanos, donde le solicita que acredite si Eduar Leonardo Quevedo Granada es egresado, así como la respuesta negativa del centro de educación superior.

Acotó igualmente que desde cuando era asesor acreditó la misma documentación y en ese momento se pasó los controles de las oficinas de la Administración municipal encargadas de revisar la autenticidad de la información allegada.

Por eso consideró que es una responsabilidad compartida, que está en cabeza del alcalde porque es el burgomaestre quien toma la decisión de contratarlo.

Finalmente puntualizo que hizo la denuncia para evitar “que a futuro estas situaciones no se vuelvan a presentar, para que los corruptos que quieran hacer los mismo, al menos los piensen antes de actuar”.

“La propuesta que me hicieron a mí es da cuatro millones o se jode, yo les dije no hay cuatro millones, ni hay uno ni medio”, esas fueron las palabras del señor Mauricio Holguín, ayer en el Concejo de Yopal donde dijo que había presuntos casos de corrupción en la Secretaría de Movilidad.

“Esto se volvió un negocio de tres y cuatro, graban un video y amenazan de que se están negando a un parte y lo sancionan. La inspectora segunda municipal de tránsito tiene su asistente y él es el que recibe la coima o el que llama al sancionado para decirle usted tiene un comparendo de 40 millones y sino da 4 millones la señora inspectora lo radica y lo envía al Juzgado”, dijo Mauricio en el recinto del Concejo.

Además, Holguín señaló que la señora Estefanía Jiménez, es una profesional que fue nombrada por Leonardo Puentes por su vínculo familiar. “Ella no tenía el perfil para ese cargo. Los papeles que presentó para ser nombrada no calificaban, tenía 8 comparendos por agresión a servidor público, por alcoholemia, pero como era familiar de Leonardo los borraron y fue nombrada inspectora segunda”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Orlando Cruz, dijo que armaron un show político en el Concejo con una información errónea. “Empezando porque el señor Jiménez dijo que la funcionaria no tiene el perfil adecuado, ahí está Talento Humano que puede constatar que la persona es abogada y especialista. Sumado a ello, la señora se presentó a un concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil y lo ganó”.

“Pero el señor y algunos concejales no pueden hacer de esto una noticia bomba de que aquí hay una serie de corrupción grandísima, y fuera de eso se van lanza en ristre con el procedimiento de la inspección que le tocó por reparto recibir este comparendo, de fecha de 7 de septiembre de 2019, día en que le hizo el comparendo al señor”, precisó Orlando Cruz.

Agregó que los concejales desconocen como se hace un procedimiento, y que el señor desde su dolor quiere manifestar cosas que no son ciertas hablando temas tan complejos y personales. “Yo invito al señor para que denuncie ante la Fiscalía si algún funcionario le pidió dinero”, afirmó el secretario de Movilidad.

La Fiscalía General de la Nación informó el día anterior que obtuvieron nuevas evidencias que permitió detectar más irregularidades en los procesos de contratación que habría impulsado el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, mientras estuvo a cargo del departamento en los periodos 2012 – 2015, y 2020 – 2021.

Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia radicarán solicitudes de audiencias de imputación contra el exmandatario, quien se encuentra privado de la libertad por otros hechos irregulares en los que, supuestamente, entregó la contratación de Arauca a integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN.

Las investigaciones dan cuenta de cuatro contratos distintos en los que Castillo Cisneros, al parecer, incurrió en actuaciones irregulares, estos son:

Los contratos N°497 del 9 de octubre de 2013, por $7.312’940.169; y N°362 del 10 de octubre de 2013, por $2.498’124.083. Aquí el objeto fue la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas del departamento. En los dos se encontraron cotizaciones falsas y sobrecostos. En el primero, el sobrecosto alcanzó los 1.450 millones de pesos; mientras que, en el segundo, superó los $619’000.000.

El exgobernador será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento sin requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Modificación al contrato de prestación de servicios N°469 de diciembre de 2019, que hizo parte del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Con ocasión de la emergencia por el COVID – 19, el 23 de abril de 2020, el entonces gobernador cambió el tipo de ración de “preparada en sitio” por “preparada en casa” para llegar a 18.036 beneficiarios. El cambio estaba contemplado en la norma para superar las restricciones de pandemia; sin embargo, no habría sido sustentado con estudios de mercado y generó sobrecostos por $860’975.373, entre otras posibles anomalías.

En este evento el exgobernador será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Contrato N°198 del 6 de abril de 2020, por $4.463’739.189. Tenía por objeto la entrega de kits de ayuda alimentaria para suplir las necesidades ocasionadas por la pandemia. La Fiscalía estableció que se realizó licitación pública para solo cumplir con lo previsto en la ley porque, al parecer, los requisitos y pliegos estaban direccionados para que el contrato quedara en manos de una firma específica. En este caso el exmandatario será imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos agravado.

Por estos nuevos hechos, la Fiscalía solicitará la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva contra el exgobernador José Facundo Castillo Cisneros.

Fuente: Fiscalía General de la Naciòn

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente el exgobernador de Santander, Richard Alfonso Aguilar Villa, por el presunto direccionamiento de la contratación de obras civiles y del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para favorecer a particulares, quienes se habrían comprometido a pagar dádivas por las adjudicaciones ilegales.

Explicó la Fiscalía ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que Aguilar Villa y funcionarios de la Gobernación de Santander pactaron porcentajes para la adjudicación de contratos.

En ese sentido, las actividades investigativas permitieron detectar posibles irregularidades en, por lo menos, seis contratos, entre estos:

.Reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos. Además del contrato de interventoría.

Con relación a este contrato, el exgobernador Aguilar Villa, la entonces secretaria de Infraestructura, el esposo de ésta última, así como el director de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación, se apropiaron de aproximadamente $9.886’000.000.

.Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético, contrato N°3561 celebrado el 29 diciembre de 2014. Este contrato fue entregado a la Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S.A.S, de la que era empleado el primo hermano del papá del exmandatario

.Obras en el corredor vial San Gil – Charalá (Santander), contrato N°2670 del 24 de septiembre de 2014.

.Construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga – Floridablanca (Santander), contrato N°2738 del 30 de septiembre de 2014.

.Suministro de raciones alimentarias para estudiantes de colegios oficiales de 82 municipios del departamento. Contrato N°2406 del 26 de agosto de 2014 del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador Aguilar por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

La noche de este 20 de octubre a su llegada a Bogotá fue capturado el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación.

A Facundo Castillo, se le sindica de los presupuestos delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo, peculado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Segùn se ha podido conocer fue la Corte Suprema de Justicia la que remitió a la Fiscalía General de la Nación la orden de captura del mandatario Araucano, para que la hiciera efectiva a su llegada a Bogotá.

Información conocida por medios nacionales da cuenta que el mandatario fue trasladado al bunker de la Fiscalía General de la Nación donde pasó la noche y en las próximas horas se cumplirá el proceso de judicialización, el cual permitirá conocer mayor información tanto del abogado defensor como de las autoridades.

Segùn se ha podido conocer, en las próximas horas el equipo de gobierno del gobernador José Facundo Castillo Cisneros se reuniría para analizar la situación judicial del mandatario y emitir un comunicado a la opinión pública.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la Emergencia Social, Económica y Ecológica por el COVID-19.

“Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”.

Precisó que la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación pusieron en el programa Transparencia por la emergencia para vigilar con herramientas analíticas avanzadas la ejecución de contratos por la emergencia del covid-19, que para el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017, fueron firmados desde e 20 de marzo y superan los $800 mil millones, que sumados a los de la Contraloría corresponden a recursos del orden de $80 mil millones de pesos. 

“Hoy estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones”.

En el departamento de Meta se investiga la contratación de los municipios de Acacias por $1.125 millones y Puerto Gaitán, por $1.000 millones. En Atlántico el contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750, departamento donde también se investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.

“En Cesar se investigan presuntos sobrecostos de más del 50% en 29 contratos, que no están publicados en el SECOP, por más de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación”.

En Arauca también se investiga el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a $19 mil pesos o bolsas de leche a $13 mil, en un contrato por $4.463.739.189 con Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC.

En Cúcuta, el contrato de edición de una obra digital, por $58 millones de pesos, con la historia del Hospital Erasmo Meoz, “cuando lo que se requiere  son los recursos de la salud para ver de qué manera podemos enfrentar  esta pandemia”.

En Cundinamarca se abrieron procesos por las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones de  La Palma  y Guaduas, caso que también fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. 

También figura en el departamento de San Andrés un contrato por $500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., para “la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país”. 

“Están utilizando estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones. Los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de estas ayudas”.

Sostuvo que los hallazgos penales que hagan la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque “robarse los recursos de los pobres es un delito”.

“De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, las suspensiones de los funcionarios que han estado involucrados en estas vagabunderías, que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres", puntualizó Fernando Carrillo.

La Contraloría General de la República emitió un fallo de segunda instancia en el que libra de responsabilidad fiscal a los implicados en el colapso de la Planta Modular en el año 2013, incluidos el exalcalde de Yopal Willman Celemín, el exgerente de la Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado (EAAAY), Edwin Miranda y el exagente interventor Constantino Tami Jaimes.

La determinación se da mediante la providencia emitida el pasado 16 de enero de 2019 por el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, quien determinó que el presunto daño patrimonial del Estado por 9.421 millones de pesos, con ocasión del colapso de uno de los tanques de la planta modular en diciembre de 2013 y el no funcionamiento de la estructura potabilizadora, fue subsanado.

Según el ente de control, con la conciliación adelantada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal se resarció totalmente el daño patrimonial causado al Estado por valor de $9.421 millones, ya que la obra “es funcional y se realizó con materiales y procedimientos de calidad”.

"Este despacho considera conforme lo mostrado que en el caso subexamine, si existió un daño al municipio de Yopal, no obstante fue resarcido totalmente conforme lo evidenciado mediante visitas e informes del 13 de febrero de 2018, 16 de agosto de 2018 y 2 de noviembre de 2018, por cuanto la obra se ejecutó en su totalidad y se encuentra en funcionamiento, por tanto, este despacho procederá a cesar la acción fiscal", reza el documento de la Contraloría.

 También se deja sin responsabilidad fiscal a Hidroservicio LTDA, B&C Biosciences S.A.S., el interventor de la obra Carlos Alfonso Andrade y Ludwing Stunkel García.