La Contraloría General de la República reveló que encontraron dos hallazgos fiscales por $14.981 millones, en contratos para la prestación del servicio de vigilancia electrónica a personas con detención domiciliaria, suscritos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

El ente de control fiscal precisó que el hallazgo más cuantioso fue por $14.652 millones, correspondiente al cobro del servicio diario de monitoreo de dispositivos inactivos, que no estaban siendo utilizados por personas con detención domiciliaria.

La Contraloría evidencia que el software utilizado para generar los informes de facturación no fue examinado ni verificado por la interventoría de los contratos, lo que derivó en cobros y pagos por servicios no prestados.

Asimismo, se detectó otro hallazgo fiscal por $329 millones por irregularidades similares en la prestación del servicio de vigilancia electrónica contratado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El ente de control adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por $12,815 millones adicionales que aún se encuentra en etapa probatoria. Con estos hechos, la Contraloría asumió 34 hallazgos administrativos y 7 con presunta incidencia disciplinaria.