La Policía Nacional logró la captura de dos hombres, de 19 y 25 años, en la vía Barranca de Upía, luego de perpetrar un atraco a mano armada. Los detenidos están acusados de los delitos de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y hurto.

Según el reporte policial, los individuos minutos antes de ser detenidos habían intimidado a un empleado de una estación de servicio, robándole un celular y una suma de dinero en efectivo.

Tras el incidente, las autoridades implementaron un plan candado que permitió localizar a los sospechosos rápidamente. Durante la captura se les realizó el procedimiento de registro a personas, donde se encontraron los objetos robados y dos armas de fuego: un revólver y un arma tipo mini Uzi.

Estos elementos fueron incautados junto con los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 19 Seccional de Monterrey, donde se iniciará el proceso de judicialización correspondiente.

En un operativo llevado a cabo en la vía Monterrey - Yopal, la Seccional de Tránsito y Transporte de Casanare logró la captura de dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los detenidos son un hombre de 28 años y una mujer de 32, ambos de nacionalidad venezolana, quienes se encontraban en un vehículo tipo campero.

El procedimiento se realizó mediante un control de registro y la solicitud de antecedentes a personas y vehículos en la zona. Durante la inspección del automotor, los agentes de la policía encontraron cuatro maletas que contenían paquetes de marihuana, lo que llevó a la detención inmediata de los sospechosos.

Los capturados, junto con la sustancia alucinógena y el vehículo involucrado, fueron puestos a disposición de la fiscalía 30 URI de Yopal. Las autoridades están trabajando en la judicialización del caso, que se encuentra en proceso de investigación.

En un operativo de rutina realizado en Yopal, capital del departamento de Casanare, las autoridades detuvieron a un ciudadano venezolano de 21 años por el delito de falsedad marcaria. El incidente ocurrió en la intersección de la carrera 40 con calle 40, en el barrio Llano Grande.

Efectivos de la Policía Nacional llevaban a cabo controles de registro y verificación de antecedentes a personas y vehículos cuando interceptaron al joven, quien se desplazaba en una motocicleta marca Suzuki sin placa.

Al realizar una inspección detallada del vehículo, los agentes descubrieron irregularidades en los números de registro. Tanto el chasis como el motor presentaban alteraciones del serial, el cual había sido borrado, lo que imposibilitaba su correcta identificación.

La situación levantó sospechas inmediatas entre los uniformados, quienes procedieron a la detención del conductor y la incautación de la motocicleta. El hombre no pudo proporcionar una explicación satisfactoria sobre las inconsistencias encontradas en el vehículo.

Tras el procedimiento, el detenido y la motocicleta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esta entidad será la encargada de adelantar las investigaciones correspondientes y determinar las implicaciones legales del caso.

Las autoridades locales aprovecharon la oportunidad para recordar a la ciudadanía la importancia de adquirir vehículos por medios legales y mantener al día la documentación requerida para circular. Asimismo, instaron a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la comercialización de vehículos de dudosa procedencia.

En un operativo conjunto realizado en la vereda Santa María de Palmarito, municipio de Maní, Casanare, las autoridades detuvieron a un hombre de 25 años acusado de abuso sexual a una menor. La captura se efectuó en cumplimiento de una orden judicial vigente.

El procedimiento fue llevado a cabo por miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional durante una jornada rutinaria de control en la zona. Los uniformados realizaban actividades de registro y verificación de antecedentes judiciales.

Al consultar la base de datos, los agentes confirmaron que sobre el individuo pesaba una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Inmediatamente, procedieron a su detención sin que se presentaran incidentes.

Tras la captura, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado Primero Promiscuo de Circuito de Monterrey, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente.

En un comunicado emitido por la Institución Educativa Megacolegio El Progreso, las directivas de ese centro de enseñanza denunciaron un posible intento de rapto de una alumna.

El escrito fechado este 16 de agosto de 2024 precisa que el incidente se presentó sobre el mediodía durante el cambio de jornada, que es el momento de mayor afluencia de alumnos. La denuncia estaba basada en información entregada por un padre de familia, quien reportó el hecho a las directivas del centro de enseñanza.

Según esta versión, una mujer de edad y dos hombres que se encontraban al interior de un vehículo blanco ubicado en cercanías del colegio, abordaron una estudiante de primaria.

Estas personas se acercaron a la menor de edad con la excusa de preguntarle dónde quedaba el Megacolegio. Luego la señora abrió la puerta del automotor y le indico a la niña que subiera al carro.

Al percatarse de la situación una menor de edad que se encontraba en el lugar, se acercó para verificar qué estaba sucediendo. En este momento el conductor del vehículo emprendió la marcha y se fue sin dar ninguna explicación.

Ante este imprevisto las directivas del centro educativo invitaron a los padres de familia y en general a toda la comunidad, a generar las alarmas respectivas. También recomendó hacer acompañamiento a los estudiantes durante los recorridos de la casa al colegio y viceversa, para evitar que ocurra cualquier contratiempo.

Así mismo recordó la importancia que tiene enseñar a los alumnos medidas de precaución, para que sepan cómo actuar cuando algún extraño pretenda abordarlos y a quién pedir ayuda en estos casos.

La Fiscalía General de la Nación reportó que un juez con función de garantías, impuso medida de aseguramiento en contra de José del Carmen Teherán Sogamoso, por el delito abigeato.

Según el informe entregado por el en el investigador, el fiscal encargado del caso recopiló el suficiente material probatorio que permitió que la autoridad judicial enviara a la cárcel al detenido.

Los hechos investigados ocurrieron el 15 de diciembre de 2022, cuando el procesado ingresó a una finca del municipio de Trinidad (Casanare) donde, al parecer, hurtó siete reses que pretendía trasladar a otra zona del departamento.

Sin embargo, su intento delictivo quedó frustrado cuando en un puesto de control, la Policía Nacional incautó los semovientes por no contar con la documentación requerida para su movilización.

Por esta razón, el 12 de agosto Teherán Sogamoso fue detenido en una vía pública de Trinidad, luego que un juez emitiera una orden de captura en su contra. El detenido no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Una alerta temprana (ATI) 020 de 2024 fue emitida por la Defensoría del Pueblo, donde se pone de manifiesto la grave situación de riesgo que enfrentan los pueblos indígenas asentados en el resguardo de Caño Mochuelo.

Este territorio, ubicado entre los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, es hogar de comunidades tanto sedentarias como nómadas. Entre ellas se encuentran los Sikuani, Piapoco, Sáliva, Amorúa, Maiben Masiware, Wamonae, Waüpijiwi, Yamalero, Tsiripus y Yaruros.

Según la Defensoría el principal factor de riesgo es la presencia de grupos armados ilegales, especialmente una facción disidente de las FARC conocida como el Frente 28 José María Córdoba.

Estas organizaciones ilegales están imponiendo su control sobre el territorio, lo que implica una grave amenaza para la autonomía y los derechos fundamentales de las comunidades indígenas.

La situación es particularmente preocupante porque estos actores armados estarían interfiriendo con las decisiones de las autoridades tradicionales indígenas. Además, las actividades de estos grupos ponen en peligro las formas de sustento de las comunidades y sus prácticas alimentarias.

Ante esta situación, la Defensoría hizo un un llamado al Ministerio del Interior para que implemente medidas de prevención y protección, que garanticen la seguridad alimentaria de estas comunidades.

Así mismo instó a la autoridad nacional a proporcionar atención humanitaria, asegurar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su jurisdicción especial y autonomía territorial.

Esta no es la única alerta en la región. A principios de julio, la Defensoría también advirtió sobre riesgos en el sur de Casanare, específicamente en Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva.

Para la Defensoría la situación de violencia en estos escenarios del departamento, obedecen as disputas entre el Clan de Golfo, que vine en un proceso de consolidación, el ELN con su frente José David Suárez, el frente 28 de las disidencias de la Farc y el décimo frente del Estado Mayor Central.

Esta situación no solo afecta a las comunidades indígenas, sino también a organizaciones comunitarias, campesinos, víctimas del conflicto, niños, jóvenes, mujeres, servidores públicos, y otros grupos sociales.

Ciento treinta y tres meses de prisión, así como una multa de 533.3 salarios mínimos legales vigentes, impuso el Juzgado Tercero de Yopal a Nelson Alberto Figueroa Robles y Henry Danilo Ávila Motta, por el delito de estafa agravada.

Este fallo de primera instancia hace parte de la investigación que las autoridades adelantan por el caso del fallido proyecto de Las Heliconias en el año 2008, en cuya directiva figuraba Nelson Figueroa y Ávila Motta junto con la constructora Construfiamott, la cual era dirigida también Henry Danilo Ávila y Yadira Pérez Cruz.

Según el documento oficial emitido por el mencionado juzgado, se trató de una propuesta de vivienda de interés social compuesta por tres proyectos habitacionales: La Heliconias etapa II, Palmar Real y Brisas del Palmar, los cuales no contaban “con los requisitos legales para ello”.

En el apartado de resuelve el Juzgado Tercero absolvió “en aplicación de la presunción de inocencia a Irma Yadira Pérez Cruz”, mientras que a Nelson Alberto Figueroa Robles y Henry Danilo Ávila Motta, además de la multa y la condena antes mencionadas, también les impuso una “pena accesoria de inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”.

Un siniestro vial ocurrido en la carretera que conecta los municipios de Pore y Trinidad, en el departamento de Casanare, cobró la vida de un joven motociclista. El incidente tuvo lugar este miércoles 14 de agosto, aproximadamente a las 10:55 de la noche, en el kilómetro 6,6 de la mencionada vía.

De acuerdo con información preliminar entregada por el Cuerpo de Bomberos de Pore, el conductor, identificado como Eliseo Pinto Tumay, de 28 años, perdió el control de su vehículo. La motocicleta, una Auteco Discover 125 de color rojo con matrícula ABB-33E, se salió de la calzada e impactó contra un árbol.

Tras el percance, Pinto Tumay fue trasladado a un centro médico. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, los esfuerzos por salvar su vida resultaron infructuosos y se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes, para determinar las causas exactas del accidente. Se insta a los conductores a extremar las precauciones al transitar por esta vía, especialmente en el horario nocturno.

La Alcaldía de Yopal ha iniciado preparativos para acatar el reciente fallo del Tribunal Administrativo de Casanare. Esta decisión judicial ratifica la nulidad del Proyecto de Acuerdo 023 de 2013, que afecta directamente al contrato con la empresa SETTY.

Edgar Iván Paerez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica municipal, informó que el ayuntamiento espera la notificación oficial del Juzgado Segundo Administrativo para proceder. Una vez recibida, la administración declarará la nulidad del contrato y comenzará su liquidación.

Ante este panorama, la Alcaldía evalúa diversos escenarios para la continuidad de los servicios públicos. Entre las opciones se contempla que el municipio asuma directamente la operación 

El gobierno local hace hincapié en su compromiso con el cumplimiento de los procesos judiciales. Sin embargo, subraya la importancia de mantener la calidad del servicio durante la transición. Por ello, hasta que no se oficialice la nulidad, SETTY seguirá a cargo de las operaciones.

Reconociendo la complejidad de la situación, la Alcaldía busca orientación judicial. La Oficina Asesora Jurídica solicitará al Juzgado indicaciones precisas sobre cómo realizar la transición sin afectar a los usuarios.