Al no cumplir con un compromiso claro, concreto, programado e idóneo para alcanzar los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y no Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le cerró la puerta al exgobernador de Casanare, William Pérez Espinel, para hacer parte como compareciente de la justicia transicional. El político está condenado en la justicia ordinaria por beneficiar a las autoridades campesinas de Casanare.
Pérez Espinel condenado por la Corte Suprema de Justicia en tres ocasiones pidió pista en la JEP para que sus expedientes fuesen revisados en esa instancia porque consideró que los actos fueron cometidos en el marco del conflicto armado. El exgobernador, en su momento, confesó que su campaña para ocupar la plaza de mandatario departamental fue financiada por parte de los grupos de autodefensas que le brindaban garantías de proselitismo, mientras él les garantizaba poder político, económico y militar en el departamento.
Un análisis de la Unidad de Investigación y Acusación da cuenta que el exgobernador se encuentra vinculado en 16 procesos judiciales en calidad de indiciado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contratación sin cumplimiento de requisitos, concusión y enriquecimiento ilícito. Aunque sobre su nombre pesan tres condenas por más de ocho y 15 años, el político pidió pista en la JEP para que conociera del resto de expedientes.
En 2018 logró que la justicia transicional tuviera para estudio su caso, y desde allí empezó la lucha para que fuese aceptado a través de sometimiento. El tribunal de paz resaltó que debía entregar información valiosa sobre los nexos que tuvo con el grupo ilegal. No obstante, este miércoles, esa misma corporación le cerró la puerta al considerar que lo que ha dicho ha sido una reiteración de lo que tiene en su poder la justicia ordinaria.
“Se tiene que a pesar de los múltiples requerimientos dados al señor William Hernán Pérez Espinel, dentro de su escrito de compromiso claro, concreto y programado no proporcionó los datos específicos que permitieran verificar su dicho, las acciones que realizó y las demás personas que se vieron involucradas en los hechos relatados y no meramente aseveraciones genéricas”, resaltó el auto de más de 60 páginas.
A juicio de la JEP, en lugar de poner en evidencia, por sus propios medios y versiones las faltas en las que incurrió, el exgobernador se limitó a remitir a la magistratura las sentencias condenatorias que ya se habían proferido en la justicia ordinaria. Así, la justicia transicional consideró que su aporte no podría generar un apoyo significativo para brindar información para esclarecer los fenómenos de macro criminalidad y victimización.
“El interesado debe señalar sobre cuáles hechos aportará relatos veraces, qué parte de la realidad del conflicto coadyuvará a esclarecer y qué tipo de colaboración puede extender a los demás organismos del SIVJRNR, y además debe comprometerse a superar el umbral de lo ya esclarecido en la justicia ordinaria, aspecto que no se denota en los acuerdos radicados en esta jurisdicción”, resaltó el tribunal.
En julio de 2016, el exgobernador fue enviado a la cárcel luego de que aceptó responsabilidad por incrementar injustificadamente su patrimonio en $143 millones. Según la investigación de la época, el entonces mandatario departamental no pudo explicar ni demostrar el origen de los recursos que incrementaron notablemente su patrimonio económico. Pese a que era conocida su actividad como ganadero en la zona nunca presentó un sustento frente al notable incremento.
Fuente: El Espectador
