Una llamada al 123 que alertaba a la policía sobre una riña intrafamiliar terminó en la captura de dos hombres: uno de ellos por orden judicial.  La gresca generada al interior de una residencia ubicada en el barrio El Fical de Yopal, se habría originado por dudas en la repartición de unos objetos que habían sido hurtados en días anteriores en un parqueadero de la capital casanareña.

Los capturados por el delito de lesiones personales son dos hombres de 27 y 39 años de edad, naturales de Bucaramanga, quienes resultaron con heridas recíprocas causadas con arma corto punzante, por lo que fueron trasladados por la policía a un centro asistencial.

Posteriormente, cuando los uniformados entrevistaban a un testigo que se encontraba en la residencia observaron algunos elementos que causaron sospecha e indicios sobre la causa de la riña; lo que no se imaginaban es que dentro de los elementos se encontraría uno de los computadores hurtados a los vehículos del parqueadero del concesionario Toyota, ubicado en la salida de Yopal hacia Aguazul, junto a ello un bolso con herramientas para apertura y corte, dos proveedores de pistola con munición calibre 9mm y un arma de fuego tipo revolver.

Estos elementos fueron entregados de manera voluntaria y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las actuaciones judiciales a lugar.

Según el reporte policial, alias “Jhonqui” estaba entregando información falsa de su identificación para ocultar la responsabilidad judicial que tenía. Sin embargo, luego de que unidades de la policía judicial lograran su plena identificación, pudieron establecer que este hombre tenía orden de captura vigente. Además, de ser un reconocido actor criminal recurrente por el delito de hurto calificado y agravado con uso de menores de edad en la comisión de delitos, requerido por la Fiscalía Primera local de hurtos de Bucaramanga, por hechos ocurridos en marzo de 2018 en la misma ciudad.

Así mismo, se logró establecer que este sujeto presenta 8 registros en SPOA: tres por hurto, dos por lesiones personales, dos por violencia intrafamiliar y uno más por porte ilegal de armas de fuego. De igual forma habría presentado una sentencia condenatoria por hurto calificado y agravado.

 

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías de Villavicencio (Meta) impusieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a siete presuntos integrantes de ‘Los Triple X’ y ‘Los Gigoló’. Estas dos organizaciones delincuenciales, al parecer, creaban perfiles falsos en redes sociales y contactaban hombres para ofrecerles encuentros íntimos con personas del mismo sexo.

Los hombres que aceptaron las citaciones habrían sido sometidos a intimidaciones, maltrato verbal y físico. Además, les fueron robadas las pertenencias y les quitaron las tarjetas bancarias con el propósito de desocuparles las cuentas o los obligaron a hacer transferencias. En algunos casos, a las víctimas les tomaron fotografías y les grabaron videos para, posteriormente, exigirles dinero para no hacer público el material audiovisual.

La Fiscalía ha recibido hasta el momento, por lo menos, 10 denuncias por eventos ocurridos durante el último año en los barrios Jordán y Olímpico, en Villavicencio (Meta). Por estos hechos, seis de los señalados integrantes de ‘Los Triple X’ y ‘Los Gigoló’ fueron capturados por el CTI y el Gaula Militar, uno más se presentó voluntariamente.

Fiscales de la Seccional Meta presentaron a estas siete personas ante jueces de control de garantías y les imputaron, según el posible nivel de responsabilidad, delitos como: hurto calificado y agravado, secuestro simple, extorsión y concierto para delinquir.

Los procesados no aceptaron los cargos. Los investigados son: ‘Los Triple X’: Yilber Andrés Dussan Valderrama, Johan Santiago Reina Rivera, Brayan Duván Osorio Mendoza y Kevin Estiben Angulo Parrado. ‘Los Gigoló’: Benji Gallo Pardo, Ángel Leonardo Chávez y Didier Sleider Herrera Beltrán.

 

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La Fiscalía Seccional Casanare solicitó que dos hombres fueran asegurados con medidas restrictivas de su libertad porque, al parecer, serían los responsables de agresiones sexuales en Yopal y Maní.

El primer caso se presentó el pasado 21 de agosto en la vereda Sirivana, de Yopal, donde fue capturado en flagrancia Luis Eduardo Rodríguez Cuta quien vive en condición de calle, luego de que, al parecer, hubiera agredido sexualmente a una mujer.

La investigación reveló que la víctima se dirigía hacia su trabajo cuando fue abordada por el presunto agresor, siendo sometida a tocamientos violentos de tipo sexual.

Durante las audiencias de legalización y medida de aseguramiento ante un juez de Recetor, la Fiscalía imputó a Rodríguez Cuta por el delito de acceso carnal violento, al que no se allanó.

En otro caso, un juez determinó la aprehensión e imposición de medida de internamiento preventivo de un joven de 14 años quien presuntamente sería el responsable del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años.

Los hechos que se investigan habrían sucedido en junio del 2022 en el municipio de Maní, en un jardín infantil donde, además, funciona un hogar de paso en el que se hospedaba el joven imputado, quien aprovechó que la cuidadora de los menores salió de la casa para, al parecer, mostrarle sus genitales a una menor de 3 años. Y a quien, presuntamente, le habría bajado la ropa interior y le manipuló sus partes íntimas.

El 25 de agosto fue llevado ante un juez para adolescentes de Yopal que por solicitud de la Fiscalía le impuso orden de internamiento.

 

  

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Judicializados dos hombres, a quienes se les halló en su poder sustancias alucinógenas y que, al parecer, serían los responsables de su comercialización y transporte en Yopal.

El primero de los casos corresponde a la captura de Jorge Emilio Martínez Barrero, quien el pasado 11 de agosto fue requerido por unidades de la Policía Casanare, en zona rural de esa ciudad, para hacer efectiva una orden de captura emitida en su contra por un juzgado de Chámeza, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La investigación se originó por la denuncia de un ciudadano instaurada en julio del 2021, que daba cuenta de que, presuntamente, Martínez Barrero estaría inmerso en la venta de estupefacientes bajo la modalidad de punto fijo en una vivienda del sector conocido como el Asentamiento Humano 15 de Octubre y a domicilio.

Durante las audiencias concentradas, el juez avaló los argumentos de la Fiscalía y lo privó de la libertad en establecimiento carcelario.

En otro hecho, el pasado 12 de agosto fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional, Exon Arantes Irreño Soloza a quien se le encontró en su poder una caja de cartón, la cual, al ser verificada, se localizaron 360 gramos de algunas sustancias alucinógenas.

El hallazgo se produjo durante en una actividad de registro y control de las personas que ingresan o salen de la terminal de transportes de Yopal, por parte de las autoridades.

 

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Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías privó de la libertad en establecimiento carcelario a Campo Elías Tovar Escobar y Bryan Steven Fuentes Fernández, quienes habrían roto los vidrios de un vehículo para presuntamente hurtar un maletín que había dentro. Los hechos se registraron en Yopal, Casanare.

Luego de que la víctima diera aviso a las autoridades, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a los dos hombres.

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó a Tovar Escobar y Steven Fuentes Fernández, los delitos de hurto calificado y agravado en grado de tentativa, los cuales no fueron aceptados.

Se evidenció que los procesados registran anotaciones por el mismo delito.

 

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Tras las denuncias instauradas por las víctimas, las autoridades permitieron desplegar varios operativos simultáneos en diferentes lugares del departamento y capturar a tres hombres para que comparezcan por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

En el primero de los casos, el pasado 6 de junio, se logró hacer efectiva la orden de captura expedida por un juez de Aguazul contra Carlos Andrés Mahecha Vergara. Debe responder por los hechos registrados entre el 1 de enero y el 6 de mayo del 2022, tiempo en el que, al parecer, integraba el grupo conocido como “el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Las investigaciones lograron establecer que delinquía en los municipios de Maní, Tauramena, Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal, básicamente cumpliendo labores de logística con fines de extorsión y homicidios por parte de esa organización criminal.

El pasado 7 de junio, La Fiscalía lo imputó por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, cargos que no aceptó. Y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. En el segundo caso, fueron capturados en un operativo coordinado entre efectivos del CTI Gaula Casanare y Policía Nacional Kleider Sebastián Márquez Rodríguez y Kevin Andrés Carrero Martínez, los cuales, al parecer, venían intimidando y extorsionando ciudadanos.

Estas dos personas al parecer durante se identificaban como miembros del frente décimo Martín Villa de las disidencias de las Farc y mediante llamadas, mensajes de texto y panfletos les solicitaban a comerciantes del municipio de Yopal un impuesto anual de guerra con cuotas que oscilaban entre 1 y 20 millones de pesos.

Un Fiscal de la Seccional Casanare los imputó por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, cargos que no aceptaron. El juez acogió la petición del ente acusador y legalizó su captura y les dictó medida carcelaria intramuros.

 

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Heridos resultaron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta por la vía Aguazul-Maní la noche anterior, cuando fueron interceptados por dos sujetos que también se transportaban en moto y les dispararon en varias oportunidades.

Los heridos identificados como Alexar Milian Poblador Suarez, y Jairo Osvaldo Chitava Campos, fueron auxiliados por habitantes que transitaba por el sector, logrando su traslado a un centro médico de Maní, y posteriormente remitidos al Hospital Regional de la Orinoquía donde reciben atención médica.

Por ahora se presume que este caso estaría relacionado con un tema de presunto hurto, toda vez que los heridos llevaban una suma de dinero, sin embargo, se espera la versión oficial de la policía para precisar detalles de cuáles fueron los móviles reales debido a que hay varias versiones de este hecho que ocurrió anoche a la altura del kilómetro 51 conocido como caño La Culebra.

 

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Tras recaudar el material probatorio suficiente y los testimonios de las víctimas, La Fiscalía logró que un juez de garantías enviara a centro carcelario a Jaime Martínez Pesca y Cavir Bello señalados del delito de violencia intrafamiliar.

Según la investigación Jaime Martínez Pesca el pasado 15 de enero, al parecer, le causó a su pareja varias heridas, golpes y la habría maltratado psicológicamente.

Una vez revisados los antecedentes de Martínez pesca, se pudo establecer que tiene dos anotaciones por el delito de violencia intrafamiliar y uno por homicidio, por lo que la conducta del procesado era reiterativa desde el año 2018.

El capturado fue presentado ante un juez con funciones de control de garantías, y fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar concurso homogéneo, el juez de garantías acogió los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador y avaló su solicitud en el sentido de legalizar la diligencia de captura y enviarlo a una cárcel como medida preventiva.

El procesado no aceptó los cargos imputados en su contra y su defensa técnica apeló la medida. Por su parte, Cavir Bello el pasado 12 de marzo, al parecer, maltrató con palabras soeces a su esposa y posteriormente la golpeó, además le causó una herida con arma blanca en una de sus manos. Debido a la gravedad de las heridas, la víctima tuvo una incapacidad de 10 días.

La captura se dio en flagrancia en el barrio El Centro del municipio de Maní, y fue gracia a la intervención de la policía quienes evitaron que la víctima siguiera siendo agredida.

Ante el juzgado segundo penal municipal de Aguazul Casanare, la Fiscalía presentó al capturado, y lo imputó por el delito de violencia intrafamiliar, cargos que no aceptó.

 

Tras la solidez y contundencia de las pruebas recolectada por los investigadores, el juez aceptó las tesis del ente acusador y legalizó la captura dictando medida de aseguramiento, consistente en reclusión en centro carcelario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Un nuevo hecho violento se registró la tarde de este 10 de febrero en el municipio de Arauquita donde fueron asesinadas cuatro personas que se movilizaban en una camioneta de placas venezolanas.

Sobre los hechos ocurridos se conoció que dos motorizados dispararon contra los ocupantes del vehículo quienes llevaban tránsito hacia la vereda Campo Alegre.

“Se acordonó el lugar de los hechos, se encontraron pistolas, tres cuerpos dentro del vehículo y un cuerpo al lado del automotor”, informó el coronel Fredy Ferley Pérez, comandante de la Policía del Departamento de Arauca.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, sin embargo, el comandante de la Octava División del Ejército Nacional, mayor general Eduardo Mora, señaló que hay algunas informaciones que dan cuenta que dos de los cuatro hombres fallecidos, al parecer, pertenecerían a uno de los grupos armados que delinquen en el departamento de Arauca.

Horas más tarde se conoció un video donde se evidenciaba a los hombres asesinados bailar a ritmo de reguetón exponiendo armas de fuego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Con el fin de fortalecer el pie de fuerza en el departamento de Arauca, la Octava División del Ejército Nacional realizó el movimiento de dos batallones en los centros poblados de Puerto Nariño, La Esmeralda, Aguachica, La Paz y El Botalón ubicados en los municipios de Saravena, Arauquita y Tame en el Piedemonte Araucano.

Al momento, y según reportó el Ejército Nacional, más de 600 soldados equipados llegaron por aire y por tierra con vehículos blindados, para hacer presencia en las zonas con afectación del orden público.

Los uniformados desplegados, cuentan con entrenamiento diferencial en combate rural y urbano, operaciones antisecuestro y antiextorsión, primeros auxilios, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, resolución de conflictos, entre otros, así mismo entre los militares hay expertos en explosivos, técnicos, caninos antiexplosivos y expertos en operaciones de asalto aéreo nocturnas.

Las fuerzas militares y la Policía mantienen el desarrollo de las operaciones militares y de seguridad asignados en el departamento de Arauca, para esto se cuenta con más de 6800 soldados del Ejército Nacional en la zona, cubriendo cerca de 450 kilómetros de frontera, garantizando la seguridad en esta zona del país.

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