Con el acto de sellamiento de su sede principal en Bogotá, la Superintendencia Nacional de Salud tomó hoy inmediata posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Medimás, y ordenó su intervención forzosa para liquidar, con lo cual deja de operar en 232 municipios de 14 departamentos del país donde contaba con 1,5 millones de afiliados.

La medida de liquidación se ordenó en vista de que no atendió las numerosas órdenes dadas por la Supersalud para que corrigiera el pago de las obligaciones con su red de prestadores, frenara el deterioro de los indicadores financieros y de solvencia, y redujera la creciente tasa de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) por parte de sus usuarios.

Precisamente una auditoría realizada en febrero de este año identificó que, entre enero y noviembre de 2021, Medimás recibió 57.653 PQRD de sus afiliados y otras 6.489 tutelas por concepto de salud, lo cual demostró las dificultades de la EPS para brindar la prestación de servicios.

Medimás se encontraba bajo medida de vigilancia especial de la Superintendencia desde hace cuatro años y medio, tiempo durante el cual se convirtió en la más multada de las EPS en Colombia y registró la mayor pérdida de usuarios.

“Con esta EPS agotamos todas las medidas tendientes a lograr la protección del sistema de salud, pero no podíamos permitir que sus incumplimientos siguieran repercutiendo en el deterioro de las condiciones de salud de sus 1.5 millones de afiliados”, señaló el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.

Como consecuencia de la orden de liquidación, el Ministerio de Salud procederá a realizar desde el próximo 14 de marzo el traslado de los usuarios de Medimás a EPS receptoras que no cuentan con ninguna medida administrativa y que posibilitarán a la población afiliada mejores condiciones de acceso, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.

Incumplimiento de pagos

Según la resolución 864-6 de este 8 de marzo, Medimás incurrió en siete causales de liquidación por la desviación de los estándares esenciales que les son exigidos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que hagan un adecuado aseguramiento en salud.

Una de esas causales es el incumplimiento reiterado de al menos 13 órdenes e instrucciones dadas por la Supersalud a lo largo de la medida de vigilancia especial.

Una de ellas es el incumplimiento de la EPS del programa de capitalización que quedó pactado desde su creación, en julio de 2017, como parte del Plan de Reorganización Institucional.

En esa época los dueños originales de Medimás se comprometieron a capitalizar a la EPS en 1,2 billones de pesos; no obstante, en estos cuatro años y medio solamente se tiene registro de la inyección de recursos en efectivo por $20.941 millones de pesos, es decir el 1.7% del precio pactado inicialmente.

Otros $460.000 millones se dieron mediante la figura de capitalización de acreencias, un proceso de cruce de cuentas hecho por los compradores con Cafesalud.

A lo anterior se suma el incumplimiento al laudo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que en mayo del año pasado condenó a Medimás a pagar más de 640.000 millones de pesos por el litigio que sostuvo con la EPS Cafesalud.

En la auditoría técnica con corte a noviembre de 2021, la Supersalud encontró en el componente financiero que la EPS Medimás tenía activos por $1,7 billones, pasivos por $2,3 billones y un patrimonio negativo de $580.458 millones. Entre enero y noviembre del año pasado registró pérdidas por $16.854 millones.

Adicionalmente, Medimás no cumple con los indicadores financieros, de solvencia, ni de reservas técnicas. Se evidenció que, por cada 100 pesos de deuda, la EPS solamente cuenta con 3 centavos para respaldarla.

Se estableció que, del total de anticipos pendientes de legalización, la EPS ha registrado deterioro contable por $209.391 millones, generando incertidumbre sobre su recuperación y, por tanto, pérdida de recursos del sistema.

En el concepto técnico elaborado por la Supersalud a partir de las acciones de inspección y vigilancia realizadas en los últimos meses se cuantificó en 1,5 billones el monto de las obligaciones que tiene la EPS con sus proveedores y prestadores de servicios y tecnologías en salud, al cierre de noviembre de 2021.

En total, la auditoría hecha hace un mes para evaluar el desempeño de Medimás identificó 46 hallazgos o incumplimientos de esta EPS en los aspectos financieros, jurídicos y técnico-científicos o asistenciales.

Barreras a la atención de los usuarios

La resolución que ordena la liquidación establece que “la EPS persiste en la violación de la ley y las normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud” y advierte que una situación permanente es la vulneración de los derechos de sus afiliados.

Para medir la atención a sus pacientes, la Supersalud tomó una muestra de 92 casos de usuarios con enfermedades crónicas y catastróficas (cáncer) quienes presentaron quejas por el mal servicio de la EPS, por las demoras en la entrega de medicamentos y por retraso en la autorización de citas y de procedimientos.

Al 35% de la población con patologías cardiovasculares, diabetes, VIH y cáncer se les demoraron un promedio de 27 día para entregar los medicamentos esenciales y se hallaron casos en que tardaron hasta 41 días en el suministro de antirretrovirales, a partir de la radicación de la PQRD.

Entre 2017 y 2021 la Supersalud impuso cinco medidas cautelares a Medimás a fin de que diera pronta respuesta a más de 11.500 casos de usuarios en riesgo que requerían gestión urgente.

A la fecha, la Superintendencia Nacional de Salud ha proferido multas por más de 14.000 millones de pesos contra esta EPS, siendo las más multada durante la actual gestión del Superintendente Aristizábal Ángel.

Desde julio de 2017 la EPS registró una pérdida cercana a los 3.4 millones de afiliados, de los cuales 2.3 millones lo hicieron por voluntad propia y los restantes 1.1 millones fueron trasladados luego de las decisiones de la Supersalud de ordenar su revocatoria en 15 departamentos.

Cabe recordar que en los últimos tres años la Superintendencia Nacional de Salud tomó, entre otras, las siguientes decisiones sobre la EPS Medimás: mantuvo la medida de vigilancia especial, le ordenó 3 revocatorias retirándola de 15 departamentos, le restringió la capacidad de afiliación, le cesó el giro para evitar concentración de pagos y le impuso 27 sanciones administrativas por fallas en la prestación de servicios, deficiencias en el flujo de recursos y falta de reporte de información.

Finalmente, la Supersalud designó al médico cirujano Faruk Urrutia Yalile como agente especial liquidador para la EPS Medimás.

Con Medimás, son 13 las EPS liquidadas por la actual Superintendencia Nacional de Salud, en desarrollo de la estrategia del Gobierno de depurar el sistema de las malas prácticas.

Esta es la distribución de afiliados a Medimás por departamentos:

BOGOTA D.C. 116.336        BOYACA 103.656

CALDAS 138.353                CAQUETA 18.949

CASANARE 66.273              GUAVIARE 4.687

HUILA 188.568                  NORTE DE SANTANDER 265.472

PUTUMAYO 27.428            QUINDIO 109.195

RISARALDA 203.633          TOLIMA 164.260           

 VAUPES 1.288                     META 111.935

Total, general 1.520.033

Capresoca precisó que, se encuentra con una medida de especial vigilancia por parte de la Supersalud hasta el 30 de junio, lo que no significa que la entidad esté en  liquidación.

Manifiesta la entidad que, se viene trabajando con la Superintendencia de Salud en la construcción del Plan de Reorganización Institucional en el marco del cumplimiento de los requisitos para superar la medida de vigilancia especial.

“Capresoca paso de tener una siniestralidad en el año 2020 de 113,5 a 100,7 puntos porcentuales en el 2021, equivalente a la reducción de 12.8%”, se informó en un comunicado.

Para la recuperación financiera de la entidad, el gobernador Salomón Sanabria, anunció la suma de 105 mil millones de pesos, con una proyección a 10 años para la viabilidad  financiera y jurídica de la entidad.

En cuanto a la prestación de servicios, Capresoca continúa garantizando los servicios de salud a los afiliados a través de la red contratada con las diferentes IPS en todo el departamento de Casanare.

Plan de reorganización ya se radicó

Según Nuria Bohórquez, gerente de Capresoca, el Plan de Rediseño y Reorganización Institucional de la entidad, se radicó el pasado 23 de febrero ante la Superintendencia Nacional de Salud, para que sea evaluado por la entidad.

En la actualidad, Capresoca tiene una pérdida acumulada de 157 mil millones de pesos, y cuentas por pagar 114 mil millones. “Estamos haciendo todo el esfuerzo para salvar la entidad, y la decisión de la Supersalud, sólo se conocerá una vez revisado el Plan de Reorganización Institucional que se viene trabajando con la Superintendencia en el marco del cumplimiento de los requisitos para superar la medida de vigilancia especial establecida hasta el 30 de junio de 2022”, dijo Nuria Bohórquez.

Debido a la crítica situación financiera de Coomeva, y tras varios años de vigilancia que demostraron que no contaba con los requerimientos para garantizar un servicio de calidad, la Supersalud ordenó la liquidación total de esta EPS la tarde anterior.

Y, es que, el mal servicio se vio reflejado en los últimos tres años, pues los afiliados de la EPS radicaron 30.000 tutelas y 193.100 quejas y reclamos por la deficiente prestación de los servicios de salud.

Coomeva estuvo en medida de vigilancia especial por cuatro años y medio, pero la EPS no atendió las instrucciones de la Supersalud, por ende, tomó la decisión de su liquidación debido a que la crítica situación ponía en riesgo la atención a población gestante, menores de edad y pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer e insuficiencia renal.

“Como lo venimos haciendo a lo largo de nuestra gestión, no vamos a permitir que las EPS jueguen con la salud de los usuarios y que pongan en riesgo la atención que requieren la población infantil y los pacientes con cáncer o insuficiencia renal”, manifestó superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Àngel.

Con la decisión, en 5 días, los 1,2 millones de afiliados serán trasladados por el Ministerio de Salud y Protección Social a EPS receptoras.