Una vez concluya el proceso de licitación este 6 de febrero, el Ministerio de Vivienda a través de FINDETER espera adjudicar a una empresa contratista el proyecto para la construcción definitiva del nuevo acueducto de Yopal capital de Casanare, el plazo estimado para este trámite será el mes de marzo de 2015.
“Ya está por terminar este karma que ha vivido esta comunidad de Casanare durante tres años, ya se ve luz al final del túnel”, indicó Henao Cardona.
El proceso de licitación se abrió en diciembre de 2014, con la publicación en la página de FINDETER de los términos definitivos del acueducto de esta ciudad, a la fecha según informó el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona en su visita a Yopal este fin de semana, se han presentado cerca de 15 oferentes entre empresas y firmas contratistas.
La obra que reclaman los más de 180 habitantes de este municipio desde hace más de tres años tiene un costo aproximado de 68 mil millones de pesos, recursos que serán financiados en igual porcentaje por el gobierno nacional y el departamento de Casanare a través del Plan Departamental de Aguas- PDA.
Además, se prevé que la obra tendrá un tiempo de ejecución de 21 meses, lapso que será adelantado en tres etapas; la primera fase se adelantará en un plazo de 60 días para la adquisición de los permisos ambientales ante las entidades pertinentes y la adquisición de los terrenos donde se construirá la obra; una segunda etapa contempla la ejecución de la obra en un tiempo de 15 meses y 6 adicionales para un proceso de acompañamiento en la puesta en marcha.
Adicionalmente, subrayó el Ministro de Vivienda que la gobernación de Casanare, dispuso de $ 31.000 millones para la construcción de cuatro pozos profundos con capacidad de suministrar 200 litros por segundo de agua potable, los cuales deben entrar en funcionamiento hacia el mes de mayo.
Añadió, que el porcentaje total de agua potable demandado por esta población (400 litros por segundo), se suministrará a través de una planta portátil del líquido que será contratada de forma provisional por la Superintendencia de Servicios Públicos y el gobierno nacional.
