Por supuestamente  no haber adelantado acciones necesarias para garantizar los derechos de una menor de edad, la Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Moneterrey Orlando Martínez Ávila y su secretario de gobierno Juan Arley Bernal Martínez.

Para la Procuraduría el exburgomaestre habría incurrido en una falta disciplinaria, al designar a su entonces secretario de gobierno, para que actuara en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos a una menor de edad, después que la comisaría de familia se declara impedida.

A juicio del ente disciplinario, el entonces alcalde al nombrar a un funcionario reemplazante, posiblemente desconoció la ruta de atención que se aplica para estos casos.

Igualmente la Procuraduría sostuvo que basada en las pruebas recaudadas, el mencionado funcionario no habría realizado ninguna acción, para tramitar de manera especial el proceso de restablecimiento de derechos de la niña.

Agregó la entidad que si bien la asignación hecha al titular del despacho de Gobierno no era la correcta, el investigado tampoco expuso argumentos para sustentar por qué no adelantó ninguna acción. Tampoco alegó impedimento o falta de competencia o conocimiento del tema.

Señaló el Ministerio Público que "sencillamente ignoró el asunto, no actuó y dejó transcurrir los seis meses que están reglamentados para efectuar el proceso”. En consecuencia, la misma administración de Monterrey debió remitir el asunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de ese municipio.

A juicio del ente de control en ese lapso reglamentario, el disciplinado pudo haber tomado determinaciones respecto de los derechos vulnerados de la niña pues en ese aspecto estaba respaldado por la presunción de legalidad.

Las conductas reprochadas a los funcionarios fueron calificadas provisionalmente como falta grave a título de culpa gravísima.