Muy satisfecho se declaró el exalcalde de Yopal, Leonardo Puentes, con el fallo de segunda instancia que pone fin a la figura Setty. Para el exmandatario fueron casi 13 años tratado de reversar esta concesión que calificada como lesiva para los intereses del Municipio.

Rememoró que este proceso inició a finales de 2013. Por aquella época Puentes Vargas era concejal y desde entonces, aseguró, se han cometieron una serie de irregularidades con esa concesión.

Mencionó una primera arbitrariedad fue una sesión de Concejo de aquella época, la cual se adelantó de manera oculta “a espaldas de la ciudadanía. El 25 de diciembre de 2013 se autoriza la firma de ese contrato de concesión a 20 años”, manifestó Leonardo Puentes.

Este hecho lo interpretó como una derrota en el terreno político y entendió que nada podía hacer para cambiar el panorama, por lo tanto, manifestó que optó por la vía jurídica para frenar esta concesión que fue autorizada por acuerdo municipal.

Pero fue solo hasta 2016 cuando instauró una demanda de nulidad. En esta acción de carácter jurídico tuvo el acompañamiento de varias personas, que estaban en contra de la concesión y quienes “firmaron solidariamente conmigo, porque cuando uno hace este tipo de cosas se expone a gravísimos riesgos”, subrayó Leonardo Puentes.

Este fue el punto de partida en los estrados judiciales, de un proceso que el pasado 08 de agosto tuvo un fallo en segunda instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare, donde se confirma la nulidad del Acuerdo 023 de 2013 y del contrato de concesión 1048 de 2014, con los se dio vida a Setty.

Fueron ocho años de un pulso entre demandantes y demandados, que incluyó recursos de apelación y recusaciones, lo que hizo de este caso una situación bastante compleja, por lo que se demoró varios años en resolverse.

“Después de producirse un fallo en primera instancia en el año 2017 y cuando estábamos a la espera que se diera la sentencia definitiva, comenzaron a darse toda clase de maniobras dilatorias, para evitar que se terminara esa concesión”, explicó el exburgomaestre.

Explicó igualmente que era necesario finiquitar en el menor tiempo posible esta concesión, porque la aprobación del acuerdo municipal que dio vida a Setty no respetó el debido proceso y porque se incorporaron unas modificaciones que Puentes Vargas calificó como graves para la ciudad.

“En particular un punto muy sensible para Yopal, incorporar las fotomultas. Esa modificación al Acuerdo no se presentó en debida forma”.

Por todo lo expuesto Leonardo Puentes hizo hincapié que el proceso de concesión estaba viciado y era más que necesario ponerle fin, además por ser muy desventajoso para el Municipio.

Dicho contrato tenía “unas condiciones en donde el concesionario prácticamente se apropia de los recursos, de todos los trámites de tránsito de la ciudad, mientras Yopal asume toda la responsabilidad de la movilidad”, recalcó Leonardo Puentes.

En el terreno económico el exalcalde no se aventuró a entregar cifras exactas, del monto de las pérdidas que esta concesión representó para la ciudad. Sin embargo, hizo unos cálculos aproximados donde los números son bastante altos.

“Yo creo que las pérdidas van en unos 40 mil millones de pesos. Y hay que decir algo claro. El concesionario de tránsito dedujo, es decir, se cobró por derecha una cantidad de recursos durante varios años, correspondiente a unos vehículos abandonados que no tenía derecho a cobrar nunca”, acotó el exalcalde de Yopal.

Ahora viene el proceso de notificación, el cual puede tardar entre 10 a 15 días, según lo explicó Leonardo Puentes. Luego será necesario esperar para ver que otro tipo de recursos jurídicos se puedan presentar, como una acción de repetición contra los responsables de la creación de esta concesión o si  Setty pueda jugarse una última carta.

Un refrescante baño en el Caño San Miguel en Orocué dio un giro inesperado y terminó en tragedia. En medio de la amena tarde William Alexander Quiñonez de 16 años se ahogó en las aguas de este afluente.

Los hechos ocurrieron el sábado 10 de agosto cuando William Alexander compartía con un grupo de amigos. Basado en las versiones de testigos, el joven se lanzó al agua y no volvió a salir, lo que generó alarma entre sus compañeros.

Al lugar llegó el Cuerpo de Bomberos para ayudar en la búsqueda del bañista. Fueron precisamente unidades del cuerpo de socorro quienes localizaron el cuerpo sin vida.

La situación ha generado preocupación en la comunidad del puerto sobre el Rio Meta, porque no es la primera vez que ocurre una emergencia de este tipo. Se pudo establecer que se han presentado varias muertes por ahogamiento en los últimos años en este mismo caño.

El silencio absoluto y la luz encendida en la habitación levantaron las sospechas que algo estaba pasando en aquella vivienda de la carrera 21 con calle 18 del barrio El Gabán, en el municipio de Yopal.

La lúgubre lectura fue hecha por Flor María Esguerra, quien la madrugada de este 12 de agosto encontró el cuerpo sin vida de su hijo Wilmar Yesid Parada Esguerra, de 37 años.

Los móviles de su deceso ahora hacen parte del cúmulo de interrogantes que las autoridades deben resolver. Flor María expresó que su hijo era estaba atravesando por una etapa sufrimiento emocional, ocasionado por una relación sentimental.

Recordó que el 11 de agosto llegó a casa sobre las nueve de la noche, en estado de alicoramiento. Luego procedió a encerrarse en el cuarto, no sin antes pedirle perdón a su progenitora.

Una vez las autoridades tuvieron conocimiento del acontecimiento, se desplazaron al lugar para realizar las labores del levantamiento de cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Dos hombres fueron detenidos en Yopal, Casanare, acusados de participar en un violento robo contra el ganadero Marionel Barrera Barrera. El incidente ocurrió el 24 de enero de 2023 en la hacienda Maneva ubicada en la vereda El Picón, donde la víctima al intentar desarmar a unos de los atracadores recibió cuatros impacto de bala.

Los detenidos identificados como José Polidoro Agudelo y José David Agudelo, para la fecha en que ocurrieron los hechos, trabajaban en una finca cercana a donde se presentó el incidente, la cual también era de propiedad de Barrera Barrera.

Allí se dedicaban a extender cercas para dividir unos potreros. Según sus familiares, ambos hombres una vez terminaban su jornada laboral regresaban diariamente a Yopal, alrededor de las 4 de la tarde, donde residían en una vivienda arrendada.

La familia de los acusados cuestiona la validez de las pruebas presentadas por las autoridades. Afirman que la identificación se basó en imágenes de cámaras de seguridad, donde aparece un individuo de complexión similar a uno de los detenidos, pero con el rostro cubierto.

Una prima de los acusados, quien administraba la finca, también está siendo investigada como posible cómplice. Los familiares expresan dudas porque ante una supuesta contundencia en las pruebas de este caso, por qué se demoraron en ordenar las detenciones, que se produjeron más de un año después del incidente.

Los detenidos son originarios de la vereda El Cravo, en el corregimiento de El Morro, donde según sus familiares son conocidos por dedicarse a labores agrícolas. Uno de ellos tiene esposa e hija, mientras que el otro se hace cargo de sus tres hijos.

La familia sostiene que los acusados no tenían motivos para cometer el delito y temen que, debido a la presión por resolver el caso, se pueda condenar a personas inocentes. Además, señalan que los detenidos carecen de recursos para contratar un abogado que los defienda.

Los parientes de los acusados piden a la Fiscalía que realice una investigación exhaustiva para evitar posibles errores judiciales. Insisten en que los detenidos nunca han tenido problemas con la ley y son conocidos en la comunidad por ser personas humildes y trabajadoras.