En el transcurso de la mañana de este sábado 09 de septiembre, antes que el candente sol señalara el mediodía, un accidente se presentó en la vía que de Yopal conduce a la vereda La Unión.

El reporte de las autoridades de tránsito da cuenta de un hecho con saldo trágico, donde un motociclista pierde la vida. El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 09 más 100 metros.

Según la información revelada por el subcomandante de tránsito de Yopal, Diego García Peralta, un joven de 19 años identificado como Juan Carlos  Sáenz Cardozo, perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba, se estrella contra un árbol y pierde la vida.

Aunque el suceso es materia de investigación, la información revelada apunta como posible hipótesis, falta de pericia en la conducción.

En ocasiones algunas desatenciones por parte de funcionarios públicos, se convierte en el pago de multas y sanciones pecuniarias muy costosas para el Estado.

Ese es el caso del contrato suscrito entre la Alcaldía y el parqueadero La 14 Yopal, al cual por alguna extraña razón que no ha sido precisada hasta el momento, se les olvidó la póliza de responsabilidad de daños a terceros.

Trascurría el mes de junio del año 2014, cuando en el mencionado estacionamiento ocurrió un incendió, en el cual terminaron calcinadas 200 motocicletas que se encontraban inmovilizadas.

Hoy los propietarios de esos vehículos por orden judicial, deben ser indemnizados por la Alcaldía de Yopal, con más 500 millones de pesos.

El fallo fue emitido por el Juzgado Segundo Administrativo de Casanare. En sus argumentos sostuvo que pudo demostrar que la mencionada póliza, fue firmada horas después que el parqueadero ardió en llamas.

Así mismo el Juzgado pudo comprobar la mala fe del contratista, así como el uso de triquiñuelas por parte del mismo. También se corroboró la inexistencia del aseguramiento, para amparar la responsabilidad civil de la Alcaldía de Yopal, frente a eventuales imprevistos que generan daños en el parque automotor que se encontraba en el lugar.

Precisó la autoridad judicial que la responsabilidad de custodia y cuidado era del Municipio, al que le asistía la función de depositario de los vehículos, relaciones durante la ejecución del contrato 848 de 2014, firmado con el señor Milton Gabriel Cruz Bonilla.

El objeto contractual estaba definido como “Prestar el servicio de parqueadero para el fortalecimiento de las acciones de tráfico del municipio de Yopal”.

Toda esta situación ocasionó una falla en el servicio por omisión, por parte de la entonces Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Yopal. Para la época transcurría los años de gobierno y Wilman Enrique Celemín y el titular de este despacho era el señor Rolfer Roncancio.

No contar con la mencionada póliza llevó al Municipio a pagar la indemnización ya referida. Si este documento se hubiese firmado conforme la exige la ley, una empresa de seguros sería la llamada a hacerse cargo del pago de los daños, causados durante el incendio.

Para establecer el valor de las motocicletas presa de las llamas, se apeló a las páginas de compra venta de este tipo de vehículos y se aplicó el precio comercial de las mismas vigente para 2021, año en el cual se hizo la respectiva consulta.

La orden judicial cobija a 8 demandantes a quienes se les deberá reconocer la indemnización, que tiene su origen en  perjuicios materiales por daño emergente.

Del avalúo hecho en 2021, se hicieron los ajustes respectivos para actualizar el precio, el cual fue ajustado a la fecha en que se emitió la sentencia.

Para el caso de estas 8 motocicletas, sus dueños recibirían 22 millones 803 mil pesos.

Los demás propietarios, 173 en total, que no participaron en la demanda de acción en grupo, pero que se acojan a la sentencia, se les otorgará el valor promedio de las motos avaluadas, que fue establecido en $ 2.850.456, por cada vehículo. De esta manera sumando los dos grupos de afectados, la suma que debe asumir el Gobierno local, es de 493 millones 123 mil pesos.

Para el caso de quienes no participaron de la acción judicial pero que se quieran acoger a la misma, la Defensoría del Pueblo será la entidad encargada de determinar la viabilidad de las solitudes radicadas que se presente en un lapso de 20 días posteriores a la publicación del fallo.

Sin embargo, deberán demostrar previamente que pertenecen al conjunto de individuos que interpuso como un mismo grupo y que sus vehículos están en la base de datos de motocicletas incineradas.

De igual forma  deben presentar la licencia de tránsito o certificado de tradición de los vehículos, para acreditar el derecho de dominio. La Defensoría del Pueblo deberá devolver al municipio los recursos que no se reclamen.  

En este orden de ideas la Administración municipal tiene un plazo de 10 días, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, para apropiar los 516 millones de pesos y depositarlos en el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, correspondientes al monto total o global de la indemnización.

Comienza a esclarecerse el homicidio de una persona, ocurrido el 22 de enero de 2022. Según lo informó la Fiscalía, ese día varios hombres llegaron a un sitio público abierto, intimidaron a los allí presente y luego de permanecer por varios minutos, se apoderaron de una gruesa suma de dinero en efectivo.

El hecho terminó en tragedia porque uno de los asaltantes le propinó una herida con arma blanca, a un hombre que se encontraba dentro del grupo de víctimas. El herido falleció en momento en que era atendido en un centro hospitalario.

Hoy en te investigador reportó que un fiscal adscrito a la unidad de vida de la Seccional Casanare, logró que un juez con función de garantías de Yopal, impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario, a uno de los presuntos responsables de este homicidio,  a quién además se le imputaron cargos por hurto calificado y agravado.

La captura de esta persona se materializó durante un trabajo de rutina que adelantaban efectivos de la Policía, en la población de Támara.

Narró el boletín de prensa de la Fiscalía, que los uniformados hicieron un solicitud de antecedentes judiciales de manera aleatoria en el casco urbano del mencionado municipio.

Este procedimiento permitió verificar que sobre esta persona pesaba una orden de captura vigente, por lo que se procedió con su detención. Durante la respectiva audiencia el imputado no aceptó los cargos, sin embargo la autoridad judicial legalizó su captura y lo envió a la cárcel, a la espera que se surta el respectivo proceso penal que deberá afrontar.

La Contraloría General de la República se pronunció con respecto a un recurso de apelación, relacionado con un presunto detrimento patrimonial por 900 millones de pesos acaecido en el municipio de Aguazul.

Los hechos supuestamente se habrían presentado en el periodo 2012 – 2015, cuando era alcalde de esa población, Fernando Camacho. En este sentido el fallo proveniente de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare, declaró sin responsabilidad fiscal a los presuntos implicados.

En el listado de exonerados se encuentran la Asociación para el Desarrollo Integral de la Familia (Adificol), entidad que suscribió el convenio de cooperación No. 402 y asumió el manejo de los recursos públicos pagados a título de anticipo, por la Administración municipal de Aguazul.

También quedaron libres de toda responsabilidad el exalcalde Fernando Camacho, quien en su momento fue vinculado por una supuesta omisión de sus deberes como supervisor y control del objeto contractual.

Igualmente quedó libre de responsabilidad fiscal, Óscar Mauricio Cruz Holguín, quien se desempeñó durante el gobierno de Camacho Caicedo, como secretario de gobierno y ordenador del gasto.

Así mismo la medida de exoneración cobija a José Javier Gil, quien fue designado como supervisor del contrato, y quién también cumplió funciones como secretario de gobierno municipal.

Adifcol, cuya representante legal era Olga Judith Torres Ibarra, fue señalada de ejercer supervisión del contrato. Por su parte la Aseguradora Solidaria de Colombia, estaba vinculado como tercero civilmente responsable del proceso.

El proceso se originó en el momento en que se realizó la denuncia 900.19.3.30.2017, la cual fue instaurada en la Contraloría Departamental de Casanare.

La misma se dio luego de una auditoría realizada durante el periodo 2015-2016, donde se cuestionó la ejecución del convenio 402 de 2014, celebrado entre el Municipio de Aguazul y Adifcol.

Dicha denuncia se hizo sustentada en la supuesta falta de soportes, que acreditaran el cumplimiento de las actividades desarrolladas, durante el desarrollo del mencionado contrato.

Luego del respectivo análisis la Contraloría General de la República profirió el fallo mixto 012, del 26 de diciembre de 2022. Ahora, siete meses después, la Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, ratificó la decisión de exonerar a los demandados.

De esta manera se pone punto final a este proceso, argumentando que no existen suficiente pruebas, para corroborar el supuesto detrimento patrimonial, el cual fue calculado en $905.448.129,67.

Un giro disruptivo se presentó en el escenario de hipótesis sobre la muerte violenta de José Nilson Estepa, ocurrida este viernes 28 de julio a muy tempranas horas de la mañana.

El nuevo interrogante gira entorno a la aterradora posibilidad, que relacionaría este caso con alias “Cordillera”, un señalado miembro del Clan del Golfo, quien murió el pasado jueves 27 de julio, en un enfrentamiento con la Policía en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

La historia de este suceso violento tendría su origen, supuestamente, en algunos inconvenientes entre Espeta, su excompañera sentimental y la nueva pareja de ella, quien sería Emilton Julio Aguilar alias “Cordilera”.

De manera extraoficial, el hilo investigativo incluye algunos impases que al parecer se habrían presentado, en el momento en que el conductor quiso alejar a sus hijos de este cuadro familiar, conformado por su exesposa y su nueva pareja.

Dicha actitud, posiblemente, habría dado origen a las amenazas de muerte que recibió Estepa Olmos, por parte del Clan del Golfo y que quedaron evidenciadas en la denuncia hecha ante la Fiscalía, fechada el 02 de agosto de 2022, donde además solicitaba una medida de protección.

Sin embargo dicha acción ante el ente investigativo, no tuvo la respuesta esperada, porque nunca recibió el acompañamiento que había solicitado.

En este escenario, se presume que alias “Cordillera”, habría dado la orden de asesinar a José Nilson, quien recibió dos impactos de bala, en el momento en que se encontraba en la bahía de abordaje de pasajeros, en el terminal de transportes de Yopal.

Ahora las autoridades tratan de establecer, si existe realmente una conexión entre este homicidio, con el accionar del Clan del Golfo, concretamente con alias “Cordillera”.

En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, fue encontrado en la vereda La Plata del municipio de Pore, el cuerpo sin vida de Gladis Gaitán Díaz.

La mujer quien habitada en el corregimiento de El Morro, se encontraba desaparecida desde el pasado domingo 23 de julio, cuando fue vista por última vez, cuando salía de una fiesta en El Caucho, zona rural de Nunchía, en compañía de un hombre de quien no se ha revelado su nombre.

El hallazgo del cadáver fue confirmado por el comandante del Departamento de Policía Casanare, Efraín García. Igualmente se conoció que sobre este caso se presentó ante las autoridades un sujeto, de quien se reservaron su identidad.

El sujeto habría admitido la autoría del homicidio de Gladis Gaitán. Sin embargo no fue detenido. En su lugar fue reseñado para un posterior procedimiento judicial.

Acerca de los móviles del crimen, las primeras hipótesis apuntan a que la fallecida y el sujeto antes mencionado, habrían tenido una acalorada discusión, por temas netamente pasionales.

Una motocicleta de color blanco, presuntamente utilizada durante el hecho violento, fue identificada por la comunidad, que emprendió la búsqueda del vehículo una vez se enteraron de lo ocurrido.

La misma fue encontrada en un inmueble abandonado cerca de donde se encontró el cadáver de la señora Gaitán Díaz. No obstante la moto fue movida del lugar y fue necesaria la acción de la Policía, Fiscalía, Sijín y Ejército, que posteriormente la localizaron en un área boscosa de la vereda La Plata.

Durante un patrullaje adelantado por la Policía Nacional en el centro poblado de La Chaparrera, zona rural del municipio de Yopal, fue capturado un hombre señalado de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La detención de esta persona de 60 años de edad, fue posible a labores de patrullaje, enmarcadas dentro del modelo de vigilancia por cuadrantes.

El sujeto fue abordado por las autoridades en la salida hacía el centro poblado de La Yopalosa de Nunchía. Al realizarle un registro a persona, le fue hallado en la pretina del pantalón,  un arma de fuego tipo revolver.

Cuándo se le indagó por la documentación que acreditara su legalidad, el hombre manifestó que no tenía papel alguno del arma. Por esta razón fue dejado a disposición de la Fiscalía 30 local URI.

Un individuo que tenía orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado, fue detenido por efectivos de la Seccional de Investigación Criminal Sijín, en el municipio de Paz de Ariporo.

La captura se adelantó en la calle 7 del barrio Camilo Torres, de dicha población. El sujeto de 25 años de edad, según las autoridades, presenta 3 anotaciones en el sistema SPOA, por hurto y violación de habitación ajena.

Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía 12 local de Paz de Ariporo.

El director seccional de fiscalías, Anderson Pinilla, informó en rueda de prensa sobre la captura de una mujer de 19 de años, señalada de violencia intrafamiliar agravada.

Los hechos por los cuales es acusada ocurrieron el pasado sábado 15 de julio en el municipio de Paz de Ariporo y quedaron grabados en un video que se compartió por redes sociales.

En el material audiovisual se observa a la joven de 19 años, pateando a su hijo de 6 meses de nacidos, quien permanece en el suelo llorando mientras su progenitora los golpea.

Pinilla sostuvo que la situación puesta en conocimiento por un ciudadano y de inmediato las autoridades tomaron cartas en el asunto. La Policía de Infancia y Adolescencia realizó labores de vecindario, lo que permitió identificar a la agresora.

Luego la Fiscalía solicitó la orden de captura. Pese a que la mujer de años de edad no aceptó los cargos, se le formularon cargo de violencia intrafamiliar agravada. Delito que tiene penas que oscilan entre los 8 y 16 años.

Para el director seccional de fiscalías este es un caso aberrante, teniendo en cuenta que se trata de la madre biológica del menor, de tan solo 6 meses de nacido.

Igualmente precisó que por tratarse de un menor de edad, la ley no concede ningún tipo de beneficio o rebaja de penas.

El caso de violencia intrafamiliar presentado hace algunos días, donde una mujer agredió con arma blanca a su compañero sentimental, causándole una herida de 5 centímetros de profundidad, tuvo un desenlace fatal.

La víctima, un hombre de 37 años de edad identificado como Enoc Alberto Padilla Torres y quien trabajaba como domiciliario, murió en las últimas horas en el HORO, donde se encontraba recluido.

La agresora, Martha Liliana Cogua Padilla de 33 años, fue captura en el lugar de los hechos, que se presentaron el pasado 11 de junio, en la calle 41 con carrera octava de Yopal.