Mediante la Resolución 00364 del 14 de febrero de 2024, el Instituto Nacional de Vías, Invías, autorizó el cierre total del trayecto El Crucero - Aguazul, en el sector del puente de Los Grillos, que hace parte de la Transversal del Cusiana.

La medida se aplica específicamente en el trayecto comprendido entre los kilómetros 81y el 84 más 500 metros. Esta prohibición es de carácter temporal y rige  del 15 al 29 de febrero.

Igualmente contempla unos horarios establecidos de cierre. Los mismos van de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados la medida se aplica de 8 a 11 de la mañana.

Como alternativas de movilidad el Invías recomendó la ruta Bogotá – El Sisga – Guateque – Aguaclara – Monterrey – Aguazul, para vehículos con peso bruto vehicular inferior a 30 toneladas

Sogamoso – Belén – Socha – Sacama – La Cabuya, para automotores con peso bruto vehicular inferior a 25 toneladas.

Vado Hondo – Labranzagrande – El Morro – Yopal, para carros tipo campero y de menos de 3 toneladas.

Así mismo dispuso que el Consorcio Vial MHC 056, será responsable de la instalación de vallas, señales y controladores necesarios para garantizar la seguridad de los conductores, peatones y de los trabajadores de la obra, durante la realización de las labores que generaron el cierre de la vía.

Durante la primera semana de febrero, la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda a favor del Resguardo Indígena Morichalito Matsuldani, del pueblo Amorúa, ubicado en Puerto Carreño. Esta acción se enmarca en la ruta étnica que busca proteger los derechos de las comunidades ancestrales en Vichada, Casanare y Guainía.

En total, son diez las demandas presentadas en esta ruta étnica durante el Gobierno del Cambio, con el objetivo de restituir más de 500 mil hectáreas de tierra en beneficio de los pueblos nativos.

Se destaca que seis de estas demandas se concentran en el río Guaviare, entre Vichada y Guainía, una zona fuertemente afectada por el conflicto armado.

Las demandas presentadas abarcan en total 10 comunidades indígenas, como el Resguardo Indígena Morichalito Matsuldani en Puerto Carreño, la Comunidad Carpintero Palomas entre Vichada y Guainía, y la Comunidad Chigüiro entre Guainía y Vichada.

Comunidad Arrecifal, ubicada entre Guainía y Vichada. Se solicita la restitución de 108 mil hectáreas de tierra. Comunidad Yamjolí, de los pueblos Piapoco, Sikuani y Sáliba, ubicada en Cumaribo (Vichada). Se pide el restablecimiento territorial de 3 mil 165 hectáreas.

Resguardo Guaco Bajo - Guaco Alto, de los pueblos Sikuani y Piapoco. Dichas comunidades reclaman sus derechos sobre 91 mil hectáreas. Territorio Metiwa Guacamayas del pueblo Sikuani, ubicado en Cumaribo, (Vichada). Se solicita la restitución de 16 mil hectáreas.

Resguardo Chaparral y Barro Negro, del pueblo U’wa, ubicado en Casanare. La comunidad ancestral reclama un territorio de 17 mil hectáreas.  Resguardo Laguna Curvina - Sapuara, ubicado en Cumaribo (Vichada). Se pide el restablecimiento de los derechos sobre 77 mil hectáreas y el resguardo Murciélago Altamira y comunidad de Barranco Picure, en Barrancominas (Guainía).

Estas acciones legales buscan no solo el restablecimiento de los derechos territoriales, sino también la reivindicación de los derechos culturales, sociales, económicos e inmateriales de las comunidades indígenas.

La URT Bogotá ha liderado estas iniciativas en materia de restitución étnica, contando con el respaldo de autoridades indígenas y la Fundación GAIA-Amazonas.

La directora territorial Martha Liliana Arévalo destacó la importancia de este trabajo articulado para lograr avances significativos en la restitución de tierras a las comunidades indígenas de la Orinoquía colombiana.

Una petición puntual hizo el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, al término de la reunión con su homólogo de Boyacá, Carlos Amaya, con quien adelantó un encuentro de entidades territoriales en Yopal, el pasado sábado 20 de enero de Yopal.

El mandatario se quejó de la falta de compromiso por parte de Coroporinoquia, actitud que sin lugar a dudas repercute en retrasos de los proyectos a ejecutar, por la demora en la entrega de las licencias ambientales, que por ley debe llevar estas iniciativas.

En este orden de ideas algunos de estos permisos permanecen engavetados a la espera de un concepto de la Corporación, que autorice o niegue la viabilidad de algunas obras que se quiere ejecutar en el territorio. Por eso pidió más celeridad en estos procesos.

En este mismo sentido comentó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que no es posible que se tenga 9 mil millones de pesos listos para invertir en la carretera El Morro – Labranzagrande – Vadohondo y no ha sido posible ejecutar por la falta de uno permisos de aprovechamiento forestal. Trámite que lleva más de 2 años.

La preocupación aumenta en la medida que se tiene proyectada la ejecución de obras de impacto regional, que sin lugar a dudas requieren de licencias ambientales y otra serie de permisos que atañen a Corporinoquia.

Un total de 11 iniciativas se trazaron en la reunión entre los gobiernos de Boyacá y Casanare, adelantada este sábado 20 de enero en Yopal, en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio.

La actividad que fue liderada por los gobernadores de los dos departamentos, Carlos Amaya y César Ortiz Zorro, de Boyacá y Casanare respectivamente.

El objetivo de este encuentro fue realizar un plan de acción estratégico y en conjunto con los secretarios, gerentes y directores de cada una de las dependencias, de las dos entidades territoriales.

Al final de la jornada se trazó la meta de trabajar en las vías de El Cusiana, La ruta libertadora (Socha Sácama Hato Corozal), la Transversal del Sisga, la vía Vado Hondo Labranzagrande Yopal, las vías Ramiriquí - Chámeza y Nunchia - Morcote.

La sostenibilidad ambiental, protección del agua y de los páramos. La Generación de espacios de seguridad alimentaria y comercialización sin intermediarios.

El Fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de la tecnología, cámaras de reconocimiento facial y un centro de mando y control en Yopal.

La Promoción del turismo de naturaleza en la región. La creación de la Licorera de Casanare y de la Lotería de Casanare con asesoría y experiencia de la Gobernación de Boyacá.

La construcción de la planta de urea en Casanare y un centro logístico en Boyacá. La creación de la asociación de departamentos de Casanare y Boyacá.

También se fijó como objetivo que Yopal tenga un hospital universitario y una sede de la UPTC, así como el fortalecimiento del claustro que tiene dicha universidad en Aguazul.

Se va trabajar igualmente en un intercambio de experiencias de deportistas en alturas y apoyo al sector de la actividad física, aprovechando la experiencia que tiene Boyacá, que es potencia en este campo y que lo ha demostrado ubicándose en los puestos de vanguardia en los Juegos Nacionales.

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Con respecto a la inversión requerida para estos proyectos, los Gobernadores afirmaron que gestionarán vigencias futuras ante el Gobierno nacional. Igualmente se tocarán puertas en el Banco de Desarrollo de América Latina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El gobernador de Casanare manifestó que "se necesitan de grandes inversiones, tenemos un gran reto; pero tenemos todo el deseo y compromiso por hacer las cosas bien. No ahorraremos esfuerzos para cumplir los acuerdos que pactamos aquí. Tienen nuestra palabra".

Finalmente, se estableció la realización de mesas sectoriales bimestrales, para trabajar en el plan de acción y en el segundo semestre de este año se volverán a encontrar en Boyacá, para revisar los avances de cada uno de los proyectos pactados.

Pese a las dificultades climáticas que se han presentado en el sector de Los Grillos, las obras de construcción de la variante con la que se busca reestablecer el paso vehicular por este sector de la carretera del Cusiana, avanzan dentro del derrotero previsto.

Así lo confirmó Mercedes Gómez Villamarín, directora del Invías, durante su estadía en Yopal. La funcionaria estuvo ayer en la capital casanareña, participando de la reunión de ACP con los gobernantes electos, que se celebró en la Cámara de Comercio.

Gómez Villamarín indicó que se espera que para la tercera semana de diciembre se tenga habilitado este tramo de la vía, para el tránsito automotor.

Agregó que en este momento continúan trabajando en la instalación de los dos puentes metálicos uno de 50 y otro de 30 metros, contemplados dentro de los estudios y diseños de esta variante que tendrá una longitud de 515 metros.

Para hoy a las 8 de la mañana líderes sociales, veedores y comunidad en general del sector del corregimiento de El Morro, adelantarán un plantón frente a las instalaciones de la Gobernación de Casanare.

El motivo de esta protesta es reclamar  al Gobierno departamental y al Invías, que de una vez por todas se adecuen los tramos deteriorados, de la vía Vado Hondo – Labranzagrande – El Morro – Yopal,  que se encuentran dentro del territorio casanareño, los cuales impiden el tránsito normal y que han generado en los últimos días graves accidentes de tránsito.

Esta es una carretera alterna hacia el interior del país, que ganó relevancia por el cierre de la transversal del Cusiana, pero que ha permanecido en total abandono, ya que no tiene dolientes, lo que denota una total negligencia de la clase política del departamento y del Gobierno nacional, manifestó uno de los líderes sociales de dicho corregimiento.

El más reciente accidente se presentó hace unas semanas, cuando un vehículo de carga que transportaba alimentos, se salió de la carretera y rodó al abismo. En el automotor viajaban dos personas, una de ellas pereció en el siniestro vial.

Desde la Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres de Yopal hicieron un llamado a la comunidad en general, para que haga caso omiso a unas publicaciones que vienen circulando por redes sociales, sobre supuestos represamientos en el Río Cravo Sur.

Esta dependencia municipal aclaró que se ha identificado una obstrucción parcial, como consecuencia de un fenómeno de remoción de masa, pero en ningún momento se ha reportado un represamiento total.

Igualmente se informó la OTGRDY viene trabajando de manera articulada, con los cuerpos de bomberos de Yopal y Labranzagrande, haciendo seguimiento a esta situación.

Justamente esta labor conjunta fue la que permitió corroborar que hay una obstrucción parcial y no un represamiento total, por lo que pidió a la comunidad no generar pánico innecesario y mantenerse informados a través de medios oficiales.

Varias entidades vinculadas al sector del medio ambiente unieron esfuerzos, para contrarrestar el tráfico de fauna silvestre, que diariamente llega a Bogotá y los 116 municipios de Cundinamarca, procedentes especialmente de la región de la Orinoquia.

En este trabajo interinstitucional están comprometidas Corpoguavio, Corporinoquia, Parques Naturales de Colombia y las secretarías de ambiente de Cundinamarca y Bogotá. El primer paso dado por estas entidades, fue crear un comité para el control del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.

El mismo tiene como objetivo frenar uno de los negocios ilícitos que más impactan el medio ambiente. La directora de Corporinoquia, Doris Bernal, indicó que “"esta acción es urgente para garantizar la conservación de la biodiversidad y de ecosistemas estratégicos como el páramo, el bosque seco tropical y alto andino”.

Agregó la funcionaria que “desde este comité, se generarán actividades conjuntas, como operativos y otras acciones, que disminuirán el riesgo del tráfico de las especies de flora y fauna de Cundinamarca, considerado un delito ambiental en el país."

Por su parte Alberto Acero, director operativo de evaluación, seguimiento y control ambiental de la CAR Cundinamarca, confirmó que a través de este mecanismo se  permitirá contrarrestar el flagelo, especialmente en los corredores terrestres, aéreos y fluviales que conectan el distrito capital y el departamento con el resto del país, especialmente durante temporadas críticas como Semana Santa y vacaciones de fin de año.

"Reiteramos el llamado a la comunidad a denunciar ante las autoridades que componen este comité, a la Policía y las administraciones municipales cualquier indicio de actividades relacionadas con el delito de tráfico de especies silvestres y así brindarle una segunda oportunidad de vida a las víctimas de este flagelo," resaltó Acero.

Justamente para vincular a la comunidad en este encomiable labor de proteger el ecosistema, la CAR Cundinamarca, cuenta con el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. y la línea telefónica 601 580 11 11, para que la ciudadanía denuncia este tipo de delitos.

Por vencimiento de términos el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exgobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, quien tiene procesos en su contra por corrupción y vínculos con el ELN.

Para la autoridad judicial no se detectaron dilaciones de parte de la defensa de Castillo Cisneros, que tuviesen implicación en el desarrollo del juicio, por lo que era necesario conceder su libertad.

La defensa ya había pedido su libertad porque consideró que en el lapso comprendido entre el 18 de febrero de 2022 y el 22 de agosto de 2023, fecha en la cual se hizo la audiencia preliminar, ya habían trascurrido 500 días sin haberse iniciado el juicio oral respectivo.

En abril al examandatario lo sancionó la Procuraduría General de la Naicón con destitución e inhabilidad por nueve años, al encontrar irregularidades en la celebración de un convenio de asociación, suscrito con la Caja de Compensación Familiar de Arauca (Comfiar), cuyo objetivo era la construcción de 240 viviendas de interés prioritario, durante el periodo que ejerció como gobernador, entre los años 2012 al 2015.

En la letra menuda del proceso que se sigue en su contra y sobre el cual se dictó aplicó el vencimiento de términos, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y grupos de delincuencia organizada, contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación en favor de terceros.

Una de las consecuencias que ha traído consigo la problemática vial de la carretera al Llano y del Cusiana, por los permanentes cierres a las que ha sido sometidas, es el retraso en la movilización de carga.

Aunque de momento como paliativo se encuentra la Transversal del Sisga, la situación de paso controlado solamente en jornada diurna que se presenta en esta carretera, no es una salida ideal.

Al igual que el efecto domino, dicha problemática pone en aprietos a otros sectores de la economía regional, como es el caso del comercio de combustibles.

Desde hace algunos días se generó una alarma en varios municipios del departamento, sobre un posible desabastecimiento de combustibles. Versión que no tenía asidero alguno y que obedeció más a rumores infundados, que pronto las autoridades desmintieron.

De todas formas este sector de la economía sí se ha visto afectado por las rémoras en la movilidad. Prueba de ello es la carta remitida al Gobierno nacional por parte de Comce Colombia, que es la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos.

Dicha agremiación que reúne a más de 2.200 empresarios y que actualmente administra el Fondo Soldicom, hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, ante los problemas de abastecimiento que tienen sus asociados del departamento de Casanare.

La afirmación la sustentan en una comunicación recibida de sus afiliados, donde se menciona que los distribuidores minoristas han tenido dificultades para acceder al combustible, debido a que no están autorizados para el cargue del producto en la planta Apiay.

También advierten sobre las situaciones que se pueden presentar, con aquellos empresarios que no hacen parte del grupo Terpel, que es la firma propietaria de la mencionada estructura ubicada en Pompeya, zona rural de Villavicencio, muy cerca del casco urbano de la capital metense.

Ante estos inconvenientes Comce manifestó que ha sido informado que el Gobierno nacional está trabajando en medidas alternas.  Es por ello que la agremiación pidió conocer de primera mano, cuáles son esas gestiones que se vienen haciendo, para solucionar esta contingencia.

También considera oportuno tener la posibilidad de exponer la opinión y posiciones del gremio, frente a dicha problemática. Situación, que en su concepto, ayudaría a evitar la especulación que se presenta a raíz de la emergencia vial.

La comunicación está firmada por Raúl Fernando Núñez Marín, presidente gremial de Comce Colombia.