Si algo tienen claro todos los que han sido gobernantes en épocas pretéritas recientes, de entes territoriales productores de recursos naturales no renovables y destinatarios de regalías, es que los controles y seguimientos por parte del DNP a estos recursos son bastante estrictos.

Es por ello por lo que causa asombro el pronunciamiento hecho por el director del Departamento de Planeación Nacional, Alexander López Maya, quien sostuvo desde la Casa de Nariño, que estarían en riesgo 12,1 billones de pesos, representados en 2.04 proyectos, algunos de los cuales se encuentran suspendidos o se ha vencido su programación.

El anuncio de López tiene muchas lecturas e interrogantes, uno de los cuales apunta al papel que cumplieron todos los estamentos oficiales para ejercer un control a tiempo, para evitar que los recursos públicos se encuentren en el limbo, con nutridas posibilidades de perderse.

Es como si los recursos de regalías hubiesen tenido de transitar durante años por los floridos campos de la corrupción, amparados por la sombra de un Estado permisivo y solo hasta ahora se divisa en el horizonte los tenues rayos de la justicia que invoca López Maya, para evitar un despilfarro mayúsculo de los recursos del Estado.

En las cuentas del director de Planeación Nacional “entre 2017 y 2024 han sido aprobados 19.393 proyectos por un valor de $68,54 billones, de los cuales, el 55% de estos recursos ($38 billones) fueron aprobados entre 2021 y 2023, representando así los años de mayor concentración de recursos de la historia”.

Acerca de estas iniciativas, en la página oficial de la entidad se reporta que “de estos 19.393 proyectos, el informe del DNP revela que 12.106 proyectos por valor de $29 billones han sido terminados. En tanto, 656 proyectos por $2,3 billones se encuentran aún sin contratar y 6.631 proyectos por valor de $37 billones se encuentran en ejecución.

Y desglosando un poco más este cúmulo de información, el DNP aseguró que “al revisar los 2.094 proyectos en riesgo que suman los $12,1 billones.

Incluso el Departamento de Planeación planteó varias irregularidades, entre las que se cuentan “1.497 proyectos presentan plazo de ejecución vencida por valor de $9,2 billones.

Otros “301 proyectos con todos los contratos suspendidos por valor de $1,2 billones” y finalmente figuran “296 proyectos con todos los contratos suspendidos y con plazos vencidos por valor de $1,5 billones”.

Elefantes blancos

En esta radiografía hecha por el DNP figura una especie que puede clasificarse como de carácter silvestre y aparentemente endémica de nuestro entorno: los elefantes blancos.

Sobre este punto la entidad nacional manifestó que “al revisar los otros 12.106 proyectos que se registran como terminados, el Departamento Nacional de Planeación encuentra que 277 proyectos por valor de $1 billón fueron declarados presuntamente como terminados pero el avance físico de la obra no supera el 85%”.

Igualmente, el informe precisó que “58 proyectos por valor de $228.000 millones fueron declarados presuntamente como “terminados" a pesar de que las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas”

En este apartado de las obras inconclusas el DNP indicó que existen 2.133 proyectos por valor de $3,5 billones que no registran en el sistema el acta de terminación y entrega a satisfacción de la obra”.

Concentración de recursos

Otro tema que le preocupa al DNP es la concentración de recursos en unas pocas entidades. El diagnóstico precisó que “25,5 billones han sido ejecutados por los municipios, $20,8 billones han sido ejecutados por los departamentos y $22,1 billones han sido ejecutados por otras entidades como los fondos mixtos, esquemas asociativos municipales y empresas de servicios públicos”.

En lo referente a los recursos en manos de los entes territoriales, el documento reseñó “que solo 20 municipios concentran $11 billones en 2.156 proyectos, de los cuales, Puerto Gaitán y Valledupar han recibido más de $1.1 billones cada uno”.

Pese al monto tan elevado, estos dineros no han alcanzado ni para cumplir el papel de paliativo para combatir de manera eficaz los índices de pobreza multidimensional de estas dos poblaciones, que alcanzan niveles del en 30,5% para el caso del municipio metense y 49,8% para la capital del departamento del Cesar.

En este mismo ítem al DNP le preocupa que la ejecución de las regalías no esté a cargo de entes territoriales. “De los $68,54 billones administrados entre 2017 y 2024, el 32% de los recursos que debían ser ejecutados por los municipios y los departamentos, los realizan otros ejecutores como los fondos mixtos, esquemas asociativos, las fundaciones, las agencias y las empresas de servicios públicos”.

La cifra manejada por dichas entidades alcanza los “$22,11 billones que debían estar en cabeza de los entes territoriales y que se encuentran en manos de otros ejecutores en 4.728 proyectos”.

De este cúmulo de iniciativas el director del DNP mencionó que ha “encontrado que 156 proyectos por $773.000 millones que se encuentran con todos los contratos suspendidos por presuntas irregularidades en la ejecución de las obras".

Incluso el Departamento de Planeación hizo un listado de los entes que concentran mayores recursos de regalías, a los cuales llamó como los mega contratistas.

“La Agencia de infraestructura del Meta con 55 proyectos por $1,2 billones y 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

La Fundación Universidad del Valle con 101 proyectos por $770 mil millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

El Fondo Mixto para la promoción del deporte con 85 proyectos por $698 mil millones y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

El Fondo Mixto Sierra Nevada con 164 proyectos por $698 mil millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

Foncolombia con 153 proyectos por $368 mil millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

AREMCA con 116 proyectos por $610.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

ASOMUDACAR con 115 proyectos por $421.000 millones y 1 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades.

ASOSUPRO con 70 proyectos por $369.000 millones y 1 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades.

La Empresa de servicios públicos de Casanare con 30 proyectos por $589.000 millones y 7 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

La Empresa de servicios públicos del Meta con 72 proyectos por $485.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

DISPAC con 9 proyectos por $421.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades”.

Al final del ejercicio el Departamento de Planeación Nacional propone un plan para mejorar a la hora de proteger estos recursos y sacarlos de esos senderos maléficos de la corrupción.

“Hemos expedido la circular conjunta 0052-4 de 2024 junto a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para endurecer los controles y para proteger los recursos provenientes del Sistema General de Regalías”, subrayó el director del DNP.

Una segunda acción es la suscripción de un convenio con la Fiscalía General de la Nación, para capacitar a los equipos del ente investigador en todo el tema del sistema general de regalías.

Este apartado incluye el cruce de información entre las dos entidades “en tiempo real, con el objetivo de atender con prontitud cualquier irregularidad en la ejecución de cualquiera de los proyectos financiados con fuente SGR", dijo López Maya.

“La tercera medida es que todos los ajustes solicitados a proyectos serán verificados en territorio para revisar que cumplan con todos los requerimientos técnicos y administrativos”.

Adicionalmente, una cuarta acción a ejecutar es firmar “un convenio con las juntas de acción comunal para contar con el control social que permita que la ciudadanía vigile los proyectos ejecutados en región con fuente SGR”.