Un nuevo llamado hizo el comandante del Departamento de Policía Casanare, coronel Efraín García, para que la comunidad continúe denunciando hachos que ateten contra la seguridad ciudadana, especialmente en lo relacionado con el microtráfico de estupefacientes.

El oficial dijo que era necesario esta colaboración para poder llegar con la oferta policial, para desmantelar las bandas que se dedican a realizar este tipo de actividades ilícitas, que tiene como uno de sus blancos favoritos la población estudiantil.

Agregó que el accionar de la institución ha permitido la captura en los últimos días de 16 personas, de las cuales 13 terminaron con detención intramural y 4 aprehensiones en Yopal.

Sobre la estrategia utilizada por la delincuencia para atraer jóvenes y niños al consumo de narcóticos, el coronel manifestó que les suministran de manera gratuita las primeras dosis, vendiéndoles la idea que consumir este tipo de sustancias es tendencia, es una moda.

“Llegan con dulces u otro tipo de elementos para que los niños se sienten atraídos, al comienzo les regalan la droga luego comienzan a cobrar y si los padres de familia no están pendientes y no hacen el acompañamiento a sus hijos llevándolos o trayéndolos del colegio, pues dan tiempo para que caigan en este tipo de trampas”, expresó el coronel.

Muy temprano, a las 3:30 de la mañana se registró un accidente con víctima fatal en la carretera Marginal del Llano. En esta ocasión un camión que transportaba comestibles chocó contra una alcantarilla.

En el vehículo de placas JUY-857, un Hino FC – 500 modelo 2022, se movilizaban tres personas y era conducido por Ómar Yesid Porras, quien resultó herido junto con uno de los acompañantes, mientras que la otra persona que viajaba con ellos, perdió la vida y aún no se conoce su identidad.

El incidente se presentó en el kilómetro 59 de la ruta Yopal – Monterrey, en el punto conocido como El Cerrito, jurisdicción del municipio de Aguazul.

La primera hipótesis que se maneja es que un microsueño sería el causante de esta emergencia. De todas maneras para obtener datos más precisos sobre el hecho, es necesario esperar los resultados de la investigación que quedó bajo la responsabilidad de la Fiscalía 35 local URI de Yopal.

El Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la sentencia de primera instancia que responsabilizó al Ejército Nacional por la muerte del agricultor y ganadero Juan Antonio Vargas Benavides ocurrida en zona rural de Támara en julio de 2013. El Gaula militar omitió brindar la protección y seguridad requerida por la víctima y su familia, pese a las denuncias de extorsión y amenazas hechas. 

A través del testimonio de un soldado, quien permaneció por varios días en la finca de la víctima, se pudo corroborar que el asesinado recibió «casi» todos los días llamadas extorsivas, como él mismo lo había denunciado. Pero lamentablemente y sin ninguna justificación, el Gaula Militar que había ordenado la protección de la familia, de un momento a otro retiró al soldado que permanecía en el lugar, dejando expuesto a la víctima y a su familia.

Es así como el 26 de julio cuando ya el Gaula Militar no asignó a ningún soldado para cuidar a la víctima del crimen, un comando armado de dos hombres de las autodenominadas Águilas Negras, irrumpieron en la finca, dispararon contra los que allí estaban, dejando heridas a varias mujeres y acribillando a Juan, hasta matarlo. Días antes un sujeto identificado con el alias de “Javier” lo había amenazado con quitarle la vida si no le pagaba una millonaria suma 

El Tribunal Administrativo de Casanare determinó que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, ya que se acreditó que la persona contra quien se dirigió el ataque había solicitado previamente medidas de protección a las autoridades y estas no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías.

El Ejército Nacional no explicó la razón por la cual retiró la protección a la víctima y su familia,  sin previamente efectuar un estudio de riesgo o seguridad y sin tomar una medida alterna de protección.

*Familiares de la víctima solicitaron no publicar su nombre porque temen por su seguridad.

El Ejército reportó la captura de varias personas señaladas por las autoridades de pertenecer a la subestructura 39 del grupo armado residual, logrando desarticular la comisión de finanzas de dicha organización al margen de la ley.

En el operativo que contó con el acompañamiento de la Fiscalía, se logró la captura de su principal cabecilla, alias ‘Perú’ o ‘Styler’, así como la de tres sujetos más, entre ellos el señalado ser cabecilla de la estructura armada de este mismo grupo, alias “Charly”, al igual que la recuperación de un menor, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes, para el restablecimiento de sus derechos.

La acción militar se desarrolló en inmediaciones de la vereda Unibrisas del municipio de Mapiripán, Meta. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 113, con el fin de adelantar su proceso de judicialización, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y secuestro.

Además de las personas capturadas se logró incautar siete pistolas, más de 150 municiones para pistola y 29 para arma larga. Así mismo, se halló material explosivo, entre los que se encontraban casi un centenar de detonadores, ocho rollos de cordón detonante, 26 cargas huecas, una cantidad importante de una sustancia que al parecer podría ser ANFO, pentolita y una granada de fragmentación.

Adicionalmente, se incautó en el lugar de los hechos, material de intendencia, una alta suma de dinero en efectivo, celulares, cuatro talonarios que estarían usando como recibos alusivos a esa subestructura 39, un sello referente a esta misma organización criminal y documentos de interés para los organismos de seguridad del Estado.

Según información oficial Alias ‘Perú’ tenía como zona de influencia para su actuar delictivo los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán, en el Meta.

Además posee una orden de captura por la fiscalía 10 EDA de Arauca, por los delitos de homicidio y extorsión, donde había logrado intimidar a moradores de la región y para evadir la acción de la justicia se trasladó al departamento del Meta.