Desde el área de Tesorería del Indecas se pudo determinar que el Instituto fue blanco de un ataque cibernético los días 11 y 12 de septiembre.

Los maleantes incurrieron en el delito de ocupación de dineros depositados en la cuenta. La entidad se percató de la anomalía, luego de una verificación de los saldos bancarios.

La información fue compartida por el Indercas a través un comunicado a la opinión pública, donde recalcó que, una vez detectado el ataque, se procedió a informar de manera inmediata a la entidad bancaria, que de inmediato activó todos los protocolos de seguridad que comprenden un dictamen forense, el cual se adelantó el sábado 14 de septiembre.

Igualmente, el viernes 13 de septiembre con ocasión a los hechos, se presentó a primera hora la denuncia penal ante la Fiscalía General de Nación, de cuyos resultados se espera obtener una respuesta en los próximos días.

El escrito no especifica si los delincuentes lograron su cometido de sacar dinero de las cuentas del Indercas. Finaliza el comunicado asegurando que el Instituto está atento a los resultados de las investigaciones que adelantan las autoridades competentes.

Quince días concedió el Juzgado Segundo del Circuito de Yopal a la Alcaldía de Paz de Ariporo, para que reestablezca el uso público de una vía terciaria de esta localidad, la cual, según una acción popular fue obstaculizada por un particular.

Así quedó consagrado en la providencia de la mencionada autoridad judicial, donde se hace un recuenta de la situación, que fue objeto de una Acción Popular instaurada por José Albino Manrique Manrique, en contra del Municipio de Paz de Ariporo y del ciudadano Juan Bautista Méndez Mariño.

Según el documento del Juzgado, la acción tuvo como objetivo proteger “los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa que considera amenazados al no poder hacer uso de una vía que se considera pública”.

La que suscitó esta controversia es la que comunica el sector urbano de Paz de Ariporo con la zona rural de Muese – Bebedero – Brito Alto y Brito Bajo y que finaliza en El Paso, finca Palmarito.

Basados en la versión del accionante, el problema tuvo su génesis en el año 2015 cuando esta carretera fue obstruida, lo que evitó la libre movilización de la comunidad por este sector.

“Los días 24 y 25 de febrero de 2015 el señor JUAN BAUTISTA MÉNDEZ MARIÑO a través de obreros contratados realizó 8 zanjas de 50 cm de ancho por 60 cm de profundidad, distantes unas de otras, para impedir el tránsito vehicular, de semovientes, productos agrícolas y demás servicios por la vía mencionada, que pasa sobre sus predios”, expresa la providencia.

También en el documento se hace un breve recuento de la evolución de la carretera, que tiene más de 60 años de historia. “Se alude que la referida vía pública se erigió primero como servidumbre de tránsito y luego se estableció en el Plan de Ordenamiento Territorial de Paz de Ariporo como una vía terciaria”.

También resalta el escrito que a través de la Resolución No. 300.52-063 del 3 de marzo de 2015 fue expedida por la alcaldesa encargada de la época, restituir como vía pública la mencionada carretera.

Sin embargo, el 22 de junio de 2016 el jefe de la oficina de ordenamiento territorial declaró la vía como paso transitorio por varios predios de carácter privado, por lo que no se justifica otorgarle el carácter de vía pública, por lo tanto, no se contempló dentro del PBOT.

Después de esta fecha vienen una serie de acciones de orden administrativo, que ahora tiene un nuevo componente de orden jurídico, dado por Lubier Aníbal Acosta González, juez segundo del circuito de Yopal.

La decisión del togado conmina a la Administración Municipal de Paz de Ariporo para que, en un término de 15 días, contados a partir de la notificación de la sentencia, tome las medidas correctivas que sean necesarias, para restituir como bien público la mencionada vía. También le ordena a rendir informes trimestrales.

Igualmente, una vez se haya adelantado la respectiva restitución como bien público, la Alcaldía tendrá 30 días de plazo para que adelante labores de mantenimiento preventivo y correctivo de dicha carretera.

Así mismo el juez consideró que una vez quede en firme la sentencia, la Alcaldía de Paz de Ariporo tendrá máximo un año, para que presente el proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal, donde se incluya esta vía dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

Por su parte para el caso del ciudadano Juan Bautista Méndez Mariño, el juzgado le ordenó abstenerse de hacer cualquier intervención sobre la vía pública y le concede un mes para que adelante las obras necesarias para reestablecer la normalidad en la carretera.

Finalmente, la autoridad judicial pidió conformar un comité que se encargue de verificar el cumplimiento de las órdenes dadas en la sentencia, el cual debe estar integrado por un representante de la Alcaldía, el accionante, del defensor del pueblo regional Casanare y el representante del Ministerio Público.

Este jueves 12 de septiembre sobre las las 05:30 de la mañana, se registró un accidente de tránsito en la vía Paz de Ariporo - Hato Corozal, específicamente en el kilómetro 11, en el sector Santa Rita. 

El siniestro, que solo resultó en daños materiales, involucró a un camión que sufrió un volcamiento lateral debido a una falla mecánica.

El vehículo involucrado es un camión marca Chevrolet, modelo 1986 y de color verde, conducido por Yerman Andrei Sepúlveda Goyeneche. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.

Según la información proporcionada por las autoridades, el vehículo de carga transitaba en dirección de Hato Corozal hacia Paz de Ariporo cuando sufrió una falla mecánica relacionada con las llantas. 

Esto provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, lo que resultó en el volcamiento lateral.

Las autoridades locales han instado a los conductores a realizar un mantenimiento adecuado de sus vehículos para prevenir este tipo de incidentes. 

Aunque no hubo heridos en este accidente, siempre es importante recordar la importancia de la seguridad vial y estar atentos a cualquier señal de problemas mecánicos al conducir.

Contrastando con el día mundial de la prevención de suicidio, que se celebró el pasado 10 de septiembre, se presentó un nuevo caso de muerto, al parecer, por decisión propia.

En esta ocasión los hechos ocurrieron hacia el mediodía de este 11 de septiembre en el municipio de Trinidad, donde la víctima fue un albañil identificado como Arbey Inocencio.

Las primeras versiones que se conocen hasta el momento de lo acaecido señalan que Inocencio habría sido encontrado suspendido en una vivienda del barrio Villa Polita.

Hasta el momento no se tienen más datos sobre esta situación. Se espera el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, para conocer qué ocurrió en este caso y establecer las posibles causas de esta decisión fatal.

En un desgarrador incidente ocurrido en el barrio Llano Lindo de Yopal, un niño de 10 años perdió la vida en un accidente doméstico mientras se encontraba en casa.

El mayor Alejandro Murcia, comandante de Policía de Yopal, informó sobre las circunstancias que rodearon esta tragedia.

Según el reporte policial, la madre del menor salió a realizar diligencias personales, dejando a sus hijos menores de edad solos en la residencia.

Aparentemente, el niño se enredó con un chinchorro, lo que provocó el fatal accidente. Un hermano de la víctima, también menor de edad, alertó a los vecinos al percatarse de la situación.

Ellos intentaron auxiliarlo, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.  La puerta de la casa estaba cerrada con candado, por lo que no pudieron ingresar para socorrerlo.

Ante la emergencia, se contactó a la madre de los menores, quien, al llegar y abrir la puerta, encontró a su hijo en estado crítico. A pesar de los esfuerzos por trasladarlo rápidamente al hospital, el menor llegó sin signos vitales al centro asistencial

En medio de la infausta noticia, el mayor Murcia hizo un llamado a la comunidad, enfatizando la importancia de no dejar a los niños solos en casa, independientemente de su edad, debido a los riesgos inesperados que pueden surgir.

En un lamentable incidente ocurrido en Yopal, una adulta mayor fue víctima de un violento atraco que la dejó gravemente herida.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones del centro de atención primaria Juan Luis Londoño, específicamente en la esquina de la calle 26 con carrera 29, donde la mujer fue abordada por un delincuente tras salir de la institución de salud.

Según informes preliminares, el atacante, quien fue identificado como Brandon Montealegre siguió a la víctima desde el centro médico hasta el lugar del asalto.

Una vez allí, procedió a golpear y lesionar a la señora con el propósito de robarle sus pertenencias. La brutalidad del ataque dejó a la víctima gravemente lesionada, requiriendo atención médica inmediata.

La rápida reacción de la comunidad fue crucial en este caso. Testigos del hecho, en un acto de solidaridad ciudadana, lograron capturar al presunto agresor. El sujeto fue retenido por los vecinos hasta la llegada de las autoridades, a quienes fue entregado para su posterior judicialización.

Mientras tanto, la víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia a un centro médico cercano debido a la gravedad de sus heridas.

Un aparatoso accidente de tránsito sacudió la tranquilidad de la madrugada en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare. El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana de este miércoles 11 de septiembre, cuando un automóvil luego de estrellarse se volcó en la carrera 10, justo frente al Centro de Convivencia Ciudadana de la localidad.

Según testigos del hecho, el conductor del vehículo aparentemente se encontraba en estado de ebriedad al momento del siniestro. Esta condición habría sido la causa principal para que perdiera el control del automóvil, impactando contra el sardinel de la vía y provocando el posterior volcamiento.

Afortunadamente, y a pesar de la gravedad del accidente, sus dos ocupantes —el conductor y un acompañante— resultaron con heridas menores. Ambos sufrieron algunas contusiones producto del impacto y el volcamiento, pero ninguna de ellas de carácter grave.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de cuerpo sin vida de Diomedes Coba Velandia, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 02 de septiembre cuando iba de regreso a su casa, ubicada en la verda Palosantal, zona rural del municipio de Paz de Ariporo, Casanare.

La muerte de Coba Velandia, un humilde campesino de 37 años y que trabajaba vendiendo leche en su motocicleta, causó indignación entra la comunidad de su vereda y los sectores donde distribuía el alimento.

Versiones de testigos indicaron que la última vez que fue visto con vida, se encontraba dialogando con tres hombres desconocidos, muy cerca del broche ubicado a la entrada del predio donde quedaba su vivienda.

El lunes 08 de septiembre su cuerpo fue encontrado en inmediaciones de la escuela de la vereda La Aguada, localizada cerca del casco urbano de Paz de Ariporo.

Una vez se conoció la noticia de su hallazgo, la Policía y autoridades judiciales procedieron a identificar el occiso, para dar inicio a las investigaciones que permitan establecer los responsables del homicidio.

En una operación militar adelantada en el municipio Sácama, Casanare, la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional ubicó un campamento abandonado perteneciente al frente 28 de las disidencias de las Farc.

El hallazgo se produjo tras un enfrentamiento entre soldados del Grupo de Caballería Guías del Casanare y miembros de dicha organización armada ilegal, en la vereda Sinaí.

Las fuerzas militares decomisaron un arsenal que incluye un fusil, dos pistolas, más de 3,000 municiones y 24 granadas. Además, se incautaron uniformes de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y otros elementos de intendencia.

Entre los objetos encontrados destacan agendas y talonarios con valores desde 40,000 pesos hasta 100 millones de pesos, junto con un sello que, según las autoridades, corrobora las actividades extorsivas contra ganaderos, agricultores y empresarios de la región.

La operación también resultó en el decomiso equipos de comunicaciones, así como 12 barras de explosivo indugel, material que podría haber sido utilizado para fabricar artefactos explosivos, representando una amenaza para la población local.

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, entregó el material incautado a las autoridades competentes para que se vincule con los diferentes procesos de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Dos exfuncionarios de la multinacional petrolera Perenco se encuentran en el ojo del huracán, por presuntos vínculos con grupos paramilitares en Casanare.

Se trata de Antenor Sarmiento Delgado, quien para la época en que ocurrieron los hechos se desempeñaba como gerente de distrito. El otro implicado es Ramiro Pinzón Suárez que era por aquel entonces, supervisor de tierras.

La acusación en contra de estas dos personas fue confirmada ante el Tribunal Superior de Bogotá. La investigación está a cargo de un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional.

Según el ente investigador los investigados participaron en reuniones, pactaron acuerdos o se prestaron como intermediarios con el bloque Héroes de San Fernando del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero también habrían tenido nexos con las Autodefensa Campesinas de Casanare.

La Fiscalía también señaló que Sarmiento Delgado y Pinzón Suárez facilitaban a estas organizaciones ilícitas, dinero, combustible, transporte y alimentos. En compensación recibían seguridad en los pozos petroleros a cargo de la compañía.

El mencionado Tribunal Superior fue la autoridad judicial ante a la cual se presentó la resolución de acusación, donde se confirmó en segunda instancia la acusación por el presunto el delito de concierto para delinquir agravado, práctica ilegal que es considerada como de lesa humanidad.

En las cuentas de la justicia colombiana las relaciones entre los dos exfuncionarios y las AUC ocurrió en el lapso 1996 – 2005, tiempo durante el cual, al parecer, hacían un aporte mensual económico al grupo armado ilegal a cambio de seguridad en la zona donde operaba Perenco.