La unidad de ganadería del Sena, sede Yopal, recibió la recertificación en buenas prácticas ganaderas El acto de entrega se realizó en las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y estuvo presidido por Edgar Lozano, gerente seccional de la entidad.

La certificación, renovada por tres años, avala el cumplimiento de estándares en sanidad, bienestar animal, bioseguridad, manejo de medicamentos veterinarios, trazabilidad, seguridad laboral, alimentación y gestión de residuos.

Estos parámetros permiten que los aprendices del programa técnico en producción animal se formen bajo condiciones que replican prácticas responsables en el sector ganadero.

Durante el evento, la directora del Sena Casanare, Johana Medina Peña, recibió el documento junto a los aprendices y la instructora María del Pilar Rodríguez.

La funcionaria destacó que esta recertificación fortalece la preparación técnica de los estudiantes y puede servir de referencia para los productores del departamento interesados en adoptar estas prácticas.

Por su parte, Edgar Lozano señaló que, aunque la certificación no es obligatoria, su implementación mejora la calidad e inocuidad de los productos ganaderos y facilita el acceso a procesos de industrialización. También invitó a más productores a vincularse al programa.

Instalar una base militar en el municipio de Trinidad para mejorar la seguridad de todo el norte del departamento, fue uno de los compromisos que anunció el ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en su visita a Yopal este sábado 4 de octubre.

El funcionario del Gobierno nacional estuvo en la capital casanareña participando de las excusas públicas dadas por el Estado colombiano, a los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos y ocurridas en el departamento durante la guerra paramilitar de las primeras décadas del presente milenio.

Este acto simbólico se llevó a cabo en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio. El ministro estuvo acompañado de los altos mandos militares. Después de esta ceremonia Sánchez se trasladó a la sede de la Gobernación donde, junto con las autoridades departamentales, analizó la situación de seguridad en suelo casanareño.

Además de la base militar indicó que se va a analizar en Bogotá la petición reiterada que se ha hecho por años al Gobierno central, de aumentar el pie de fuerza en la región.

Sostuvo que acorde con el plan de graduación de las escuelas de formación militar previsto para noviembre, se evaluará en qué porcentaje se puede incrementar el pie de la Fuerza Púbica y de Policía en Casanare.

También agregó que otra opción para incrementar el número de efectivos, se encuentra en el incremento del número de jóvenes que entran a prestar el servicio militar.

Por ello envió un mensaje de invitación a quienes se encuentran en edad de cumplir con este requisito, para que se vinculen y reciban todos los beneficios económicos, así como académicos que ofrece el Estado.

Otro aspecto al que hizo referencia el ministro Sánchez, está relacionado con el hecho que Casanare se encuentra libre de cultivos ilícitos. No obstante, es utilizado por el narcotráfico como un territorio de tránsito para sus actividades ilícitas.

En este sentido resaltó la labor que han adelantado las autoridades. Mencionó resultados positivos como la incautación de 9 toneladas de marihuana y 1.300 kilos de cocaína.

Sobre la presencia de estructuras armadas organizadas ilegales, manifestó que en el departamento este tipo de delincuentes persisten, pero en pequeños grupos, a los cuales se les está haciendo frente. Prueba de esta afirmación son las 35 capturas de sujetos vinculados con alguna de estas estructuras.

En cuanto al autodenominado ‘Renacer Erpac’, dijo que viene siendo liderado desde las cárceles y que se han capturado a 14 de sus miembros. Anunció que aplicarán todas las capacitades del Estado sobre sus líderes alias ‘Andrés’ y ‘Gonzalito’.

Igualmente anunció una recompensa de 100 millones de pesos para quien brinde información que conduzca a la captura de alias ‘Mamadeo’.

También habló el ministro sobre un tema reiterativo, pero que aún no se han podido solucionar. Esta problemática es la persistencia de llamadas extorsivas desde las cárceles.

La comunidad se pregunta por qué no se bloquea la señal de telefonía móvil en los centros penitenciarios y carcelarios, para poner fin a esta modalidad delictiva. Al respecto Sánchez precisó que el tema radica en el alcance de la tecnología que para hacer efectivo el bloque de la señal.

Explicó que este tipo de dispositivos tiene un alcance superior al área de los sitios de reclusión, extendiéndose a sectores circunvecinos. Situación que afecta a ciudadanos de bien a quienes no se les puede coartar el derecho a la comunicación.

Sánchez también hizo alusión sobre algunos datos estadísticos de la región. Expresó que, pese a que las cifras presentan una disminución de un 6 por ciento en el delito de la extorsión, fue consciente que existe un subregistro generado por la falta denuncias.

Por ello invitó a las víctimas de este flagelo para que acudan a las autoridades y pongan en conocimiento este tipo de situaciones.

El titular del despacho de defensa también hizo referencia a las cámaras de seguridad. Propuesta liderada por la Gobernación de Casanare y financiada por el Ministerio del Interior.

En este apartado acotó que es uno de los proyectos más grandes que tiene el país en esta área de la seguridad. Hizo hincapié en que esta iniciativa estará finiquitada entre mayo y junio del próximo año.

Igualmente, en el terreno de la tecnología precisó que se va a fortalecer el tema de drones para la Fuerza Pública y Policía. Así  mismo, se tendrán mayores controles en el campo migratorio, que es otra de las preocupaciones de la ciudadanía, por la creciente participación de ciudadanos extranjeros en la comisión de delitos.

Finalmente, recordó el ministro que la seguridad es un compromiso de todos. Estado y comunidad deben trabajar mancomunadamente para combatir la delincuencia. Despidió su intervención diciendo que Casanare no está solo, cuenta con el respaldo de toda la Fuerza Pública.

Son varias las aristas que tiene la coyuntura actual del servicio de gas natural en el departamento de Casanare.

La gerente de Enerca, Nubia Castro Molano, se refirió al tema y expuso tanto la problemática que hay con el suministro de este combustible, como las repercusiones en la economía regional y en la salud financiera de la empresa.

Una primera situación la ubicó en el campo de lo ilógico. En este sentido recalcó que no se justifica que Casanare siendo el proveedor para otras regiones, tenga que ver de manera pasiva cómo sube el valor de la tarifa, pero sin garantizar el abastecimiento de la demanda interna, en lo atinente al gas natural vehicular.

En cuanto al servicio de gas domiciliario, la gerente de Enerca indicó que el mismo se tiene garantizado hasta 2028, pero que a partir de esa fecha el departamento va a quedar en igualdad de condiciones tarifarias con otras regiones.

En pocas palabras, no se tendrá tratamiento diferencial. Otro aspecto que se debe tener en cuenta a la hora del suministro, radica en el hecho que el consumo interno de Casanare apenas llega al 1 por ciento de su producción. Razón, por demás, para que el Gobierno nacional otorgue un trato distinto al resto de país, según lo explicó Castro Molano.

Una arista adicional que no se puede pasar por alto es el incremento de la tarifa. La gerente manifestó que a partir del primero de diciembre subirá el valor por metro cúbico, alza que se verá reflejada en los recibos de enero.

A este coro de dificultades se suma la demora en el pago de los subsidios otorgados por el Gobierno nacio. En este sentido Nubia Castro acotó que a corte de diciembre del año pasado se tenían pendientes 48 mil millones de pesos

En este momento el rubro llega a 28 mil millones, cifra que viene en un sostenido ascenso y de la cual el Ministerio de Minas prometió un abono de 3 mil millones. Dineros que siguen en pausa.

Nubia Molano señaló que la demora en el giro de estas partidas afecta económicamente a la empresa, como consecuencia #Enerca ha tenido que retrasar el pago de algunas de sus obligaciones, lo que a su vez en efecto dominó lesiona financieramente a varios de sus proveedores.

Finalmente, otra dificultad que se ciñe para arropar esta 'bonanza' de dificultades, es la incertidumbre de no contar con las reservas aseguradas, que garanticen el servicio una vez expiren los contratos de la molécula de gas domiciliario, en 2028.

Las gobernaciones del Meta y Casanare expresaron su preocupación ante la no asignación de Gas Natural Vehicular (GNV) por parte de Ecopetrol a los operadores de sus departamentos, situación que podría desencadenar una crisis de movilidad, sanitaria y económica en la región, a partir del próximo 01 de diciembre del 2025.

Aunque Ecopetrol anunció recientemente las asignaciones de gas para el próximo año, los documentos oficiales confirman que no se adjudicaron cantidades de GNV a los operadores de Meta y Casanare. Esta omisión, afecta directamente a miles de conductores, al transporte público y a los vehículos recolectores de residuos, poniendo en riesgo a más de 248.000 familias y agravando la ya crítica situación generada por las restricciones en las vías Bogotá– Villavicencio y Sogamoso – Yopal, principales arterias viales del centro del país con la región Orinoquía.

Frente a esta situación, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, y el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, reclaman la asignación inmediata de las cantidades de GNV que requiere la región para garantizar a partir del 1 de diciembre de 2025, con puntos de entrega en Floreña y Cusiana. Las alternativas de gas importado o compras en el mercado secundario no resultan viables, teniendo en cuenta que Casanare, Meta y Arauca producen cerca del 65% del gas natural del país y que las necesidades identificadas para GNV corresponden tan solo el 0,72% de la demanda esencial del interior del país.

Con el fin de asegurar la disponibilidad, cuando Ecopetrol abrió un nuevo proceso de comercialización, tanto los operadores como las gobernaciones solicitaron al Ministerio de Minas y Energía y a la empresa garantizar la asignación de cantidades de gas con punto de entrega en Cusiana, reiterando la prelación regulatoria en favor de los distribuidores de los Llanos Orientales. No obstante, estas solicitudes no fueron atendidas y en las últimas horas se notificó que los operadores no resultaron asignatarios.

Cabe recordar que la alerta por la posibilidad de desabastecimiento ya había sido planteada desde enero de 2025 ante el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte y Ecopetrol por parte de las Gobernaciones y las empresas del sector. En ese momento se advirtió sobre el riesgo de no asignar las cantidades requeridas y el impacto en el precio del GNV en la región, al depender de compras en el mercado secundario o de gas importado.

La crisis se agrava debido a las restricciones estructurales del sistema de transporte, pues empresas como Llanogas, Madigas, Cusianagas y Enerca no tienen acceso a otras fuentes de suministro. Además, la normativa vigente —Decreto 1073 de 2015 y Resoluciones CREG 102 009 de 2024 y 102 015 de 2025— obliga a priorizar la totalidad de la demanda esencial para esa zona, dentro de la cual se encuentra el GNV utilizado en el transporte público y en servicios vitales como la recolección de residuos ordinarios.

Actualmente, la Gobernación del Meta y del Casanare trabajan en la búsqueda de alternativas ante el Gobierno nacional para evitar la crisis, ya que gran parte del transporte público y de servicios esenciales, como la recolección de residuos, depende exclusivamente del GNV. Más del 50 % de los compactadores de basura del departamento funcionan con este combustible, lo que representa un riesgo de emergencia sanitaria a partir de diciembre de 2025.

Además, de no corregirse la situación, cerca de 10.757 vehículos registrados en el SICOM que operan en Meta y Casanare y que se abastecen en las 34 estaciones de servicio de la región quedarían sin suministro. Adicionalmente, el precio del GNV para los consumidores podría incrementarse en cerca de un 50%, al pasar de $3.700 a $5.500, lo que aumentaría la carga económica para los usuarios y los sectores productivos.

En junio de 2025, los operadores aseguraron la disponibilidad de gas para los sectores residencial y comercial en 2026; sin embargo, el GNV y el sector industrial quedaron sin cobertura, generando un panorama crítico para la movilidad y la economía de los Llanos Orientales.

Las gobernaciones del Meta y Casanare reiteran su disposición a trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, la empresa ECOPETROL, los gremios y los operadores para encontrar soluciones urgentes y estructurales. El llamado es claro: se requiere una acción inmediata que garantice el abastecimiento de GNV y proteja la movilidad, la salud pública y la estabilidad económica de los Llanos Orientales.