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Durante su intervención ante la Corte Constitucional, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo insistió en la persistencia de irregularidades en el manejo de los recursos del sistema de salud.

El funcionario manifestó la existencia de contratos irregulares y el cobro de comisiones para la gestión de pagos. En este ecosistema de corrupción puso como ejemplo a Capresoca.

Responsabilizó de esta situación a la figura de las interventorías, sobre las cuales resaltó que no es de su competencia nombrar este tipo de funcionarios y que tampoco tiene autoridad sobre ellos.

Para el caso de la EPS casanareña expresó que denunció a la agente interventora que llegó a la entidad. Aunque no mencionó su nombre, el ministro hacía referencia a Betty Cecilia Anaya Nieto. Funcionaria quien ya se había recibido cuestionamientos por su gestión.

El titular de la cartera de salud trajo a colación la asignación de un contrato de 24.000 millones de pesos a la empresa Provitaly SAS para la distribución de medicamentos.

Según el ministro, al momento de la adjudicación, dicha entidad poseía un capital de ocho millones de pesos y carecía de puntos de atención en la región.

Igualmente mencionó la entrega de un contrato de salud mental por 20.000 millones de pesos a una firma de la capital del Atlántico con un patrimonio registrado de 18 millones de pesos, desplazando a una empresa que llevaba 15 años prestando el servicio.

“Y el señor gobernador me llama a mí y me dice que hasta los vigilantes los estaban trayendo de Barraquilla”, recalcó el ministro Jaramillo.

Agregó que “es el robo más descarado que se está haciendo, inclusive con personas nombradas por este gobierno, en donde el señor presidente ni el ministro de salud no tienen nada que ver”, recalcó el funcionario.

Dijo que este es solo un caso de una pequeña EPS pública, como es Capresoca.

Este 15 de abril se llevará a cabo una jornada de donación de sangre en la ciudad de Yopal, con el fin de incrementar el abastecimiento de los bancos de sangre locales.

La actividad se desarrollará en la plazoleta externa de la Cámara de Comercio en el horario de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

De acuerdo con las autoridades de salud, los ciudadanos interesados en participar deben cumplir con requisitos básicos, entre los que se encuentran: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, portar el documento de identidad y gozar de buen estado de salud.

Asimismo, se indicó que las mujeres en estado de embarazo no podrán realizar la donación.

Para el desarrollo del procedimiento, se recomienda a los asistentes haber descansado al menos seis horas, no presentarse en ayunas, consumir alimentos ligeros antes de la extracción y mantenerse hidratados.

Esta iniciativa busca garantizar la disponibilidad de unidades de sangre para la atención de emergencias, cirugías y tratamientos médicos en la red de servicios de salud.

Según el reporte técnico, una sola donación puede ser utilizada en el tratamiento de hasta tres pacientes distintos y, en el donante, el proceso incentiva la renovación de células sanguíneas.

La Procuraduría General de la Nación dictó una suspensión provisional de tres meses contra la agente especial interventora de Capresoca EPS, Betty Cecilia Anaya Nieto.

La medida se fundamenta en un posible deterioro en la prestación de los servicios de salud a los usuarios de la entidad.

En la misma decisión, la delegada para la vigilancia administrativa inició una investigación contra el anterior agente de la EPS, Yeferson Caicedo Pardo.

El organismo busca determinar si existió un incumplimiento en los objetivos de la medida de intervención forzosa administrativa y si los servidores omitieron sus deberes legales.

Un informe de la delegada para asuntos civiles, del trabajo y la seguridad

social indica que la entidad presenta un aumento progresivo en las barreras de acceso a la salud.

Asimismo, el Ministerio Público indaga sobre el estado financiero de la EPS, su capacidad de pago y el incremento del 144 % en el volumen de peticiones, quejas y reclamos.

La autoridad disciplinaria evalúa además el alza en la siniestralidad reflejada en los balances financieros y el aumento de acciones de tutela interpuestas por los afiliados.

A las 5:40 de la mañana del pasado 18 de febrero, el mundo de Claudia Patricia Bachilón se detuvo en seco en la intersección de la calle 24 con carrera 14, de Yopal.

Mientras esperaba el cambio de un semáforo para dirigirse a su jornada laboral, una buseta de transporte intermunicipal que se quedó sin frenos la arrolló, transformando su rutina de madre cabeza de familia en una pesadilla de dolor y abandono.

Hoy, tras casi tres meses de aquel impacto, Claudia no solo lucha contra las secuelas físicas de un accidente devastador; libra una batalla diaria contra la burocracia de su EPS, Capresoca, y el silencio de quienes causaron su desgracia.

Un refugio de dolor

En el quinto piso del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), específicamente en la habitación 523A, el tiempo parece haberse congelado.

Allí, Claudia Patricia permanece postrada con un diagnóstico que estremece: fractura de pelvis, costillas partidas y el codo izquierdo totalmente destrozado. A esto se suman quemaduras de tercer grado que complican aún más un cuadro clínico que el Hospital Regional de la Orinoquia ya no puede manejar.

Su cuerpo requiere de al menos tres o cuatro cirugías especializadas que solo pueden realizarse en un hospital de alta complejidad. Sin embargo, la remisión necesaria para salvar su movilidad y su calidad de vida no llega.

La respuesta que recibe Claudia a través de una pantalla de celular es siempre la misma: "tenga paciencia". Pero para alguien con los huesos fragmentados, la paciencia es un lujo que no puede permitirse. Así lo narró Nubia Doreli Gaitán, amiga de la paciente y quien a estado pendiente del caso.

Una familia fragmentada por la tragedia

La historia de Claudia es también la de una familia del sector del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza, que ha visto cómo su precaria estabilidad se desmoronó tras el accidente.

Claudia, el motor de su hogar, dejó a una hija de 15 años al cuidado de una amiga de buena fe, mientras que su hijo mayor se vio obligado a buscar trabajo de inmediato para garantizar el sustento mínimo.

Nubia Doreli Gaitán, describe con indignación el desamparo total: "Es denigrante que ni el dueño de la buseta, ni el conductor, ni la empresa se hayan manifestado siquiera para visitarla o brindar un apoyo económico".

Mientras tanto, la familia de Claudia, personas humildes del campo, intentan navegar un sistema legal y de salud que parece diseñado para ignorarlos.

El muro de la burocracia

La justicia parece haberle dado la razón a Claudia en el papel, pero no en la práctica. Una acción de tutela ordenó a Capresoca resolver su caso y hacer efectiva la remisión en un plazo de 48 horas. El plazo venció y la respuesta sigue siendo el silencio administrativo.

Este no es un caso aislado. Según los testimonios recogidos por Nubia Doreli Gaitán, el HORO se encuentra saturado de pacientes "represados" que esperan traslados a centros de mayor complejidad, enfrentándose a un sistema que parece haber olvidado el sentido de la urgencia.

Un grito de auxilio a las autoridades

La comunidad y los amigos de Claudia han tenido que recurrir a la solidaridad ciudadana para costear abogados y buscar una salida a este laberinto.

Hoy, el llamado es directo al gobernador César Zorro, al alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz y a la Superintendencia de Salud: la vida de una madre no puede depender de un trámite administrativo que nunca llega.

Mientras tanto, en la habitación 523A, Claudia Patricia Bachilón no espera compasión, sino el derecho fundamental a recobrar su salud, mientras el eco de la frase "tenga paciencia" resuena en los pasillos de un hospital que ya no tiene más espacio para el olvido.

Durante el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro impartió una instrucción directa a los titulares de Salud y Hacienda: liquidar todas las entidades promotoras de salud que se encuentren en estado de insolvencia o quiebra, especialmente aquellas que ya están bajo intervención estatal.

Las razones

Dentro de los argumentos del Ejecutivo para tomar esta radical decisión mencionó la inviabilidad fiscal. El mandatario calificó como un "suicidio" para las finanzas públicas el hecho de que el Estado asumiera la deuda histórica de las EPS, la cual estimó en cerca de $50 billones de pesos.

También sostuvo que existe una falta de alternativas. Señaló que, tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso y la reciente suspensión de decretos regulatorios (como el Decreto 182), el Gobierno no tiene más margen de maniobra que aplicar la ley y proceder con la liquidación.

Excepción de la Nueva EPS

Aunque enfrenta dificultades financieras, el presidente aclaró que la Nueva EPS no sería liquidada. Al tener participación estatal, el Gobierno planea capitalizarla y fortalecerla para que sea el eje receptor de los usuarios de las entidades que desaparezcan.

En este orden de ideas la medida afectaría a las EPS que actualmente se encuentran intervenidas o en vigilancia especial, las cuales agrupan a más de 22 millones de afiliados (casi el 43% de la población del país).

Entre las principales entidades mencionadas en este contexto se encuentran:

El presidente aseguró que los ciudadanos no quedarán desamparados y que su plan se basa en dos pilares. El primero es un traslado masivo. Los afiliados de las EPS liquidadas pasarán a las entidades que permanezcan operativas (principalmente la Nueva EPS).

La segunda propuesta es un sistema preventivo. El Gobierno acelerará la implementación de equipos de salud territorial para cubrir la atención primaria y preventiva en todo el país.

Mediante la Resolución No. 067 del 13 de marzo de 2026, la Personería Municipal de Yopal, bajo la dirección del personero Yesid Camacho Flórez, formalizó la constitución de la Veeduría Regional en Salud FF.MM. – Casanare.

Esta organización ciudadana tiene como función principal realizar vigilancia, seguimiento y control social a la prestación de servicios de salud y al suministro de medicamentos para los usuarios del sistema, con especial énfasis en los afiliados de las Fuerzas Militares en todo el territorio departamental.

La nueva veeduría surge con el objetivo de promover la transparencia en la gestión pública y velar por la garantía del derecho fundamental a la salud, operando bajo un marco de participación ciudadana y respeto institucional.

Según el acto administrativo, la entidad busca trabajar de manera articulada y colaborativa con las instituciones del sistema de salud y las autoridades competentes para contribuir al mejoramiento de la atención.

El enfoque de esta organización se centra en el acompañamiento y fortalecimiento de procesos que aseguren una atención digna y oportuna, promoviendo el diálogo y la búsqueda de soluciones constructivas ante las situaciones que se presenten en el servicio.

Finalmente, se ha extendido una invitación a los usuarios del sistema y miembros de las Fuerzas Militares para participar en estos mecanismos de control social en beneficio del bienestar regional.

Capresoca anunció 711 usuarios de esta EPS con diagnóstico de enfermedad renal crónica (ERC) pueden acceder a servicios de salud y tienen continuidad en sus tratamientos médicos con SES Salud Unidad Renal, con sede en Yopal, como único prestador en Casanare.

Dentro de la atención integral que reciben se incluyen servicios de control de laboratorios, psicología, trabajo social, nutrición, valoración de seguimiento por nefrología y entrega de medicamentos.

La entidad manifestó  que del total de usuarios con enfermedad renal crónica, 590 hacen parte del programa de nefroprotección, 110 están en hemodiálisis, 7 en diálisis peritoneal y 4 son trasplantados. Estos últimos tienen garantizado el acceso a controles postrasplante.

Los pacientes en diálisis tienen garantizado el transporte terrestre desde sus municipios de residencia a Yopal a la Unidad Renal.

Este servicio está cubierto para afiliados a Capresoca EPS de municipios diferentes a la capital del departamento. En casos excepcionales, se brinda a pacientes con pertinencia médica, según consideraciones del profesional tratante.

De esta manera, Capresoca EPS reduce barreras de atención para sus afiliados con ERC, asegurando oportunidad y calidad, aportando a mejorar su calidad de vida.

Capresoca EPS, bajo medida de intervención forzosa con fines administrativos ordenada por la Superintendencia  Nacional de Salud, informa a sus usuarios, especialmente a los residentes en el norte del departamento de Casanare  que, suscribió contrato con el Centro Especialistas Manare-CEM, con sede en el municipio de Paz de Ariporo, para mejorar la oportunidad en el acceso a consultas especializadas y ayudas diagnósticas, así reducir su traslado hasta Yopal a estas valoraciones. 

La población afiliada puede acceder a consultas con especialistas en neurología, neurocirugía, medicina interna, dermatología, pediatría, cirugía vascular, cardiología, ortopedia y traumatología.

En lo referente a ayudas diagnósticas,  los usuarios tienen garantizado el servicio de ecografías, donde se incluyen obstétricas, ginecológicas, de abdomen total, articular, renal, muscular, entre otras.

También están cubiertos servicios como mapa de tensión arterial, electrocardiograma y ecocardiograma; estudios doppler y holter 24 horas.

El Centro de Especialistas de Manare está ubicado en la calle 8 N° 8-50 barrio Las Villas en Paz de Ariporo, y cuenta con estas líneas de contacto telefónico y WhatsApp para la atender inquietudes y orientar a los afiliados: 3202542082-3176299899.

Previo al agendamiento de sus consultas, se recomienda a los usuarios realizar la gestión de su autorización de servicios, en las oficinas de Atención al Usuario de Capresoca EPS.

Andrés Ávila, director del Hospital Regional de la Orinoquía, reportó que la institución ha registró una sobreocupación del 200 por ciento durante el último fin de semana.

El funcionario atribuyó esta situación a factores como el regreso a clases y el alto índice de accidentes de tránsito en el departamento. Según el director, el hospital atiende no solo a habitantes de Casanare, sino también a pacientes de Vichada, Arauca, Boyacá y población migrante.

En cuanto a la situación financiera, el centro asistencial presenta una cartera global de 250.000 millones de pesos, de los cuales la EPS Capresoca adeuda más de 135.000 millones.

Esta coyuntura ha generado retrasos en el pago de la nómina de los trabajadores. Actualmente, el hospital registra una demora de aproximadamente cuatro meses en la cancelación de los honorarios de los médicos especialistas.

Ávila indicó que, tras el inicio del proceso de cierre financiero, se comenzó con el pago al personal médico y de enfermería, mientras que el pago a los especialistas se encuentra pendiente de trámites administrativos ante la junta directiva

Para Juan Carlos Ramírez Cabrera, la vida siempre ha tenido un ritmo propio. A sus 27 años, este músico, quien fuera instructor de la casa de la cultura y voluntario de la Defensa Civil, está acostumbrado a marcar el tiempo con la batuta o a correr contra el reloj para salvar vidas.

Sin embargo, hoy el cronómetro corre en su contra y el silencio no es musical, sino administrativo. Una densa niebla llamada catarata amenaza con apagar el único ojo que le permite ver el mundo.

El eco de una negligencia

La tragedia de Juan Carlos tiene un antecedente amargo que hoy se siente como una premonición. Años atrás, un accidente doméstico le desprendió la retina del ojo izquierdo.

En aquel entonces, el diagnóstico fue claro: "es salvable si se opera ya". Pero en los pasillos de su EPS, Capresoca, la urgencia médica chocó con la burocracia.

Los meses pasaron entre excusas de "falta de convenios" y, para cuando el bisturí finalmente tocó su ojo, la luz se había extinguido para siempre en ese lado de su rostro.

Hoy, la historia parece estar escrita con el mismo guion. Desde agosto del año pasado, su visión derecha —su única ventana al mundo— comenzó a nublarse.

El diagnóstico de "catarata urgente" debió culminar en una cirugía en enero, pero al llegar a Optisalud, la respuesta fue un portazo burocrático: "No hay contratación con Capresoca".

Una vida en pausa

Juan Carlos no solo teme por su salud; teme por su identidad. Su cotidianidad es un lienzo de actividades que requieren precisión visual.

Es el instructor que guía las manos de jóvenes con discapacidad en la música, es el publicista que diseña campañas y el socorrista que debe distinguir el peligro en medio de una emergencia.

"El miedo mío es quedarme ciego y yo tan joven, tan lleno de vida", confiesa con una voz que mezcla la impotencia del paciente con la determinación del artista. Sin visión, el perifoneo se apaga, las partituras se vuelven manchas negras y su labor social queda truncada.

Entre la fe y el costo del derecho a ver

Ante el silencio de las instituciones que deberían protegerlo, Juan Carlos ha tenido que ponerle precio a su esperanza: 4 millones de pesos. Esa es la cifra que lo separa de una cirugía particular que Capresoca, por ley, debería garantizarle.

Mientras el "muro de silencio" administrativo persiste, este joven se aferra a la solidaridad ciudadana y al llamado urgente a los líderes regionales.

Para Juan Carlos, no se trata solo de una operación; es la lucha por evitar que su mundo se convierta en una nota sostenida de oscuridad total. La remisión que espera no es un papel, es el permiso para seguir viviendo.