El comandante de la Brigada XVI del Ejército con sede en Yopal, coronel Carlos Andrés Realpe Trujillo, entregó el balance operativo del plan de campaña Ayacucho, en el cual también participó la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía. 

Justamente esta acción de las autoridades obedeció a una solitud hecha por el ente investigador, directamente desde Bogotá. El oficial dijo que escenario de las operaciones se dio en la vereda Guayabal, del municipio boyacense de Labranzagrande.

Hasta el lugar llegaron las tropas para acompañar una labor de allanamiento a unas viviendas, ordenada por la Fiscalía.

Como resultado de la intervención se sostuvo un combate de miembros del ELN. En medio de la operación se entregaron dos menores de edad y se recuperaron tres fusiles, una pistola 9 milímetros, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

También fueron incautados varios computadores, equipos de comunicación, así como una serie de libretas con información sobre el accionar extorsivos de este grupo armado ilegal.

El coronel preciso que todo este material fue entregado a las autoridades competentes, quienes se encuentran analizándolo como parte del trabajo investigativo que se aplica para estos casos.

El comandante de la Brigada añadió que en este sector haría presencia alias “Malverde”, quien es cabecilla de columna José David Suárez del ELN y con ellos se habría dado el referido choque armado.

Sobre este sujeto, precisó que las autoridades tienen información donde se señala que este individuo viene delinquiendo desde hace 5 meses, en Casanare.

Acerca de los menores sostuvo uno es un joven de 16 años y una niña de 13 quienes fueron reclutados con engaños, que provienen del municipio de Fortul en Arauca y fueron dejados a disposición del Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.

Recalcó que el combate se dio contra 8 miembros del citado grupo armado. Los dos menores se entregaron voluntariamente a las tropas u el resto de los alzados en armas emprendieron la huida.

El director de fiscalías en Casanare, Anderson Pinilla, entregó detalles del trabajo investigativo que terminó con la captura de Diego Andrés Suárez Daza, quien es señalado como presunto responsable de cometer feminicidio en contra de su expareja sentimental, Sonia Díaz Barrera.

Pinilla en rueda de prensa recordó que el hecho tuvo lugar el 02 de septiembre del año 2021, en la calle 21 con carrera 24 de Yopal. Agregó que por protección a una menor de edad que se encuentra en la investigación, no iba a revelar el nombre de la víctima ni del señalado victimario.

Sin embargo no era necesario mencionarlos, por cuanto la comunidad recuerda con precisión no solo sus identidades, sino las circunstancias que rodearon este espeluznante homicidio.

Tampoco ha pasado al olvido la demora que tuvo el proceso investigativo y la insistencia de los familiares de la víctima, especialmente de su progenitora, para que se hiciera justicia.

En una ocasión realizó un plantón frente a la sede de la Fiscalía, para pedir celeridad en el proceso, con el fin de evitar que este caso quedara herméticamente guardado en el baúl de la impunidad.

Igualmente en su momento la familia Díaz Barrera comentó que contaba con las pruebas necesarias, que permitirían esclarecer el crimen.

Sin embargo una versión totalmente distinta expresó el fiscal Pinilla. Sostuvo que la demora en la investigación obedeció a la complejidad de la situación, debido a que no había elementos materiales probatorios que tuvieran suficiencia, para llevar este caso a una sentencia condenatoria.

No obstante dijo el director seccional de fiscalías que en semanas anteriores se conformó un grupo de tareas especiales, que también vinculó un recurso tecnológico  con el que contaba el cuerpo técnico de investigación, para lograr esclarecer el delito.

Agregó que el pasado 19 de marzo en un operativo liderado por la Sijín de Casanare, se logró  la materialización de una orden de captura en contra del presunto responsable, quien era la expareja sentimental de la víctima.

Sobre el detenido indicó que se encontraba en el municipio de Cajicá, donde laboraba como. Precisó Anderson Pinilla que un fiscal delegado adscrito a la unidad de vida en Casanare, consiguió que se expidiera una orden de captura, por el delito de feminicidio agravado.

Ayer, mientras trascurría la rueda de prensa, se adelantaba la audiencia de imputación de cargos, donde se iba a solicitar la medida de detención en centro de reclusión.

Finalmente el director seccional de fiscalías dijo que la pena mínima a la podía estar expuesta el capturado, estaría por el orden de los 38 años de prisión.

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de Michel Eduardo Riaño Rodríguez y la posterior imposición, por parte de un juez de control de garantías, de medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según los datos de la Fiscalía Riaño Rodríguez es señalado como responsable de la muerte una persona, a quien agredió con arma blanca.

En el relato del ente investigador este sujeto entregó a otro ciudadano, de quien no se precisó su identidad, la suma de 2 mil pesos para que le comprara un cigarrillo de marihuana.

Cuando la otra persona regresó sin dinero y sin el alucinógeno, lo habría atacado con un arma blanca causándole la muerte.

Sobre la captura Michael Eduardo Riaño, la Fiscalía precisó que la misma se hizo efectiva en la Marginal de la Selva, por uniformados de la Policía Nacional.

Finalmente el informe indica que a este joven le fue imputado el delito de homicidio, cargo que no aceptó.

Un fiscal especializado de la Seccional Casanare logró que un juez con función de control de garantías impusiera medida carcelaria en contra de Carlos Andrés Pinzón Silva, presunto cabecilla de la organización delincuencial “Los Alacranes”.

Según las investigaciones, Pinzón Silva habría ordenado el secuestro de al menos cinco personas en Casanare durante los últimos cuatro meses para hacer exigencias económicas a sus familiares a cambio de sus liberaciones.

Dentro de las personas secuestradas figuran ganaderos, comerciantes y una pareja de novios que departía en uno de los ríos de la región. Las otras tres personas capturadas en operativos coordinados con Gaula Policía, a quienes un juez les legalizó la captura y dictó medidas restrictivas de su libertad, estarían relacionadas con la tenencia del dinero producto de las extorsiones.

Se trata de su esposa, su mamá y un hombre que estaría vinculado con la comisión de estos delitos. La Fiscalía imputó a Pinzón Silva los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, secuestro extorsivo, fabricación o porte ilegal de armas agravado y hurto calificado, cargos que no aceptó. Por los mismos hechos, fueron judicializadas dos personas más a las que se les impuso medida carcelaria.

Hoy el director seccional de fiscalías de Casanare, Anderson Pinilla, dio a conocer en rueda de prensa  la captura de Luis Alberto Rivera de 57 años, quien es señalado de quitarle la vida a Yorlenis Jiménez Castillo, en hechos ocurridos el 20 de agosto de 2023.

Este caso que tuvo como escenario una finca del corregimiento de Tilodirán, zona rural del municipio de Yopal, causó conmoción en la ciudadanía debido al tinte macabro de la escena del crimen.

Yorlenis, una mujer de nacionalidad venezolana fue cumplir con unos turnos en el área de la cocina de la mencionada finca, sin saber que allí encontraría la muerte a manos de su expareja sentimental.

La familia de la víctima narró en su momento que ella aceptó el trabajo, con la esperanza de reunir el dinero suficiente para comprar un celular.

Las horas  de aquel fatídico domingo pasaban y Jiménez Castillo no llegaba a casa. Sus familiares sin saber que este retraso en el tiempo de regreso era el heraldo portador de malas noticias, acudieron a las autoridades a denunciar su desaparición.

Luego de varios días de búsqueda que incluyó un equipo especializado venido de Bogotá, el horro mostró toda su crueldad. El victimario además de quitarle la vida a Yorlenis, la descuartizó y la enterró en 4 fosas.

De inmediato se dio inicio a la respectiva investigación, Mientras tanto el feminicida emprendió la huida, la cual terminó en las últimas horas en el municipio de Alvarado (Tolima) donde fue arrestado por las autoridades.

Luis Alberto Rivera aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por feminicidio y supresión de elementos probatorios. Delitos que según el director de fiscalías, le puede acarrear una condena superior a los 50 años de cárcel.

Durante el último cuatrienio la Fiscalía General de la Nación judicializó a 107 personas de ocho bandas criminales que operaban en el departamento.

La Fiscalía Seccional Casanare impactó las estructuras narcotraficantes que afectan la seguridad en esta parte del país, y durante el último cuatrienio desmanteló 19 grupos delincuenciales entre los que están Los primos, Los Pasquín, Los Intocables, Los Berlín, Los Cripy, Los Chamos, Los Propios y Los Fénix, entre otros. Estas redes criminales venían afectando la seguridad y la tranquilidad de niños, niñas, adolescentes y residentes en general de los municipios de Yopal, Aguazul, Villanueva, Monterrey, Tauramena, Maní, Paz de Ariporo, Pore y ‘Los de La Décima’; entre otros.

Labores de policía judicial posibilitaron que la Fiscalía General de la Nación judicializara a 107 personas a quienes les fueron impuestas medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

‘Los de La Décima’

La contundencia del material probatorio aportado por el ente acusador permitió que 11 de los 13 presuntos integrantes de esta red de crimen que fueron capturados y judicializados, aceptaron su responsabilidad en cuanto a los delitos de concierto para delinquir y tráfico fabricación o porte de sustancias alucinógenas. Varios suscribieron preacuerdos en los que se comprometen a colaborar con la justicia.

La priorización de las investigaciones por los delitos de extorsión y secuestro permitió que durante el 2023 fueran destacados equipos especializados, lo cual permitió que los casos denunciados en Casanare por estos fenómenos criminales fueran resueltos en un 85 por ciento, por la seccional de la Fiscalía, a cargo del fiscal, Anderson Pinilla.

Según la institución, las cifras de la vigencia 2023 fueron contundentes: Se recibieron 7 casos de secuestro de los cuales se resolvieron 6.

Uno de los casos que más impacto causó en la población de Villanueva estuvo relacionado con el secuestro de la madre del alcalde local. La víctima fue plagiada en su propia finca. La rápida reacción de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Gaula del Ejército y de la Policía Nacional posibilitó ubicar a la mujer quien fue rescatada sana y salva.

Los presuntos implicados fueron capturados y judicializados. La contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía hizo que Jhon Arley Arias, implicado en el hecho suscribiera un preacuerdo y fuera sentenciado a 14 años de prisión. Yeison Arquímedes Plata, capturado el 11 de septiembre anterior, se encuentra privado de la libertad en centro carcelario y adelanta un preacuerdo con la Fiscalía.

Por su parte, Carlos Alonso Gómez y Sonia Torres, también capturados por el secuestro de la madre del mandatario fueron cobijados con medidas de aseguramiento carcelarias y ya se presentó el escrito de acusación.

Comienzan a salir a luz pública los resultados de la investigación que adelantan las autoridades, sobre el caso de secuestro de la señora Hilda Pachón,  progenitora del alcalde de Villanueva Oswal Fontecha, perpetrado el 11 de julio de este año.

En las últimas horas la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, capturaron a un hombre y una mujer, quienes según las autoridades participaron en el plagio de la señora Pachón.

El comandante del Departamento de Policía Casanare, teniente coronel Efraín García, aseveró que estas personas hacen parte de una red de apoyo, al frente 39 de las disidencias de las Farc.

Su trabajo consistía en  hacer labores de inteligencia, para perfilar las posibles víctimas de extorsión y secuestro, en los departamentos de Casanare Vichada y Meta.

Luego ejecutaban la acción delictiva, es decir procedían a perpetrar el plagio y para después entregar a la  persona secuestrada, a  miembros del frente 39 de las disidencias de las Farc, que se encargaría de hacer las respectivas exigencias de dinero.

Por su parte el director seccional de fiscalías, Anderson Pinilla, indicó que el ente investigador posee suficiente material probatorio, para vincular por lo menos a 4 personas más, en el secuestro de Hilda Pachón.

Pese a que el sujeto detenido es integrante del frente 39 de las disidencias de las Farc, se logró establecer que también estaba vinculado con las redes de apoyo, las cuales son bandas delictivas dedicadas a realizar tareas específicas ordenadas por los grupos armados ilegales, pero sin pertenecer de manera directa a los mismos.

En este orden de ideas se podía llegar a calificar esta labor delictiva, como una tercerización del accionar ilícito. Las capturas se hicieron efectivas en Villanueva (Casanare) y Puerto Concordia (Meta).

Para la Fiscalía y la Policía el individuo detenido cumplió la labor de perfilar a la víctima, en este caso la señora madre del alcalde Fontecha y luego se encargó de organizar el plagio.

A este sujeto se le imputaron los cargos de secuestro agravado, en concurso con porte ilegal de armas de fuego, así como hurto calificado y agravado.

La detenida es señalada de acoger a la víctima, por eso enfrenta cargos por  secuestro agravado. Delitos antes mencionados, tienen una pena máxima de 45 años.

Finalmente el director seccional de fiscalía dijo que un juez de control de garantías, les impuso medida de aseguramiento preventivo, en establecimiento carcelario. Los capturados no aceptaron cargos.

Los miembros de Asonal Judicial en Casanare se sumaron al plantón pacífico convocado por las directivas nacionales de ese sindicato, para expresar su preocupación por la sobrecarga de trabajo y las precarias condiciones laborales, que afectan tanto a la rama judicial como a la Fiscalía.

Durante la manifestación, el fiscal Rodrigo Meneses mencionó algunos de los problemas, que afrontan jueces y fiscales, lo que a la postre afecta negativamente la prestación del servicio al usuario.

Uno de los principales reclamos de la comunidad, se centra en la demora en los procesos judiciales, sin embargo lo que desconoce la ciudadanía son las difíciles condiciones laborales, en las cuales deben trabajar los funcionarios del sector judicial.

Contó hay casos donde los fiscales se ven obligados a atender entre 3 y 4 despachos,  sin contar con asistentes ni empleados, mientras que los juzgados tienen que lidiar con la enorme carga, de 4 mil procesos por año. Esta situación dificulta enormemente la capacidad de respuesta ante la demanda de los usuarios.

Además, se denunciaron problemas de acoso laboral y traslados inconsultos, especialmente en la Fiscalía a nivel nacional, muchos de los cuales se perciben como castigos o intimidaciones, sin tener en cuenta el impacto que tienen, sobre las familias de los fiscales.

También se han reportado casos de funcionarios enfermos debido a la excesiva carga laboral.

Otro aspecto preocupante es el impacto de la reforma pensional, en los nuevos miembros del sistema judicial. En total, las peticiones al Gobierno nacional se resumen en 14 puntos.

En este listado de rémoras, se hizo alusión a los juzgados civiles municipales, que es uno de los grupos más afectados por la sobrecarga laboral.

Estas autoridades judiciales acumulan más de 2.000 procesos en trámite inicial y 1.300 en trámite posterior. Cada juez debería manejar un máximo de 426 procesos al año, pero se encuentran desbordados.

A pesar de las solicitudes realizadas al Consejo Superior de la Judicatura, aún no se ha dado trámite a la petición de creación de dos nuevos juzgados civiles municipales.

También se advirtió por parte de los manifestantes que la situación en los penales municipales, es aún más grave. Se denunció el caso de una juez que se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Además, se informó que faltan herramientas básicas como papel y elementos digitales, para llevar a cabo el trabajo diario. Aunque se reconoció que el Gobierno nacional ha invertido recursos en equipos electrónicos, los mismos fueron entregados a las altas cortes.

Y los computadores que sobraron en Tunja y Bogotá fueron enviados a Casanare, los cuales a la postre resultaron vetustos, por lo que no están a la altura del arduo trabajo que tienen juzgados y fiscalías en el departamento.

Sale nuevamente a la escena mediática la comunidad del anillo. Nombre con el que se conoció un escándalo mediático que involucró a dos oficiales de la Policía, acusados de tener una red de servicios y favores sexuales al interior de la Escuela General Santander.

Este tema que fue de connotación nacional, luego de las denuncias hechas en 2014 por varios medios de comunicación, que investigaron el presunto suicidio de una cadete.

A la postre se dejó abierta la hipótesis que su muerte, que se dio en extrañas circunstancias, estaría liga con la posible denuncia que haría sobre estos favores sexuales, al interior de la escuela.

Hoy, nueve años después la Fiscalía anunció que una juez una juez penal de conocimiento emitió un sentido de fallo condenatorio, en contra de los coroneles en retiro de la Policía Nacional, Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela.

En la versión entregada por la Fiscalía a través de un video difundido por redes sociales, la autoridad judicial declaró a los dos oficiales retirados, responsables del delito de constreñimiento a la Constitución.

Añade el material audiovisual que un fiscal de la dirección especializada contra la violación de Derechos Humanos, demostró en juicio que el señor Castellanos Soto, frecuentó entre 2005 y 2006 la Escuela de Cadetes General Santander.

El objetivo de estas visitas era contactar jóvenes para ganarse su confianza, con regalos e invitaciones a almorzar o con eventos deportivos o culturales y posteriormente inducirlos a ejercer actividades sexuales.

Menciona igualmente la información de la Fiscalía que durante el proceso fueron identificados 5 alféreces, quienes en medio de amenazas de poder continuar con su carrera policial, accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellanos Soto, quien para la época se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso de la República.

Para el caso de Torres Orjuela, quien por aquella época ostentaba el rango de mayor y quien tenía a su cargo el control de estudiantes de la escuela, intimidó a las víctimas y facilitó la salida de la institución, para que tuviera los encuentros con su superior Castellanos Soto.