En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad general por diez años para ejercer cargos públicos al exministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva Durán.

La sanción fue impuesta por haber declarado desierta, sin fundamentos legales, la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes.

Según la decisión del Ministerio Público, Leyva Durán tomó una determinación que no tuvo como objetivo garantizar la selección objetiva en el proceso de contratación estatal.

La Procuraduría señaló que el exministro se basó en el hecho de que solo se había presentado un único oferente, lo que, según el ente de control, no era motivo suficiente para invalidar el proceso, ya que el proponente cumplía con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

La entidad disciplinaria determinó que el excanciller desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal. Por esta razón, su falta fue calificada de manera definitiva como gravísima a título de dolo.

La Procuraduría recaló  que por tratarse de un fallo en segunda instancia, no admite ningún tipo de recurso legal.