Las gobernaciones del Meta y Casanare expresaron su preocupación ante la no asignación de Gas Natural Vehicular (GNV) por parte de Ecopetrol a los operadores de sus departamentos, situación que podría desencadenar una crisis de movilidad, sanitaria y económica en la región, a partir del próximo 01 de diciembre del 2025.

Aunque Ecopetrol anunció recientemente las asignaciones de gas para el próximo año, los documentos oficiales confirman que no se adjudicaron cantidades de GNV a los operadores de Meta y Casanare. Esta omisión, afecta directamente a miles de conductores, al transporte público y a los vehículos recolectores de residuos, poniendo en riesgo a más de 248.000 familias y agravando la ya crítica situación generada por las restricciones en las vías Bogotá– Villavicencio y Sogamoso – Yopal, principales arterias viales del centro del país con la región Orinoquía.

Frente a esta situación, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, y el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, reclaman la asignación inmediata de las cantidades de GNV que requiere la región para garantizar a partir del 1 de diciembre de 2025, con puntos de entrega en Floreña y Cusiana. Las alternativas de gas importado o compras en el mercado secundario no resultan viables, teniendo en cuenta que Casanare, Meta y Arauca producen cerca del 65% del gas natural del país y que las necesidades identificadas para GNV corresponden tan solo el 0,72% de la demanda esencial del interior del país.

Con el fin de asegurar la disponibilidad, cuando Ecopetrol abrió un nuevo proceso de comercialización, tanto los operadores como las gobernaciones solicitaron al Ministerio de Minas y Energía y a la empresa garantizar la asignación de cantidades de gas con punto de entrega en Cusiana, reiterando la prelación regulatoria en favor de los distribuidores de los Llanos Orientales. No obstante, estas solicitudes no fueron atendidas y en las últimas horas se notificó que los operadores no resultaron asignatarios.

Cabe recordar que la alerta por la posibilidad de desabastecimiento ya había sido planteada desde enero de 2025 ante el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte y Ecopetrol por parte de las Gobernaciones y las empresas del sector. En ese momento se advirtió sobre el riesgo de no asignar las cantidades requeridas y el impacto en el precio del GNV en la región, al depender de compras en el mercado secundario o de gas importado.

La crisis se agrava debido a las restricciones estructurales del sistema de transporte, pues empresas como Llanogas, Madigas, Cusianagas y Enerca no tienen acceso a otras fuentes de suministro. Además, la normativa vigente —Decreto 1073 de 2015 y Resoluciones CREG 102 009 de 2024 y 102 015 de 2025— obliga a priorizar la totalidad de la demanda esencial para esa zona, dentro de la cual se encuentra el GNV utilizado en el transporte público y en servicios vitales como la recolección de residuos ordinarios.

Actualmente, la Gobernación del Meta y del Casanare trabajan en la búsqueda de alternativas ante el Gobierno nacional para evitar la crisis, ya que gran parte del transporte público y de servicios esenciales, como la recolección de residuos, depende exclusivamente del GNV. Más del 50 % de los compactadores de basura del departamento funcionan con este combustible, lo que representa un riesgo de emergencia sanitaria a partir de diciembre de 2025.

Además, de no corregirse la situación, cerca de 10.757 vehículos registrados en el SICOM que operan en Meta y Casanare y que se abastecen en las 34 estaciones de servicio de la región quedarían sin suministro. Adicionalmente, el precio del GNV para los consumidores podría incrementarse en cerca de un 50%, al pasar de $3.700 a $5.500, lo que aumentaría la carga económica para los usuarios y los sectores productivos.

En junio de 2025, los operadores aseguraron la disponibilidad de gas para los sectores residencial y comercial en 2026; sin embargo, el GNV y el sector industrial quedaron sin cobertura, generando un panorama crítico para la movilidad y la economía de los Llanos Orientales.

Las gobernaciones del Meta y Casanare reiteran su disposición a trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, la empresa ECOPETROL, los gremios y los operadores para encontrar soluciones urgentes y estructurales. El llamado es claro: se requiere una acción inmediata que garantice el abastecimiento de GNV y proteja la movilidad, la salud pública y la estabilidad económica de los Llanos Orientales.

Actualmente opera 220 MW de generación térmica y solar en Colombia y prevé incorporar 100 MW adicionales en el corto plazo para reforzar la seguridad energética. Su plan a 2040 es alcanzar cerca de 1.000 MW mediante su modelo de adición energética.Proyecta inversiones de US$250 millones para expandir su operación y posicionarse como plataforma multienergética con alcance regional y visión de largo plazo.

Con operaciones que parten de Colombia y un plan de expansión hacia la región norte de América Latina, Altia anunció su lanzamiento como plataforma energética multifuente, un modelo que integrará generación eléctrica, procesamiento de hidrocarburos, comercialización de energéticos y servicios logísticos en un mismo ecosistema. Con esta propuesta, la compañía busca fortalecer la seguridad energética y contribuir al fortalecimiento de la matriz de Colombia y la región.

Altia nace del legado y experiencia de Termoyopal, empresa que durante más de dos décadas ha garantizado suministro confiable desde Casanare. La plataforma amplía esa base operativa para convertirse en un actor con vocación regional y visión de largo plazo, capaz de escalar proyectos, diversificar fuentes y atraer inversión de calidad.

La estrategia de la compañía se apoya en dos pilares: energía con propósito, que busca que cada iniciativa se traduzca en desarrollo económico y social para las regiones; y adición energética, un modelo que integra distintas fuentes, solar, hídrica y térmica, de manera complementaria, asegurando confiabilidad y sostenibilidad para el sistema.

“Altia nace con el propósito de ir más allá de la generación de energía: queremos ser un verdadero motor de desarrollo para el país y la región”, afirmó Nicolás Azcuénaga, CEO de Altia. “Nuestra meta es crecer de manera ordenada, diversificar las fuentes de generación y generar valor para el sistema, los inversionistas y las comunidades”.

Actualmente, Altia opera 200 MW de generación térmica a través de Termoyopal, produce en la planta de secado de gas 2300 barriles por día entre GLP y nafta atendiendo el 10% de la demanda nacional, además produce 20 MW provenientes de proyectos solares en Honda, Tolima. En el corto plazo, prevé incorporar 100 MW adicionales, fortaleciendo su papel en la seguridad energética de Colombia y sentando las bases para su expansión regional.

Con este crecimiento como punto de partida, la compañía proyecta inversiones por US$250 millones para ampliar su capacidad instalada y desarrollar nuevos parques solares en diferentes departamentos del país. Su plan a 2040 es alcanzar cerca de 1.000 MW de capacidad instalada, integrando tecnologías como almacenamiento de energía y desplegando infraestructura logística que conecte mercados y eleve la competitividad del sistema energético.

Con la solidez financiera y reputacional que la respalda, la compañía está preparada para atraer inversión de calidad y sellar alianzas estratégicas en la región. Su apuesta es convertirse en un referente de innovación en el sector, desarrollando proyectos que inspiren confianza y generen un impacto duradero en las comunidades y en el sistema energético.

“Altia no es solo energía, es propósito. Nacemos para aportar estabilidad al sistema, oportunidades a las comunidades y confianza a los inversionistas. Creemos en una energía que une, que inspira y que impulsa el futuro de la región”, concluye Azcuénaga.

Sobre Altia

Altia es una plataforma energética multifuente con alcance regional y visión de largo plazo, que nació del grupo Termoyopal para operar en la región Norte de América Latina con cuatro líneas de negocio: 1. la generación de energía a partir de múltiples fuentes como la energía térmica, hídrica y solar; 2. el procesamiento de hidrocarburos; 3. la comercialización de energía eléctrica y gases; 4. y en miras a prestar servicios logísticos o de midstream como puertos, almacenamiento, transmisión y transporte.  Altia es Energía con propósito. Consulte más en www.altia-energy.com

El Instituto Nacional de Vías (Invías) reiteró de manera enfática la restricción al tránsito de vehículos con carga superior a 28 toneladas en la vía Aguazul – Pajarito – Sogamoso, corredor vital que conecta los departamentos de Boyacá y Casanare.

Según la entidad, la medida, de carácter preventivo, tiene como objetivo principal salvaguardar la vida de los transportadores y usuarios de la ruta.

La decisión se basa en las actuales condiciones de vulnerabilidad del terreno y las estructuras viales. Las autoridades advierten que someter la vía a sobrepeso podría generar un colapso, lo que conduciría a un cierre total con "graves consecuencias para la movilidad, el abastecimiento y la economía regional".

Jhon Jairo González Bernal, director general (e) de Invías, explicó: “Con esta medida buscamos proteger la infraestructura y, sobre todo, proteger la vida de quienes transitan por la vía. Agradecemos a las comunidades y los usuarios su comprensión y apoyo, porque lo que está en juego es la seguridad de todos”.

Si bien el Gobierno nacional reconoce las dificultades logísticas y económicas que esta restricción genera para el sector transportador, enfatiza que la prioridad absoluta es "preservar la dignidad y la seguridad" de las personas.

La restricción se mantendrá vigente mientras avanzan los trabajos de estabilización y mejoramiento de la vía, con el fin de garantizar su operatividad continua para todos los usuarios.

El Instituto reiteró su compromiso con la comunidad e hizo un llamado al estricto acatamiento de la disposición para asegurar la continuidad del servicio y la integridad de todos.

Sin vías no hay desarrollo. Esa fue la premisa que sostuvo hasta el final de la jornada el grupo de transportadores de carga pesada que desde muy tempranas horas de la mañana taponaron el paso en la Marginal del Llano en el sector de Unete, municipio de Aguazul.

Sus reclamaciones giraron en torno a la determinación adoptada por el Gobierno nacional de restringir el paso de vehículos de carga de hasta 28 toneladas, por la Vía del Cusiana.

Esta medida generó la inconformidad de los transportadores, debido a que, en este momento, esta carretera es la única alternativa que tienen para movilizarse hacía el interior del país, debido a los problemas de movilidad que se presentan en la Vía al Llano y la Transversal del Sisga, azotadas por el invierno.

En procura de solucionar lo más pronto posible el tema del bloque del corredor vial, se instaló un puesto de mando unificado (PMU), donde participaron delegados de los manifestantes, autoridades locales, departamentales y representantes del Gobierno nacional.

Luego de varias horas de negociaciones se concertaron algunos compromisos, de dieron luz verde al levantamiento del bloqueo.  Carlos Salazar uno de los líderes de los transportadores, entregó las conclusiones de la reunión y dio detalles de los puntos concertados.

Salazar comenzó por calificar como enriquecedor el trabajo que se adelantó durante la mañana y parte de la tarde de este martes 16 de septiembre.

El primer compromiso que reseñó fue una reunión del más alto nivel, con presencia del Invías, Ministerio de Minas, Gobernación de Casanare, Alcaldía de Aguazul, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería de Aguazul y transportadores.

Agregó que el encuentro será presencial entre el 22 y 26 de septiembre. Uno de los temas principales será buscar soluciones para el corredor vial Sogamoso – Aguazul.

Otro punto que hace parte de la agenda es la entrega de un informe del Invías sobre la adjudicación de la licitación por $16.500 millones para el mantenimiento de la Vía del Cusiana.

Proyecto en el cual se deben priorizar algunos puntos críticos como los puentes Chorro Blanco, La Leonera y el sector Los Lodos, ubicado kilómetros adelante del casco urbano de Pajarito.

De esta manera, recalcó Salazar, se logra avanzar en soluciones reales para toda esta zona del departamento de Boyacá que se ha visto afecta por la problemática de la carretera, qua ha golpeado la economía local.

Finalizó diciendo que el tema de movilidad afecta no solo la Carretera del Cusiana, sino que también el panorama no es nada alentador por la Vía al Llano, que se encuentra colapsada por el contra flujo, generado por el cierre que hay tenido este corredor ocasionado por un derrumbe en jurisdicción de Chipaque (Cundinamarca).

Por eso insistió en la necesidad de encontrar una pronta solución porque el problema tiene un impacto regional.