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Entre amenazas y agresiones se desarrolla conflicto familiar en la vereda La Argentina de Hato Corozal
La agresión de la cual fue víctima una ciudadana a quien una prima le arrojó una sustancia desconocida en la cara durante una discusión por una servidumbre, es un caso de intolerancia tiene su origen en problemas por el tema de disputas territoriales, el cual lleva varios años.
Los hechos se presentaron este martes 21 de octubre en la vereda La Argentina del municipio de Hato Corozal. La víctima fue identificada como Eufemia Zea García, de 56 años.
El conflicto presentar varias aristas, las cuales fueron narradas por el secretario de gobierno del departamento, Julio Ramos.
El funcionario manifestó que este caso en particular es necesario determinar una servidumbre. “Ver dónde están cada uno de los puntos de referencia de cada una de las propiedades”, recalcó Ramos.
Problema sobre el cual dijo que se puede resolver a través de la justicia ordinaria. De esta manera se evitarían estas situaciones de intolerancia terminen en agresiones, como la ya mencionada.
Contó que habló con el secretario de gobierno de Hato Corozal, quien le comentó que sobre este caso en particular se han presentado varias cosas para tener en cuenta.
“La primera es que este caso lo llevaba la inspección de policía local”. Sin embargo, el proceso fue truncado porque el inspector fue objeto de amenazas. “Por lo tanto se declaró impedido y se hizo a un lado”, subrayó Julio Ramos.
La gravedad del asunto fue llevada ante la Unidad de Protección. La entidad determinó que “en realidad hay un riesgo, porque, muy posiblemente estas amenazas venían de un grupo al margen de la ley. Entonces fíjese hasta donde están llevando las cosas”, precisó el titular del despacho de gobierno departamental.
Ante estas circunstancias el tema fue llevado a la personería local. Luego pasó a Paz de Ariporo, de donde regresó nuevamente a Hato Corozal. Finalmente, para dirimir el conflicto familiar el personero tiene la tarea de nombrar un inspector ad hoc, quien será el encargo de solucionar este embrollo.
En lo referente a la gestión de la Secretaría de Gobierno del departamento, Ramos fue claro en decir que, desde febrero de este año, el director de seguridad y convivencia ciudadana, coronel (r) Edgar Ricardo Bernal, fue hasta el sitio acompañado del Ejército.
“Habló con las familias, porque son familiares todos. Yo los he atendido. Hemos hablado con ellos, pero insisten que nosotros como Gobernación tomemos una decisión, pero es la justicia ordinaria la que debe dirimir ese conflicto”, explicó Julio Ramos.
El pleito por la servidumbre tiene su génesis en el acceso a un paso vial. Según Ramos, un grupo asegura que es un camino real de vieja data, por lo que tienen derecho a utilizarlo para llegar a sus predios.
Sus contradictores niegan esta afirmación. Complementan su argumento señalando que los partidarios del paso real tienen la posibilidad de ingresar a sus propiedades por otra ruta.
De esta manera se evitan cruzar por un portón, del cual quieren servirse, para entrar a sus terrenos. Infraestructura que se encuentra dentro de la finca de sus adversarios.
En todo este barullo lo que más le preocupa al secretario Ramos es que el conflicto familiar escale y se llegue hasta la intervención de grupos ilegales para resolver el problema, en lugar de agotar los conductos regulares de la justicia ordinaria.