Los miembros de Asonal Judicial en Casanare se sumaron al plantón pacífico convocado por las directivas nacionales de ese sindicato, para expresar su preocupación por la sobrecarga de trabajo y las precarias condiciones laborales, que afectan tanto a la rama judicial como a la Fiscalía.

Durante la manifestación, el fiscal Rodrigo Meneses mencionó algunos de los problemas, que afrontan jueces y fiscales, lo que a la postre afecta negativamente la prestación del servicio al usuario.

Uno de los principales reclamos de la comunidad, se centra en la demora en los procesos judiciales, sin embargo lo que desconoce la ciudadanía son las difíciles condiciones laborales, en las cuales deben trabajar los funcionarios del sector judicial.

Contó hay casos donde los fiscales se ven obligados a atender entre 3 y 4 despachos,  sin contar con asistentes ni empleados, mientras que los juzgados tienen que lidiar con la enorme carga, de 4 mil procesos por año. Esta situación dificulta enormemente la capacidad de respuesta ante la demanda de los usuarios.

Además, se denunciaron problemas de acoso laboral y traslados inconsultos, especialmente en la Fiscalía a nivel nacional, muchos de los cuales se perciben como castigos o intimidaciones, sin tener en cuenta el impacto que tienen, sobre las familias de los fiscales.

También se han reportado casos de funcionarios enfermos debido a la excesiva carga laboral.

Otro aspecto preocupante es el impacto de la reforma pensional, en los nuevos miembros del sistema judicial. En total, las peticiones al Gobierno nacional se resumen en 14 puntos.

En este listado de rémoras, se hizo alusión a los juzgados civiles municipales, que es uno de los grupos más afectados por la sobrecarga laboral.

Estas autoridades judiciales acumulan más de 2.000 procesos en trámite inicial y 1.300 en trámite posterior. Cada juez debería manejar un máximo de 426 procesos al año, pero se encuentran desbordados.

A pesar de las solicitudes realizadas al Consejo Superior de la Judicatura, aún no se ha dado trámite a la petición de creación de dos nuevos juzgados civiles municipales.

También se advirtió por parte de los manifestantes que la situación en los penales municipales, es aún más grave. Se denunció el caso de una juez que se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Además, se informó que faltan herramientas básicas como papel y elementos digitales, para llevar a cabo el trabajo diario. Aunque se reconoció que el Gobierno nacional ha invertido recursos en equipos electrónicos, los mismos fueron entregados a las altas cortes.

Y los computadores que sobraron en Tunja y Bogotá fueron enviados a Casanare, los cuales a la postre resultaron vetustos, por lo que no están a la altura del arduo trabajo que tienen juzgados y fiscalías en el departamento.