Las empresas distribuidoras mayoristas de combustibles líquidos, agrupadas en la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), han tomado propuesto algunas medidas para atender la situación de desabastecimiento de combustible de aviación Jet A1 en el país.

Dicho impase fue generado por la falla técnica en la refinería de Cartagena el pasado 16 de agosto. Entre las acciones destacadas se encuentran:

La convocatoria a un puesto de mando unificado (PMU) por parte del Ministerio de Minas y Energía, con la participación de diversos actores de la cadena de distribución, el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil, Ecopetrol, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y las aerolíneas.

El anuncio de Ecopetrol sobre medidas operativas y técnicas para asegurar el abastecimiento en los aeropuertos, incluyendo incrementos en producción, aumento en la cantidad y frecuencia de despachos, y anticipación de entregas programadas.

El trabajo diario de los distribuidores mayoristas con las aerolíneas, el Gobierno nacional y entidades competentes para minimizar los impactos de la coyuntura, lo que permitiría normalizar la distribución en aeropuertos del norte del país y Bogotá esta semana.

Además, la industria ha planteado propuestas para evitar contingencias futuras en un escenario de creciente demanda (6% anual) y estrechez en la oferta, entre las que se destacan:

- Habilitar el Jet A para uso de turbinas en Colombia.

- Facilitar que terceros realicen importaciones de combustible de aviación, para el adecuado reconocimiento de los costos asociados.

- Robustecer el mecanismo de planeación de abastecimiento de Jet.

- Promover la ampliación oportuna de infraestructura de transporte por poliducto de Jet y el desarrollo de almacenamientos estratégicos.

Las empresas distribuidoras reiteraron su compromiso de mantener el normal abastecimiento en los aeropuertos y consideran necesario mantener activo el PMU en el corto plazo, con el propósito de facilitar acciones oportunas de los agentes de la cadena.

De otro lado, frente a las decisiones tomadas por algunas aerolíneas de cancelar varios de sus vuelos argumentando la falta de combustible, la Aeronáutica Civil se pronunció al respecto en su cuenta de X.

La entidad oficial advirtió que “Considerando que, a la fecha está probado que existe suficiente suministro de combustible de aviación, la @AerocivilCol se permite informar a los operadores de servicios aerocomerciales que no serán aceptadas cancelaciones de vuelos atribuidas a esa circunstancia”.

Por lo tanto, para la autoridad nacional no se justifica que la operación aérea en el país sufra traumatismos, con el argumento de desabastecimiento de combustible para las aeronaves.

El Centro Regional de Estudios Energéticos realizó una investigación donde se sugiere que Colombia debería liberar el precio de la gasolina y focalizar los subsidios, para grupos vulnerables en circunstancias especiales.

Esta medida permitiría reducir el déficit fiscal que provoca el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), alinearse con la realidad de precios internacionales y fomentar la competencia en el sector.

La política aplicada a través del mencionado fondo, ha conllevado a que Colombia tenga uno de los combustibles más baratos de la región y del mundo.

Desde 2010 el FEPC ha reportado un déficit constante para el Estado. En 2021, este alcanzó a ser de $7,7 billones y de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el año pasado llegó a ser de $36 billones. La fuerte carga fiscal que implica, hizo necesario un ajuste en los precios.

El esquema de subsidios, según el estudio, beneficia a los hogares con ingresos mensuales superiores a COP $3 millones de pesos.

Estos sectores de la población son los que presentan una mayor demanda de gasolina, porque cuentan con capacidad para pagarla y son los que menos diésel consumen.

En este orden de ideas el subsidio a los combustibles, el 10% más rico de la población se lleva casi el 50% de los subsidios.

Es por ello que dentro de las ventajas que tendría una liberación de los precios de la gasolina, se encuentra evitar los subsidios y ayudas públicas a los combustibles fósiles, lo que va en línea con las políticas gubernamentales para luchar contra el cambio climático.

Disminuiría el déficit fiscal que provoca el FEPC, lo que permitiría la inversión en otros sectores sociales.

Además evitaría un hueco en las cuentas de Ecopetrol, que el gran perjudicado cuando se aumenta el déficit del fondo de estabilización, pues debe asumir el subsidio mientras el gobierno le gira los recursos para solucionar este saldo en rojo.

Es importante destacar que esta medida no afectaría el recaudo en impuestos y permitiría que los agentes de la cadena de combustibles buscaran eficiencias para reducir costos en la producción.

En resumen, la liberación del precio de la gasolina y la focalización de los subsidios para grupos vulnerables, según el estudio, serían medidas beneficiosas para Colombia en términos fiscales, ambientales y de competencia en el sector energético.

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación, se logró ubicar y desmantelar una banda dedica al hurto de hidrocarburos en el departamento de Casanare.

La información oficial que se maneja señala que luego de 7 meses de labores de inteligencia militar, se logró identificar a los miembros de esta red y su modus operandi.

Ellos sustraían gasolina, ACPM, gas licuado del petróleo (GPL), para luego comercializarlos a gran en escala en Boyacá, Meta y Cundinamarca.

El reporte de las autoridades expresa que fueron 9 las personas capturadas en el operativo. Son 6 hombres y 3 mujeres que fueron detenidos en flagrancia. Las detenciones se hicieron efectivas en Villavicencio, Pajarito (Boyacá), Tauramena, Aguazul y Yopal.

En la información entregada por el Ejército, se habla de una novedosa modalidad artesanal, utilizada  para apropiarse del GLP. Consistía en “un motor eléctrico, una bomba neumática, más de 50 metros de manguera de múltiples calibres, variedad de válvulas de múltiples dimensiones para apertura y cierre de fluidos, y varios acoples usados para enlazar y extender líneas de suministro”. 

De igual forma se pone en conocimiento que a estas personas les fueron incautados 14.157 litros de ACPM; 165 cilindros de gas múltiple capacidad (10, 20, 33, 40 y 100 libras); una caneca negra con capacidad de 5 galones; 50 canecas azules con capacidad de 55 galones; nueve bidones con capacidad de 500 litros.

Cinco dispositivos de bombeo de líquidos (electrobomba), y tres instrumentos de pesaje electrónico; dos vehículos tipo cisterna con capacidad de 5.000 litros cada uno, para transporte y distribución de gas licuado de petróleo.

Por su parte la Fiscalía precisó que dentro de la banda se tenían roles específicos, conformando de esta manera diferentes eslabones en esta cadena de ilícitos.

“Algunos, al parecer, usaban como fachada parqueaderos, montallantas y lugares de hospedaje en Casanare, donde ejecutaban maniobras de extracción del hidrocarburo, que era transportado por vehículos cisterna autorizados por las compañías petroleras, para mover crudo y derivados”, relató el boletín de prensa del ente investigador.

Otros, presuntamente tenían la misión de sustraer el GPL de los carrotanques acreditados, para movilizar el combustible y llevarlo a vehículos de menor capacidad, para posteriormente proceder a distribuirlo.

Para la Fiscalía además de los departamentos del interior del país antes mencionados, como puntos de comercialización de los combustibles robados, la banda también logro vender el producto del ilícito en la Costa Atlántica.

Agrega además que para conseguir este propósito contaban con un grupo de conductores de carga, que era el encargado de hacer las entregas.

Así mismo hace hincapié el boletín de la Fiscalía, en los últimos 9 meses se realizaron 11 incautaciones a este organización. Reporta además, que en uno de los conductores ofreció 12 millones de pesos, a las unidades de tránsito para evitar su detención.

Finalmente un “fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas, los delitos de concierto para delinquir y apoderamiento de hidrocarburos, biocombustibles o mezclas que los contengan”.

Adicionalmente a una de las mujeres detenidas, se le acusó de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. “Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, indicó la Fiscalía.

El consumo de combustibles disminuyó 20% en 2020, principalmente por las medidas adoptadas para mitigación del Covid-19. Para el 2021 se esperan crecimientos del 17% en el consumo de gasolinas, 12% en diésel y 50% en Jet.

En el mediano plazo, se prevé una demanda de combustibles en aumento, aunque a menor ritmo, y un mercado con mayor competencia entre importadores y distribuidores, y entre energéticos

Luego de que el consumo de combustibles líquidos disminuyera 20% en 2020, debido principalmente a las medidas de aislamiento social adoptadas para controlar la propagación del Covid-19, para 2021 se proyecta un crecimiento del 16% en el país, de acuerdo con el más reciente informe económico de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).

Según el informe Evolución y perspectivas 2020 – 2021 del mercado de combustibles líquidos en Colombia, para el 2021 se esperan crecimientos del 17% en el consumo de gasolinas, 12% en diésel y 50% en Jet. Con estas expectativas, la gasolina alcanzaría el 100% del nivel de demanda 2019, y en diésel y Jet se esperarían recuperaciones al 93% y 62%, respectivamente.

El restablecimiento total del consumo de diésel podría darse hacia el año 2022, y en el caso del Jet, este podría tardar hasta el 2023, debido al alto nivel de incertidumbre sobre los efectos del Covid-19 en los hábitos de consumo, como viajes de negocio, recuperación del turismo, aumento del teletrabajo, entre otros.

Dentro de las proyecciones para 2021, se esperan también inversiones de 500 mil millones de pesos por parte de las empresas del sector, de los cuales el 62% será destinado al mejoramiento de estaciones de servicio, el 17% a ampliaciones y mantenimiento de plantas, el 6% para proyectos de transición energética (electrolineras), el 2% para gestión socio-ambiental y el 13% en otras actividades (lubricantes y complementarios).

“Vemos como algo muy positivo el inicio de la recuperación de la demanda y la tendencia que se ve para el próximo año, luego de la fuerte caída sufrida por la pandemia. El consumo de combustibles es un indicador de la recuperación económica, en ese sentido, las perspectivas a partir del 2021 son optimistas no solo para el sector sino para la reactivación del país”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

Con relación a las perspectivas de mediano plazo (2021-2030), las empresas encuestadas para el informe (refinadoras, transportadores y distribuidoras mayoristas), vislumbran en cinco años un sector marcado por la transición energética, la entrada de nuevos importadores y una reorganización en el mercado de distribución, es decir, mayor competencia y cambio de actores. 

En ese sentido, el informe proyecta que la demanda de gasolina y diésel en la próxima década continúe en aumento, pero a menor ritmo (posiblemente al 2% anual vs. crecimientos del 4% en los últimos años), debido principalmente al menor crecimiento económico y también a la influencia que pueda ir ejerciendo la penetración de la movilidad eléctrica y de otras tecnologías.

“Las perspectivas a mediano plazo nos indican que el consumo de combustibles seguirá creciento aunque probablemente no al mismo ritmo. En ese sentido, los grandes desafíos que afrontarán los agentes de la cadena serán mejorar su rentabilidad, la apertura a las importaciones, la oferta de valor a sus clientes y mejorar la calidad de los combustibles en un mercado cada vez más competido, no solo entre agentes sino entre energéticos”, explicó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

Finalmente, en este nuevo escenario, las empresas consideran que la política pública del sector de combustibles de mediano plazo deberá estar orientada a flexibilizar la regulación, garantizar el abastecimiento, viabilizar importaciones de terceros migrando a una liberación gradual de precios, y mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio.

Consulte el informe en acp.com.co