El consumo de combustibles disminuyó 20% en 2020, principalmente por las medidas adoptadas para mitigación del Covid-19. Para el 2021 se esperan crecimientos del 17% en el consumo de gasolinas, 12% en diésel y 50% en Jet.

En el mediano plazo, se prevé una demanda de combustibles en aumento, aunque a menor ritmo, y un mercado con mayor competencia entre importadores y distribuidores, y entre energéticos

Luego de que el consumo de combustibles líquidos disminuyera 20% en 2020, debido principalmente a las medidas de aislamiento social adoptadas para controlar la propagación del Covid-19, para 2021 se proyecta un crecimiento del 16% en el país, de acuerdo con el más reciente informe económico de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).

Según el informe Evolución y perspectivas 2020 – 2021 del mercado de combustibles líquidos en Colombia, para el 2021 se esperan crecimientos del 17% en el consumo de gasolinas, 12% en diésel y 50% en Jet. Con estas expectativas, la gasolina alcanzaría el 100% del nivel de demanda 2019, y en diésel y Jet se esperarían recuperaciones al 93% y 62%, respectivamente.

El restablecimiento total del consumo de diésel podría darse hacia el año 2022, y en el caso del Jet, este podría tardar hasta el 2023, debido al alto nivel de incertidumbre sobre los efectos del Covid-19 en los hábitos de consumo, como viajes de negocio, recuperación del turismo, aumento del teletrabajo, entre otros.

Dentro de las proyecciones para 2021, se esperan también inversiones de 500 mil millones de pesos por parte de las empresas del sector, de los cuales el 62% será destinado al mejoramiento de estaciones de servicio, el 17% a ampliaciones y mantenimiento de plantas, el 6% para proyectos de transición energética (electrolineras), el 2% para gestión socio-ambiental y el 13% en otras actividades (lubricantes y complementarios).

“Vemos como algo muy positivo el inicio de la recuperación de la demanda y la tendencia que se ve para el próximo año, luego de la fuerte caída sufrida por la pandemia. El consumo de combustibles es un indicador de la recuperación económica, en ese sentido, las perspectivas a partir del 2021 son optimistas no solo para el sector sino para la reactivación del país”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

Con relación a las perspectivas de mediano plazo (2021-2030), las empresas encuestadas para el informe (refinadoras, transportadores y distribuidoras mayoristas), vislumbran en cinco años un sector marcado por la transición energética, la entrada de nuevos importadores y una reorganización en el mercado de distribución, es decir, mayor competencia y cambio de actores. 

En ese sentido, el informe proyecta que la demanda de gasolina y diésel en la próxima década continúe en aumento, pero a menor ritmo (posiblemente al 2% anual vs. crecimientos del 4% en los últimos años), debido principalmente al menor crecimiento económico y también a la influencia que pueda ir ejerciendo la penetración de la movilidad eléctrica y de otras tecnologías.

“Las perspectivas a mediano plazo nos indican que el consumo de combustibles seguirá creciento aunque probablemente no al mismo ritmo. En ese sentido, los grandes desafíos que afrontarán los agentes de la cadena serán mejorar su rentabilidad, la apertura a las importaciones, la oferta de valor a sus clientes y mejorar la calidad de los combustibles en un mercado cada vez más competido, no solo entre agentes sino entre energéticos”, explicó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

Finalmente, en este nuevo escenario, las empresas consideran que la política pública del sector de combustibles de mediano plazo deberá estar orientada a flexibilizar la regulación, garantizar el abastecimiento, viabilizar importaciones de terceros migrando a una liberación gradual de precios, y mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio.

Consulte el informe en acp.com.co

Ante la crisis sin precedentes que afronta la industria de hidrocarburos, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) hizo un llamado al Gobierno Nacional, para que expida, a la menor brevedad posible, la regulación que permita reducir las tarifas de transporte de crudo por oleoducto, cuyo peso en el costo del barril es de alrededor del 45%, y así, contribuya a mitigar los impactos de la dramática caída de los precios internacionales del petróleo en Colombia.

De acuerdo con el más reciente informe económico de la ACP “Doble crisis Covid-19 y guerra de precios del petróleo: impacto para Colombia y el sector de hidrocarburos”, con la actual crisis de precios será difícil sostener las inversiones y la producción de petróleo presupuestadas para 2020, y se prevé una caída diaria de 35.000 barriles, que podría llegar a 100.000 si la referencia Brent se mantiene por debajo de 25 dólares el barril el resto del año.

Esta situación, sumada a los altos costos de operar en Colombia, hace que los ingresos recibidos por cada barril no logren cubrir los costos promedio para producir petróleo en el país. El informe de la ACP, elaborado con base en información suministrada por los directivos de un grupo representativo de las empresas productoras privadas, evidencia que, el promedio nacional de los costos de operación se ubica entre 20 – 25 dólares por barril. Por su parte, el “break-even” o punto de equilibrio para cubrir los costos de producción en Colombia se ubica entre 40 y 45 dólares el barril, es decir que, por debajo de este rango, las compañías obtienen ingresos que apenas cubren sus obligaciones actuales en la fase de producción.

“El recrudecimiento de la crisis de precios y la alta incertidumbre, han llevado a las empresas a reducir inversiones, cerrar pozos y campos, con un grave impacto en el empleo, la contratación de bienes y servicios y en la dinámica económica de las regiones productoras; esto sin contar el efecto en el recaudo de regalías, impuestos y derechos económicos contractuales, y su impacto para las finanzas de la Nación. El Gobierno Nacional es consciente de esto, se han adoptado medidas importantes, pero se requiere una intervención urgente en las tarifas de transporte por oleoductos, pues son excesivamente altas frente al costo de producción, no son competitivas a nivel internacional, y son el principal obstáculo de las empresas en esta difícil coyuntura”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

El dirigente gremial explicó además que, “el transporte por oleoductos es el único eslabón de la cadena del sector cuyo costo en los últimos años se ha mantenido prácticamente igual, representa alrededor de la mitad de los costos de producción, no es gestionable por las compañías del E&P porque es regulado por el Ministerio de Energía, y diversos estudios evidencian que es excesivo; por lo que es fundamental que las tarifas sean revisadas no solo por el momento de crisis de precios y por la sostenibilidad de la industria a corto plazo, sino que la metodología actual debe reformularse estructuralmente hacia el futuro”.

Medidas adoptadas a la fecha

Con el fin de mitigar la doble crisis por el Covid-19 y la caída en los precios internacionales, el Gobierno ha avanzado en acciones para los contratos de E&P con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH),

relacionadas con prórroga de plazos y reducción de garantías bancarias. Asimismo, para todos los contribuyentes, se avanzó en la devolución de saldos de IVA y flexibilización del calendario de impuestos.

Finalmente, se anunciaron medidas adicionales para el diferimiento del pago de derechos económicos contractuales. Estas decisiones son de gran importancia para la industria y se espera ayuden a preservar contratos E&P, inversión futura y a aliviar parcialmente la carga de las empresas para apoyar su sostenibilidad durante la crisis.

“La reducción de aportes de este sector a la economía nacional, que se proyecta en más del 75% frente a 2019, es crítica en estos momentos cuando más se requieren ingresos para ayudar a la población más vulnerable frente a la emergencia económica y social, causada por el Covid-19. Esperamos continuar avanzando en la búsqueda de medidas efectivas con el Gobierno que nos permita seguir operando y mitigar la crisis del sector, al tiempo que impedir un efecto devastador en el empleo y la economía regional y nacional”, puntualizó el dirigente gremial.