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Capresoca anunció 711 usuarios de esta EPS con diagnóstico de enfermedad renal crónica (ERC) pueden acceder a servicios de salud y tienen continuidad en sus tratamientos médicos con SES Salud Unidad Renal, con sede en Yopal, como único prestador en Casanare.

Dentro de la atención integral que reciben se incluyen servicios de control de laboratorios, psicología, trabajo social, nutrición, valoración de seguimiento por nefrología y entrega de medicamentos.

La entidad manifestó  que del total de usuarios con enfermedad renal crónica, 590 hacen parte del programa de nefroprotección, 110 están en hemodiálisis, 7 en diálisis peritoneal y 4 son trasplantados. Estos últimos tienen garantizado el acceso a controles postrasplante.

Los pacientes en diálisis tienen garantizado el transporte terrestre desde sus municipios de residencia a Yopal a la Unidad Renal.

Este servicio está cubierto para afiliados a Capresoca EPS de municipios diferentes a la capital del departamento. En casos excepcionales, se brinda a pacientes con pertinencia médica, según consideraciones del profesional tratante.

De esta manera, Capresoca EPS reduce barreras de atención para sus afiliados con ERC, asegurando oportunidad y calidad, aportando a mejorar su calidad de vida.

Situación actual de los servicios Lino Hernán Ortiz Riaño, representante del Comité Municipal de Discapacidad de Maní, denunció que desde hace aproximadamente dos meses se ha suspendido la prestación de servicios esenciales para esta población.

Ante esa situación un grupo de personas pertenecientes a la población con discapacidad, se ubicaron frente a las instalaciones de Capresoca este martes 3 de febrero, para exigir a las directivas de la entidad respuestas inmediatas a sus necesidades.

Según las declaraciones de Lino Ortiz, enfrentan problemas por la falta de medicamentos e insumos, especialmente para pacientes que requieren tratamiento para la diabetes (insulina) e hipertensión.

También denunciaron la suspensión de servicios domiciliarios. No cuentan con médico ni enfermería las 24 horas, afectando incluso a pacientes que tienen este servicio ordenado mediante fallos de tutela.

Igualmente mencionaron que hay incertidumbre en la contratación, porque se desconoce qué entidad asumirá los servicios que prestaba anteriormente el Instituto de Fracturas.

Otro punto sobre el cual pidieron una solución es el transporte. Expresó que la EPS no está garantizando el traslado de los pacientes hacia Yopal, para sus citas médicas o diligencias administrativas.

La problemática impacta a un número indeterminado de personas en el municipio de Maní, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Ortiz señaló que la falta de estos servicios vulnera sus derechos fundamentales y ha provocado crisis de salud, debido a la ausencia de una red de apoyo y la falta de continuidad en los controles médicos.

Capresoca EPS, bajo medida de intervención forzosa con fines administrativos por la Superintendencia Nacional de Salud, informa a sus usuarios que, se encuentran garantizados los servicios de mediana y alta complejidad contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), a través del Contrato N.° 101 de 2026, suscrito con el Hospital Regional de la Orinoquía – HORO.

Con la firma de este contrato, más de 160 mil afiliados de los 19 municipios del departamento de Casanare cuentan con cobertura para el acceso a servicios de salud de segundo nivel de complejidad, conforme a la capacidad instalada y los servicios debidamente habilitados por elprestador, de acuerdo con la normatividad vigente.

La población afiliada a Capresoca EPS puede acceder a consultas especializadas, ayudas diagnósticas, servicios de laboratorio clínico y procedimientos médicos y quirúrgicos de segundo nivel de complejidad, incluidos únicamente dentro del portafolio de servicios habilitado ante la autoridad sanitaria competente, ratificando el compromiso de la entidad con la cobertura, oportunidad y calidad en la atención en salud.

Los servicios serán prestados conforme a las condiciones de habilitación vigentes, el alcance del contrato suscrito y lo establecido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), garantizando la seguridad del paciente y el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos aplicables.

Se invita a los usuarios a realizar el agendamiento de sus consultas y procedimientos, comunicándose al número de contacto habilitado por el Hospital Regional de la Orinoquía: 300
913 26 63.

“Desde Capresoca EPS avanzamos en la consolidación de una red integral que responda a las necesidades en salud de nuestros afiliados. Muestra de ello, es que estamos garantizando los servicios de mediana complejidad con la red pública, dando continuidad a la atención médica”, expresó Betty Cecilia Anaya Nieto, agente especial interventora.

Para Juan Carlos Ramírez Cabrera, la vida siempre ha tenido un ritmo propio. A sus 27 años, este músico, quien fuera instructor de la casa de la cultura y voluntario de la Defensa Civil, está acostumbrado a marcar el tiempo con la batuta o a correr contra el reloj para salvar vidas.

Sin embargo, hoy el cronómetro corre en su contra y el silencio no es musical, sino administrativo. Una densa niebla llamada catarata amenaza con apagar el único ojo que le permite ver el mundo.

El eco de una negligencia

La tragedia de Juan Carlos tiene un antecedente amargo que hoy se siente como una premonición. Años atrás, un accidente doméstico le desprendió la retina del ojo izquierdo.

En aquel entonces, el diagnóstico fue claro: "es salvable si se opera ya". Pero en los pasillos de su EPS, Capresoca, la urgencia médica chocó con la burocracia.

Los meses pasaron entre excusas de "falta de convenios" y, para cuando el bisturí finalmente tocó su ojo, la luz se había extinguido para siempre en ese lado de su rostro.

Hoy, la historia parece estar escrita con el mismo guion. Desde agosto del año pasado, su visión derecha —su única ventana al mundo— comenzó a nublarse.

El diagnóstico de "catarata urgente" debió culminar en una cirugía en enero, pero al llegar a Optisalud, la respuesta fue un portazo burocrático: "No hay contratación con Capresoca".

Una vida en pausa

Juan Carlos no solo teme por su salud; teme por su identidad. Su cotidianidad es un lienzo de actividades que requieren precisión visual.

Es el instructor que guía las manos de jóvenes con discapacidad en la música, es el publicista que diseña campañas y el socorrista que debe distinguir el peligro en medio de una emergencia.

"El miedo mío es quedarme ciego y yo tan joven, tan lleno de vida", confiesa con una voz que mezcla la impotencia del paciente con la determinación del artista. Sin visión, el perifoneo se apaga, las partituras se vuelven manchas negras y su labor social queda truncada.

Entre la fe y el costo del derecho a ver

Ante el silencio de las instituciones que deberían protegerlo, Juan Carlos ha tenido que ponerle precio a su esperanza: 4 millones de pesos. Esa es la cifra que lo separa de una cirugía particular que Capresoca, por ley, debería garantizarle.

Mientras el "muro de silencio" administrativo persiste, este joven se aferra a la solidaridad ciudadana y al llamado urgente a los líderes regionales.

Para Juan Carlos, no se trata solo de una operación; es la lucha por evitar que su mundo se convierta en una nota sostenida de oscuridad total. La remisión que espera no es un papel, es el permiso para seguir viviendo.

Cuando una entidad está intervenida es porque no tiene unos niveles óptimos de desempeño y requiere una atención especial, así como unas acciones de impacto que puedan hacerle cumplir los indicadores financieros para sacarla a flote.

Esta fue la premisa inicial con la cual inició el uso de la palabra la agente interventora de Capresoca, Betty Cecilia Anaya, durante el desarrollo de la mesa de trabajo adelantado en la Asamblea Departamental, para analizar la situación de esta EPS oficial.

La funcionaria recalcó que tan solo llega dos meses en el cargo. Agregó que desde su llegada el 14 de noviembre y durante los primeros 30 días el esfuerzo se concentró, en lo que calificó como apagar incendios.

En cuanto el tema de la contratación indicó que, si se han presentado incumplimientos, los mismos no obedecen únicamente al área de gestión, sino que juegan un papel adverso las trabas internas y externas que afectan la entidad.

Mencionó que este panorama lamentablemente va a persistir. Ejemplificó la afirmación anterior con una visita que realizó a Aguazul. “Estaba la droguería y no había ni un afiliado”, comentó.

Extrañada fue a la oficina a preguntar el porqué de esta situación. En este lugar le dijeron que la droguería no está y acto seguido le enseñaron chat donde se comunicó que la droguería no estaba funcionando “y los señores regentes y auxiliares esperando los afiliados”.

“Así de grave está Capresoca, donde nuestro mismo personal hay gente que quiere hacer daño. Eso nos toca a nosotros depurarlo”, subrayó la agente interventora.

Añadió que muchos de los casos que hacen parte de las quejas por mala atención, se deben a empleados que “no tienen la camiseta puesta”. Y les dicen a los afiliados “No hay red, no hay atención. Por Dios, nosotros tenemos opciones para que las personas sean atendidas, pero no se les ocurre preguntar”.

A estos problemas internos se suman los financieros que pasan por la creciente deuda con los prestadores de salud, como los 11 mil millones que le exige el Instituto Cancerológico para hacer el contrato de atención.

Panorama bastante complejo, porque reconoció que la demanda en servicios de salud es demasiado alta.

Pese a este entorno bastante adverso, la agente interventora considera que Capresoca tiene salida. En el campo económica una ventaja que tiene es su carácter oficial. Esta característica le permite acudir al Tesoro Nacional para conseguir recursos.

“Para eso se necesita un estudio y no es cualquier estudio. Necesitamos unos estudios financiero muy importantes, porque allá el director del Tesoro hace cuentas y dice yo te doy tanto y te presto tanto, pero ¿cómo me lo vas a pagar?”

En este escenario es necesario demostrar de dónde se van a sacar los recursos, en caso de que aprueben un crédito para sanear las finanzas de la EPS.

Por ahora las autoridades continúan buscando una salida para evitar que Capresoca naufrague en las profundas aguas de la deuda con las IPS.

Una denuncia pública y anónima radicada este 19 de enero en Yopal ha puesto en conocimiento de las autoridades de control presuntas irregularidades en los procesos de contratación adelantados por la EPS Capresoca para la vigencia del año 2026.

El documento ha sido remitido a la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Casanare, la Contraloría Departamental, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo regional Casanare.

El texto de la denuncia se centra en el contrato 003-2026, suscrito entre la EPS y la empresa PROVITALY SAS por un valor de $24.000 millones de pesos.

Este acuerdo tiene como objeto garantizar el suministro de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en 14 municipios del departamento.

Según la información expuesta, el valor de este contrato representa un incremento de costos del 26% en comparación con el año anterior. Los denunciantes contrastan este aumento con el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fuente de financiación de estos servicios, que para el 2026 fue fijado en un 16,49%.

Sobre el contratista seleccionado, PROVITALY SAS, la denuncia señala que se trata de una empresa constituida en el año 2018 con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla y un capital autorizado de $6 millones de pesos.

El documento cuestiona si la entidad promotora de salud realizó los análisis técnicos y financieros pertinentes para adjudicar la dispensación de medicamentos por dicha cuantía a esta firma.

En el análisis de los costos per cápita, se detallan variaciones significativas en los valores asignados a los diferentes municipios. Para las localidades de Aguazul, Paz de Ariporo, Támara y Tauramena, el incremento reportado es del 27,41%, mientras que para el municipio de Yopal el aumento alcanza el 29,4%.

Estos porcentajes superan el ajuste nacional de la UPC. Adicionalmente, se menciona que en la nota técnica del contrato se incluyen medicamentos, como el Albendazol de 400mg en cápsula o tableta, cuyo registro sanitario ante el INVIMA figuraría como vencido o no vigente.

Otro aspecto abordado en la denuncia es la contratación del servicio de transporte aéreo de pacientes, adjudicado mediante el contrato 010-2026 a la empresa UNITOURD SAS por un valor de $2.000 millones de pesos. Se indica que en la ruta de mayor demanda (Yopal-Caño Mochuelo-Yopal) se presenta un incremento tarifario del 27,3% respecto al año 2025.

Asimismo, se reporta la eliminación de tarifas para grupos de usuarios que existían previamente, lo que implicaría sobrecostos del 70% para el traslado de dos pacientes y de más del 100% para tres pacientes.

Finalmente, el documento advierte sobre una tendencia en la contratación con empresas cuya sede principal se encuentra en Barranquilla, así como el uso de modalidades de telemedicina.

Según lo expuesto en la denuncia, estas prácticas podrían estar afectando la oportunidad y accesibilidad de los servicios de salud para los afiliados en el departamento de Casanare, contraviniendo las directrices de territorialización y presencia de especialistas en la región.

Mediante mesas de trabajo entre la comunidad, Gobierno departamental y las directivas de Capresoca, se viene trabajando en la búsqueda de una solución a la crisis de salud que padecen los usuarios de la dicha EPS.

Así lo manifestaron Oswaldo Malpica y Alexis Betancourt, delegados de los usuarios. Las mesas de trabajo son el resultado del plantón organizado por afiliados de la comunidad de Monterrey, quienes desde muy temprano en la mañana se hicieron presentes frente a las instalaciones de entidad.

Agregaron los delegados que el gobernador César Ortiz Zorro se comprometió a escuchar nuevamente a la comunidad, el próximo 27 de enero.

Otro logró mencionado está relacionado con la suscripción de un convenio entre Capresoca y el Horo, para que la institución hospitalaria atienda a los pacientes afiliados a la mencionada EPS.

También se precisó que adicionalmente se habló de la ruta de la atención oncológica, la entrega de medicamentos. Temas que vienen siendo analizados con el fin de encontrar una solución y poder fin a esta adversidad.

De todas formas reconocieron que existen algunas temáticas que son de manejo interno de las instituciones y que por ley deben cumplir con algunos trámites.

No obstante, expresaron que el problema más grande de Capresoca son los más de 200 mil millones de pesos, que tiene de deuda con los diferentes prestadores del servicio de salud. Especificaron que, de esa suma, 20 mil millones se adeudan a empresas casanareñas.

Indicaron que esta cartera morosa ha conllevado a que las entidades prestadoras se rehúsen a contratar con Capresoca. Situación que se traduce en una pérdida de confianza en la EPS.

Si embargo, pese al panorama poco alentador, se viene cumpliendo con algunos de los compromisos adquiridos en este primer ciclo de reuniones, los cuales están sujetos a las actuales circunstancias en las que se encuentra la empresa.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció la llegada de Bety Cecilia Anaya Nieto como nueva agente interventora en Capresoca. La decisión, oficializada por el Superintendente Bernardo Camacho Rodríguez, marca el relevo en la interventoría de esta EPS.

Anaya Nieto es administradora de empresas, especialista en auditoría en salud y magíster en gerencia estratégica, con trayectoria de 24 años en cargos de dirección y asesoría en el sector salud.

Además de Capresoca, la Superintendencia hizo posesión de nuevos interventores en Coosalud, Servicios Occidentales de Salud SOS, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud y Savia Salud EPS.

Los nuevos agentes interventores iniciaron funciones desde este 14 de noviembre, con el compromiso de mantener la continuidad y calidad en la prestación del servicio.

Bety Cecilia Anaya Nieto, reemplaza a Yeferson Caicedo, quien estuvo un año al frente del cargo.

La Supersalud resaltó que la selección se basó en el registro oficial de perfiles técnicos y profesionales, garantizando idoneidad y compromiso con el cuidado de los recursos públicos y la atención a los ciudadanos.

Con el relevo en Capresoca y otras EPS, la entidad busca avanzar en los planes de intervención definidos para mejorar la gestión de las entidades intervenidas y la protección del derecho a la salud.

La Superintendencia Nacional de Salud ha prorrogado por un año más la intervención forzosa administrativa de Capresoca EPS, hasta el 7 de octubre de 2026. Así mismo, Yeferson Caicedo Pardo ha sido ratificado como Agente Especial de Intervención.

Esta decisión fue comunicada por Capresoca mediante la Resolución No. 2025320030009784-6 del 07 de octubre de 2025.

Capresoca EPS asegura a sus más de 170.000 afiliados y a sus proveedores de servicios de salud la continuidad en la prestación de servicios y el pago de las obligaciones.

Como se recuerda el 7 de octubre de 2024, el entonces superintendente de salud Luis Carlos Leal Angarita, adelantó la intervención forzosa administrativa y tomar el control de la entidad.

La decisión autorizó la posesión inmediata de Capresoca, incluyendo los bienes, haberes y negocios, por término de un año. El plazo se venció este martes 7 de octubre.

Sobre las razones de la intervención, se dijo en su momento por parte de la Superintendencia, que la medida se adoptó “al evidenciar una crítica situación de índole administrativa, financiera, de entrega de medicamentos, incremento en el número de tutelas y desacatos.

Igualmente se hizo hincapié en el aumento importante en las quejas de sus usuarios, situación que ponía en riesgo la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud como la integridad y la vida de los afiliados concentrados principalmente en el departamento de Casanare”,

Con la prorroga dada al proceso de intervención, la entidad se compromete a seguir trabajando en la búsqueda de financiación para el pago de deudas de vigencias anteriores.

También se ratifica el compromiso con el Gobierno Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social de fortalecer la red de servicios de salud, tanto pública como privada, para garantizar el acceso y la prestación efectiva de los servicios a los afiliados.

Por su parte la EPS se compromete a continuar con las acciones de mejora para subsanar las causas que originaron la intervención.

Se hace un llamado a todos los actores del sector de la salud en Casanare para colaborar en la recuperación institucional de Capresoca EPS.

Capresoca EPS informó a sus afiliados, instituciones y comunidad en general que la línea telefónica 317 807 8867 fue deshabilitada de manera oficial, en el marco del proceso de modernización de los canales de atención al usuario.

La decisión obedece a la puesta en marcha de un nuevo sistema de Call Center, que garantiza una atención más eficiente, oportuna y con mayor capacidad de respuesta a las solicitudes de los usuarios.

Actualmente, Capresoca EPS cuenta con la línea nacional 300 914 4777, plenamente habilitada y operativa, a través de la cual los usuarios pueden comunicarse para resolver inquietudes, realizar trámites y acceder a la orientación requerida.

Con esta medida, la entidad reafirma su compromiso con la mejora continua de sus procesos de atención, priorizando siempre la accesibilidad, calidad y seguridad de la información.