Efectivos de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de Yopal, adscritos al Departamento de Policía Casanare, reportaron la aprehensión de un menor de 16 años por orden judicial, en la calle 24 con carrera 17.

Según el reporte policial, el joven es acusado del delito de acceso carnal agravado, en hechos acaecidos el 23 de julio de presente año. La comunicación oficial señala que el menor de edad mediante amenazas llevo una niña de 12 años hasta su residencia.

Una vez en el inmueble, la encerró, golpeó y amarró a una cama, para luego agredirla carnalmente. Agrega la versión entregada por la Policía, que la aprehensión fue posible por información entregada por vecinos del sector, quienes alertaron al padre de la víctima.

El progenitor de la niña en su momento denunció la desaparición de su hija por redes sociales y medios de comunicación. El joven de 16 años se encuentra bajo medida privativa de la libertad en un centro especial para menores de edad, mientras se surten los procedimientos judiciales correspondientes.

Con las maletas llenas de ilusiones se quedaron 27 ediles que Yopal, quienes vieron frustradas sus intenciones de participar en un congreso nacional programado en la isla de San Andrés.

La situación adversa se presentó cuando descubrieron que fueron estafados por dos funcionarios de una empresa de viajes, a quienes habían contactado para realizar la respectiva compra de los tiquetes.

En total fueron 11 millones de pesos los que pagaron a la agencia Viva Viajar, que tiene sus oficinas en el centro comercial Morichal Plaza. La ignominia tiene un segundo componente.

Los dineros destinados para el viaje eran el resultado de diversas actividades adelantadas por los ediles y no de provenían del bolsillo de ningún patrocinador.

Adicionalmente el pago de la reserva de los tiquetes se hizo de manera puntual, con la ilusión de evitar cualquier contratiempo que les envolatara su participación en el congreso.

El tiempo paso sin mayores novedades, pero horas antes de alzar vuelo para la isla, se descubrió que no existían reservas de tiquetes a nombre de ningún edil.

De inmediato todas las miradas apuntaron a una empleada de la agencia de viajes, quien según los afectados los atendió dentro de las oficinas de la empresa, lo que permitió crear un ambiente de confianza a los lideres.

Ante esta bochornosa situación la representante legal de la firma de viajes, Dávaris Díaz, entregó las explicaciones del caso. Sostuvo ante los medios de comunicación que la responsable de este inconveniente es una asesora de la compañía, identificada como Patricia Hurtado.

Agregó que esta persona adelantó negociaciones con un tercero ajeno a la empresa. Se trata de Darwin Tibabija, a quien señalan de haber recibido el pago de los tiquetes, sin embargo, nunca reportó estos ingresos a Viva Viajar.

La situación se complica aún más porque Dávaris Díaz recalcó que no existe un contrato firmado con los compradores, es decir con los ediles. Igualmente manifestó que la agencia también fue víctima de fraude interno, no obstante, aclaró que esta buscando la manera de poder colaborarle a los afectados.

El panorama es bastante complejo, las posibilidades de conseguir vuelo para los próximos días son prácticamente imposible, por temas de disponibilidad de las aerolíneas, por lo tanto, se deben analizar otras alternativas como devolverle el dinero a los perjudicados, opción que también tomará su tiempo.

Finalmente, se conoció de manera extraoficial que independientemente de los resultados y soluciones que se obtengan para esta problemática, los ediles no descartan presentar una denuncia por los daños y perjuicios que les ocasionó esta situación.

Las autoridades continúan con la investigación respectiva, para tratar esclarecer las circunstancias en las cuales murió el soldado profesional Andrés Felipe Burgos.

El joven de 24 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la Marginal del Llano, justo en la entrada al municipio de Paz de Ariporo.

Burgos en el momento del siniestro vial conducía una motocicleta, que se estrelló contra una camioneta turbo. El fuerte impacto le ocasionó graves heridas que finalmente le produjeron la muerte.

Testigos del hecho precisaron que la camioneta venía llegando desde Hato Corozal,.mientras que Andrés Felipe se movilizaba en sentido Pore - Paz de Ariporo.

El militar fallecido hacia parte de la Brigada XIII del Ejército, con sede en la ciudad de Bogotá.

El Tribunal Superior de Bogotá ha dictado un fallo que ordena la compensación a una mujer y sus cinco hijos, quienes fueron desplazados por grupos paramilitares en Puerto Rico, Meta.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) se encargará de la compensación tras reconocer a la familia como víctimas de abandono forzado de su propiedad, un terreno de 274 metros cuadrados en el barrio El Jardín.

La familia adquirió el lote en 2003 a través de una cesión de la Alcaldía Municipal y realizó mejoras para habitarlo. Sin embargo, en 2005, la situación se tornó peligrosa debido a la presencia de autodefensas, que amenazaron y agredieron a la mujer, dejándola hospitalizada.

Ante las constantes amenazas, la familia se vio obligada a abandonar su hogar y desplazarse al municipio de Lejanías.

Mientras tanto, otra persona ocupó el predio abandonado, alegando que había adquirido la propiedad en 1998 y que también había sido víctima del conflicto armado.

Tras la implementación de la Ley 1448 de 2011, la familia desplazada acudió a la URT para reclamar sus derechos. Gracias a la gestión de la entidad, el tribunal ordenó la restitución mediante compensación, lo que permitirá a la familia adquirir una nueva vivienda en un lugar de su elección y acceder a la oferta institucional del Estado para su reparación integral.

El tribunal también reconoció al nuevo ocupante como segundo ocupante del predio, ya que demostró que no tuvo relación con el despojo, lo que le permite continuar en la propiedad y acceder a los beneficios estatales.

Este fallo representa un avance importante en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en la región del Meta. La URT reafirma su compromiso de trabajar en la restitución de derechos territoriales a las víctimas afectadas por la violencia.